El Gobierno contra las cuerdas y la situación de la clase obrera

(Publicado en la Carta Semanal 429)

Carta-429Las organizaciones del movimiento obrero tienen una responsabilidad fundamental en la crisis política e institucional desatada. Son las únicas que pueden abrir una salida favorable para la mayoría, pero ello requiere que rompan decididamente con la politica de pactos de estado que no ha hecho más que sostener a un gobierno semicadáver, factor de descomposi­ción social.

Hoy, el gobierno odiado, minoritario, corrupto, se encuentra contra las cuerdas, lo que obliga a Rubalcaba a quitar el apoyo al corrupto Rajoy… para brindárselo al corrupto PP, a fin de que siga ejecutando los planes de la Troika.

En esta crisis abierta, los trabajadores y los pueblos necesitan que cambie el curso que destruye sus condiciones de vida: no más gobiernos y parlamentos sometidos a la Troika, juguetes del capital financiero.

No puede haber ninguna perspectiva de solución favorable a los intereses de la mayoría si no es sobre la base de romper con la Unión Europea y con el régimen de la Monarquía. Recordemos que todas las instituciones de este régimen, que no sirven a los pueblos sino a la UE y la OTAN, se han revelado ya corruptas como ahora el PP, desde la casa real hasta la guardia civil, desde la Agencia Tributaria hasta la judicatura, todos los niveles de la administración, y esa corrupción contamina a las organizaciones que se han sometido al régimen.

El Comité Central del POSI, que se reúne en los próximos días, analizará esta situación en diálogo con todo el movimiento obrero, de la juventud y de los pueblos.

Entretanto hay que insistir: la clave la tiene la clase trabajadora, y nada hay más importante que reforzar al movimiento obrero, aunar fuerzas para defender los derechos.

Más de dos millones de trabajadores sin convenio

El 8 de julio más de dos millones de trabajadores y trabajadoras (2.200.000 según algunas fuentes) han perdido su convenio colectivo, que ha desaparecido, en aplicación de la Reforma Laboral. Es casi un 10% del total de asalariados del país. Y otros tantos pueden perderlo de aquí a final de año.

Sólo en Cataluña, catorce convenios sectoriales han dejado de existir, afectando a 74.475 trabajadores. Entre los afectados, el de transporte de mercancías por carretera  de Barcelona, que afecta a 33.000 trabajadores, y el de los centros concertados de la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP), que afecta a 40.000 personas.

Y sin embargo, con un 10% de los trabajadores y afectados, y otro 10% en peligro, el mes de junio ha vivido una sorprendente paz social. Apenas algunos sectores han hecho movilizaciones limitadas en defensa de su convenio. Con uno de cada cinco asalariados afectados, merece la pena preguntarse, ¿qué está pasando?

El acuerdo sobre ultraactividad

Hace un mes, hablábamos en esta carta semanal de la situación de los convenios, y poníamos sobre la mesa el dilema a que se enfrentaban los sindicatos: ceder o movilizar, y decíamos que “Algunos dirigentes sindicales proponen ceder derechos. Llegar a un acuerdo con la CEOE y la CEPYME en el marco de los Acuerdos de Negociación Colectiva (AENC) para alargar la negociación de los convenios unos meses (…)”. Esa fue la línea que impusieron finalmente las direcciones de UGT y CCOO, sin ningún debate y sin que sus máximos órganos confederales se reunieran.

Según el acuerdo firmado, las partes negociadoras de un convenio podían acordar el mantenimiento del texto del mismo mientras prosiguieran las negociaciones o, si éstas se daban por bloqueadas, pedir una mediación o un arbitraje.

Cuando se firmó el acuerdo, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz declaraba que: “El acuerdo sobre ultraactividad  de los convenios, firmado por  CCOO, UGT, CEOE y  CEPYME,  pone en valor el II Acuerdo Confederal de Negociación Colectiva, así como la  autonomía de los agentes sociales en la búsqueda de acuerdos que permitan conciliar los intereses de los trabajadores y empresas (…). Además, supone una enmienda a la reforma laboral que ha provocado la pérdida de 800.000 empleos y que pretendía debilitar la negociación colectiva y acabar con los sindicatos”. Todo eso para defender un pacto que suponía todo lo contrario: la aplicación “negociada” de la reforma laboral contra la que millones de trabajadores fueron a la Huelga General convocados por sus sindicatos.

En la web de UGT podíamos leer que “permitirá impulsar la negociación colectiva pendiente y superar los bloqueos de negociación, que afectan a más de tres millones de trabajadores (…) Al mismo tiempo, recupera la autonomía en las relaciones laborales y evita que los convenios puedan decaer como consecuencia de la reforma laboral impuesta”.

