Carta Semanal 967 en catalán

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Casi cuatro meses después de las elecciones del 23 de julio, se ha llegado a la formación del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, basado en acuerdos con otras formaciones. Ahora toca ver qué política va a desarrollar, pero a nadie se le oculta que ese gobierno se va a enfrentar a poderosos obstáculos, algunos de ellos debidos a su dependencia de la Unión Europea y del imperialismo americano a través de la OTAN, otros a la oposición y el boicot por parte del aparato de Estado heredado del franquismo y sus representaciones políticas (PP, Vox y la morralla que se ha movilizado con ellos), un aparato que el Gobierno no duda en preservar. Otros obstáculos surgen, directamente, de las decisiones del propio gobierno. Sin poder ser exhaustivos, vamos a analizar algunos aspectos que pueden ilustrar la situación general.

La cuestión de las pensiones

El Gobierno se ha comprometido a mantener la subida de las pensiones según el IPC medio del año anterior, una conquista arrancada por los y las pensionistas con su movilización. Pero al mismo tiempo ha de cumplir sus compromisos con Bruselas y aplicar la reforma Escrivá.

La Comisión Europea tiene la potestad de hacer la auditoría sobre el desarrollo de la reforma de pensiones. Y según publica El Economista, la primera revisión prevista “avanza medidas necesarias por valor del 0,8% del PIB, según la AIReF, el equivalente a un desajuste de 10.700 millones que deberá pactar la nueva ministra”. La misma publicación señala que el Banco de España (institución subsidiaria del Banco Central Europeo) “viene alertando de la necesidad de incluir nuevas medidas por la vía del gasto, de los ingresos o una combinación de ambas para cubrir las necesidades del sistema de las pensiones”. Es decir, aumentar las cotizaciones o las aportaciones del Estado (en un marco de reducción pactada con la UE del déficit y la deuda, y de subida del gasto militar) o recortar las pensiones. Todo eso en un contexto en que el gobierno saliente se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato legal de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que dispararía toda duda sobre la sostenibilidad del sistema, y el nuevo gobierno no ha incluido, tampoco, esa auditoría entre sus objetivos. .

Al mismo tiempo, señala la misma publicación, ha de aplicar lo dispuesto en la reforma Escrivá sobre “el desarrollo del fondo público de pensiones que gestionarán cinco empresas privadas”. Y “los planes del Ministerio pasan por resucitar el ahorro del plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado”.

Además, el Gobierno ha decidido transferir la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, un paso hacia la ruptura de la Caja única. Y, a partir de ahí, se podría abrir una  lógica  de que las 17 comunidades lo pidan.

Todas esas cuestiones van a enfrentar a la nueva ministra con el movimiento de pensionistas, movimiento independiente que se basa en el principio de que “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

El boicot del poder judicial y del aparato de Estado en general

Los pronunciamientos del Consejo del Poder Judicial, de los fiscales, de las juntas de jueces de numerosas provincias, contra la amnistía y contra la inclusión del lawfare en el acuerdo del PSOE con Junts auguran una fuerte actuación del aparato judicial para interferir, paralizar o boicotear la aplicación de las medidas que apruebe el nuevo gobierno. Empezando por la amnistía –que, según el texto del proyecto de ley presentado debería aplicar cada juez o tribunal en cada caso concreto– pero extendiéndolo a cualquier otra medida de progreso o de desarrollo de derechos.  Aparato judicial que forma parte de un aparato de Estado que actúa en colusión con las distintas representaciones políticas del franquismo.

Se prevé una tortuosa tramitación de la ley de amnistía en el Senado y una más que probable remisión del texto al Tribunal Constitucional, que puede paralizar cautelarmente su aplicación, y, más tarde, anularla total o parcialmente. Ya ha empezado el juego de los franquistas para deformar el TC y evitar que apruebe la amnistía. El apartarse un miembro del TC de un paso preliminar mientras todos los nombrados por el PP, enemigos declarados de la amnistía, siguen en sus puestos, va en la línea del sabotaje que transformó el TC para que se cargase el Estatuto catalán.

Entretanto, el poder judicial sigue actuando para poner obstáculos o incluso dinamitar las alianzas que han permitido la formación del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, ha pedido a las autoridades de Suiza que la policía helvética localice a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a ese país desde marzo de 2018, como paso previo para solicitar su detención y entrega a España. Todo ello basado en la acusación de terrorismo hecha recientemente contra la dirigente republicana, acusación que el mismo juez parece haberse inventado.

