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¿Por qué es necesario un juicio popular al Borbón ladrón y a la Monarquía?

Carta Semanal 854 en catalán

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Cada día que pasa hay una nueva noticia sobre la corrupción del Rey “emérito”, Juan Carlos de Borbón, cuya fortuna, amasada durante sus 39 años de reinado, se calcula en más de 2.000 millones de euros.

Una fortuna basada -como cada día cuentan más abiertamente los medios de comunicación- en actividades de intermediación, como el cobro de una comisión por cada barril de petróleo comprado a Arabia Saudí, o las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, y directamente por el tráfico de armas.

Al mismo tiempo, se multiplican las noticias sobre cuentas ocultas en paraísos fiscales.

Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado, en 2020 y 2021, a regularizar ingresos con Hacienda por valor de más de 5 millones de euros. Ahora se ha sabido que lo ha hecho después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo la notificara, al menos en tres ocasiones, (en junio, noviembre y diciembre de 2020), de que le estaban investigando. Un dato que, según hizo público en marzo la Asociación de Inspectores de Hacienda, supondría que “las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos”, ya que para que no haya responsabilidad  penal, debe procederse “al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción”

La supuesta inviolabilidad

En todo caso, las posibles acciones de la Fiscalía se van a limitar, como mucho, a las actuaciones de Juan Carlos I después de su abdicación, porque antes de ella, y durante sus 39 años de reinado, todas sus acciones estarían cubiertas por la inviolabilidad del Rey que establece el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Al menos, esa es la interpretación que hacen tanto los sucesivos gobiernos como el poder judicial. Que actúan, evidentemente, para proteger a la institución de la Monarquía. En cuanto a los gobiernos ¿acaso puede alguien defender que ninguno de ellos estaba informado de los manejos del rey, que ya habían sido publicados en algunos medios de prensa? Consta que las comisiones por la compra de petróleo a Arabia (iniciadas cuando era Príncipe de España) eran un hecho conocido en los primeros gobiernos de la Monarquía. Y en lo que respecta al aparato judicial, es evidente que entre sus funciones está proteger al régimen y a la Corona. Basta con recordar tan sólo cómo, en defensa de la familia real, eximió a la infanta Cristina de toda responsabilidad en los trapicheos de su marido, Iñaki Urdangarín, en contradicción con toda la jurisprudencia y con lo que siguen haciendo ahora los jueces en casos similares.

Como señala Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, “el principio de la inviolabilidad de los reyes procede de la creencia de que todo poder viene de Dios y de que sus representantes en la tierra eran los reyes, por lo que no se les podía atacar”. Y añade que la supuesta inviolabilidad supondría que el Rey puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático”. De Esteban concluye que los únicos actos cubiertos por la inimputabilidad establecida en el art 56.3 CE  son los que derivan de su función como jefe del Estado (…) Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad”.

En la misma línea, son muchos los juristas que opinan que son sola y exclusivamente los actos citados en el artículo 64 CE, los refrendados por el gobierno y que carecen de validez sin ese refrendo, los que están cubiertos por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Por ejemplo, Joan Carles Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, que escribe que “no es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan”. Que sepamos, ningún gobierno ha refrendado- por más que los hayan tapado y consentido- los trapicheos del hoy “emérito”.

A pesar de ello, todo el aparato judicial cierra filas para defender la impunidad del Borbón. De ahí que, como mucho, la Fiscalía Anticorrupción va a investigar solamente los indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero no al supuesto cobro de comisiones, que se produjo en la época en Juan Carlos I todavía era el jefe de Estado. De este modo, el grueso de los miles de millones amasados no podría tocarse.

De este modo, el poder judicial asume, en defensa de la Corona, que según la Constitución -y violando incluso todos los principios de lo que los defensores del orden burgués llaman “estado de derecho”- el Rey podría asesinar a alguien, violar a un niño o robar cientos de millones sin que pueda ser penalmente imputado.

Son los mismos tribunales que avalan los recortes a los empleados públicos, las reformas laborales, las estafas bancarias, la ley mordaza y todos y cada uno de los ataques a la población trabajadora.

Pero no es sólo el poder judicial quien sale en defesa del Régimen y de su máxima autoridad, la Corona. La Mesa del Congreso, con los votos del PP, del PSOE y de Vox, ha rechazado hasta en diez ocasiones distintas peticiones de comisiones de investigación sobre la fortuna amasada por el Rey “emérito”. Escudándose en todos los casos en la supuesta inviolabilidad (que, en todo caso, podría impedir una imputación penal, pero no una investigación parlamentaria).

Es evidente que una investigación en sede parlamentaria que estableciera las actividades corruptas del Rey tendría una repercusión política que haría tambalearse las propias bases del Régimen. Por tanto, los defensores de éste deben cerrar el paso a esa posibilidad.

Ahora bien, ¿cómo puede combatirse la corrupción si se consiente la que lleva a cabo la más alta institución del Régimen?

