(Publicado en la Carta Semanal 649)

El 10 de octubre, el Presidente Carles Puigdemont, ante el Parlamento de Cataluña, declaraba que “como presidente de la Generalitat”, asumía “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república”. E inmediatamente después, presentaba una propuesta: “que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”. Una solución de última hora, que obligó a retrasar el inicio del Pleno del Parlament, y que despertó el desconcierto y las iras de los representantes de la CUP y de parte de Junts pel Si.

La respuesta del Gobierno y del Régimen a esa petición de diálogo y “solución acordada” no se hizo esperar: Rajoy convocó a Pedro Sánchez y ambos acordaron un plan de actuación que pasa por la activación inmediata de los mecanismos previstos en el artículo 155 de la Constitución para intervenir desde el Gobierno Central la Autonomía de Cataluña. Lo cual se añade a la utilización de la Justicia, en particular la ampliación de la imputación de la Audiencia Nacional a los dirigentes de las organizaciones independentistas que han organizado la movilización de masas por el referéndum, y a la dirección de los Mossos.

Rajoy necesita del apoyo de Sánchez para intentar romper, con la ayuda de la dirección del PSOE, el amplio movimiento que estaba en marcha en todo el Estado entre los trabajadores y los pueblos de simpatía con el pueblo catalán, que se expresaba sobre todo en la exigencia de una salida política negociada y contra la represión.

Todo lo cual sucede cuando ha quedado claro que la burguesía catalana, auspiciada por el capital financiero internacional, casi en bloque está con la Monarquía: ya son 540 las empresas que han deslocalizado.

En cuanto obtuvo el consentimiento de Sánchez, el Gobierno Rajoy dio el primer paso en esa línea: un requerimiento escrito a Puigdemont para que, antes del día 16 a las 10h., confirme si ha declarado o no la independencia de Cataluña y para que, en tal caso, antes del día 19 revoque esa declaración de independencia. Si no es así, el gobierno convocará al Senado para activar el 155.

En cuanto a los contenidos concretos de esa posible intervención de la Autonomía de Cataluña, aún se discuten. Además del control de las finanzas de la Generalitat, que ya ejerce ilegalmente el Estado, unos hablan de poner bajo mando directo del Estado a los Mossos d’Esquadra y convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Otros van más lejos: el dirigente del PP en Cataluña, García Albiol, pedía intervenir también el Departamento de Educación. Y al parecer un sector del Gobierno reclama la intervención directa inmediata del ejército.

En todo caso, si Puigdemont no se somete a las exigencias de Rajoy, se abriría paso a una nueva fase en el enfrentamiento entre el Régimen y la mayoría del pueblo de Cataluña.

La reacción se organiza

La manifestación del 7 de octubre en Cataluña, con el apoyo del PSC, fue masiva y ha sido utilizada por la reacción, independientemente de la voluntad de muchos participantes. Fue seguida de una nueva manifestación, de menor tamaño, pero aún así importante, el 12 de octubre, de contenido abiertamente reaccionario. Lo que ha puesto de manifiesto que el empeño del aparato de Estado al cabo ha conseguido movilizar en la calle a unos pocos cientos de miles. Incluyendo o excluyendo, según la conveniencia del momento, a elementos abiertamente fascistas como los que el 9 de octubre, con la connivencia pasiva de las “fuerzas del orden público”, agredieron en Valencia a los manifestantes por el “sí al valenciano”. Lo grave es que la manifestación de Barcelona contó con el apoyo y la participación del PSC y un discurso de Borrell a la medida de los franquistas del PP.

Todo esto sucede ante el desconcierto y la desmovilización de la mayoría de los trabajadores, fomentado por la actitud de las principales organizaciones obreras, que han permanecido estos meses en un segundo plano, con gestos y declaraciones contradictorios, y por el apoyo de Sánchez a Rajoy.

¿Dónde quedó el “no es no”?

Hace apenas unos meses, la gran mayoría de militantes del Partido Socialista se movilizaba en apoyo a Pedro Sánchez y contra la política de la gestora que había dado el gobierno al PP. Esa movilización tuvo como centro una consigna: “No es no” a Rajoy y al PP. Hoy -es evidente- Pedro Sánchez ha cambiado esa política por un nuevo apoyo a Rajoy, en su enfrentamiento con el Govern, las Instituciones y la mayoría del pueblo de Cataluña. ¿Dónde quedan las promesas de Sánchez de una negociación política?

¿Qué ha conseguido Sánchez a cambio de su rendición? Bien poco. Se pondrá en marcha en el Congreso de una “comisión de estudio” sobre el funcionamiento del Estado autonómico, que el PSOE había solicitado una semana antes. Y el compromiso de que, después de seis meses de trabajos de esa comisión, se abordará un debate sobre una reforma de la Constitución. (Ya veremos qué pasa dentro de seis meses). Todo ello de acuerdo con Rajoy y con los límites del PP: negar el derecho a decidir. En este momento, cuando se disponen al asalto de Cataluña, esos gestos parlamentarios se transforman en la mera cobertura del 155 y demás medidas de excepción que Rajoy emprenda.

