Carta Semanal 907 en catalán
Carta Semanal 907 para descargar en PDF
El gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tiene previsto hacer llegar una lluvia de millones a las industrias españolas de armamento. Las grandes beneficiarias van a ser Airbus, Navantia, GDELS-Santa Bárbara e Indra. Es el resultado del compromiso, que asumió en la última cumbre de la OTAN, de subir la inversión en el presupuesto militar al 2% del PIB paulatinamente hasta 2029 (lo que lo colocaría, con alrededor de 25.000 millones, como la segunda partida de los PGE, tras la deuda pública). Un compromiso que ya se ha empezado a plasmar en partidas presupuestarias concretas. La primera, a comienzos de julio, cuando el consejo de ministros decidió aprobar un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros con cargo a los fondos de contingencia. A lo que se suma la previsión de aportar, esta semana, diferentes partidas para el gasto militar, por un total de 218 millones. Para los presupuestos de 2023 se prevé subir el gasto militar al 1,2% del PIB, un aumento de 2.500 millones. De hecho, en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, el gobierno se comprometió a elevar en 2023 lo a elevar en 2023 lo que llama “inversión en Defensa” en 2.500 millones.
Las subidas se prevé que se produzcan alimentando los “programas especiales de armamento”, destinados, en teoría, a la “modernización de las fuerzas armadas”, y que no quedan incluidos en el techo de gasto.
Mientras el mismo gobierno racanea a los sindicatos la subida de los empleados públicos, se niega a revertir el recorte del 5% de sus salarios que sufren desde que en 2010, cuando Zapatero impuso recortes salariales, y ofrece “subidas” que van a suponer una nueva pérdida de poder adquisitivo, entre 2021 y 2024, de un 6% más.
Como señala La Vanguardia el pasado 25 de septiembre, “el sector de la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacial española no había tenido nunca ante sí el reto de crecer y modernizarse con una aportación de fondos estatales tan potente”.
Este dispendio en gasto militar, se hace en nuestro país cuando la deuda del Estado ha pasado de 385.203 millones de euros en 2008 a 1,5 billones, a julio de 2022. Es decir que la deuda de ha multiplicado por 4, pero la inversión no ha ido a gastos sociales, como Sanidad, Educación o Dependencia públicas, como bien ha quedado demostrado en la pandemia.
Para hacer frente a estas “oportunidades” que brinda la guerra, el Gobierno quiere estimular la concentración de las empresas del sector del armamento –ahora hay 373 empresas-, imitando lo que hicieron los EE.UU., en 1993, bajo la presidencia de Bill Clinton, para hacer frente a la nueva situación abierta tras la caída del muro de Berlín.
Las empresas españolas de armamento, facturaron en 2021 11.600 millones: En 2019 llegaron a 14.000 millones, suponían el 1,7% del PIB y empleaban a 211.921 trabajadores.
El hecho de que la industria militar ocupe a tantos trabajadores es utilizado como argumento para defender esta industria en nombre precisamente de los puestos de trabajo. Seamos serios, en España, como en todo el mundo, la falta de infraestructuras, a todos los niveles -como hemos visto durante su pandemia- y la atención a las demás necesidades de la población exigiría producir otras maquinarias o productos. El problema es político: ¿quién gobierna y para quién? Cuando se gobierna a espaldas de la necesidades sociales el resultado es este, De ahí se concluye la necesidad de reorganizar de arriba abajo la economía y, por tanto, de acabar con el poder de la finanza y el capital.
Airbus emplea a 13.000 personas, y entre sus principales programas está el avión de combate Eurofighter, el avión militar de transporte A400M y el helicóptero de combate NH-90. Navantia emplea a 11.000 operarios, y sus principales programas son las fragatas F110 y el submarino S80. GDEL- Santa Bárbara tiene como principal proyecto el blindado 8×8 Dragón. Indra, la tecnológica prioritaria para el gobierno, participa en el programa europeo NGWS/FCAS de sistemas de combate aéreo.
Los “programas especiales de armamento”, que recibirían esos 1.000 millones suplementarios a que nos referimos antes son, precisamente, el blindado 8×8, el helicóptero NH-90, el submarino S-80, las fragatas F110 y el programa NGWS/FCAS.
Un enorme negocio, del que se aprovechan, sobre todo, los EE.UU.