Porque no nos resignamos a la impunidad del Borbón, ¡juicio popular!

Hay que dejar clara una cuestión: no es el problema de un individuo, es la trama y estructura de la Casa Real, imbricada con los poderes financieros y la alta  administración del Estado.

Ningún demócrata puede aceptar que la corrupción de la Corona pueda seguir impune. Si el aparato judicial y los partidos franquistas bloquean la vía a una investigación judicial o parlamentaria, sólo hay una posibilidad de que Juan Carlos de Borbón sea juzgado por sus delitos y la fortuna que ha amasado vuelva a manos del pueblo: un juicio popular.

Es la exigencia que todas las organizaciones democráticas y populares deben levantar. Y poner de inmediato las condiciones para hacerlo posible. Las organizaciones que se declaran republicanas deberían estar al frente de esta tarea.

A propósito de la mesa de diálogo gobierno central – govern de la Generalitat

Carta Semanal 853 en catalán

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El miércoles 15 de septiembre tuvo lugar en el palacio de la Generalitat de Barcelona la  primera reunión de la llamada mesa de diálogo. Esta mesa fue pactada anteriormente entre Quim Torra y Pedro Sánchez, antes de que el primero fuera inhabilitado por delito de libertad de expresión por los tribunales franquistas.

En representación del gobierno central participaron Pedro Sánchez más cinco ministros (entre ellos Yolanda Díaz de Unidas Podemos) y por parte del govern de la Generalitat la delegación solo estaba compuesta por Pere Aragonés y dos consejeros de Esquerra Republicana de Catalunya, pues los tres que debían representar a Junts per Catalunya (los partidarios de Puigdemont, continuadores de la antigua convergencia de Pujol) no participaron en la reunión. Sigue leyendo

El “gobierno de los jueces”

Carta Semanal 852 en catalán

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El 6 de septiembre, como se realiza anualmente, se celebró la inauguración del Año Judicial presidido por el Rey. Recordemos que, en este país, en nombre del Rey se emiten las sentencias y se administra la justicia (por llamar de alguna manera a lo que hacen los jueces en este país). El rey, que a menudo, en los hechos, es la única autoridad a la cual obedecen las instituciones judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa su lugar -o más bien lo usurpa, según las leyes vigentes, desde hace ya casi 3 años- aprovechó la ocasión para lanzar un misil contra la decisión del gobierno de otorgar un indulto parcial a los 9 republicanos catalanes. Una intervención que forma parte de la ofensiva del aparato de Estado para cerrar el paso a toda posible salida al conflicto catalán. Ahí está la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir fianzas multimillonarias a los políticos republicanos catalanes. Sigue leyendo

Ante el 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña…

Carta Semanal 851 en catalán

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A los trabajadores, al movimiento obrero de todo el Estado, a los jóvenes y partidarias/os de la democracia

En vísperas del 11 de septiembre, sin esperar a los discursos oficiales, sabemos que el momento está preñado de retos y preocupaciones.

Los indultos o las señales de mejora económica son insuficientes para que los dirigentes se descuelguen con promesas optimistas. Los fondos europeos ya empiezan a estar aquí. ¿Cuál es la situación? La primera prueba en la industria catalana fue Nissan, ¿qué queda de ella? La suerte de Seat depende de pulsos entre multinacionales. La ampliación del aeropuerto de Barcelona, más que tropezar con problemas ecológicos, depende de que se pase de las promesas a su ejecución. El sistema sanitario, nunca se ha contado entre las prioridades presupuestarias, y sufrió en Cataluña, solo entre 2010 y 2016, recortes de 9.000 millones (casi la tercera parte del total recortado en todo el Estado). Las pensiones sufren ahora un recorte que amenaza el sistema. Entretanto, la juventud carece de clases, de plantillas de profesores y ante todo sufre el peso del paro y la precariedad. Toda la población sufre el atraco a salarios y pensiones que suponen la subida de la luz, de los carburantes, de los precios en general. Sigue leyendo

Es urgente e inaplazable derogar las reformas laborales

Carta Semanal 850 en catalán

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El acuerdo de gobierno de PSOE y UP incluía el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Concretamente decía lo siguiente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y añadía que “En concreto y con carácter urgente, derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Pues bien, el “gobierno progresista” se constituyó en enero de 2020, hace, por tanto, 19 meses. O, si se prefiere, casi 600 días. Y sólo la primera de esas tres medidas “urgentes” (la anulación del despido por enfermedad, introducido en la reforma de Zapatero y agravado en la de Rajoy) se ha llevado a cabo. Nadia Calviño y Yolanda Díaz anuncian ahora la “modificación” (ya no se haba de derogación) de la reforma laboral de 2012 para final de año. Si esta promesa se cumple, el gobierno tardaría 700 días en adoptar una medida “urgente”.

