(Publicado en la Carta Semanal 720 – ver en catalán)
La semana pasada, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Salvador, dialogaba en Sevilla, en un acto convocado por Información Obrera sobre la situación de las pensiones públicas y el papel del Pacto de Toledo, con trabajadores y pensionistas de Sevilla. El diputado de ERC no ocultó en ningún momento su defensa de la independencia de Cataluña, lo que en ningún momento obstaculizó un debate que fue intenso y fraternal (y que duró hasta que los empleados del centro en que se celebraba anunciaron el cierre). En ese debate, varios dirigentes de la Coordinadora de Pensionistas de Sevilla y el diputado de ERC debatieron, en el mismo plano, sobre la defensa de un patrimonio común de la clase trabajadora, tanto en Sevilla como en Tarragona, y en el resto del Estado: cómo defender el sistema público de pensiones frente a los ataques del capital financiero que lo tiene en su punto de mira.
Naturalmente, el juicio contra los presos catalanes, salió en el debate, y no pasó nada. El foso que se pretende abrir entre quienes defienden desde Catalunya el derecho de autodeterminación y los derechos democráticos, y el resto de trabajadores y pueblos del Estado español, queda laminado a la mínima en la que ambas cosas se defienden desde posiciones de clase. Desaparece inmediatamente toda división artificial cuando se habla en nombre del interés de toda la clase obrera, que es lo mismo que decir en interés de todos los pueblos del Estado español. El debate continuó tal cual, y al final, todos los asistentes se hicieron una foto con Jordi Salvador.
Quienes pretenden hacernos creer que una cosa es incompatible con la otra, o que se puede defender los derechos sociales al margen de los derechos democráticos (incluyendo el derecho de autodeterminación) o viceversa, en realidad no defienden ni una cosa ni la otra. Y en última instancia se erigen en puntales de apoyo para el régimen de la Monarquía que se sustenta en la negación tanto de los derechos democráticos como de los derechos sociales.
Esa imposición del Régimen de la Monarquía, que busca dividir a los trabajadores para impedir que defiendan, unidos, el conjunto de sus intereses, se transmite a la cúpula de las organizaciones que defienden a ese Régimen, traduciéndose en hechos como el apoyo de Pedro Sánchez a la aplicación del 155 en 2017, o el clamoroso silencio que mantiene la mayoría de dirigentes sindicales sobre el juicio a los republicanos catalanes. Una posición que supone una ruptura de todas las tradiciones del movimiento obrero, tal y como se manifestaron durante la etapa republicana y a lo largo de la lucha contra el franquismo.
¿Cuál es la tradición del movimiento obrero?
Durante la República, y especialmente durante la Guerra Civil, las organizaciones obreras y los nacionalistas combatieron contra la reacción. En 1934 tanto Lluis Companys como los principales dirigentes del PSOE fueron encarcelados por el gobierno de la derecha que reprimía a sangre y fuego el levantamiento obrero de Asturias (tarea en la que se distinguió el general Francisco Franco). En 1936, frente al golpe de Estado militar, la tarea común fue defender la República, defender las libertades, las conquistas revolucionarias de julio de 1936, y el derecho al autogobierno de Catalunya –que sin ninguna duda era uno de los primeros objetivos a eliminar por parte de los golpistas-, autogobierno cuya existencia se mantuvo, preciso es recordarlo, mientras la clase obrera tuvo la iniciativa y hasta la derrota de la insurrección de mayo de 1937 en Barcelona. Los carteles “defensar Madrid es defensar Catalunya” expresaban hechos como la marcha de la columna Durruti al frente de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde el líder revolucionario perdió la vida.
La unidad de la lucha de los trabajadores y los pueblos de todo el Estado ha sido una tradición mantenida a lo largo de toda la historia reciente. Uno de los asistentes al acto de Sevilla recordaba una anécdota que ilustra esa situación: en 1977, en un teatro de Sevilla abarrotado de público, el cantautor catalán Lluis Llach interpretaba su canción “Campanades a morts”, compuesta en honor de unos obreros vascos asesinados por la policía franquista unas semanas antes. Y el teatro se venía abajo aplaudiendo a un cantante que interpretaba, en catalán, un himno de solidaridad con la lucha del pueblo vasco.
