El aparato de Estado continúa su ofensiva

(Publicado en la Carta Semanal 657)

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha abierto la caja de los truenos al manifestar su intención de defender –como una medida destinada, en su opinión, a reconducir el conflicto catalán por vías políticas– el indulto para los miembros del Govern catalán y para los demás perseguidos por la organización del referéndum del 1 de octubre y de las distintas movilizaciones independentistas. De inmediato el PP, Ciudadanos, etc., y el conjunto de medios de comunicación defensores del Régimen, se han lanzado a la yugular de Iceta, mientras Pedro Sánchez mantiene el silencio sobre la propuesta de su dirigente catalán.

La respuesta de la derecha monárquica no es de extrañar. A pesar de apoyar el 155, combatir el derecho a decidir y negarse a reconocer a los miembros del Govern y los Jordis como presos políticos, Iceta, con su propuesta, ha dado un paso en una dirección contraria a la que llevan el aparato de Estado y sus brazos judicial y policial: la persecución hasta el fin de quienes han osado cuestionar la “unidad indisoluble de la nación española” (artículo 2 de la constitución de la Monarquía) y, con ello, el poder de esas instituciones antidemocráticas mantenidas en la llamada “transición”.

No es cuestión de tal o cual juez, aunque pueda haber matices –puramente tácticos– entre lo que hizo la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y lo que he hecho el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo. Es la línea de actuación del Aparato de Estado en su conjunto, tal y como la expresó el máximo representante de ese aparato de Estado, el rey Felipe VI, en su discurso sobre el conflicto catalán, cuyo contenido se puede resumir en tres palabras: “a por ellos”. Y lo que apoyan sin fisuras todos los defensores de ese aparato, tanto la prensa como los principales partidos (PP, CS, y, vergonzosamente, la dirección del PSOE con Pedro Sánchez –muerto y enterrado el “no es no”– a la cabeza).

Una línea de actuación que intenta satisfacer las exigencias del capital financiero de “acabar con la incertidumbre” y que pretende seguir tras las elecciones catalanes del 21 de diciembre, sean cuales sean los resultados de la mismas. En todo caso, los máximos responsables políticos y judiciales del aparato de Estado ya han dejado claro que si hubiera una mayoría de los nacionalistas en el nuevo Parlament no dudarían en aplicar de nuevo el 155 si se atrevieren a desafiar el cerrojo constitucional que impide al pueblo catalán –y a todos los pueblos– decidir libremente.

Todos a una

En esta semana se han sucedido las noticias. El martes, la Audiencia Nacional celebraba el juicio contra el presidente de la asociación Catalunya Acció, Santiago Espot, al que acusan de haber promovido la estruendosa pitada que recibieron tanto el himno español como Felipe VI en la final de copa de 2015 en el Camp Nou. Se le piden 14.000 euros de multa. La fiscalía actúa tras una denuncia de las organizaciones ultraderechistas Vox y Manos Limpias, y el caso ha llegado a juicio tras haber corregido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al juez Andreu, que había archivado la causa en dos ocasiones. En este caso se suma a las cloacas ultraderechistas un Tribunal que, no lo olvidemos, expresa como ningún otro la continuidad del poder judicial franquista, pues es heredero directo del Tribunal de Orden Público, especializado en perseguir a los opositores políticos y sociales al franquismo entre 1963 y 1977. Aquí lo que se juzga no es otra cosa que el derecho a la libre expresión, ejercido de manera pacífica por miles de personas que rechazan la figura del Rey heredero de Franco y la “unidad nacional” impuesta.

El día siguiente, el Tribunal de Cuentas ordenaba el embargo de las viviendas del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y de los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, para hacer frente a una fianza de 5,27 millones de euros fijada para hacer frente al supuesto mal uso de fondos en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Es decir, se les persigue por haber sido fieles al mandato de sus electores, que no era otro que avanzar hacia el derecho a decidir del pueblo catalán.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil prosigue sus pesquisas contra los independentistas catalanes y los miembros del Govern, y esta semana se hacía público que, a partir de los dato de una agenda incautada en un registro en el domicilio del exsecretario general de la vicepresidencia del Govern, Josep María Jové, se va a investigar la participación en la organización del Procés de más de 30 personas, incluyendo dirigentes y parlamentarios del PDeCAT, ERC, la CUP, ANC, y Omnium Cultural. Quieren llevar a la cárcel a todo el que desafíe el orden constitucional.

Durante toda la campaña electoral catalana, la Junta Electoral Central, formada en su mayoría por jueces del Tribunal Supremo, ha obligado a retirar pancartas y lazos amarillos de protesta por la prisión de los políticos catalanes y la aplicación del 155 de ayuntamientos y centros públicos. Del mismo modo ha prohibido a los medios de comunicación catalanes hablar de presos políticos. En nombre de una supuesta “neutralidad” ha obligado a todos a acatar sin protestar las decisiones antidemocráticas del Gobierno Rajoy y los tribunales.