 ¿Qué impide la derogación de la reforma? Desde luego, no la aritmética parlamentaria, porque habría votos suficientes para garantizar el apoyo a la derogación. Es más bien una cuestión política: desde el propio gobierno, Nadia Calviño se ha opuesto expresamente a la derogación de la reforma, expresando así las objeciones de la Unión Europea, que defiende abiertamente la idoneidad de los recortes de derechos incluidos en ella. Y la oposición de la CEOE.

Y, sin embargo, para la clase trabajadora la recuperación de los derechos arrebatados en la reforma de 2012 (y, también, en la de 2010, impuesta por Zapatero y a la que los sindicatos respondieron con una huelga general, y que el gobierno se propone mantener) no sólo es una necesidad. Es una necesidad urgente.

Todo el mundo sabe que, en los meses próximos, miles de empresas preparan despidos masivos. Otras muchas los están aplicando ya.  En esta situación las facilidades para el despido barato que dan a las empresas las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores incluidas en las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, así como las facilidades que dan esas contrarreformas laborales para descuelgue del convenio, para negociar convenios de empresa a la baja, para externalizar y subcontratar actividades (con convenio de empresa a la baja), son letales para la clase trabajadora.

Por tanto, es urgente la derogación íntegra de ambas reformas laborales, una exigencia que hasta ahora han mantenido los sindicatos, aunque hayan aceptado una y otra vez los impuestos por el gobierno, que para muchos, encubren su negativa a tocar las reformas.

Una derogación por etapas

Por lo que se ha hecho público, los “interlocutores sociales” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y el Gobierno) han hablado de negociar las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (ET) en dos etapas. Y parecen tener discrepancias sobre qué incluir en cada una.

Los dirigentes de UGT y CCOO aceptan en líneas generales lo recogido en el acuerdo de gobierno y proponen tratar, en una primera fase, algunas cuestiones que ya se habían negociado antes de la pandemia: eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales, y restringir las modificaciones unilaterales por parte empresarial de las condiciones laborales. Y también, regular con nuevas limitaciones las cadenas de subcontratación (artículo 42 del ET), una medida también incluida en el acuerdo PSOE-UP, pero no con carácter urgente, y sobre la que hubo incluso un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse en el parlamento en la legislatura anterior.

Las patronales se niegan a esta posibilidad. Como señala el informe aprobado en marzo de 2021 en el Consejo Confederal de CCOO, la CEOE “se niega a abordar las materias relacionadas con la subcontratación y externalización productiva y plantea que lo prioritario sea tomar medidas en contratación -mediante bonificaciones…-, ERTES -renovación de los que caducan el 31 de mayo- y políticas activas”.

Y añade el informe que “esta posición de CEOE ha sido replicada casi en iguales términos por la vicepresidente Nadia Calviño, que sin mayor disimulo ha tomado posición inmediata. Son perfectamente conscientes de que abordar materias de la complejidad de las que requiere reducir la dualidad laboral en España, conlleva una negociación larga y compleja, en la que los aspectos de reversión de la reforma laboral se aplazarían sine die”. Este juego de “policía bueno y policía malo” dentro del gobierno agota la paciencia del más pintado. La clase trabajadora juzgará al gobierno “progresista” por lo que haga, y no por lo que diga uno u otro ministro o ministra. Y la posición del gobierno, de todo el gobierno, ha sido dilatar las negociaciones sobre derogación de la reforma laboral, con la excusa de la pandemia, y de la necesidad de convencer a la CEOE, negarse a tocar la reforma de Zapatero y sólo entrar a negociar la modificación de algunas partes de la de Rajoy.

No basta con retirar parte de las reformas

Entre las cuestiones que el gobierno y los sindicatos han hablado de derogar faltan aspectos muy importantes de las reformas laborales. Por ejemplo, todo lo referente al despido.

Desde que Felipe González introdujo los contratos temporales, nos vienen machacando con la cantilena de la “dualidad del mercado de trabajo” (es decir, de la diferencia de derechos entre los trabajadores fijos y los temporales).  Todo para ir disminuyendo los derechos de los fijos y, en especial, la indemnización por despido.

En 2001 se creó una figura, el “contrato de fomento del empleo”, que rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. La reforma laboral de Zapatero amplió los supuestos a los que se aplicaba esta indemnización reducida y la de Rajoy generalizó la indemnización de 33 días para todos los contratos. Por tanto, la indemnización por despido la han modificado las reformas laborales para pasar de ser 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades. Para un trabajador con 28 años de antigüedad y que cobrara el salario medio (2.000 euros en 12 pagas), son 36.000 euros menos de indemnización.

La reforma de Zapatero creó también la figura del “despido objetivo”, para empresas con pérdidas, con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Aquí el ahorro por despido para el patrón es fabuloso. Despedir a un trabajador con 28 años de antigüedad le costaría 60.000 euros menos. Luego la reforma de Rajoy amplió los supuestos en que se puede aplicar este despido mucho más barato.

