(publicado en la Carta Semanal 493)

La prensa del régimen, en sus distintas versiones, arremetía el pasado fin de semana contra los partidos que defienden el derecho del pueblo catalán a decidir libremente y se resisten -con más o menso entusiasmo- ante la imposición del máximo tribunal de la Monarquía.

Del “progresista” El País…

El diario El País titulaba su editorial contra el “filibusterismo de Mas”. El órgano del grupo Prisa “desvelaba” la división de las llamadas fuerzas soberanistas y decía que bajo su apariencia de unidad “anidan graves fisuras (…) Porque todos los partidos (…) prisioneros de la presión populista de la calle, quieren evitar ser el primero en desdecirse de una consulta legalmente suspendida -y que saben imposible-, no sea que le carguen el sambenito de traidor a la causa”. Reconoce, por tanto, el periódico que la decisión de los partidos que llama “sobreranistas” es el resultado de la presión de todo un pueblo que no quiere someterse a los tribunales de la Monarquía y llama a la desobediencia, pero no frente a un puñado de jueces fachas, sino frente a la voluntad de todo un pueblo. ¡Para este periódico, la democracia consiste en no obedecer a la voluntad popular, sino a los intérpretes de la constitución pactada con los franquistas en 1978 y promulgada bajo la amenaza constante de un golpe militar si no se tragaba!

Este medio, ardiente defensor de la Monarquía, añade que “ese escenario de fondo, de frágil unitarismo, el que explica los vaivenes de la guerrilla reglamentaria, obstruccionismo judicial o filibusterismo normativo practicado por Artur Mas”. ¡Como si la verdadera piratería política no fuera la anulación del Estatuto Catalán votado por las Cortes y por el Parlament de Cataluña y ratificado por el pueblo en referéndum!

Continúa el editorial diciendo que “Este engaño político es tanto o más grave que el fraude de ley que asoma a cada paso legal del proceso, y que los tribunales sabrán ponderar en todo su alcance”, en un llamamiento a que los tribunales actúen contra el 85% del los representantes del pueblo catalán, para terminar diciendo que la rebelión ante las imposiciones del Tribunal Constitucional llevaría a la desobediencia frente a todas las leyes: “¿Son conscientes los partidarios de un Estado independiente de que si llegaran a este conculcando la ley validarían toda evasión fiscal, todo desorden público, toda infracción de tráfico, todo delito de desacato contra ese mismo Estado?”. No es nuestra cultura política, pero ¿no habría que recordar a estos “defensores de la ética política” que ya en el siglo XIII Tomás de Aquino justificaba la rebelión frente a una ley injusta?

…al “conservador” ABC

Por su parte, ABC, órgano cuya cercanía a la Casa Real es de todos conocida, editorializa con menos sutileza, bajo el título “ni un día más de impunidad en Cataluña”, reclamando que “Es necesario desarmar al nacionalismo de las competencias con las que de manera flagrante vulnera la ley”. Argumenta el periódico que “La firma por parte de Artur Mas del decreto de composición de la «junta electoral», designada para la consulta ilegal del 9-N, representa un acto indiscutible de vulneración consciente de la legalidad y de desobediencia a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (…) El Gobierno y la Fiscalía General del Estado no deben demorar el planteamiento de acciones legales ante los tribunales de Justicia”. Acciones que, según ellos, no deben quedarse en una nueva impugnación de lo votado por el Parlamento catalán, sino que “Mas debe responder personalmente por lo que está haciendo, con el Código Penal en la mano”. O sea, mandar a la Guardia civil que detenga a Mas y lo lleve ante el juez. Pero no les basta con pedir el procesamiento de Mas. ABC pide más: “Las competencias autonómicas de la Generalitat catalana se están empleando contra el Estado. El ordenamiento jurídico permite actuar en las vías penal y administrativa”, pero esta opción les parce poco, y añaden que “Es necesario desarmar al nacionalismo de las competencias autonómicas con las que de manera flagrante está vulnerando la legalidad, porque la amenaza para el Estado no solo consiste en el uso que los separatistas hagan de esas competencias, sino en el hecho de que están en manos de un frente conjurado para desestabilizar España”.

¡Cómo añoran estos tipos el 26 de enero de 1939, con la entrada triunfal de las tropas del general agüe en Barcelona, la detención de todos los “rojos” y “separatistas” y La disolución de la Generalitat!

¡Quieren llevarnos a la división y el enfrentamiento!

Con este panorama, que despierta la indignación de la inmensa mayoría de catalanes y catalanas, no es de extrañar que cada día que pasa crezcan en Cataluña los partidarios de la independencia, y no sólo del mero derecho a decidir.

El escenario que proponen ambos periódicos, el procesamiento penal del presidente de Cataluña y de la mayoría de los parlamentarios elegidos por el pueblo catalán, al que podría unirse -¿por qué no?- el de la inmensa mayoría de concejales y alcaldes de ayuntamientos de Cataluña, 922 de 947, que han apoyado la consulta, culminado por la suspensión de la autonomía, supondría llevarnos a todos a un enfrentamiento entre pueblos de dimensiones imprevisibles.

¿Quién puede impedir esto? Como señalábamos en cartas anteriores, sólo la clase trabajadora, que tiene intereses y conquistas comunes en todo el Estado. ¿Qué impide que esto sea posible, como lo fue en 1970 en las movilizaciones de todo el Estado con motivo del Proceso de Burgos contra militantes vascos, o a la muerte de Franco? Sólo una cosa: la actitud de los dirigentes de las principales organizaciones obreras, que con su colaboración directa con el gobierno Rajoy y su apoyo a las actuaciones del Tribunal Constitucional, como Rubalcaba y Pedro Sánchez, o con su pasividad cómplice, como Cayo Lara, Méndez y Toxo, permiten que se esparza este veneno entre los trabajadores y los pueblos de todo el Estado, destruyendo la unidad de la clase obrera y, con ella, a sus propias organizaciones. No pretendemos forzar la comparación, pero es obligado recordar que así se prepararon la matanza de 1914 y la desmembración de Yugoslavia.

Y con esta división, se ponen en peligro todas las conquistas democráticas y sociales arrancadas por la clase trabajadora en años de combate, y que sólo pueden defenderse, tanto dentro como fuera de Cataluña, con la lucha unida.

Los trabajadores y sus organizaciones deben salir al paso de este desastre

Militantes de distintas organizaciones y procedencias, dentro y fuera de Cataluña, han dado un paso adelante, poniendo en circulación una Carta abierta a las organizaciones y militantes obreros, por la democracia, por el derecho a decidir. . Los militantes del POSI apoyamos esta iniciativa y llamamos a difundirla y suscribirla masivamente.