Así sucedió, una y otra vez, a lo largo de la lucha contra el franquismo. En diciembre de 1970, una oleada de huelgas en todo el Estado combatía contra los procesos de Burgos, en que el régimen de la dictadura franquista pretendía condenar a muerte a unos militantes de ETA Como todo el país, andaluces, murcianos, catalanes, vascos, gallegos…, se levantó en enero de 1977 contra el asesinato de los abogados de Atocha o en diciembre de 1973 contra el Proceso 1001 contra los dirigentes de Comisiones Obreras.
El conjunto del movimiento obrero ha defendido siempre el derecho de los distintos pueblos del conjunto del Estado a decidir libremente su futuro. Basta con recordar lo que decía una de las resoluciones aprobadas en el famoso congreso de Suresnes del PSOE, en 1974: “Ante la configuración del Estado español, integrado por diversas nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE manifiesta que: 1) La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español”. Cuatro años después, el 26 de marzo de 1978, cuatro meses antes de que fuera sometida a referéndum la Constitución, se celebraba en Bilbao la primera manifestación legal del “Aberri Eguna” (día de la patria vasca). En la pancarta de cabeza, entre otros, figuraban el presidente del PSOE, Ramón Rubial, y el Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo. Esa pancarta decía -en euskera- “Estatuto Nacional de Autonomía. Autogobierno. Autodeterminación”. El manifiesto leído al final de las manifestaciones en las cuatro capitales vascas, suscrito por todas las principales organizaciones obreras y democráticas, decía que “la democracia no será plena para nuestro pueblo en tanto, constitucionalmente, no se reconozca su soberanía y el derecho de autogobierno que posibilite su autodeterminación”.
La misma posición defendía entonces la inmensa mayoría de las organizaciones obreras que combatía contra la dictadura, que basaban su combate en la lucha común por los derechos laborales y sociales y por los derechos democráticos, incluyendo, en lugar destacado, los derechos de los pueblos. Gracias a ella, unidos, trabajadores y pueblos impusieron al Régimen, a la muerte del dictador, libertades y derechos.
Esa unidad sólo se rompió cuando, en los Pactos de la Moncloa -octubre de 1977- y después en el “pacto constitucional”, los dirigentes del PSOE y del PCE, junto con los dirigentes de las principales organizaciones “nacionalistas”, acordaron con los franquistas los ejes de la llamada “transición”, por los cuales se aceptaba la Monarquía personificada en la figura del heredero designado por Franco, así como el mantenimiento de los aparatos judicial, represivo, militar, etc., de la dictadura sin depuración alguna. A cambio, el aparato de Estado franquista concedió unas libertades que el movimiento de trabajadores y pueblos ya le había impuesto en la práctica, cuando se materializó lo que decía desde la prisión un famoso sindicalista: “el derecho de huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión, reuniéndose; el derecho de asociación, asociándose”. El derecho de los pueblos a la autodeterminación figuró entre las renuncias de los dirigentes obreros y nacionalistas, lo que se reflejó en la Constitución bajo la forma “Unidad indisoluble de la nación española”.
El juicio a los catalanes
El juicio en el Tribunal Supremo franquista a los republicanos catalanes pone de nuevo en el orden del día del movimiento obrero todas estas cuestiones.
Militantes de todo el Estado han combatido juntos contra las reformas laborales, la LOMCE, la Ley Mordaza, como combaten, hoy, juntos en defensa del sistema público de pensiones. Nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez han dejado todas estas reivindicaciones en el alero, siendo algunas utilizadas en la actual propaganda y objeto de “promesas electorales”.
En el acto del 26 de enero de Madrid, contra el juicio a los republicanos catalanes, se reunían militantes obreros que han sufrido la represión en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal con militantes catalanes que enfrentan hoy la persecución del aparato de Estado, expresando la necesidad de esa lucha común.
Ante los meses electorales que se han abierto, es deber de todo militante obrero ayudar a romper el cerco que los partidarios del Régimen han impuesto contra la necesaria unidad en defensa de las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones democráticas.