Ante la oleada de despidos que ya se ha iniciado, para las empresas es muy importante contar con un despido lo más barato posible. Y que deben haberse sentido más que tranquilizados por las declaraciones al respecto de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en marzo pasado. Según El Periódico, “su hoja de ruta para con la estabilidad en el empleo pasa más por incentivar alternativas al despido para las empresas, más que en penalizar en mayor medida o vetar las posibilidades del despido”. Sin duda alguna, los trabajadores amenazados de despido no estarán nada contentos con las intenciones de la ministra.

El Nuevo Estatuto de los Trabajadores

El pasado 22 de marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaraba ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que hay que desplegar una “mirada amplia” sobre la legislación laboral y abordar los cambios necesarios “sin clichés” y mirando al pasado “solo lo justo y necesario”, para poder modernizar así el mercado de trabajo. Entonces, ¿deben los trabajadores y trabajadoras renunciar a la idea de recuperar los derechos que arrancaron con su lucha, y que les fueron arrebatados “en el pasado”? ¿Qué hay detrás de la propuesta del Nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI?

La “modernidad” no es el empleo sin derechos, la precariedad de por vida, la uberización de las condiciones laborales. Eso es tan antiguo como el capitalismo del siglo XIX que nos describieron Dickens en sus novelas y Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y que hoy aplica el capitalismo en África, en China, en Bangladesh y en buena parte de Asia. Y que quieren imponer en Europa (véase al respecto al última reforma laboral en Grecia).

Veamos a este respecto lo sucedido con los riders, los trabajadores de las plataformas de reparto. La norma que acaba de entrar en vigor, y que no hace sino aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que los ha considerado falsos autónomos y, por tanto, trabajadores por cuenta ajena, ha dejado fuera a los empleados de otras plataformas digitales, por exigencia de la CEOE, apoyada por el gobierno. ¿Se les reservan, tal vez, unas condiciones laborales “del siglo XXI”, es decir, uberizadas?

La perspectiva de una modernización de condiciones laborales, de un “estatuto del siglo XXI”, al amparo de la Comisión Europea, con quien el gobierno se ha comprometido a estos cambios, no resulta nada favorable para los trabajadores, que sin duda reivindican lo que exigieron con varias huelgas generales: la recuperación de los derechos que les fueron arrebatados.

Ni un día más

Los trabajadores están hartos de dilaciones. Las direcciones sindicales no deberían aceptar ni un día más de retraso. Como hemos señalado antes, es urgente e inaplazable derogar completamente las dos reformas laborales.

Ante las excusas y aplazamientos del gobierno, y el obstruccionismo de la CEOE, ¿no sería la hora de iniciar, a partir de septiembre, un proceso de movilizaciones para exigir el gobierno la derogación de las reformas laborales? Un proceso que enlazaría con la preparación por parte de las plataformas de pensionistas de una marcha a Madrid el 16 de octubre por la auditoria, cuando el gobierno en el Consejo de ministros de este martes 24 de agosto acaba de aprobar “el primer tramo de la nueva reforma del sistema de pensiones”.

 

 

ESCRIVÁ, EL PACTO DE TOLEDO Y EL ACUERDO DEL “DIÁLOGO SOCIAL” CONTRA LAS CUERDAS

Carta Semanal 849 en catalán

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LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PONE A ESCRIVÁ, AL PACTO DE TOLEDO Y AL ACUERDO DEL “DIÁLOGO SOCIAL” CONTRA LAS CUERDAS

La situación actual de la lucha por la defensa del sistema público de pensiones se encuentra en una encrucijada, gracias a la fuerte resistencia que de forma independiente han organizado las plataformas de pensionistas. La llamada crisis de la Seguridad Social, con la que se quiere justificar todo tipo de recortes, es una crisis provocada por la política de los gobiernos al servicio del capital financiero.

La responsabilidad del Estado arranca desde la transición política, cuando ya fue objeto la Seguridad Social de una importante desmembración de instituciones y servicios sociales creados y financiados por los superávits de las cotizaciones sociales.

El Estado, que no es neutral pues está al servicio de la clase dominante, ha tejido un entramado de complicidades políticas cuyo objetivo es debilitar, dislocar, el régimen de reparto y la Seguridad Social. Acuerdos que enlazan con la Unión Europea. Las propuestas de reformas de Escrivá forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas e inserto en los planes de destrucción de conquistas sociales para toda Europa y muy especialmente del sistema de reparto basado en cotizaciones sociales, es decir, en salario diferido. Sigue leyendo

Nacionalizar las eléctricas PARA SALVAR A LA POBLACIÓN

Carta Semanal 848 en catalán

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El precio de la factura eléctrica ha alcanzado unas cifras escandalosas en las últimas fechas avivando el debate sobre el funcionamiento de este oligopolio. Efectivamente el precio del Mg/hora el viernes 13 de agosto fue de 117.29 euros. Hace exactamente un año era de 36 euros. No hay razones objetivas que expliquen esta subida. No solo supone una agresión a la población más necesitada, sino que además supone un obstáculo para la industria de este país.

