(Publicado en la Carta Semanal 800 – ver en català)

¿Por qué Casado bloquea la renovación de los órganos judiciales? 

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado a Pedro Sánchez que su partido no va a apoyar la renovación de varios “órganos constitucionales”, entre los que destaca el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC). Con esta decisión, Casado bloquea la renovación de estos órganos y se asegura la mayoría “conservadora” de ambos, ya que fueron elegidos cuando el PP tenía mayoría en Cortes, y la del Tribunal Supremo, ya que el CGPJ nombra, a su vez, al presidente y a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales y Salas, y también a numerosos órganos de control de los jueces.

Preservar una mayoría absolutamente franquista en el Supremo y el TC es fundamental para la preservación del régimen de la Monarquía y para impedir toda deriva “izquierdista” o simplemente democrática y para mantener un cerrojo esencial (aunque no es el único) que impide la libertad de los pueblos del Estado. No hay más que ver el destacado papel del Supremo y el Constitucional en la persecución a los republicanos catalanes, en la anulación de las decisiones del Parlament de Cataluña y en la defensa de los intereses de la banca en su sentencia sobre las hipotecas. Ambos órganos han sido el cerrojo que ha asegurado la legalidad de las sentencias de los tribunales franquistas y la impunidad de los represores de la dictadura.

Ciertamente, no son el único poder del aparato de Estado franquista. Están también el ejército y los cuerpos represivos heredados del franquismo, sin depuración alguna (pero que el franquismo depuró salvajemente en 1936-39), junto con el lugar privilegiado que se le asigna y financia a la Iglesia católica. Y por encima de todos, la Monarquía, como representante del aparato de Estado heredado del franquismo y como “árbitro” del andamiaje constitucional. 

¿Separación de poderes?    

Evidentemente, nosotros no compartimos la pretendida separación de tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) propuesta por Montesquieu y en la que, supuestamente, se basa la democracia burguesa. Una clasificación que omite poderes tan poderosos como el del capital financiero, al que sirven esos tres poderes bajo la democracia burguesa, que no en vano denunciaron Marx y Lenin como “dictadura de la burguesía”, aún bajo la forma de la república más democrática. Más aún bajo la Monarquía heredera del despotismo borbónico y la dictadura franquista. El despotismo borbónico significa el despotismo de los latifundistas, de los banqueros y de los imperialismos extranjeros.

En lo que respecta al aparato judicial, como revolucionarios, estamos por una Justicia que dicte sentencias, no en nombre del Rey, sino en nombre del pueblo, que dependa del Pueblo, o sea, por jueces elegidos y revocables por el pueblo, como en las mejores tradiciones revolucionarias. 

Además, en el caso del Estado Español, quienes defienden la “independencia” de la Justicia bajo el régimen de la Monarquía, lo que están defendiendo es la independencia del aparato judicial heredado del franquismo, sin depuración alguna, frente a la sociedad, y por encima de ella. Para mejor defensa de los privilegios de ese aparato de Estado, de la Monarquía y de los intereses del poder económico. 

Pero es que aquí nos encontramos que este Estado burgués, en su forma más degenerada de régimen monárquico en descomposición, que ha mantenido la continuidad de la justicia franquista, no respeta ni siquiera su pretendida independencia.

Quienes invocan, bajo la monarquía, la independencia de la Justicia se ponen en ridículo. A los ojos de millones, la justicia de nuestro país es buena para perseguir a sindicalistas, raperos y políticos catalanes, a Andrés Bódalo, Alfon o los jóvenes de Alsasua, para proteger los negocios de un rey corrupto, pero absolutamente incapaz de defender a las mujeres violadas o maltratadas, incapaz, también, de defender a quienes padecen abusos laborales, pero pronta a cerrar los ojos ante las tropelías del propio PP que sigue robando sin parar. Una Justicia que obedece a la banca, al capital financiero y al Rey, que le encargó, en su discurso del 3 de octubre de 2017, tras el referéndum catalán,  que lo dejara todo “atado y bien atado” en relación a la “cuestión catalana”. Es una justicia totalmente independiente, pero del pueblo, de la soberanía popular.

En democracia, todos los poderes del Estado deberían depender de la soberanía popular, pero Monarquía es, claro está, lo contrario de democracia, y de derechos de los trabajadores y los pueblos.

La sumisión de Pedro Sánchez

Impotente ante la maniobra de Casado, que le garantiza mantener a los “suyos” al frente de los principales órganos judiciales, Pedro Sánchez no ha querido hacer otra cosa que acusar a Casado de “no respetar la Constitución”.

Casado ni se ha inmutado, y la declarado cínicamente que no renovará esos órganos “mientras Podemos esté en el gobierno” (o sea, que los renovará si se rompe la mayoría del gobierno, lo que abocaría a elecciones, y si las gana el PP, para que sigan lo suyos).  

No es la primera vez. En 2006, el PP se negó a renovar los órganos ‘constitucionales’ hasta que él tuvo mayoría en el Congreso y así los llenó con jueces muy reaccionarios, que en el Tribunal Constitucional dictaron la sentencia anulando gran parte del Estatuto catalán aprobado por el Parlamento de Cataluña, por las Cortes y por el pueblo de Cataluña. El PSOE no boicoteó a su vez. Aceptó la imposición antidemocrática del PP. En todos estos años ni Zapatero ni Sánchez han intentado cambiar la ley para evitar un nuevo boicot del PP. 

Ahora, una vez más, se demuestra la impotencia del “gobierno progresista”, cuyos ministros juraron, sin excepción, “lealtad” al Rey y a la Constitución, al tomar posesión de sus cargos (esta vez sin las coletillas a que algunos recurrieron al jurar como diputados o diputadas).

¿Por qué no rompe toda colaboración con el PP? ¿Por qué no llama a que le apoyen los trabajadores y los pueblos?

No lo hace porque, en aras de sostener el régimen y aplicar el plan de destrucción del capital para los próximos años, el PSOE acepta que aquí mandan el Rey y el PP, vote lo que vote el pueblo. 

Hay que barrer todo ese entramado, incompatible con la democracia

La necesidad de acabar con la Monarquía y sus instituciones no es una cuestión ideológica, sino que cada día se presenta más como una cuestión práctica. Esas instituciones de la Monarquía se muestran ante todos como una garantía contra la satisfacción de las reivindicaciones, y, por eso, no pueden seguir ni un minuto más. Hay que acabar con toda esa basura, la mayoría tiene que imponer la República.

Establecer el nexo entre la lucha por las reivindicaciones, que se defienden “gobierne quien gobierne” y la lucha por la República es el objetivo de la Conferencia Estatal que organiza para el 7 de noviembre el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en cuya preparación trabajamos los militantes de la IV Internacional, junto con compañeros y compañeras de distintas orientaciones políticas, que compartimos este objetivo irrenunciable.