(Publicado en la Carta Semanal 554)

Hace unos días se hacía pública la última encuesta del CIS que daba como ganador relativo de las elecciones del 20 de diciembre al PP, con una previsión de voto del 28%. Un resultado que contrasta con la popularidad de Mariano Rajoy, estimada en un 3,3 sobre 10.

Aunque en parte esa previsión se debe a la “cocina” del CIS, y a pesar de que se le atribuye la pérdida de un tercio de sus votos, el PP puede darse por satisfecho con estas proyecciones. Hace un año nadie hubiera osado pronosticar que un gobierno odiado por la inmensa mayoría pudiera ganar las elecciones. Si hoy puede hacerlo no será por méritos propios del gobierno Rajoy.

En medio de sus propias crisis, los poderes económicos y los diversos sectores del aparato de Estado han cerrado filas en torno al Gobierno porque dejarle caer cuando los trabajadores tomaban las calles cada día y el pueblo catalán se rebelaba, podía significar el reventón del régimen monárquico y la apertura de una crisis revolucionaria.

Y así ningún gobierno ha tenido, o comprado, un respaldo semejante del conjunto de los medios de comunicación, que cada día cubren las mayores infamias como serviles cortesanos.

Tal vez por el mismo motivo, el Gobierno ha podido cometer los mayores crímenes sin tener enfrente una oposición que le crease graves problemas. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se ha embarcado en una política de “acuerdos de estado” con Rajoy en la que destaca su apoyo sobre la cuestión catalana, apoyando la prohibición del referéndum convocado por el Parlamento de Cataluña y los recursos al Tribunal Constitucional. Ha suscrito el “pacto antiyihadista”, que supone que, a diferencia del caso de Irak, el PSOE no va interferir en la marcha hacia la guerra para la que se prepara Rajoy. La inmensa mayoría de las demás fuerzas políticas, incluyendo las “emergentes” han optado por la misma táctica, de modo que Rajoy aparece presentado no como el causante de los problemas, sino como el que lidera los pasos hacia su solución.

Tampoco desde las autonomías y los ayuntamientos se le han creado grandes problemas. A pesar de la asfixia a la que el Gobierno les somete, y con la que les convierte en entes intervenidos, nadie puede hablar hasta ahora de revuelta.

La única oposición, aparte del derrotado Aznar, ha sido el movimiento obrero. La lucha de la clase trabajadora no ha cesado, con elementos destacados como la lucha contra la privatización sanitaria en Madrid y las huelgas victoriosas de los trabajadores de la limpieza y jardinería de Madrid, encabezadas por sus organizaciones de clase, los sindicatos. Así como el duro combate de los trabajadores de Coca-Cola asidos a su sindicato, puesto al servicio de sus reivindicaciones. Gracias a los trabajadores y a sus sindicatos, el Gobierno no ha podido llegar más lejos en sus ataques. Pero los trabajadores tampoco han logrado derribar a Rajoy y sus recortes por falta de apoyos: desde la huelga general de noviembre de 2012 los dirigentes de CCOO y de UGT han abandonado toda pretensión de confrontación con el Gobierno y de hecho le han embellecido embarcándose en supuestas negociaciones con él sin ningún resultado, política que ha provocado desafección hacia los sindicatos.

No es de extrañar que, atónitos ante semejante espectáculo, un 41% de la población no sepa, a 20 días de las elecciones, a quién votar.

Por la salvación del régimen

En estos años el régimen de la Monarquía ha vivido, y vive, su peor crisis, corroído de arriba abajo por los escándalos de corrupción, por la oposición popular a los recortes sociales y por las aspiraciones a la ruptura, sobre todo entre la juventud, que se evidencian en la proliferación de banderas republicanas en las manifestaciones obreras. El 2 de junio de 2014, el anuncio de la abdicación del primer heredero de Franco sacó a las calles a miles de personas reivindicando la República frente a la sucesión borbónica. En aquel momento, como en la actual campaña electoral, todos han cerrado filas para asegurar, por encima de todo, la continuidad del régimen, si es preciso con algunos retoques cosméticos: una “reforma constitucional” subordinada al voto del PP y de Ciudadanos.

El pasado día 3, El País, tras el debate organizado por el propio periódico con casi todos los principales candidatos, publicaba un editorial con un significativo título: El cambio tranquilo. En ese editorial se decía que los candidatos proponían un cambio con “riesgos muy calculados”, y se explicaba cómo Pedro Sánchez “exhibió una línea de continuidad con sus predecesores, no siempre acreditada con anterioridad”, en tanto que Albert Rivera se proclamaba “heredero de los mejores valores y líderes de la Transición” y consolidaba “su imagen institucional”, y Pablo Iglesias aseguraba “a sus potenciales votantes menos radicales que los iniciales, la culminación de su adaptación pragmática a un ideario más próximo a la socialdemocracia de Sánchez que a las movilizaciones autogestionarias del 15-M”. Pontificaba El País sobre Iglesias que “la moderación, constitucionalista, europeísta y atlantista, debe ser siempre bienvenida”. Terminaba El País señalando que los tres candidatos compartían, pese a su diversidad de propuestas “un lenguaje común”.