Gobernar conviviendo con el aparato judicial (y con el ejército, la Guardia Civil, la policía y los altos cuerpos de funcionarios, cuerpos franquistas heredados de la dictadura sin depuración alguna según lo pactado por los dirigentes del PSOE, el PCE y nacionalistas en la llamada “transición”, y que ya se han manifestado en contra de la formación del gobierno) es un camino muy difícil. Por eso siempre hemos señalado que un verdadero progreso social y democrático exige la ruptura con esas instituciones y con la Monarquía, exige la República.

La sumisión a las normas de la Unión Europea

Ya en el mes de abril, el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acordó con la Comisión Europea –en el Programa de Estabilidad 2023-2026 y el Programa Nacional de Reformas 2023– adelantar a 2024 la reducción del déficit público al 3%, un año antes de lo previsto. Lo que significa reducirlo casi 2 puntos en 2 años, ya que el déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB. También se comprometió a continuar la reducción de la deuda, tras la disminución de cinco puntos el pasado año, hasta situarse por debajo del 110% en 2024, un año antes de lo previsto.

Compatibilizar las promesas de incremento del gasto en sanidad (que necesita una inyección urgente de fondos para recuperarla de los gravísimos efectos de los enormes recortes sufridos entre 2020 y 2017 y las consecuencias de la pandemia), en enseñanza y en los servicios e infraestructuras públicas con estos compromisos de recorte de déficit y deuda va a ser una verdadera cuadratura del círculo. Más aún teniendo en cuenta los compromisos de incrementar el gasto militar.

La movilización de la población en defensa de su sanidad y su educación pública tendrá que exigir al Gobierno que financie la sanidad, la enseñanza o el transporte, y oponerse a cualquier decisión gubernamental que las sacrifique.

Y la subordinación a los Estados Unidos

La subordinación del gobierno español –y de todos los gobiernos europeos– al principal imperialismo, el de los EE.UU. condiciona toda la acción exterior del gobierno. Un gobierno que se ha sometido en lo referente al apoyo a la guerra en Ucrania y en el apoyo al supuesto “derecho a la defensa” de Israel, que justifica el genocidio contra el pueblo palestino. Los llamamientos –con la boca chica– a un “alto el fuego” o a “pausas humanitarias” no son más que hipocresía. Como ilustra el caso del alto representante de la Unión Europea para política exterior, Josep Borrell, demostrada recientemente en una entrevista con Al Jazeera: 

“¿Consideran que lo que lleva a cabo Israel son crímenes de guerra?”, le pregunta el entrevistador, sobre la postura de la UE. “Yo no soy abogado, pero hay una Corte Penal Internacional que se hará cargo de una investigación”. Inmediatamente después de esa afirmación, el presentador le pregunta: “¿La postura de la UE es que lo que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre son crímenes de guerra?”. Y Borrell responde tajantemente: “sí, lo consideramos un crimen de guerra, porque los civiles fueron asesinados claramente sin ningún otro motivo, aparte de que se encontraban allí”.

El entrevistador responde: “¿Cómo puede ser tan claro a la hora de acusar a Hamás de crímenes de guerra, pero cuando le he preguntado por Israel me ha respondido que no es abogado?”.

Pedro Sánchez ha visitado Israel, donde ha declarado a Netanhayu su total apoyo ante el terrorismo de Hamas, precisamente en un momento en que el clamor mundial por el alto el fuego obligaba a Israel a firmar una tregua. Mientras el Gobierno manifiesta su apoyo al Estado sionista, sigue comerciando con Israel, le suministra armas y consiente las constantes intromisiones de la embajadora del Estado sionista en la política española, decenas de miles se manifiestan en las calles en solidaridad con Palestina, piden al Gobierno la ruptura de relaciones con Israel, exigen el boicot al comercio con Israel. 

Por la independencia del movimiento obrero

La situación que hemos expuesto de manera general aboca a una conclusión: el movimiento obrero y popular, si quiere defender sus conquistas sociales y democráticas, y conseguir la satisfacción de sus reivindicaciones, las organizaciones obreras, y, en particular, los sindicatos, si quieren ser fieles a los objetivos para los que fueron fundados y para los que los trabajadores y trabajadoras se unen a ellos, no pueden subordinarse a las decisiones y necesidades del gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Representan a la mayoría y han de actuar y organizarse de manera independiente, guiándose exclusivamente por las necesidades y reivindicaciones de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado. Ha de guiarse por el principio de que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden y al Gobierno se le exige que las cumpla.

