(publicado en la Carta Semanal 445)

Embarullando con el “derecho a decidir”

El martes 29 de octubre, el Congreso de los Diputados decidió que los pueblos del Estado español no tienen capacidad ninguna para decidir su futuro. Que están atados, y no por una Constitución que se pueda cambiar o sustituir, sino por una entidad previa a la propia Constitución a la que llaman “nación española”, cosa incomprensible pues una nación es precisamente un sujeto soberano con capacidad plena para decidir en cada momento. Con ello, el Congreso niega de raíz la democracia, que sólo existe en el marco de la soberanía.

Véase lo ocurrido.

Por 265 votos contra 39, con 13 abstenciones, el Pleno del Congreso asumió una moción presentada por Rosa Díez “sobre propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado ‘derecho a decidir’ ”[1]. Ello fue posible porque el PP y el grupo socialista (salvo el PSC) se sumaron a dicha moción, que dice:

• “- bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión. […]
• nadie […] puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional que no es otro que el pueblo español.”

El objetivo de la proponente parece simple: negar al pueblo catalán el derecho de autodeterminación. Pero como resulta difícil argumentar que un pueblo no tiene derecho a decidir su futuro, se lanza a embarullar.

El primer paso es afirmar que “los nacionalistas catalanes ‘llaman derecho a decidir a obligarnos al conjunto de los españoles a renunciar a nuestro derecho como ciudadanos a decidir sobre el futuro de nuestro país’”. Lógicamente se le respondió que el pueblo catalán y sus representantes (el 80% del Parlamento) no pretenden decidir cómo organizan el territorio o la Constitución los demás, sino lo que ellos, como pueblo, quieren hacer.

Segundo paso: la moción afirma que “defender la integridad y la unidad de la nación española es defender la integridad de derechos de los españoles […]. Los territorios no tienen derechos; los derechos los tienen los ciudadanos y nadie en nombre de nada puede privarnos de ningún derecho”. “El derecho a decidir […] nos corresponde a todos los españoles […] no podríamos renunciar a un derecho que es nuestro y es de nuestros hijos.”

O sea que los demás pueblos del Estado español no pueden reconocer al pueblo catalán el derecho a separarse o no separarse porque “nadie en nombre de nada” puede privar a los españoles de un derecho que “pertenece a sus hijos”. La nación española es un ente que está por encima de la voluntad de los ciudadanos y sus representantes, que carecen de soberanía. Suena especialmente grosero cuando la troika destruye los derechos, de nuestros hijos y nietos. En resumidas cuentas cualquiera, la banca, la Iglesia, el capital internacional, puede decidir sobre el presente y el futuro de 47 millones de ciudadanos pero no los propios ciudadanos, ni juntos ni por separado.

Remachó el clavo la portavoz del PP Sra. Esteller: “no existe el derecho a decidir sobre la secesión de una parte de España aunque la vote toda España, toda la soberanía nacional”.

Niegan esos diputados la soberanía de Cataluña y de los ciudadanos y pueblos del Estado español. Su discurso lo hubieran aplaudido las Cortes orgánicas de la dictadura.

Las baladronadas del día 29 en el Congreso evocan la fatuidad de la Junta de notables que en 1640 reunió el conde-duque de Olivares para declarar la guerra a Cataluña. Seguimos en la España cárcel de pueblos. Aquella Junta afirmaba el poder de la monarquía absoluta. Hoy las Cortes y la Constitución hablan de democracia, pero son instrumentos del FMI y de la UE.

Coordenadas de la encrucijada actual

El PP, refugio de franquistas y brazo del aparato de Estado, por naturaleza depende de éste. UPyD es un colaborador especializado en azuzar el enfrentamiento entre los pueblos.

Pero hay otros actores en esta crisis del Estado monárquico.

La Unión Europea, cuyas instituciones son el eje de la dominación capitalista en Europa, ha acudido a apoyar al Gobierno en contra del derecho de autodeterminación de Cataluña. Teme la UE que la reivindicación de soberanía desestabilice el dispositivo para imponer los planes de ajuste, que se basa en el aparato de Estado franquista. Porque las exigencias catalanas abren camino a que todos los pueblos del Estado se expresen contra su política de destrucción y miseria y tomen medidas para defenderse.

La patronal española, y en primer lugar sus bancos, está atrapada por la crisis del Estado, busca la conciliación de los políticos burgueses de Madrid y de Barcelona para cerrar paso a las exigencias de los trabajadores y pueblos. Mientras, el capital de todo el Estado e internacional aprovecha la crisis económica y política para saquear a espuertas.

¿Y los trabajadores? ¿Quién representa sus intereses?

El Partido Socialista, en el centro de las crisis del Estado y del movimiento obrero

Las cúpulas sindicales, más allá de afinidades políticas, parecen también atrapadas por la crisis de un régimen a cuya gobernabilidad se han subordinado, crisis que amenaza con cuartear a los propios aparatos sindicales, y que tiende a paralizarlas en todos los ámbitos.