Ese mismo día, el periódico publicaba otro artículo titulado “incertidumbres y esperanzas para el Rey en el 20-D” en el que se decía que “Los asuntos de la Casa del Rey no habían dependido nunca tanto de un desenlace electoral”. Tras señalar cómo “la peor crisis” desde 1975, con el “deterioro de la clase media” y el papel de la corrupción han desestabilizado los equilibrios políticos del régimen, el articulista señala que “una de las primeras inquietudes en La Zarzuela ante ese nuevo escenario es el republicanismo efervescente de los partidos emergentes de izquierda, como Podemos, u otras organizaciones minoritarias radicales asociadas”, para tranquilizarse explicando que la aparición de opciones como Ciudadanos “introducen una perspectiva de tranquilidad para la Corona” .

En resumen, ambos artículos del más influyente órgano de expresión del capital y del régimen, llegan a la conclusión de que como nadie desafía la continuidad del rey, clave de bóveda del régimen, ni del conjunto de ese mismo régimen, puede asegurarse su supervivencia.

En cuanto a IU-Unidad Popular, excluida de ese debate en El País, desde la dirección de Izquierda Unida se han apresurado a aguar las propuestas de verdadera ruptura política aprobadas en algunos nodos provinciales y regionales, como en Andalucía. Para esa tarea han contado con el apoyo de otras fuerzas, como es el caso de Corriente Roja dentro de Sindicalistas por la Unidad Popular en Madrid. El resultado final es un programa que ha vaciado de contenido claro las afirmaciones rupturistas. Lo que no impide que por desconfianza en las bases obreras les excluyan de los principales debates, les ignoren en los análisis políticos como si no existiesen. Hay que añadir que la búsqueda desesperada por parte de la dirección del PCE y de IU de un acuerdo con PODEMOS, pactos y candidaturas sin referencias rupturistas algunas, y sin referencia alguna de clase, dejando los programas para más adelante, ha servido también de bloqueo a una clarificación clasista de posiciones y programas, que en un sector militante importante del movimiento obrero ha sembrado confusión y rechazo. Aunque hay que subrayar que hoy el movimiento obrero y popular puede apoyarse en su rechazo explícito a la guerra.

La salvación del régimen que defienden todos –que incluye la defensa de la sumisión a la OTAN y la Unión Europea– supone sacrificar las reivindicaciones, los derechos, los servicios públicos, es decir, los intereses de la inmensa mayoría.

Más que nunca, luchar por la reivindicaciones, por la ruptura con el Régimen

Cuando hacemos estas formulaciones, algunos compañeros nos replican que “no hay espacio electoral” para propuestas rupturistas. Que miren a Cataluña, donde la CUP ha conseguido 10 diputados con un programa de ruptura con la Unión Europea (por más que vayan camino de convertir su posición anti UE en retórica, con su práctica de pacto con los campeones de los recortes).

La cuestión es la siguiente ¿deben las reivindicaciones de la clase trabajadora y de los pueblos someterse al marco de la Monarquía y de la Constitución de 1978? ¿A quién se deben los que hablan en nombre de los trabajadores y trabajadoras, los Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, etc.? ¿A la defensa de los privilegios del aparato de estado franquista o a la defensa de los derechos sociales y democráticos? Porque la experiencia de 40 años de régimen monárquico es que aquí no caben los derechos sociales (basta con recordar los 300 sindicalistas procesados), los derechos de los pueblos (guillotinados una y otra vez por el Tribunal Constitucional) o la lucha por la paz.

Insistimos en que hay que constatar que ninguna combinación parlamentaria está dispuesta a solucionar las exigencias de la población trabajadora y los derechos de los pueblos, empezando por el pueblo catalán.

En el marco del régimen de la Monarquía sometido al capital financiero y sus instituciones, y, en primer lugar, la Unión Europea, no hay salida. Sin embargo, como la experiencia ha demostrado, se puede hacer retroceder al régimen y a la UE. Todo depende de la lucha de clases. Por ello no compartimos las ilusiones electorales, que tanto han decepcionado a los trabajadores de nuestro país, y mucho menos a la vista de los programas que se niegan a recoger las aspiraciones republicanas. La línea que corresponde a los intereses de la mayoría es a nuestro parecer de ruptura. Por ello, desde todas partes hay que levantar, en esta campaña electoral, unas exigencias a los candidatos que piden el voto de la clase trabajadora: ¡dejad de defender a este régimen podrido! ¡República! ¡No sometáis la defensa de los derechos y los servicios públicos a la exigencias de pago de la deuda y de acatamiento de lo que diga la Troika! ¡Pronunciaos sin ambages contra la guerra, contra la presencia de 3500 marines en Morón para intervenir en África, contra la participación de España en la guerra, por los derechos y soberanía de los pueblos! Esa es la campaña electoral del POSI.