Al mismo tiempo, la dirección del PSOE ha retirado sus propuestas de reprobación parlamentaria a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría por la represión indiscriminada del 1 de octubre. Había sido una propuesta vergonzante, una forma de no reprobar a Rajoy, pero su retirada muestra que la pérdida de vergüenza no tiene límites.

Con estas decisiones, Pedro Sánchez se somete sin ninguna reserva a las exigencias del capital financiero y el aparato de Estado, como venían propugnando en los últimos días distintos dirigentes y exdirigentes del PSOE, como Felipe González y Zapatero, o Rodríguez Ibarra.

Para explicar su cambio de posición, Sánchez ha enviado una carta a todos los militantes del PSOE. En esa carta se detalla que “El PSOE es el partido que más contribuyó a la elaboración y puesta en marcha de la Constitución Española de 1978”. (Ha olvidado que el PSOE propuso entonces la República y que algunos de sus dirigentes exigieron hasta el último momento que se incluyese el derecho de autodeterminación). Y añade “que el PSOE asume los valores constitucionales y los defiende”. Algo que para el Secretario General del PSOE “significa que, ante cualquier amenaza que atente de manera grave al orden constitucional, el PSOE siempre se va a colocar del lado del Estado social y democrático de Derecho que establece nuestra Constitución”. En última instancia, como sucedió con la Gestora, el apoyo a la Constitución, la Monarquía y al Régimen acaba por llevar al Partido Socialista a apoyar directamente al Gobierno Rajoy. Lo que permite a éste llevar a cabo su política, no sólo en lo que respecta a Cataluña, sino en el mantenimiento de los recortes y de la Reforma Laboral, del artículo 315.3 del Código Penal, de la Ley Mordaza, etc., etc.

Esta política de apoyo a Rajoy ha empezado ya a tener un altísimo coste para el PSC y el conjunto del PSOE.

A nadie se le puede ocultar, además, que Rajoy utiliza todo apoyo, connivencia o contención de los dirigentes de las organizaciones obreras para atacar a los derechos democráticos y sociales, y utilizará cualquier supuesta victoria contra el pueblo de Cataluña para asestar nuevos golpes a los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Tengamos en cuenta que sólo su debilidad le ha impedido atacar más profundamente el sistema público de pensiones ante lo que los sindicatos exigen la derogación de la reforma del 2013.

Ayudar a los trabajadores y los pueblos a imponer una salida política democrática

Toda la parafernalia actual no nos puede ocultar que el régimen monárquico está desnudo. Puede ganar un tiempo por la ayuda del aparato del PSOE, que va a provocar desconcierto en sectores amplios de los trabajadores.

Por otra parte, es evidente que la política de los independentistas no ayuda. Al contrario, para la mayoría obrera, particularmente en Catalunya, es difícil olvidar la política antiobrera de los gobiernos de la Generalitat y su incapacidad de enfrentarse a las medidas de retorsión del gran capital.

El gobierno Puigdemont es responsable, en buena medida, de su aislamiento político. Presentar al pueblo de Cataluña que sólo hay dos salidas, o la situación actual, o la Declaración Unilateral de Independencia, sólo sirve para aislar al pueblo de Cataluña y da la espalda a los trabajadores y al conjunto de los pueblos, dar la espalda a la alianza necesaria para acabar con este régimen y abrir la vía al república, a la Unión de Repúblicas Libres, a abrir un proceso constituyente. Su posición le ha llevado a implorar el apoyo o la mediación de las Instituciones del capital financiero, como la Unión Europea, y de hipotéticos “mediadores internacionales”. Los principales representantes del capital financiero acaban de dejarlo sólo, anunciando una huida masiva de Cataluña. La Unión Europea le ha cerrado, una vez más, las puertas. Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, acaba de declarar que “si Cataluña se independiza, otros harán lo mismo. Y no quiero una UE de 98 Estados”.

Mientras buscaban esos más que dudosos aliados, Puigdemont, Junqueras y la CUP han desdeñado buscar a los únicos aliados que podrían ayudarles a hacer frente al ataque del aparato de Estado: la clase trabajadora y los pueblos del resto del Estado Español. Como resultado de estas políticas, hoy se encuentran más aislados que nunca frente al ataque inminente del Régimen con toda su artillería represiva. Un ataque que puede suponer un nuevo y grave enfrentamiento con la mayoría del pueblo catalán.

¿A quien puede beneficiar la eliminación de la autonomía de Cataluña -que puede abrir camino a la intervención de cientos de ayuntamientos- y la prisión de decenas de responsables del Govern y de las organizaciones nacionalistas? Desde luego, no a la clase trabajadora de todo el Estado ni a sus principales organizaciones.

Es preciso abrir el combate por una salida política. Una salida que sólo puede partir de una premisa: alto a las amenazas de aplicar el 155. Y, por tanto, no a la represión, alto a las persecuciones judiciales que continúan. Un combate que sólo las principales organizaciones de la clase trabajadora pueden plantear, uniendo la lucha por las principales reivindicaciones: pensiones, salarios, convenios…

Es a partir de ahí como se puede hablar de diálogo, o sea de negociación política, por una salida democrática, salida que incluye la realización de un verdadero referéndum libre y vinculante, exigencia que entraña una ruptura con el régimen, exigencia que entraña romper todo pacto con el PP. Esa es la exigencia común a los trabajadores y los pueblos de todo el Estado.