Es evidente que las crecientes inversiones en gasto militar suponen un fabuloso negocio. Como señalaba Pieter Wezeman, investigador del Instituto Internacional de Investigación por la Paz (SIPRI), de Estocolmo: “todos los fabricantes, de cualquier país del mundo, aumentarán sus ingresos después de la guerra de Ucrania”. Según el SIPRI, la venta de armas superará en 2022, por primera vez, los dos billones de dólares.
Ciertamente, el mayor negocio lo harán los EE.UU., que ya ocupan una cuota de mercado del 54% del total de ventas del mundo. El Dow Jones US Aerospace & Defense Index, que engloba las industrias de armamento, no ha dejado de crecer en los últimos 20 años, incluyendo los de la pandemia. Cinco de las empresas USA de armamento tienen una capitalización superior a los 60.000 millones de dólares. Y, aunque la industria europea tiene capacidad productiva, ha cedido a los EE.UU., el liderazgo tecnológico y, por tanto, el control de muchas de sus ventas. Así, los EE.UU., han podido prohibir a Francia determinadas ventas de su caza Rafale, porque incorpora misiles de patente americana.
Además, en un mercado de durísima competencia, los “aliados” no escatiman la posibilidad de chafarse mutuamente el negocio. Véase el caso reciente de la cancelación del contrato por el que Australia debía adquirir a Francia doce submarinos convencionales, por un valor de unos 56.000 millones de euros, para su Marina. En su lugar, los ha comprado a Estados Unidos, en una operación en la que también está implicada Gran Bretaña. Al conocerse la noticia, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, acusó a Estados Unidos y Australia de “mentir” y trabajar de espaldas a un aliado como Francia. Le Drian aseguró que “hay una ruptura grave de confianza” con sus “antiguos aliados” estadounidenses y australianos. Declaraciones que no han impedido que Francia haya seguido ciegamente los dictados de Biden en la cumbre de la OTAN respecto de la guerra de Ucrania, de las relaciones con China y del aumento del gasto militar.
De hecho, las importaciones europeas de armas en el periodo 2017-2021 han sido un 19% más altas que las del periodo 2012-2016.
El SIPRI señala que 25 gobiernos europeos han decidido ya aumentar el gasto militar. Pero como señala Wezeman, el negocio no se limita a las zonas de conflicto. Por ejemplo, Corea del Sur ha incrementado su negocio vendiendo armas a Polonia.
¿Prioridad para la guerra?
En su editorial del 26 de septiembre, La Vanguardia justifica, cínicamente, la política del gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz, diciendo que “el escenario geoestratégico mundial es extremadamente preocupante. Hay que volver a poner en valor los principios pacifistas. Pero, mientras eso no llegue, la industria del armamento vive una edad de oro en todo el mundo, y también en España”. Y añade que la industria de armamento es “una importante punta de lanza para la investigación tecnológica y la formación de personal altamente cualificado”. Y justifica, especialmente, la posición de Unidas Podemos: “impulsar la industria militar y de la defensa no equivale estrictamente a ser militarista sino a prepararse, como Estado, para proteger ante las nuevas amenazas a los ciudadanos españoles (…) esto explica que, como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania, sea un gobierno de izquierdas, en el que hay una formación claramente antimilitarista, como es Unidas Podemos, quién está a punto de aprobar el mayor presupuesto militar de la historia de la democracia española”.
La Vanguardia concluye, en la misma línea de cinismo, que “sería mejor, ciertamente, poder destinar ese dinero a otras necesidades, pero, al menos por un largo tiempo, no parece haber desgraciadamente otra alternativa”.
Para el órgano de la burguesía catalana, la cuestión está clara: la prioridad, por encima de la sanidad, la educación, los servicios públicos, ha de ser la compra de armamentos y el desarrollo de la industria militar.
Para la clase trabajadora, la alternativa es otra. Cada céntimo que va a la guerra se roba a los servicios que necesita para sobrevivir. Mientras un millón y medio de jóvenes rusos y ucranianos se encamina a pasar un invierno helados en las trincheras, mientras toda la clase trabajadora se enfrenta a un invierno de frío por la falta de gas (por los precios de toda la energía), y las sanciones a Rusia, vemos cómo otros se frotan las manos con las posibilidades de negocio.
¡Ni un euro de nuestros impuestos para enriquecer a los comerciantes de armas! ¡Dinero para la sanidad, la enseñanza, los servicios públicos! ¡Alto el fuego inmediato en Ucrania!