Pero el que está en el centro de la crisis del Estado es el Partido Socialista. El discurso de su portavoz, el diputado extremeño Sánchez Amor, preparaba la abstención. Pero el aparato de Estado necesitaba el voto del Grupo Socialista, de lo contrario la moción provocadora acababa en fiasco. Entonces intervinieron Chaves y Alfonso Guerra, apoyándose en la federación andaluza. El Grupo Socialista cambió de plan y votó a favor de la moción. Ganaron los franquistas a costa de la ruptura del Partido Socialista, pues los socialistas catalanes (que en coherencia hubieran tenido que votar en contra) mantuvieron la abstención.

Ya en febrero el grupo socialista se rompió cuando 13 diputados del PSC apoyaron en el Pleno, junto a CiU, ERC e ICV, la propuesta de resolución “el Congreso insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro”. Enfrente estaba el PSOE con el PP y con UPyD.

¿Qué hace el PSOE a rastras de esos reaccionarios?

El portavoz Sánchez Amor expresó la contradicción del PSOE: “el mundo no se divide entre los buenos y los nacionalistas. […] No se defiende la Constitución dándole con ella en la cabeza a nadie solo porque tenga otro concepto de país. Nosotros defendemos siempre el espíritu y la letra de la Constitución, hasta el minuto en que nos pongamos de acuerdo para su reforma. […] Ningún tipo de consulta, si no es por los cauces constitucionales o legales. El PSOE está en contra del llamado derecho a decidir y, por supuesto del derecho de autodeterminación. […] Y frente al inmovilismo paralizador y a la ruptura insensata planteamos una reforma amplia de la Constitución, que en el asunto territorial sería en sentido federal. […] o se apoya esta propuesta de reforma o no podrán contar con nuestro apoyo ni ahora ni en el futuro.”

Pero apoyaron. Si dijesen que quieren cambiar la Constitución para reconocer el derecho de autodeterminación, sería otra cosa, pero al estar en contra se condenan al papel de comparsas del “inmovilismo paralizador”.

Sin embargo, por no ir más lejos, en 1974 el congreso que eligió a Felipe González consagró el derecho de autodeterminación, que era la base de la República Federal por la que el PSOE luchaba en aquellos años. En 1977 Felipe González y Alfonso Guerra promovieron la unificación de los socialistas catalanes proclamando el derecho de autodeterminación. Todavía el 1 de mayo de 1978, el PSOE se manifestaba en Bilbao exigiendo “autodeterminación en la Constitución”.

¿Dónde han pillado el virus franquista? Treinta y cinco años de convivencia y connivencia en las instituciones del Estado monárquico de las autonomías con un aparato de estado que ellos han  sostenido y sostienen han dejado huella. González y Guerra han hecho suyo el nacionalismo de los franquistas. Guerra se permite decir que el PSC no es socialista porque no acepta una “igualdad” que él, como el PP, identifica con la unidad por la fuerza de los pueblos de España. Ni González ni Guerra son hoy los dirigentes del Partido Socialista. González, próspero financiero, es un portavoz del capital internacional y sus instituciones. Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, es desde hace años el guardián de la sumisión del movimiento obrero al régimen y al PP. Ambos intervienen para impedir que el PSOE encabece las exigencias democráticas y sociales contra el Gobierno y el régimen.

¿Van a poder los militantes del Partido Socialista desembarazarse de esta injerencia del capital y del régimen que lleva a anular el partido histórico de los trabajadores? No está pensada la Conferencia de Rubalcaba para eso (ver la Carta Semanal 443): en ella son ponentes González y Zapatero y se pretende que haga el avestruz sobre la cuestión catalana “porque eso ya está definido”. La “vieja guardia” y la Ejecutiva del PSOE (en sintonía con la política de “gran coalición” en Alemania) pretenden que este partido y los sindicatos sostengan al gobierno Rajoy hasta finales de 2015, a costa de los derechos de los trabajadores y la convivencia entre los pueblos.

Pero los trabajadores, en la encrucijada actual, necesitan romper el juego del PP y CiU, unidos para imponer los recortes dividiendo a la población. Los trabajadores necesitan evitar el enfrentamiento, unir fuerzas para imponer la soberanía de los pueblos del Estado español enfrentándose al ajuste del FMI y la Troika. Lograr la unidad de los trabajadores y sus organizaciones para defender las pensiones, los sindicatos, los derechos de todos pasa por defender unidos el derecho de autodeterminación. Ayer contra Franco, hoy contra sus herederos y contra la UE.

Recomendamos la lectura del boletín del CATP que reproducirá las intervenciones de responsables obreros en el acto público organizado en Madrid por los Sindicalistas por el Derecho a Decidir.