Detrás del escándalo de las Tarjetas Visa opacas

(publicado en la Carta Semanal 496)

El POSI defiende abiertamente y sin matices la independencia recíproca de los partidos y sindicatos obreros. En esta línea, creemos necesario hacer constar que esta Carta Semanal supone una toma de posición general sobre nuestra orientación política, respecto de una cuestión que ha despertado una importante debate dentro del movimiento obrero, y no pretendemos en ningún caso sustituir a las decisiones soberanas de las correspondientes instancias sindicales.

Carta-496Constatemos en primer lugar un hecho: la filtración de los datos de la investigación llevada a cabo por la dirección de Bankia nombrada tras la incautación de la Caja (que ha exigido la aportación de 23.000 millones de euros por parte del Estado) trata de trasladar el centro de la discusión de esos 23.000 millones que han puesto los contribuyentes hacia los 15 millones de las tarjetas de directivos y consejeros, del rescate de la Banca a la corrupción de algunos directivos .

Este escándalo de las tarjetas Visa “negras” de Bankia ha generado una enorme repugnancia entre los trabajadores y despertado la indignación de muchos afiliados y cuadros de UGT y CCOO. Según se ha podido conocer, personas designadas por el PSOE, IU, CCOO y UGT han gastado, con cargo a esas tarjetas, cientos de miles de euros en ropa, viajes, opíparas comidas y otros lujos varios. El PP, por su parte, tiene a 51 implicados -no ha expulsado a nadie por el momento, seguramente porque expulsar a tantos concejales y dirigentes les generaría una importante crisis- y ha aprovechado el apoyo de IU y CCOO a los presidentes de Cajamadrid y Bankia nombrados por ellos para aplicar en Cajamadrid y Bankia su política de destrucción.

En un marco diseñado por el Estado y el PP para implicar a las organizaciones obreras y corromper a sus dirigentes, José Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid, ha tenido que dimitir tras hacerse público que había gastado 44.200 euros con una de esas tarjetas. Rodolfo Benito tuvo que dimitir de la Ejecutiva Confederal de CCOO tras saberse que había gastado más de 140.000 euros. Francisco Baquero Noriega, nombrado por CCOO para el Consejo de Administración de Caja Madrid, cargó más de 266.000 euros a una de esa tarjetas. Baquero -que al conocerse los hechos se ha dado de baja de CCOO sin más explicaciones- fue secretario de Comunicación de COMFIA-CCOO. Junto con su pareja, María Jesús Paredes (antigua máxima dirigente de Banca en CCOO) son propietarios -según diversos medios de prensa- de bienes cuyo valor de mercado superaba en 2007 los dos millones de euros. Por su parte, José A. Moral Santín, militante del PCE, nombrado por Izquierda Unida -se fue de ambas formaciones en 2013- , había gastado más de 456.000 euros.

Al mismo tiempo, se ha dado a conocer que José Ángel Fernández Villa, dirigente histórico de los mineros del SOMA-UGT, regularizó en la amnistía fiscal del PP de 2012 1,4 millones de euros, cuyo origen se desconoce, pero que plantea una duda evidente: ¿de dónde ha sacado un minero millón y medio de euros?

El capitalismo es el reino de la corrupción

Algunos se escandalizan de que estas cosas sucedan. No estamos entre ellos. Es el funcionamiento normal de las grandes empresas capitalistas, especialmente en la fase de podredumbre imperialista. En todos los Consejos de Administración se sientan consejeros que cobran retribuciones millonarias, bajo distintas formas (sueldos, dietas…) como remuneración por compra de favores pasados, presentes o futuros. Muchos se sientan en varios consejos de administración, asegurando el cruce de intereses entre bancos, constructoras, inmobiliarias, eléctricas, etc. Y la “libre competencia” por los contratos gubernamentales se maneja por medio de la corrupción de gobernantes y funcionarios, y no sólo en el tercer mundo, como demuestran la Gürtel y el affaire Pujol. Todo ello multiplicado en un régimen como la Monarquía, heredero de la corrupción del franquismo -ni investigada ni depurada- y donde la corrupción alcanza a la Casa Real (no es casualidad que Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, fuera uno de los usuarios de las tarjetas Bankia black). Las organizaciones obreras han colocado a sus representantes en el corazón de este sistema, y el resultado de la implicación en el entramado institucional del régimen corrupto ha podrido a algunos dirigentes. No se puede chapotear en la mierda sin mancharse.

Ahora, tras el escándalo, la Ejecutiva Confederal de CCOO ha decidido expulsar a todos los implicados y convocar al Consejo Confederal para revisar su participación en los consejos de administración. Más vale tarde que nunca, pero lo que hace falta es una discusión a fondo sobre la participación en las instituciones del Estado y los organismos del capital.

¿Qué hacen dirigentes obreros en Consejos de Administración de bancos y empresas?

La teoría de los dirigentes del PSOE, IU, el PCE y los sindicatos es ir a los consejos de Administración para desde esos puestos defender los intereses de los trabajadores de la empresa y del conjunto de los trabajadores, así como encontrar formas legales de financiar a las organizaciones. En el caso de las Cajas de Ahorro, se trataba de influir en una banca semipública. Una teoría que sería discutible… si los hechos no la hubieran desmentido una y otra vez.