Al mismo tiempo que el kilovatio se pone a precio de oro, muchos barrios obreros han sufrido continuos apagones este invierno por la falta de mantenimiento de las redes. Es el caso de muchas barriadas de Sevilla, de la Cañada Real en Madrid… A las multinacionales eléctricas no les interesa invertir en zonas de bajo consumo y donde mucha gente, que no puede pagar las facturas, se ve obligada a conectarse ilegalmente.

Hay que señalar que España fue uno de los países que más prisa se dio en privatizar las empresas públicas energéticas como parte de lo que se denomina la liberalización de la economía. El Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo del 2000 de Lisboa (1) utilizando el lenguaje grandilocuente que precede a las grandes fechorías, prometía una serie de bondades que iban a hacer a la economía de la UE la primera economía del mundo, ¡casi nada!, y además alcanzaríamos la sociedad del conocimiento, la del pleno empleo, etc.

¿Quién se podría oponer? Ahora, obviamente, se nos decía que habría que hacer algunos cambios para lograr estos objetivos. Lo que pomposamente llamaban liberalización de la econo- mía, sobre todo del sector energético, era lo fundamental. También hablaban de retrasar jubilaciones, y de otras medidas como el apoyo al sector financiero.

En España, la empresa estatal Endesa llegó a tener más de un 40% del mercado, fue privatizada por los gobiernos de Felipe González y de Aznar. Mientras otros países se hacían los remolones en cuanto a la privatización (de hecho, una empresa estatal italiana, Enel, es propietaria del 70% de Endesa), nuestros gobiernos aceleraban como si se hubiesen creído que iba a haber pleno empleo y la mayor economía del mundo. Como suele pasar en estos casos el complemento de las privatizaciones fue la colocación de diversos dirigentes del PSOE y PP en puestos bien remunerados de los consejos de administración de las empresas eléctricas. Entre ellos Felipe González y Aznar y hasta 24 altos cargos del PSOE y PP y algunos nacionalistas.

El Estado mantiene un porcentaje en la red eléctrica (REE, un 20%), que le permite nombrar al presidente. Anteriormente Jordi Sevilla, exministro, y ahora Beatriz Corredor.

Con la privatización hicieron un negocio ruinoso, para la ciudadanía, claro. No solo se convirtió en un desastre en cuanto al servicio, sino que se encareció cada vez más el recibo de la luz y los beneficios multimillonarios pasaron a las multinacionales. La UE decía que quería acabar con el monopolio de los Estados y ha pasado al oligopolio de seis empresas para toda la UE. Y como todo lo que hacen está marcado por el caos, se da el caso de que empresas públicas de otros países en las que el Estado es mayoritario o propietario único participan en el pastel de la privatización de otros estados.

Generación, transporte, distribución y comercialización.

El mercado español se compone de cuatro fases distintas. Todo esto es un caos agravado por la privatización.

Están las empresas generadoras de energía. Bien de energías fósiles y nuclear, o las renovables. Entre las primeras, las de gas, carbón y nuclear. En las segundas las hidroeléctricas, eólicas o fotovoltaicas.

Entre las empresas que producen energía eléctrica en España hay 3 que copan el 80% del mercado. Endesa, Iberdrola y Naturgy. Otras dos, EDP y Repsol, el 10% y luego hay hasta 600 que producen energía en pequeñas proporciones. Empresas locales, cooperativas etc.

El transporte lo ejerce en solitario la empresa Red Eléctrica. Es la encargada de recibir la energía de los distintos productores, la mete en el “depósito” estatal y de ahí lo envía a los distintos distribuidores regionales. La distribución nuevamente está en manos muy mayoritaria- mente de 5 empresas. Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, EDP y Viesgo

Una vez estas empresas llevan, cada una en una zona, la electricidad a cada punto (vivienda o empresa) entran las comercializadoras. Otra vez un galimatías de empresas, con las grandes llevándose la parte mayor del negocio y el resto que se busca un hueco a base de engañar a la gente. Para ello contratan a gente que vaya con- venciendo a los usuarios de que se cambien de comercializadora y le prometen rebajas que suelen convertirse en aumentos de precios.

El precio ¿cómo se fija?

Lo hacen de tal manera que es difícil entenderlo. Fundamentalmente es un proceso dividido en tres partes. Los impuestos, que son casi un 30% entre IVA, impuesto eléctrico, y municipal, la subasta de lo que realmente es el precio de la electricidad y que es un proceso totalmente especulativo donde las grandes empresas pueden hacer sus amaños. Como ejemplo la investigación abierta por el gobierno a Iberdrola por el vaciado de pantanos efectuados con el fin de influir en los altos precios. Y luego una parte importante se fija por otras partidas, los costes regulados, que no tienen nada que ver con el coste de la generación de la energía. Y que son cosas tan variables como compensaciones a las renovables, compensaciones a las empresas que garantizan el consumo, partidas para que no tengan pérdidas, y un montón de mamoneos. Otra vergüenza, buena parte de ella en nombre del cambio climático.

