(Publicado en la Carta Semanal 773 – ver en catalán)

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 15 de marzo de 2020

La población trabajadora vive estos momentos con grave preocupación.

Preocupación por la enfermedad, que puede afectarles a ellos, y arrebatarles a sus familiares enfermos o mayores.

Preocupación por el futuro de sus puestos de trabajo. Por sus salarios. Por si podrán hacer frente a los pagos de su hipoteca y sus suministros.

Ven cómo los especuladores aprovechan la coyuntura para ir a lo suyo, y han hecho bajar las bolsas un 20%, sin que nadie les ponga coto. Ven cómo organizan el desabastecimiento para poder subir los precios. Ven cómo se anuncian cientos de miles de despidos en la hostelería, el comercio, los transportes, cómo las grandes empresas como Renault, Nissan, Seat y Ford, anuncian el cierre temporal (por el momento). Ven cómo a quienes mantienen su trabajo de manera presencial se les obliga a hacerlo sin medidas de protección, porque no hay mascarillas ni batas.

Se anuncian miles de EREs y de ERTEs, cuya tramitación además, se va a agilizar. Y los trabajadores afectados, en el mejor de los casos, cobrarían el desempleo, sin saber si están gastando o no su prestación futura. Y los que no tengan derecho a desempleo, no cobrarían nada ni podrían buscar trabajo.

Aun los que cobren el desempleo o la prestación por enfermedad común o enfermedad profesional, en caso de cuarentena, perderían buena parte de sus ingresos. Y se preguntan cómo van a pagar la luz, el gas, el alquiler, la hipoteca.

Muchos temen que la nueva crisis económica que se anuncia sea una nueva excusa para echarles de sus empleos, para bajarles sus salarios, para acabar con sus convenios colectivos

Ven cómo sus hospitales y centros sanitarios corren peligro de colapsarse, que no se hacen pruebas de coronavirus a los “casos leves”, para ahorrar reactivos, pero que a la familia “real” sí se les ha hecho la prueba a todos.

Ven cómo indeseables como los Aznar y la alta burguesía abandonan las ciudades para irse de vacaciones a sus segundas viviendas, mientras ellos están confinados en su casa y su trabajo, si tienen la suerte de mantenerlo.

Ven las vacilaciones y la parálisis de sus organizaciones, que parecen, a ojos de muchos de ellos, presas de lo que diga el gobierno.

Tienen, ciertamente, muchos motivos para estar preocupados.

El estado de alarma

Viendo cómo el número de contagios no cesaba de crecer, el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma. Una declaración que implica que el gobierno de Pedro Sánchez asume todas las competencias, además de significar el cierre de la inmensa mayoría de los comercios y establecimientos de hostelería, y el confinamiento forzoso de la población en sus viviendas, salvo para hacer las compras de primera necesidad o trabajar.

La declaración de estado de alarma supone, de hecho, la suspensión de los derechos de reunión y manifestación (al no poder salir de casa). Curiosamente, se autorizan expresamente las ceremonias religiosas. Se priva a la clase trabajadora de medios de defensa ante los ataques que le están lloviendo.

Es una evidencia que hace falta un plan único de actuación que acabe con la falta de medios, con el caos de iniciativas (o falta de ellas), hace falta la colaboración de todos los gobernantes para aplicarlo, respetando los derechos de los pueblos y a sus representantes.

Pero se echan de menos medidas de protección para los trabajadores y trabajadoras. Se dedican 14.000 millones de euros a apoyar a las empresas, pero ninguna medida para garantizar salarios. Desde el gobierno se anuncian medidas “económicas” para el próximo martes, entre las cuales, se habla de agilizar los EREs y apoyar a las empresas, pero no de ninguna para garantizar a los trabajadores sus salarios y derechos.

Lo que echan en falta los trabajadores

La población está gravemente preocupada, pero no pierde su conciencia. Las movilizaciones, desde los balcones, de apoyo a los trabajadores sanitarios son una muestra de solidaridad de clase y, a la vez, una reivindicación de que se acabe con los recortes que han sufrido la sanidad pública y sus trabajadores. De inmediato hay que exigir que se destinen todos los recursos económicos necesarios para garantizar la atención sanitaria. Las organizaciones de la clase trabajadora y, en primer lugar, los sindicatos es una exigencia deben ponerse a la cabeza de la demanda de protección y defensa de la clase obrera y la población. Desde todas partes, se extienden entre la clase trabajadora demandas y peticiones de medidas que un gobierno que verdaderamente cuidara por su interés debería tomar.

Medidas elementales, entre las que se incluyen:

• Presupuesto de urgencia para la sanidad pública. Apertura inmediata de todos los centros que fueron cerrados y recuperación de los miles de profesionales eliminados.
• Incautación de todos los hospitales y clínicas privados para ponerlos al servicio de la lucha contra el virus.
• Prohibición de todo tipo de despidos y de los EREs
• Suspensión de los desahucios.
• Moratoria del pago de hipotecas sobre primeras viviendas y locales de negocio de los autónomos.
• Control de la distribución de alimentos y productos esenciales.
• Prohibición de subidas especulativas de precios.
• Paralización de todo tipo de corte de suministros de gas, electricidad, agua… por impago de las facturas.
• Garantizar el 100% del salario a todas las personas que sufran suspensiones de contratos, y que no se gaste subsidio de desempleo en ningún caso.
• Medidas inmediatas para garantizar el suministro de medios de protección a todas las personas trabajadoras.

Algunos dirán que no hay dinero para pagar estas medidas. Mentira. Si hace falta, que se haga un impuesto especial sobre las grandes fortunas y los beneficios empresariales, que se incauten los beneficios de los especuladores, y exigir a la banca que entregue los 60.000 millones que se gastaron en rescatarla.