La presencia de dirigentes de las principales organizaciones de la clase trabajadora en el Consejo de Administración de Cajamadrid y luego de Bankia no ha impedido que se estafara a 283.000 personas (la mayoría, jubilados) con las “participaciones preferentes”, que se desahuciara a miles de personas -Bankia es, después del BBVA, la segunda entidad en número de desahucios, un 15,2%, del total, y responsable del 80% de desahucios en Madrid- o incluso que se llevara a la quiebra a la caja, que fue rescatada por el Estado metiendo 22.424 millones. Y como resultado de todo esto, la plantilla, se ha reducido un 28%. De un total de 20.589 trabajadores y trabajadoras, han sido despedidos más de 6.000.

Entonces, ¿qué han defendido en esos Consejos los directivos nombrados por las organizaciones de los trabajadores? Todo esto se ha perpetrado sin que los supuestos representantes de las organizaciones obreras hayan expresado en público protesta alguna ni mucho menos llamado a la movilización para oponerse. Ahora sabemos que, además de no defender los intereses de la clase trabajadora, se aprovechaban del nombramiento en beneficio propio.

El coste que han pagado las organizaciones en desprestigio -que no se lava con la expulsión o suspensión cautelar de los implicados- ha sido enorme, sin que se haya justificado en absoluto las supuestas ventajas de esa participación en Consejos de Administración codo a codo con dirigentes de la patronal, del PP y representantes de las grandes empresas y de la Casa Real. En lugar de llevar al corazón del sistema los intereses y reivindicaciones de los trabajadores, han sido abducidos y corrompidos por el propio sistema.

Los sindicatos no son instituciones del Estado

Contrariamente a lo que intentan el estado burgués y sus gobiernos e instituciones, y defienden algunos dirigentes, los sindicatos obreros no son instituciones del Estado que deban ser financiadas por el mismo. Son organizaciones fundadas libremente por los trabajadores y trabajadoras para defender sus intereses específicos como clase, contrapuestos a los intereses de la clase dominante, los capitalistas, cuya legalidad ha sido impuesta al sistema capitalista por la lucha de la propia clase trabajadora. Recordemos que así lo establecía la declaración de principios aprobada en el 37 congreso de UGT, en 1998, que decía que “la sociedad de resistencia inspirada en la lucha de clases es la forma específica de agrupación obrera, puesto que es una asociación que liga por intereses a los trabajadores frente a su enemigo común, el capitalismo”. Por su parte, la definición de principios de CCOO establece que “Además de reivindicar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, asume la defensa de todo aquello que les afecte como clase en la perspectiva de la supresión de toda opresión y explotación”.

Estas definiciones netamente clasistas chocan con el régimen surgido de la reforma del franquismo -que pretendía llegar aún más lejos, imponiendo la continuidad del verticalismo sindical- y con la política de diálogo social, de integración de los sindicatos en el aparato de estado para gestionar, conjuntamente con patronal y gobierno, una política que busca convertir a las organizaciones sindicales en instituciones del Estado. En esta línea, algunos dirigentes piden para las organizaciones sindicales financiación estatal definida por una Ley.

Defender a los sindicatos exige luchar por su independencia económica

La participación de los sindicatos en las Instituciones, la financiación por medio de subvenciones de los gobiernos central y autonómicos, no sólo cuestionan la independencia de los sindicatos, sino que, como han demostrado los hechos, suponen dejar la llave de la caja de la organización en manos de esos gobiernos, que precisamente cuando más necesitan los trabajadores a sus sindicatos, han cerrado el grifo de la financiación. La independencia económica es inseparable de la independencia política respecto del Estado y los gobiernos.

La renuncia a la independencia financiera, el recurso a la financiación externa es uno de los resultados de la pérdida de militancia de los sindicatos. Para defender la política de colaboración de clases y de diálogo social, la burocracia que gobierna los sindicatos ha expulsado de la dirección – o incluso del propio sindicato- a muchos militantes que se negaban a someterse, o simplemente que discrepaban porque querían pensar por sí mismos. Dirigentes como Mª Jesús Paredes y Fernández Villa figuraron entre los grandes abanderados de esta “limpieza” de los sindicatos de militantes clasistas.

Hemos afirmado una y otra vez con toda rotundidad que no puede defenderse los intereses de la clase trabajadora sin organizarla, y, por tanto, la necesidad de defender a las organizaciones obreras frente a los ataques de los gobiernos, del aparato judicial y represivo y de los medios de prensa del capital. Ahora bien, lo ocurrido con las subvenciones, los escándalos de las tarjetas de Bankia, las denuncias sobre posibles fraudes en los fondos de formación, exigen, para defender a los sindicatos, la lucha por su independencia económica. Y ésta se adquiere equilibrando los gastos con los ingresos procedentes de sus recursos propios, y   aumentando significativamente la afiliación y el compromiso militante. Si los sindicatos rompieran con la política de diálogo social con un gobierno que recorta derechos, y pasaran a la ofensiva por recuperar todo lo perdido, ¿no atraerían a muchos de los trabajadores que los han abandonado y a otros que no han estado nunca afiliados? No hay más salida que esta. La otra ya la conocemos y sabemos como acaba.

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