El precio final lo fija la última electricidad que entra en la red. Casualmente suele ser la más cara. Si es así pagamos las verduras, la pasta y él solomillo todo a precio de solomillo. Es fácil para las empresas multinacionales que tiene distintas centrales de combustibles fósiles y renovables, meter a última hora la que les interesa. Negocio completo. Hay que tener en cuenta que buena parte de la energía que se genera en España se hace a partir de las centrales que utilizan gas. Y en España no hay gas, así que hay que importarlo y ahí entra en juego otro factor que es el de la especulación con las materias primas.

El sistema, impuesto por la UE, ha llegado a tal nivel que países como Alemania han pedido a la UE reforme los mercados eléctricos porque se ha llegado a la barbaridad de que se generen escenarios perversos como que la rentabilidad de algunas plantas dependa únicamente de los momentos de escasez. Cuanto peor para todos, mejor para algunos.

Mintieron una vez más

Cuando señalaban que si se privatiza el sector energético tendríamos una energía más barata y mejor servicio nos engañaban conscientemente. Lo único que han conseguido es con la excusa de acabar con el monopolio estatal, crear un oligopolio europeo donde 6 empresas se llevan la mayoría del pastel y si siguen así las cosas aumentarán su presencia cada año.

En el caso español tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han ganado, según el diario digital Público de 25 de julio de 2021, 25.977 millones de euros en un lustro con los ajustes contables y se disparan a 29.888 sin ellos, cifras a las que deberían añadirse las magras provisiones para afrontar las inversiones en renovables.

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En una situación de emergencia, hace falta la unidad para salvar la sanidad pública

Carta Semanal 847 en catalán

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os antes del inicio de la pandemia, el deterioro de las condiciones de la sanidad pública era ya evidente, los recortes ylas distintas formas de privatización, legalizadas por el artículo único dela Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aumentaron la masificación y condujeron al sistema a la incapacidad para atender adecuadamente a la población. Recordemos que sólo entre 2010 y 2017 se redujo el gasto en sanidad en más de 30.000 millones de euros, casi el equivalente a un presupuesto anual entero.

Las diferentes leyes, como las de estabilidad presupuestaria o la ya citada 15/1997, por las que esta ofensiva viene desarrollándose, son comúnmente criticadas por las asociaciones de defensa de la sanidad pública y por los sindicatos, pues esta política conduce a desmantelar la sanidad pública: es innegable la precariedad y la falta de recursos en la atención primaria de salud, pero no solo; las administraciones sanitarias deben miles de horas de libranza a los sanitarios.

Durante la pandemia, los sanitarios se han movilizado por incrementar plantillas y salarios; sin embargo, el Gobierno respondió con el RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario, y trata de impedir las movilizaciones en nombre de combatir al coronavirus, implica a las policías y el ejército en el control de la población. El gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos utilizaron a fondo la pandemia para seguir desmantelando la asistencia sanitaria, introducir las consultas telefónicas y precarizar las condiciones laborales. Su respeto a la propiedad privada mostró la impotencia del Gobierno para proporcionar mascarillas y batas al personal sanitario; y sobre todo, en la vacunación la dependencia de las multinacionales farmacéuticas que imponen el precio de sus vacunas (desarrolladas, en buena medida, con fondos públicos), y que ahora imponen una subida del 25% de sus precios.

Hay un plan, contenido en los acuerdos con Bruselas, que desmantela la sanidad pública, y que lo ejecutan el gobierno central y desigualmente los demás gobiernos. ¿No haría falta un plan para movilizar a los trabajadores del sector y a la mayoría social llegando hasta donde sea preciso para defender unidos la sanidad?

Hay dirigentes políticos y sindicales que se llenan la boca con la sanidad pública. ¿Qué estamos haciendo, todos juntos, para salvar la sanidad? Piensan algunos de esos dirigentes que lo importante es salvar al gobierno progresista. Pero todos sabemos que si la sanidad se sigue hundiendo, el gobierno se puede hundir con ella, Y los sindicatos y partidos que no hayan sabido defender la sanidad pública, pueden participar en este hundimiento.

La resistencia

Las movilizaciones siguen por reivindicaciones concretas que dan el contenido a la defensa de la sanidad pública. Por ejemplo, en el País Valenciano, por la reversión a la sanidad pública de los hospitales «modelo Alcira», movilizaciones en las que se ha impuesto la unidad de los sanitarios y de sus sindicatos, de asociaciones de defensa de la sanidad pública y de sociedades científicas, movilizaciones que han conseguido, contra la voluntad de Ximo Puig y su consejera de Sanidad y las presiones de la multinacional Centene, la reversión del hospital de Torrevieja. También en Andalucía, sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública se movilizan por la integración en el SAS del hospital del Aljarafe, por aumentar la dotación de personal y de medios de la atención primaria de salud.