Carta Setmanal 967 per descarregar en PDF

Gairebé quatre mesos després de les eleccions del 23 de juliol, s’ha arribat a la formació del govern de coalició entre el PSOE i Sumar, basat en acords amb altres formacions. Ara toca veure quina política ha de desenvolupar, però a ningú se li amaga que aquest govern s’enfronta a poderosos obstacles, alguns d’ells deguts a la seva dependència de la Unió Europea i de l’imperialisme americà a través de l’OTAN, d’altres a l’oposició i el boicot per part de l’aparell d’Estat heretat del franquisme i les seves representacions polítiques (PP,  Vox i la morralla que s’ha mobilitzat amb ells), un aparell que el Govern no dubta a preservar. Altres obstacles sorgeixen, directament, de les decisions del mateix govern. Sense poder ser exhaustius, vam analitzar alguns aspectes que poden il·lustrar la situació general.

La qüestió de les pensions

El Govern s’ha compromès a mantenir la pujada de les pensions segons l’IPC mitjà de l’any anterior, una conquesta arrencada pels i les pensionistes amb la seva mobilització. Però alhora ha de complir els seus compromisos amb Brussel·les i aplicar la reforma Escrivá.

La Comissió Europea té la potestat de fer l’ auditoria sobre el desenvolupament de la reforma de pensions. I segons publica El Economista, la primera revisió prevista «avança mesures necessàries per valor del 0,8% del PIB, segons l’AIReF, l’equivalent a un desajust de 10.700 milions que haurà de pactar la nova ministra». La mateixa publicació assenyala que el Banc d’Espanya (institució subsidiària del Banc Central Europeu) «ve alertant de la necessitat d’incloure noves mesures per la via de la despesa, dels ingressos o una combinació de totes dues per cobrir les necessitats del sistema de les pensions». És a dir, augmentar les cotitzacions o les aportacions de l’Estat (en un marc de reducció pactada amb la UE del dèficit i el deute, i de pujada de la despesa militar) o retallar les pensions. Tot això en un context en què el govern sortint s’ha negat reiteradament a complir el mandat legal d’una auditoria dels comptes de la Seguretat Social que dispararia tot dubte sobre la sostenibilitat del sistema, i el nou govern no ha inclòs, tampoc, aquesta auditoria entre els seus objectius. .

Alhora, assenyala la mateixa publicació, ha d’aplicar el que disposa la reforma Escrivá sobre «el desenvolupament del fons públic de pensions que gestionaran cinc empreses privades». I «els plans del Ministeri passen per ressuscitar l’estalvi del pla de pensions d’ocupació de l’Administració General de l’Estat».

A més, el Govern ha decidit transferir la gestió de la Seguretat Social a Euskadi, un pas cap a la ruptura de la Caixa única. I, a partir d’aquí, es podria obrir una lògica que les 17 comunitats ho demanin.

Totes aquestes qüestions han d’enfrontar la nova ministra amb el moviment de pensionistes, moviment independent que es basa en el principi que «governi qui governi, les pensions es defensen».   

El boicot del poder judicial i de l’aparell d’Estat en general

Els pronunciaments del Consell del Poder Judicial, dels fiscals, de les juntes de jutges de nombroses províncies, contra l’amnistia i contra la inclusió del lawfare en l’acord del PSOE amb Junts auguren una forta actuació de l’aparell judicial per interferir, paralitzar o boicotejar l’aplicació de les mesures que aprovi el nou govern. Començant per l’amnistia –que, segons el text del projecte de llei presentat hauria d’aplicar cada jutge o tribunal en cada cas concret– però estenent-lo a qualsevol altra mesura de progrés o de desenvolupament de drets.  Aparell judicial que forma part d’un aparell d’Estat que actua en col·lusió amb les diferents representacions polítiques del franquisme.

Es preveu una tortuosa tramitació de la llei d’amnistia al Senat i una més que probable remissió del text al Tribunal Constitucional, que pot paralitzar cautelarment la seva aplicació, i, més tard, anul·lar-la totalment o parcialment. Ja ha començat el joc dels franquistes per deformar el TC i evitar que aprovi l’amnistia. L’apartar-se un membre del TC d’un pas preliminar mentre tots els nomenats pel PP, enemics declarats de l’amnistia, segueixen en els seus llocs, va en la línia del sabotatge que va transformar el TC perquè es carregués l’Estatut català.

Mentrestant, el poder judicial continua actuant per posar obstacles o fins i tot dinamitar les aliances que han permès la formació del Govern. El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, instructor del cas Tsunami, ha demanat a les autoritats de Suïssa que la policia helvètica localitzi la secretària general d’ERC, Marta Rovira, fugida a aquest país des del març del 2018, com a pas previ per sol·licitar la seva detenció i entrega a Espanya. Tot això basat en l’acusació de terrorisme feta recentment contra la dirigent republicana, acusació que el mateix jutge sembla haver-se inventat.

