(Publicado en la Carta Semanal 734 – ver en catalán)

Las sesiones del juicio en el Tribunal Supremo contra los republicanos catalanes han terminado y, según la mayoría de los medios de comunicación, se espera que la sentencia esté dictada a finales del verano.

Desde Información Obrera se ha hecho, a través de varios artículos, una crónica política sobre el desarrollo de las sesiones del juicio. Además, parece necesario reflexionar sobre su significado político.

Un encargo real

El juicio se desarrolla bajo el mandato directo del rey Felipe VI, quien, en su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum del 1 de octubre cuyas imágenes conmovieron al mundo, hizo un llamamiento a todos los poderes del Estado a intervenir para poner fin a una situación que al gobierno de Mariano Rajoy se le había ido, evidentemente, de las manos. Un discurso cuyo contenido ha sido resumido en tres palabras: “¡a por ellos!”. El aspirante a führer de Vox felicitó al rey por ese discurso en la reciente ronda de conversaciones, mientras que los representantes de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona se han negado desde entonces a participar en los saludos de bienvenida al rey, como han hecho los portavoces parlamentarios ahora en dicha ronda.

La instrucción del juicio se encargó al juez Pablo Llarena, que había sido presidente de la ultraconservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que es la expresión más refinada del aparato judicial heredado del franquismo.

De presidir el juicio en la Sala IV del Supremo se va a encargar Manuel Marchena, hijo de un capitán de la Legión, educado en los jesuitas y licenciado en la Universidad de éstos en Deusto, con una larga carrera como fiscal, que acabó en la Secretaría de la Fiscalía del estado y de la que saltó a la carrera judicial. Como juez, fue uno de los 7 que dictaron la expulsión de Baltasar Garzón del cuerpo, por haber osado investigar los crímenes del franquismo (otros cuatro de esos jueces forman parte también del Tribunal que juzga a los catalanes). El PP lo había propuesto como presidente del Consejo del Poder Judicial, una operación que se frustró cuando el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, desveló ese plan en un imprudente whatsapp.

El encargo del Rey, que, como se ve, se ha confiado a escuderos de probada confianza, es claro: hay que dar un escarmiento ejemplar a los dirigentes republicanos catalanes y, con ellos, a los millones de personas que participaron en las movilizaciones y el referéndum del 1 de octubre de 2017, para acabar con toda pretensión de enfrentarse a la Constitución de 1978, que trata de apuntalar a la Monarquía y al aparato de Estado –incluyendo el aparato judicial– heredado del franquismo.  Y con toda pretensión de que se materialice el derecho a decidir del pueblo catalán. Los catalanes están atados a la fuerza. Pero no solo ellos. El conjunto de los españoles tampoco puede decidir que los catalanes decidan. El conjunto de los pueblos de España y cada uno de ellos son menores de edad sometidos a la Constitución hecha por los franquistas. No hay democracia.

Las cincuenta sesiones han dado la razón el abogado de Junqueras, que declaró el primer día que empezaba un juicio a la democracia.

Se trata, también, de dejarlo todo “atado y bien atado”, como decía el fundador y protector de ese aparato de Estado, Francisco Franco, para que a ninguna fuerza política, a ningún gobierno, se le pueda ocurrir abrir la vía a una solución política, basada en el derecho a decidir, a la cuestión nacional en el Estado español.

La acusación de rebelión

Para asegurar la ejemplaridad de la sentencia era necesario acusar a los dirigentes republicanos catalanes de un delito extremadamente grave, el de rebelión, para el que el Código Penal prevé penas superiores, incluso, a las del asesinato. Un delito que no han reconocido los tribunales de Bélgica, Alemania o Escocia, ante las peticiones de extradición de Puigdemont y los demás dirigentes republicanos exiliados presentadas por Llarena.

Llarena podía, no obstante, haber mantenido las peticiones de extradición, y juzgar a los huidos por otros delitos, como sedición o malversación, pero eso hubiera descafeinado los objetivos del juicio. Por tanto, decidió retirar las órdenes internacionales de extradición. Si no podía procesarlos por rebelión, ha preferido dejarlos en libertad.

Al optar por la acusación de rebelión, la fiscalía y los jueces se han encontrado con un problema: el artículo 472 y siguientes del Código Penal establecen que ese delito se aplica a quienes “se alzaren violenta y públicamente”. Una exigencia, la de violencia, que queda clara en los artículos siguientes, que hablan de “esgrimir armas” y “deponer armas”, de “combate”, de “tropas” y “fuerza armada”. De ahí la colusión de fiscales y policías testigos, bajo la benevolente presidencia de Marchena, para intentar demostrar el carácter “violento” de las movilizaciones del pueblo catalán y del propio referéndum del 1 de octubre, en contra de lo que millones de personas hemos visto en los videos.

La prevalencia del “poder judicial” sobre todos

A lo largo del juicio, hemos visto cómo el Tribunal Supremo ha impuesto el mando del aparato judicial sobre todos los poderes del Estado. Ha obligado a anular los derechos de diputados electos, forzando a la Mesa del Congreso a “suspenderlos”. Ahora, se niega a permitir que Oriol Junqueras, elegido europarlamentario, pueda tomar posesión ante la Junta Electoral de su escaño (como sí han podido hacer los acusados elegidos diputados, senadores o concejales), vaya a ser que el Parlamento Europeo se entrometa y les fastidie la sentencia.

En última instancia, sobre quien pretende imponerse, por encima de todos, el aparato judicial, es sobre el próximo gobierno, en cuyas manos está la responsabilidad de solucionar de manera democrática la “cuestión catalana” y las grandes cuestiones sociales.

La responsabilidad del Gobierno

La sentencia del “juicio del procés” puede ser dictada en cualquier momento entre ahora y el final del verano. ¿Resistirán a la tentación de hacerlo en agosto? Sería una sorpresa que no supusiera una condena por rebelión para, al menos, los principales acusados. Al mismo tiempo, las tres derechas franquistas han abocado a Pedro Sánchez a depender, para su investidura y, posiblemente, para buena parte de su acción de gobierno, de los votos de ERC y de otras formaciones nacionalistas.

En manos de Pedro Sánchez queda la responsabilidad de dar paso hacia una solución democrática al “problema catalán”, que puede expresarse en choques sobre la interferencia del poder judicial, pero en última instancia pasará por el del derecho a decidir que reclama más del 80% de los catalanes (partidarios o no de la independencia). y que cuenta con un apoyo creciente en el conjunto del país, lo que se ha expresado en la derrota de los franquistas en las últimas elecciones.

El aparato judicial es irreformable y ha demostrado ser un obstáculo insalvable frente a las reivindicaciones sociales y democráticas. Pedro Sánchez tiene que elegir. O enfrentarse al aparato de Estado o someterse a él y enfrentarse al pueblo catalán y a la voluntad democrática de los pueblos. De esa decisión va a depender, en buena medida, el futuro de su gobierno. No puede hacer como si no pasara nada y dejar hacer a los jueces cuando los políticos que representan a la mayoría del pueblo catalán pueden ser condenados a cientos de años de prisión.

Para el conjunto de las organizaciones obreras, el mismo dilema. La clase trabajadora sólo puede materializar sus reivindicaciones y conseguir sus objetivos si se pone al frente de todas las reivindicaciones democráticas, si forja una alianza de los trabajadores y los pueblos contra sus enemigos comunes.

En esta vía, es preciso abrir el camino a la República, es decir, desmantelar la monarquía y establecer un nuevo marco político basado en la satisfacción de las reivindicaciones y la fraternidad entre los pueblos.