La respuesta de la población, no falla. Lo que no hay es dispositivo para defender el sector. Sería hora de que los sindicatos de la sanidad y las organizaciones de defensa de la sanidad pública llamen a los trabajadores y a la población a la movilización para detener el desmantelamiento de la sanidad pública y, apoyándose en la disposición y las reivindicaciones de los sanitarios y de la población, se la dote de los medios y del personal suficiente. Que devuelvan los mas de 30.000 millones arrebatados a los presupuestos de la sanidad pública.

¿Cómo es posible que, en Madrid, a pesar de la resistencia general de los sanitarios y de la población, con la opinión contraria de partidos y sindicatos, se haya puesto en marcha el hospital Zendal, se haya privatizado la vacunación covid y se pretenda cerrar 41 centros de salud? Las coyunturas regionales cambian, pero Díaz Ayuso está a la cabeza de la aplicación de un mismo plan que pretende liquidar la sanidad pública en todo el Estado.

Es el momento de dar un paso adelante, con determinación, audaz. ¿No es urgente que en cada hospital se reúnan los trabajadores de todas las categorías, de cualquier adscripción, para tomar medidas urgentes con las organizaciones y colectivos para impedir tales atropellos? ¿No hay que colaborar los trabajadores de cada hospital con los centros de primaria? ¿No es hora de organizar la movilización en unidad por las reivindicaciones de abajo arriba y de arriba abajo?

Razones no faltan

Es indudable que existe una contradicción flagrante entre las demandas y reivindicaciones de profesionales y población y la política sanitaria del Gobierno –y de todos los gobiernos autonómicos– , y que existe la conciencia de que las intenciones de Pedro Sánchez no van en el sentido de satisfacer las reivindicaciones. Como reiteradamente afirma, su objetivo, es el que defiende la Unión Europea en la asignación de los fondos next generation: la colaboración público-privado, es decir la privatización.

En su segundo informe de rendición de cuentas, Pedro Sánchez sacaba pecho de que «España es, después de Malta, el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de su población completamente vacunada y también ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial.» En cartas semanales anteriores (ver las cartas semanales 817 y 827) se ha expuesto la subordinación del Gobierno a las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y el caos que ha supuesto la campaña de vacunación; decir ahora que las administraciones sanitarias, después de financiar a los laboratorios buena parte de la investigación y la producción de vacunas anticovid, las están comprando a un precio 25 veces superior a su coste de producción, y siguen subiendo los precios sin ningún control. Decía además Pedro Sánchez que «el Ministerio de Sanidad ya ha iniciado el 80 % de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España para la presente legislatura.»

La hoja de ruta del Gobierno

A tenor de lo dicho, cabe concluir que en ese 80 % no se incluyen las reivindicaciones por las que se movilizan el personal sanitario y la población. Quizás estén contempladas en el 20 % restante de los compromisos gubernamentales para la sanidad. Pero no, no según la previsión hecha pública por la ministra Carolina Darias sobre la inversión sanitaria enviada a Bruselas para los próximos tres años: un total de 1.069 millones de euros, de los que 792 (el 80 % aproximadamente) se destinarán a renovar equipos de alta tecnología; el resto se dirige a la creación de un gran centro de datos sanitarios (100 millones), a la «racionalización» del consumo de medicamentos (20 millones), a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis sanitarias (143 millones) y a la formación de los profesionales sanitarios (13,1 millones). Sin partida de gasto prefijada se cita como objetivo «el fortalecimiento de la atención primaria.» Por último, la ministra afirma que el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia también «permitirá reducir la temporalidad de los profesionales y potenciar su desarrollo profesional», lo que supone la reforma del Estatuto Marco y un decreto para mejorar la formación MIR. Dice que se trata de «una inversión de futuro» y que «la actual situación constituye una magnífica ocasión para mejorar las debilidades del SNS.»

En resumen, pomposamente se nos anuncia una «inversión de futuro» de poco más de 300 millones anuales, que juega con la precariedad existente pero no amplía plantillas (que, con las OPE previstas, puede suponer el despido de miles de interinos), ni incrementa las infraestructuras asistenciales. Que ni siquiera empieza a recuperar los más de 30.000 millones recortados entre 2020 y 2017. Resultaría cómico si no se tratase de la salud de la población y del sistema sanitario que debe protegerla. Sin dejar pasar las referencias a las «oportunidades» que nos ha traído la pandemia, para implantar «mejoras» del tipo de las consultas telefónicas y otras barreras a la asistencia sanitaria, como el cierre de consultas, por ejemplo.

