(Publicado en la Carta Semanal 711 – ver en catalán)
Desde el punto de vista del movimiento obrero, la grave situación actual plantea un previo ineludible en los términos democráticos más elementales: liberación inmediata de los presos políticos y cese total de la persecución judicial. Ningún matiz es posible al respecto, porque los derechos no son fragmentables y nadie puede poner en duda que el mismo marco antidemocrático que se expresa contra la legítima reivindicación catalana a la autodeterminación, ese mismo marco está siendo utilizado contra los trabajadores y sus organizaciones (ley mordaza, artículo 315.3 del Código Penal, etc.).
En plena ofensiva del aparato de Estado contra cualquiera que sugiera que la solución al “problema catalán” ha de ser política y no judicial, incluso contra los que proponen un diálogo “en el marco de la ley”, el gobierno de Pedro Sánchez intenta hacer equilibrios y conciliar lo imposible: de un lado, la resistencia y la presión del aparato de Estado más vinculado al franquismo contrario a cualquier cosa que no sea una rendición incondicional, y del otro, las aspiraciones de los trabajadores y de una amplia mayoría social en Cataluña que no acepta el escarmiento como solución política, ni el mantenimiento del actual status quo.
La rabia desatada y el tufo “africanista” que desprenden quienes desearían arreglar el “problema catalán” por vías no políticas, se ha podido ver estos días pasados en Cataluña, con motivo de la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros del dia 21. Una campaña desatada desde diversos medios con el PP y C’s a la cabeza parecía alentar, o cuanto menos desear, que hubiera muertos en la protesta anunciada por algunas entidades independentistas. En cualquier caso, que hubiera una algarada más o menos importante para seguir alimentando la campaña de acoso y derribo contra el gobierno de Pedro Sánchez, iniciada al día siguiente de la moción de censura contra Rajoy.
No pueden soportar que se reconozca en un papel que existe un conflicto político, ni que se apueste por las vías de diálogo por muy tímidas que éstas sean. Ni que se haga ningún gesto con los presos a los que se pretende escarmentar. Es toda una declaración de intenciones. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez prefiere la política de paños calientes, y opta por plegarse ante quienes no quieren ninguna solución democrática, prefieren el enfrentamiento e incluso se permiten bloquear desde el Senado la iniciativa que permitiría suavizar el corsé presupuestario impuesto por Bruselas y ampliar el techo de gasto en 6.000 millones. Ningún trabajador puede entender que los dirigentes socialistas se limiten a lamentarse, y no se organice la respuesta al bloqueo antidemocrático impuesto por una minoría en el Senado y en la Mesa del Congreso, que no es revocable. El próximo juicio a los republicanos catalanes va a ser una gran prueba de lo insostenible de esta política. En esta como en tantas otras cuestiones de orden político que afectan a las libertades, a los derechos sociales, a las condiciones de vida y trabajo de millones de trabajadores, el gobierno de Pedro Sánchez debe escoger si se alinea con el orden constitucional monárquico, que le condiciona y le empuja a competir electoralmente en inferioridad de condiciones –por su sometimiento– con la derecha franquista o la que se disfraza de moderna, o por el contrario se apoya en la mayoría social que en Cataluña y en España quiere una solución política, en los trabajadores y en sus organizaciones que esperan restablecer derechos y acabar con los recortes.
Después del 21 de diciembre
Pero el gobierno Sánchez no es el único que se encuentra en una encrucijada. También lo está el gobierno presidido por Torra, atrapado en la lógica de la gestión autonómica, aunque la disfrace con llamamientos retóricos a resistir, mientras por otro lado se mantienen los recortes y las medidas que ahogan los servicios públicos. Los funcionarios de la Generalitat, entre otros, saben perfectamente en qué consiste este doble lenguaje.
Tomemos un ejemplo práctico. En la recta final de 2018, el gobierno de la Generalitat toma una medida a aplicar inmediatamente. Se trata del abandono del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que será substituido por la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), como paso previo “para financiarse directamente en los mercados”. La decisión anunciada por Pere Aragonés ha sido presentada como síntoma de la salud financiera de la Generalitat y como un paso adelante para que Catalunya tenga más libertad económica frente al Estado. Sin embargo, tanto el FLA como el FFF son dos alternativas de financiación que el Estado ofrece a las autonomías ante las dificultades de acceso a los mercados financieros. Y para acogerse a ambas hay que cumplir con el objetivo del déficit y el techo de gasto.
Conviene precisar en qué consisten los programas que esconden esas siglas FLA y FFF. El FLA, en vigor desde el 14 de julio de 2012, es “un mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, de carácter temporal y voluntario, que permita atender las necesidades financieras” (Art. 1, Real Decreto Ley 21/2012; última modificación 30/12/2014). Con él se “pretende incentivar la toma de decisiones acordes con el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y la implantación de medidas correctoras en el menor plazo posible”, con “la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proponga la modificación del plan o que se encomiende a la Intervención General de la Administración del Estado el ejercicio de misiones de control en el supuesto de que se detecten riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste” (concretada en el artículo 7.3). Además, “se exige la remisión de un plan de ajuste cuyo grado de ejecución deberá reportarse de manera periódica” (mensualmente, de acuerdo con el artículo 6.1).