Y, entretanto, Oriol Junqueras, primer candidato del partido favorito en las encuestas, el consejero de Interior Joaquin Forn y los “Jordis”, dirigentes de la ANC y de Omnium Cultural, siguen en prisión incondicional. Y el president Puigdemont y varios consellers siguen huidos en Bruselas. Se da la circunstancia de que el juez Llarena ha anulado la petición de extradición a Bélgica para asegurarse de que se les juzga por todos y cada uno de los delitos que les imputa, algunos de los cuales no serían reconocidos en la eventual orden de extradición, por no ser delito en Bélgica, impidiendo que se les pudiera procesar por ellos. Pero ha anunciado que mantiene su orden de detención en España y que emitiría una nueva euroorden de detención si se desplazaran a Francia u otro país europeo donde esos delitos sí sean reconocidos. Se ha anunciado una especial vigilancia en las fronteras para detenerlos en caso de que intenten regresar clandestinamente a Cataluña para intervenir en la campaña electoral.

La voluntad del aparato judicial y policial, del aparato de Estado en su conjunto, es clara: perseguir hasta el fin a todas y cada una de las personas que han intervenido en el procés y que podrían tener un papel destacado en acciones, negociaciones y soluciones políticas que contemplen el derecho a decidir. Una política que está afectando ya a las libertades democráticas de todos, como se señaló en una Carta anterior en relación con los ayuntamientos.

La cuestión afecta a todos los militantes obreros y luchadores sociales

Algunos dirigentes de las principales organizaciones obreras cierran los ojos a estos hechos, o alegan incluso, que no afectan más que a los actualmente perseguidos. Podríamos acudir a la manida cita de “primero vinieron a por… y yo no dije nada…”. Pero sería una cita inadecuada y, es más, inexacta. Porque ya están viniendo a por nosotros (entendiendo por nosotros a todos los militantes y luchadores). Ahí están los más de 300 sindicalistas perseguidos por organizar huelgas y piquetes. Ahí están los titiriteros presos, los cantantes perseguidos, los tuiteros condenados. Ahí están Andrés Bódalo y Alfon. Ahí están los miembros del Comité de Huelga de las basuras de Alcorcón, a quienes el Ayuntamiento pide 700.000 euros de indemnización tras haber declarado los tribunales su huelga, convocada contra la privatización de parte del servicio, “abusiva”.

Si los Jordis son acusados de sedición, por haber “impedido de forma multitudinaria” la actuación de la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía de Cataluña, ¿no podrá ser acusado por lo mismo cualquier activista que haya intentado impedir la actuación de la policía en un desahucio? Si Santiago Espot es condenado por haber organizado la pitada al rey y al himno, ¿no podría ser acusado cualquiera que silbe a la policía cuando reprime una manifestación? Ahí están las casi 40.000 personas sancionadas (13,5 millones de euros en multas) en aplicación de la Ley-Mordaza por haber “faltado al respeto” o desobedecido a la policía.

Todo el movimiento obrero, todos los demócratas, al margen de la opinión que tengan sobre los dirigentes independentistas o sobre las organizaciones que les dan apoyo, deben rechazar en común la represión contra los dirigentes catalanes, que forma parte del ataque general a las libertades.

El POSI ha combatido y combate las políticas auspiciadas, entre otros, por algunos de los dirigentes y partidos ahora perseguidos, que han causado un grave deterioro de los servicios públicos y de las condiciones de vida de muchísimos trabajadores. De la misma manera que hemos señalado repetidamente que la vía escogida por los dirigentes del gobierno de la Generalitat, de confiar en las instituciones antidemocráticas de la UE, dando la espalda al conjunto de trabajadores y pueblos del Estado español, sobre la base de dar también la espalda a una buena parte de la población catalana, conduce a la derrota o, en el mejor de los casos, a un callejón sin salida. Pero sin renunciar a nuestro punto de vista, luchamos contra la represión y los atropellos, por la libertad y la democracia.

La arbitrariedad del aparato judicial, en sus diferentes componentes, muestra la naturaleza real del régimen producto de la transición. Un régimen al servicio del capital financiero y que conserva elementos esenciales de la dictadura franquista. Y demuestra la incompatibilidad entre estas instituciones franquistas y las conquistas obreras y democráticas, incluso con instituciones como las catalanas que reflejan, aunque sea limitadamente, las aspiraciones soberanas.

En última instancia, la única garantía de esas libertades es acabar con el aparato de Estado y el Régimen. Este régimen no es reformable, la ruptura democrática es la única salida positiva, no sólo para el pueblo catalán, sino para todos los pueblos y el conjunto de la clase obrera. Todas las organizaciones que se reclaman de los derechos sociales y democráticos están ante un dilema: apoyar al Régimen y su Constitución y, por tanto, poner en peligro todas las conquistas, o ponerse a la cabeza de la Resistencia. Resistencia que, quieran o no los actuales dirigentes, se va a expresar y se sigue expresando en las acciones de los trabajadores y sus sindicatos–. Resistencia que romperá el actual aislamiento del pueblo catalán. Esta es la vía de la República, de la Unión Libre de Repúblicas.

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