Governar convivint amb l’aparell judicial (i amb l’exèrcit, la Guàrdia Civil, la policia i els alts cossos de funcionaris, cossos franquistes heretats de la dictadura sense cap depuració segons el pactat pels dirigents del PSOE, el PCE i nacionalistes en l’anomenada «transició», i que ja s’han manifestat en contra de la formació del govern) és un camí molt difícil. Per això sempre hem assenyalat que un veritable progrés social i democràtic exigeix la ruptura amb aquestes institucions i amb la Monarquia, exigeix la República.

La submissió a les normes de la Unió Europea

Ja el mes d’abril, el govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz va acordar amb la Comissió Europea –en el Programa d’Estabilitat 2023-2026 i el Programa Nacional de Reformes 2023– avançar al 2024 la reducció del dèficit públic al 3%, un any abans del previst. El que significa reduir-lo gairebé 2 punts en 2 anys, ja que el dèficit públic va tancar el 2022 en el 4,8% del PIB. També es va comprometre a continuar la reducció del deute, després de la disminució de cinc punts el passat any, fins a situar-se per sota del 110% el 2024, un any abans del previst.

Compatibilitzar les promeses d’increment de la despesa en sanitat (que necessita una injecció urgent de fons per recuperar-la dels gravíssims efectes de les enormes retallades sofertes entre el 2020 i el 2017 i les conseqüències de la pandèmia), en ensenyament i en els serveis i infraestructures públiques amb aquests compromisos de retallada de dèficit i deute és una veritable quadratura del cercle. Més encara tenint en compte els compromisos d’incrementar la despesa militar.

La mobilització de la població en defensa de la seva sanitat i la seva educació pública haurà d’ exigir al Govern que financi la sanitat, l’ ensenyament o el transport, i oposar-se a qualsevol decisió governamental que les sacrifiqui.

I la subordinació als Estats Units

La subordinació del govern espanyol –i de tots els governs europeus– al principal imperialisme, el dels EUA condiciona tota l’acció exterior del govern. Un govern que s’ha sotmès pel que fa al suport a la guerra a Ucraïna i en el suport al suposat «dret a la defensa» d’Israel, que justifica el genocidi contra el poble palestí. Les crides –amb la boca noia– a un «alto el foc» o a «pauses humanitàries» no són més que hipocresia. Com il·lustra el cas de l’alt representant de la Unió Europea per a política exterior, Josep Borrell, demostrada recentment en una entrevista amb Al Jazeera: 

«Consideren que el que duu a terme Israel són crims de guerra?», li pregunta l’entrevistador, sobre la postura de la UE. «Jo no sóc advocat, però hi ha una Cort Penal Internacional que es farà càrrec d’una investigació». Immediatament després d’aquesta afirmació, el presentador li pregunta: «La postura de la UE és que el que va dur a terme Hamàs el 7 d’octubre són crims de guerra?». I Borrell respon taxativament: «sí, ho considerem un crim de guerra, perquè els civils van ser assassinats clarament sense cap altre motiu, a banda que es trobaven allà».

L’entrevistador respon: «Com pot ser tan clar a l’hora d’acusar Hamàs de crims de guerra, però quan li he preguntat per Israel m’ha respost que no és advocat?».

Pedro Sánchez ha visitat Israel, on ha declarat a Netanhayu el seu total suport davant el terrorisme de Hamas, precisament en un moment en què el clamor mundial per l’alto el foc obligava Israel a signar una treva. Mentre el Govern manifesta el seu suport a l’Estat sionista, continua comerciant amb Israel, li subministra armes i consent les constants intromissions de l’ambaixadora de l’Estat sionista en la política espanyola, desenes de milers es manifesten als carrers en solidaritat amb Palestina, demanen al Govern la ruptura de relacions amb Israel, exigeixen el boicot al comerç amb Israel. 

Per la independència del moviment obrer

La situació que hem exposat de manera general aboca a una conclusió: el moviment obrer i popular, si vol defensar les seves conquestes socials i democràtiques, i aconseguir la satisfacció de les seves reivindicacions, les organitzacions obreres, i, en particular, els sindicats, si volen ser fidels als objectius per als quals van ser fundats i per als quals els treballadors i treballadores s’ hi uneixen,  no poden subordinar-se a les decisions i necessitats del govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. Representen la majoria i han d’actuar i organitzar-se de manera independent, guiant-se exclusivament per les necessitats i reivindicacions de la classe treballadora i dels pobles de l’ Estat. S’ha de guiar pel principi que, governi qui governi, les reivindicacions es defensen i al Govern se li exigeix que les compleixi.