La fecha es importante, porque apenas nueve meses antes se había modificado el artículo 135 de la Constitución, por exigencia del BCE al servicio del capital financiero: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Se constitucionalizaba así el ajuste permanente, atando de pies y manos a las distintas administraciones, tal y como se verifica con la creación del FLA.
¿Modifica sustancialmente la situación el FFF? Este fondo entra en vigor el 27 de diciembre de 2014 (RDL 17/2014), como un compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, concretamente a las “que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública (…)” (art. 15). Aparentemente se trata por tanto de un “regalo” a quienes han hecho los deberes, al no requerir la aprobación explícita de un plan de ajuste. Sin embargo, permanece la coerción estatal al dictado de la UE: “En el caso de no tener acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, a través de su Intervención General o unidad equivalente, la Comunidad Autónoma deberá remitir con periodicidad trimestral la siguiente información: a) Escenario económico-financiero para el ejercicio corriente y el siguiente, con el detalle de las medidas adoptadas y previstas en materia de gastos e ingresos, así como su calendario de implantación y efectos; b) Información en materia de reordenación del sector público autonómico” (art. 19.2). ¿Hay alguna duda acerca de qué significa aquí el término “reordenación”? La remisión de esta información podría parecer un formalismo, pero es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien acepta, o no, las medidas que toma cada comunidad. Dicho de otro modo, la idea de que este mecanismo va a permitir ¡una mayor soberanía! es completamente ilusoria: cualquier apariencia de más flexibilidad se desvanece con la rendición de cuentas, el llamado techo de gasto no desaparece, sino que sigue sometiendo todo. Ambos fondos, basados en el 135, anulan la más elemental autonomía, convierten a los gobiernos regionales en delegaciones de Hacienda para destruir derechos y conquistas.
En este sentido es importante comprender el significado de la pretensión de la Generalitat de endeudarse en los mercados internacionales sin el respaldo de un Estado, por más que de momento al menos no se trate de una posibilidad real. Tal acceso supondría el riesgo inmediato de que serían las agencias de calificación, auténticos garantes del capital financiero dominante, el estadounidense y, de hecho, parte de él, las que impondrían la exigencia de más ajuste mediante el chantaje de una mala calificación, incluso igualando esa hipotética deuda a los bonos-basura.
Es muy elocuente al respecto la experiencia eslovena a la que se alude de una manera como poco irreflexiva, ya que la constitución de un estado independiente no sólo no supuso un proceso real de soberanía, sino exactamente lo contrario: el terreno para el pillaje del país por las multinacionales, con la destrucción de su base productiva, de los derechos conquistados en el marco de la lucha de la clase trabajadora yugoslava, en particular desde 1945.
El consejero de Economía de la Generalitat puede presentar la decisión tomada como quiera, pero la realidad es que para hacer posible ese hipotético avance hacia un mínimo de autonomía financiera, ha tenido que ajustar el gasto –es decir, mantener los recortes– y decirles a los funcionarios que no van a cobrar de manera inmediata las pagas extras del 2013 y 2014 que se les debe desde entonces, sino en el plazo de cuatro años. Además de mantener la sanidad pública en un estado lamentable y el resto de servicios públicos en grave deterioro. Para el consejero de Economía, ¿en esto consiste la soberanía?
Mantener los recortes sociales y salariales, nada tiene que ver con la libertad y la soberanía a la que aspiran millones de ciudadanos en Cataluña. Es sabido que Pere Aragonés, y con él otros miembros del gobierno de la Generalitat, confunden deliberadamente los intereses del capital financiero con el deseo de buena parte de la sociedad catalana de conseguir una solución democrática y poder decidir su futuro.
El gobierno de la Generalitat, los dirigentes que dicen enfrentarse al Estado, que abogan por una solución republicana, también están confrontados a una disyuntiva. Pero para poder escoger en un sentido favorable a la mayoría social, deben tener claro que la libertad de los pueblos, los derechos democráticos y sociales que niega el régimen monárquico, son también incompatibles con las instituciones que representan al capital financiero internacional, y con las políticas que anulan toda expresión de democracia y anulan la soberanía real de todos los pueblos.
La situación existente interpela a todo el movimiento obrero. Las organizaciones que se reclaman de los trabajadores no pueden esperar a la catástrofe que se organiza entre Madrid y Barcelona. Es indispensable la organización de un vasto movimiento popular para poner en primer término las exigencias sociales y democráticas inaplazables. Movimiento que a partir de estas exigencias inmediatas abre camino a acabar con el regimen monárquico valedor de los intereses del capital financiero y enemigo de las libertades. Es el camino a la República, Republica del pueblo, de los pueblos, basada en particular en el ejercicio del derecho de autodeterminación.
Hoy el combate por la libertad de los presos es uno de los pilares fundamentales en ese empeño.