(publicado en la Carta Semanal 453)

El gobierno Rajoy ha anunciado un anteproyecto de una nueva ley de aborto, que supone un grave recorte en el derecho al aborto, no sólo con respecto a la ley de Zapatero, sino incluso comparándola con la ley de 1985.

Se trata de una sumisión a las exigencias de la jerarquía episcopal católica y a los talibanes de los grupos antiaborto, que para mayor escarnio se autotitulan provida. La burguesía española no tiene más representación que la carcunda, su Estado se basa en la dependencia de la Iglesia.

La Ley Gallardón es un recorte más en las libertades y derechos arrancados por la lucha de la clase trabajadora y de los pueblos tras la muerte del dictador Franco. Se suma a la reforma del Código Penal y de la ley de Seguridad Ciudadana para atacar a los derechos de reunión y de manifestación y a la anunciada ley de servicios mínimos contra el derecho de huelga.

Este gobierno ha atacado a los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la enseñanza, con los recortes de presupuesto, privatizaciones, copagos y la Ley Wert, ha prácticamente liquidado la asistencia a los mayores dependientes y ahora, si no se le para, va a acabar con los derechos y libertades democráticos conquistados. Y no será la Unión Europea quien lo impida, que nada tiene de laica y sólo se preocupa de la libre competencia, libertad de especular.

La negación del derecho al aborto

La ley actual permite a la mujer decidir sobre si continuar o no un embarazo con toda libertad dentro de las primeras 14 semanas de embarazo. Con la Ley Gallardón no sólo se restringe el derecho al aborto, limitándolo a determinados supuestos, sino que, además, la mujer que quiera abortar tendrá que someterse –en el caso de que se acoja al supuesto legal más frecuente, el “peligro para la salud mental”– a un calvario de gestiones que  incluye al menos tres visitas médicas y un asesoramiento a cargo de los servicios sociales.

El supuesto asesoramiento ha de incluir información sobre que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”, así como “orientación sobre cómo resolver los conflictos y problemas personales” alegados para abortar. Para colmo, como quiera que los servicios sociales, sobrecargados de casos y muy tocados por los recortes, probablemente no puedan atender a las mujeres afectadas, es muy posible que esta tarea se subcontrate. Existe el peligro de que sean asociaciones antiaborto las que caben haciéndose cargo, lo que supondría un duro trago para las mujeres afectadas.

En el caso de las menores de 18 años, tendrán que contar con la aprobación de sus padres o tutores o recurrir a un juez. Si son menores de 16 años o, teniendo entre 16 y 18 años el juez aprecia “falta de madurez”, prevalecerá la decisión de sus padres.

En cuanto a los supuestos en que la ley permitiría el aborto, son los mismos de la ley de 1995, menos uno: el de grave malformación del feto. En este caso, la mujer se verá obligada a continuar el embarazo a menos que alegue peligro para su salud mental.

Se trata, ni más ni menos, de la negación del derecho de la mujer a disponer libremente de su propio cuerpo y a decidir si quiere continuar o no un embarazo. Ahora se entrometen en esa decisión un médico, dos psiquiatras, un trabajador social  e incluso un juez y un fiscal.

Naturalmente, se trata de la mujer trabajadora. Las mujeres de la clase capitalista podrán tener, como siempre han tenido, acceso al aborto libre en clínicas de Londres o de Suiza.

Mítines episcopales

Los obispos ya no organizan manifestaciones de protesta, sino mítines de apoyo a su ministro Gallardón. Mientras Rouco pontificaba en la madrileña plaza de Colón sobre el “don de la vida”, el “progresista” Sistach lo hacía en la Sagrada Familia de Barcelona junto a un enviado del Vaticano. Rouco se había felicitado en ABC de que el proyecto de ley de Gallardón “reconoce al concebido como un bien jurídico a proteger”. Y el enviado del Papa ha explicado a TV3 que una familia es un padre, una madre y unos hijos.

Los que jalean al jesuita papa Francisco como “hombre del año” saben qué intereses defienden. No se puede garantizar ninguna libertad sin acabar con todos los privilegios de la iglesia católica.

¡Aborto libre y gratuito!

La única regulación que garantiza el derecho de la mujer a elegir es aquella que permita el aborto libre y gratuito a cargo del sistema público de sanidad. Esa es la posición del movimiento obrero. Recordemos que el primer régimen del mundo que hizo efectivo ese derecho fue el establecido por la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia (hasta que la reacción estalinista volvió a limitar ese derecho).

Hay que empezar por despenalizar el aborto. El delito de aborto tiene que desaparecer del Código Penal, sin “supuestos” ni plazos. La Ley debe establecer el pleno  derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo sin ninguna limitación.

El derecho al aborto sólo puede garantizarse si éste se realiza a cargo de la Sanidad Pública, sin “objeciones de conciencia”. Quien no quiera dar a los usuarios o usuarias una prestación sanitaria, que no trabaje en la sanidad pública. Tiene que acabar el negocio de los conciertos a las clínicas privadas.

Al mismo tiempo, la sanidad pública debe garantizar el acceso gratuito a los anticonceptivos, para las mujeres de cualquier edad, sin más restricción que la existencia de contraindicaciones médicas. El sistema educativo público tiene que ofrecer educación sexual, para ayudar a disfrutar de la propia sexualidad, sin riesgos, con autonomía y responsabilidad.

Todo ello exige un mínimo requisito democrático: separación real y efectiva de la Iglesia y el Estado. La religión es un asunto privado. ¡Fuera la religión de las leyes civiles y penales! ¡Fuera la iglesia y la religión de la escuela! Es un motivo más para poner fin a este régimen y traer la República.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar a este gobierno que está acabando con todos nuestros derechos y conquistas sociales y democráticas? Rubalcaba ha dicho, tras hacerse publico el proyecto de ley, que “dentro de dos años” será derogada. ¿Deben, por tanto, aguantar las mujeres que necesiten abortar esta barbarie durante dos años? (eso suponiendo que Rubalcaba vaya a ganar unas elecciones dentro de dos años. Con esta política de “oposición” parece bastante difícil). ¿Por que hay que esperar dos años?

Los dirigentes de UGT y CCOO han manifestado su rechazo a la Ley Gallardón, como han hecho con tantas y tantas medidas del Gobierno, pero ¿de qué sirve este rechazo si no se traduce en una movilización lo suficientemente fuerte como para obligar al gobierno a retroceder? Como con la reforma de pensiones, hay que preguntarse ¿a qué esperan para convocar a todas las fuerzas políticas y sociales, a todas las organizaciones de mujeres, para hacer frente a esta ley? ¿Qué hacen las secretarías de la mujer de los sindicatos, que tanto esfuerzo dedican a promover el “lenguaje no sexista” y a defender las cuotas en los órganos de dirección? ¿Por qué no organizan en todas las instancias sindicales tomas de posición para exigir a los dirigentes que den un paso adelante y llamen a la lucha contra la Ley Gallardón?

Cada día que pasa, este gobierno se muestra como el peor enemigo de los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de los pueblos, de los jubilados, de las mujeres. Cada día que se mantiene este gobierno es un nuevo ataque a las condiciones de vida y a las libertades de la clase trabajadora y de los pueblos. ¿No es hora de actuar unidos para acabar con él? Si los dirigentes de UGT y CCOO organizaran este combate, las campañas antisindicales se derretirían, sin duda, como la nieve al sol. Toxo, Méndez, organizad un amplio frente con todas las organizaciones de la clase trabajadora en defensa de las libertades democráticas, del derecho al aborto.