Pero, una semana más tarde, el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, avisaba de que la patronal había negociado el acuerdo “porque hay que fijar un itinerario obligacional”, pero reiteró que éste no dejaba de ser “un código de buenas prácticas en las mesas de negociación”. En línea con estas declaraciones, buena parte de las organizaciones de la CEOE se han negado a aplicar el acuerdo. El resultado: más de la mitad de los tres millones de trabajadores que citaba UGT han perdido sus convenios colectivos, mientras que algunos han prolongado provisionalmente la vigencia de su convenio (ya veremos qué sucede al final). En otros casos, se ha firmado in extremis una renovación del correspondiente convenio aceptando importantes pérdidas de poder adquisitivo y de derechos.

Entre los que han perdido sus convenios, muchos, como los 60.000 trabajadores de las farmacias, pasan a regirse por el Estatuto de los Trabajadores –con el salario mínimo de 645 euros como único referente salarial– y se van a ver obligados, en muchos casos, a negociar sus condiciones laborales empresa por empresa (lo que, con el tamaño de las farmacias, supone en la práctica la “negociación” individual de sus condiciones laborales con el patrón, bajo la amenaza de perder  en 40 o el 50% de su salario si no aceptan las rebajas que el patrón exija).

¿Por qué no ha habido una convocatoria de movilización?

A simple vista parece inexplicable que, en una situación así, y viendo cómo las patronales se negaban a prolongar la vigencia de los convenios, no se haya llamado a la movilización al menos a los trabajadores afectados. Aunque lo lógico desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los trabajadores habría sido llamar también a los casi dos millones que tienen sus convenios en negociación y con peligro de perderse antes de fin de año, a los empleados públicos, cuyo derecho a la negociación ha sido pisoteado por el gobierno imponiéndoles graves recortes, y al conjunto de las organizaciones sindicales, para las que el derecho al negociación colectiva es una de sus principales razones de ser.

Sólo hay una explicación posible, que se hace más clara si observamos lo sucedido en Portugal  (ver Carta Semanal anterior): en la situación actual, con un gobierno cuya popularidad no llega al 20%, con el propio Presidente del Gobierno y el conjunto del Partido Popular enfangados en el escándalo Bárcenas, una movilización de ese calibre podría ser explosiva. Los dirigentes de UGT y CCOO, dando la espalda a las necesidades de más de tres millones de trabajadores (un 20% del total de asalariados), han optado por salvar al gobierno y al régimen, continuando con su línea de buscar a toda costa un pacto con él.

Esa era la única función del acuerdo, y por eso lo firmaron CEOE y CEPYME, porque permitía desactivar la posibilidad de una movilización unida y aislaba a los trabajadores convenio por convenio en la espera –inútil en la mayoría de los casos– de que la patronal correspondiente accediera a prorrogar unos meses la agonía del convenio o los sindicatos aceptaran firmar a la baja como mal menor.

La política de pactos choca con los intereses más inmediatos de los trabajadores

La política de los secretarios generales de UGT y CCOO (y de Rubalcaba) de buscar acuerdos con el gobierno corrupto no sólo permite a éste mantener y profundizar sus ataques a los derechos de la clase trabajadora, como se ha comprometido con Bruselas en su Plan de Reformas, y preparar otros nuevos (ley Wert, recorte de becas, recorte de pensiones, nueva Ley de Aborto…), sino que choca directamente con los intereses más elementales de los trabajadores y trabajadoras, como es el caso de los millones que han perdido sus convenios ya, de los que pueden perderlos a corto plazo o de los que han perdido derechos, arrancados en años de lucha de clases, en la negociación a la baja de sus convenios.

Renunciar hoy a echar a este gobierno, con la excusa que sea (no olvidemos a quienes apuestan por ganar escaños en unas futuras elecciones y prefieren esperar a éstas aunque con la boca chica hablen de dimisión de Rajoy) ha puesto en peligro conquistas fundamentales de la clase trabajadora como el derecho a la sanidad y educación públicas, la jubilación,  los derechos de las mujeres… Y al cabo ha permitido que la propia podredumbre del régimen haya llevado al Gobierno a una situación de coma sin que aparezca ninguna alternativa.

Esa política de los dirigentes de dar tregua al Gobierno explica la relativa desmovilización de los trabajadores en el momento actual, y es la clave de la situación. Hay que romper esas situación de bloqueo. Por eso, desarrollar las campañas para que los dirigentes rompan todo pacto con el gobierno y llamen a la movilización unida son en este momento la tarea más importante para los luchadores obreros.

Lo ocurrido en Portugal, donde los profesores impusieron la unidad de sus sindicatos contra el decreto de Movilidad, demuestra que es posible hacer retroceder a los gobiernos que aplican los planes de la Troika. Lo cual es vital para los trabajadores, particularmente los de nuestro país, a quienes se les ha estado diciendo que la movilización unida por objetivos claros, es inútil, y que había que llegar a acuerdos con este gobierno en espera de que las elecciones previstas para el año 2015 puedan echarlo.

Ya no hay excusas. La indispensable tarea de que el movimiento obrero de una salida al derrumbe del Gobierno y la crisis institucional tendrá que apoyarse en la defensa unida y masiva de los convenios, de todos los convenios.

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