La pandemia y las respuestas dadas han supuesto un duro golpe para una sanidad ya tocada. La prensa denuncia la reducción intolerable del diagnóstico precoz de los cánceres, el abandono de los pacientes crónicos, el crecimiento exponencial de las listas de espera. Los centros de salud con consultas y servicios cerrados, con carencias gravísimas de personal, CCCO denunciaba recientemente la situación del centro de salud de Lebrija, en Sevilla, con sólo 7 médicos de 14, con 5 enfermeros de 14 (y 2 de ellos, a tiempo completo vacunando). En Andalucía hay demoras de cita en atención primaria de más de 14 días en la mayoría de centros. Y lamentablemente, no son ejemplos, es la tónica general. Luego se quejan de la fuga de profesionales, como si esta no fuera una de las consecuencias de la falta de medios, de los bajos salarios y de la sobreexplotación.

Acciones por la unidad para la defensa de las reivindicaciones

No podemos sino poner como contraste al discurso del Gobierno la resolución aprobada el pasado 25 de junio en la reunión de la coordinadora ampliada del CATP. (PONER ENLACE)

La población se moviliza por su sanidad en cuanto tiene ocasión. Hace falta un plan que aúne las energías de trabajadores y población en todo los barrios, en todas las circunscripciones para defender el Sistema de Salud. Veamos cómo avanzar. Se ha propuesto en el CATP organizar un encuentro en defensa de la sanidad pública tomando como base las luchas en curso y el manifiesto difundido por Información Obrera. (PONER ENLACE)

La sección de la IV Internacional va a plantear la discusión con colectivos y organizaciones para ver cómo ayudar a ese combate.

Annual, 1921

Carta Semanal 846 en catalán

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Se cumplen 100 años del llamado “desastre de Annual”, la batalla en la que los combatientes del pueblo marroquí del Rif, al mando de Abd el-Krim, derrotaron y prácticamente aniquilaron a un contingente español muy superior en número. En su Historia de la Incompetencia Militar, Geoffrey Regan explica cómo las tropas españolas sufrieron una aplastante derrota frente a unas fuerzas militares rifeñas 7 veces inferiores a las suyas.

En la gestación del desastre militar influyeron muchos factores, pero el más determinante fue, sin duda, la incompetencia de los mandos militares y la corrupción generalizada de los mismos. El diputado socialista Indalecio Prieto, enviado a Marruecos por el diario El Liberal, de Bilbao, escribía que la Comandancia militar de Melilla era “una charca pestilente formada por toda clase de inmoralidades y vicios”. Y citaba las palabras de un comerciante local intentando vender un tejido lujoso: “aquí sólo lo usan las esposas de militares del cuerpo de Intendencia”. Sigue leyendo

Tribunales y poder judicial franquista

Carta Semanal 845 en catalán

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En las últimas semanas, varias resoluciones de órganos judiciales y similares se han destacado en la vida política del país. Citemos, sin ir más lejos, el informe de Tribunal Supremo contra los indultos, el informe del Consejo General del Poder Judicial a favor de la Fundación Franco, y más recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma (ilegal según algunos juristas) y las resoluciones del Tribunal de Cuentas respecto a los republicanos catalanes.

En el caso del estado de alarma, el TC ha dictaminado que el confinamiento impuesto en marzo de 2020 en relación con la pandemia era inconstitucional, y que debió recurrirse al estado de excepción. Una decisión más que relevante, porque haberlo hecho hubiera permitido gravísimas restricciones de libertades y derechos, aún más graves que los sufridos, incluyendo la libre utilización del ejército. Lo que puede suceder si se aplica esa doctrina a futuros episodios pandémicos. No han faltado quienes hayan visto en esta sentencia, más que una cuestión de doctrina constitucional, la voluntad de los jueces del TC de atacar al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tachando de inconstitucional e ilegítima su actuación. Y señalan, con razón, la incongruencia de haber admitido un recurso de inconstitucionalidad de Vox, que había aprobado con su voto el mismo estado de alarma que impugnó ante el TC.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, la persecución de este órgano a los dirigentes republicanos catalanes, que le ha llevado a exigirles responsabilidades económicas millonarias -que pueden llevar al embargo de todos sus bienes y a la ruina económica- forma parte de la ofensiva del aparato de Estado, desde las cargas policiales contra el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la persecución judicial desatada tras el discurso del Borbón el 3 de octubre, que dio lugar a las condenas por sedición de los principales dirigentes republicanos catalanes, y que continúa aún. La actuación del Tribunal de Cuentas arrecia justo después de los indultos dictados por el gobierno, como si buscaran contrarrestar con una nueva media represiva la búsqueda de distención que suponen los indultos.

En todo caso, estas distintas medidas ponen de manifiesto el poder desmesurado de un aparato judicial controlado por una red organizada de franquistas, la APM y la AF (es el mismo poder judicial del franquismo, que no sufrió depuración alguna durante la llamada Transición), y que está protegido desde el Consejo General del Poder Judicial controlado por los designados mayoritariamente por el PP. Sigue leyendo