¿Desenterrar a Franco? Además, enterrar al franquismo

(Publicado en la Carta Semanal 703ver en catalán)

Los medios de comunicación llevan semanas dándole vueltas a la decisión del gobierno Sánchez de sacar los restos del criminal genocida Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, y del desafío de los descendientes del dictador, que proponen llevar los huesos del “criminalísimo” ni más ni menos que a la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid y a un paso de la Plaza de Oriente donde tanto le gustaba al interfecto celebrar sus actos de afirmación popular a su régimen.

La decisión de limitarse a sacar del Valle de los Caídos a Franco, y dejar el reto de la basílica tal cual, incluyendo la tumba del fundador de la fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, ya es un paso atrás del Gobierno, puesto que mantiene el edificio tal cual. Un edificio que es propiedad del Estado y a cuyo mantenimiento han dedicado los Presupuestos de Estado cerca de 10 millones de euros en los últimos años, casi un millón al año en plena austeridad, cuando se le negaban fondos a la Sanidad, la Enseñanza, la Dependencia…

La Basílica en cuestión es un edificio infame, construido, a mayor gloria del dictador, por presos políticos republicanos actuando como mano de obra esclava. Su mero mantenimiento ya es una ofensa.

Pero, desgraciadamente, el mayor problema no es el mantenimiento de los restos de Franco en lugar de honor en un centro que es patrimonio Nacional, sino la pervivencia del aparato de Estado franquista en el poder judicial, el ejército, los cuerpos represivos y el conjunto del aparato de Estado. Todo ello presidido por el Rey, hasta hace poco el heredero designado por Franco y ahora el heredero de éste.

Además de disponer debidamente de los huesos del dictador, es preciso, más que nunca, enterrar al franquismo que desde el aparato de Estado condiciona toda la vida política de este país, impide la libre convivencia entre pueblos, y frena toda aspiración de avance democrático y social.

Mil militares firman en defensa de Franco

Llevan años bombardeándonos con la propaganda de que el ejército español ya no era el ejército franquista, que se había transformado en “constitucional”, algunos llegaban a decir que “gracias a la OTAN” (hay que tener tragaderas). Pero en los últimos meses los hechos han desmentido esta falacia. Los herederos de la dictadura se disfrazan con la “piel de cordero” constitucional, pero bajo ésta sigue en pie su verdadera naturaleza franquista.

Apenas se hizo pública la intención del gobierno Sánchez de sacar del Valle a Franco, cuando empezó a circular un manifiesto firmado por militares retirados. El texto se titula “declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”, y ya reúne más de mil firmantes, casi todos ellos oficiales, y entre ellos más de 100 almirantes y generales, y centenares de coroneles y capitanes de navío. Naturalmente, no lo firman militares en activo o en situación de reserva, contra los que el Gobierno podría actuar disciplinariamente, sino militares retirados. Algunos de ellos aparecen como firmantes justo el día en que el Boletín Oficial de Defensa publicaba su retiro, lo que muestra que muchos no firman porque no pueden todavía.

En esa declaración, que califica a Franco de “principal artífice” de la historia de España, y se   trata como “campaña infame” y “perversa pretensión” la idea de sacarlo del Valle de los Caídos, podemos leer que Franco accedió en 1936 a ejercer “el mando único de la España agredida y asediada por el comunismo internacional aceptado y adoptado por el Frente Popular”.

Entre los firmantes hay relevantes mandos militares, con “hojas de servicio intachables” y condecorados con la Real Cruz del Mérito Militar o la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y varias figuras ligadas directamente a la Corona. Citemos, sin ser exhaustivos, al teniente general Luis Alejandre, ex Jefe del Estado Mayor, al general de división Juan Chicharro, ex ayudante de campo del Rey Juan Carlos (que, actualmente, es presidente de la Fundación Francisco Franco), al teniente general Agustín Muñoz Grandes (hijo del general Muñoz Grandes, que mandó la División Azul al servicio de los nazis), que también fue miembro del Cuarto Militar del Rey Juan Carlos, al general de brigada Blas Piñar –hijo del dirigente fascista– con un abultado pasado progolpista, al almirante Antonio González-Aller Suevos, ex jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey. La relación ejército- corona- franquismo queda, una vez más, al descubierto.

750 jueces en apoyo al tribunal de “la Manada”

La sentencia del juicio a los violadores de la Manada y la posterior puesta en libertad provisional de los condenados en primera instancia desató una lógica indignación entre todos los demócratas. Hasta el Ministro de Justicia del PP llegó a poner en duda la idoneidad del juez que vio en la violación una situación de “jolgorio” compartida por la joven víctima.

De inmediato, se levantó una ola de respuesta corporativa de los jueces. Todas las asociaciones de jueces, tanto “conservadoras” como “progresistas” salieron en defensa del tribunal. 750 jueces y magistrados presentaron una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos en la que hablaban de “gravísima amenaza” contra la independencia judicial y de “linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos” contra el tribunal, y pedían que se declarase “la existencia en España de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial”. La semana pasada explicábamos en la Carta Semanal la realidad de la supuesta “independencia” de ese poder judicial.

El aparato Judicial fue depurado concienzudamente en 1936-39, para expulsar a cualquiera que fuera sospechoso de ser demócrata o se negara a aplicar la “legalidad” franquista, y ese aparato judicial franquista hasta la médula fue mantenido tal cual en la llamada “transición”. Ha declarado válidas todas y cada una de las sentencias del franquismo contra acusados políticos, declarando que fueron dictadas por órganos judiciales “legítimos”.

Ahora, ese aparato judicial, que se niega a defender a las mujeres agredidas, se dedica con celo a perseguir a sindicalistas (más de 300 procesados y bastantes condenados) y afila todas sus armas para mantener la persecución contra los republicanos catalanes, con la inicua acusación de rebelión. En ello no hace sino cumplir el mandato del Rey, máximo representante del aparato de Estado, en su infame discurso del 3 de octubre de 2017, contra los “separatistas” que han osado cuestionar la existencia de la “España, una, grande y libre”.

Para abrir paso a las reivindicaciones, hay que enterrar al franquismo

La Fiscalía “independiente”, al acusar de rebelión y pedir penas de cárcel astronómicas a los republicanos catalanes, no sólo pone un enorme palo en las ruedas a toda pretensión de solución democrática a las aspiraciones del pueblo catalán y de todos los pueblos del Estado, alimentando un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles, sino que pone en peligro la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez, el “okupa” a quien la derecha franquista pugna por echar de la Moncloa.

El Rey, los jueces, el ejército, los fiscales, las instituciones del Estado en su conjunto, se manifiestan como obstáculos formidables contra todo avance social y democrático. El movimiento obrero y sus organizaciones no pueden avanzar con esta carga a sus espaldas.   Hoy, más que nunca, urge avanzar en la ruptura con este mundo podrido, en la lucha por la República. Una república del Pueblo y de los Pueblos, para el Pueblo y para los Pueblos, que no puede suponer un mero cambio de rey por presidente para que todo siga igual, sino la satisfacción de las principales reivindicaciones políticas y sociales: la reforma agraria, la separación del Iglesia y el Estado, la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la defensa de la Seguridad Social, de la Sanidad y la Enseñanza públicas, la derogación de todas las contrarreformas laborales y leyes antisindicales, la nacionalización de la Banca, las eléctricas y los grandes monopolios, la recuperación de la economía productiva, la satisfacción de las principales reivindicaciones.

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