El obstáculo es el régimen

(Publicado en la Carta Semanal 643)

La manifestación del 26 de agosto en Barcelona ha puesto en evidencia el rechazo de la Monarquía borbónica por sectores masivos del pueblo catalán, de izquierdas, independentistas, demócratas. Se expresaron así durante toda la manifestación, a pesar de la voluntad de evitarlo de muchos dirigentes políticos. Ese rechazo es la expresión –a veces inconsciente– de un hecho político fundamental: la Monarquía, el Régimen, la Constitución de 1978 son el principal obstáculo para la satisfacción de los derechos nacionales. Como lo son para la satisfacción de los derechos sociales.

¿Un sistema democrático?

Los padrinos internacionales del Régimen y sus defensores hablan de él como si se tratara de un sistema democrático. Pero no lo es, ni por sus orígenes ni por su contenido.

Recordemos que la Monarquía, presidida por el heredero designado por el dictador Franco, se consolidó en la Constitución de 1978, elaborada bajo los auspicios de los Estados Unidos y sus aliados europeos, con la anuencia del Kremlin, y bajo las exigencias de los “poderes fácticos”, los banqueros y los obispos, y la continua amenaza de golpe militar por parte del ejército vencedor de la guerra civil de 1936 y pilar fundamental del régimen franquista. ¿Qué “democracia” puede ser establecida en estas condiciones?

Una constitución que sólo fue posible porque los dirigentes de las principales organizaciones que hablaban en nombre de la clase trabajadora (el PCE dirigido por Santiago Carrillo y el PSOE comandado por Felipe González), y los “nacionalistas” de CiU y PNV aceptaron esta situación sin rechistar y la plasmaron en los Pactos de la Moncloa y el “consenso constitucional”. Por ejemplo, el PSOE propuso casi en solitario la República, pero sus dirigentes advirtieron que se someterían a la “mayoría” amañada por el pucherazo del 77.

El “consenso constitucional” se basaba en el respeto de las prerrogativas y privilegios de las instituciones del estado franquista (ejército, cuerpos represivos, aparato judicial…) que no podían ser tocadas, así como en el respeto a los entramados empresariales y grandes fortunas establecidos al amparo del levantamiento del 18 de julio y de la guerra, de la legislación y la corrupción franquistas (corrupción de la que deriva la corrupción de ahora). La Ley de Amnistía fue convertida en una “Ley de punto final” para dar por buenos los desmanes del franquismo. El mantenimiento de esas instituciones permite que hoy sean utilizadas contra el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, como lo son para perseguir a los sindicalistas que organizan huelgas y piquetes.

Del mismo modo, se aceptó la legalidad de todas las actuaciones de los tribunales franquistas (incluso los consejos de guerra con jueces, fiscales y supuestos “abogados” militares), decisión ratificada una y otra vez por el aparato judicial heredado del franquismo, y que pesa como un losa sobre las aspiraciones de verdad, justicia y reparación que reclaman los familiares de las víctimas del franquismo.

Se vieron obligados a reconocer derechos democráticos que la clase trabajadora ya había conquistado, en los hechos, como los de huelga, manifestación o negociación colectiva, pero a cada uno le pusieron unas cortapisas (servicios mínimos, legislación contra los piquetes, imposición de laudos arbitrales, negación de la negociación colectiva para los empleados públicos…).

Parece una broma macabra que hablen de “soberanía del pueblo español” los que defienden este régimen establecido bajo la amenaza de la división Brunete y sobre la base del sometimiento a la Unión Europea y al padrino norteamericano, sus multinacionales y sus bases, del mantenimiento de las mafias de la dictadura y de los privilegios del aparato de estado franquista.

Un entramado antidemocrático

En efecto, la base de la democracia es la soberanía. Y la Constitución española es probablemente la única que no tuvo que ser modificada para entronizar la UE, su euro y su ‘libre competencia’, es decir la soberanía irrestricta del capital financiero. Pero todavía las conquistas sociales y sindicales del movimiento obrero estorbaban a esos poderes. Por ello, respondiendo a exigencias del presidente del BCE, Zapatero y Rajoy introdujeron en el artículo 135 una especie de constitución en la constitución que garantiza detalladamente que ni las necesidades ni la voluntad de los españoles pasarán nunca por delante de las exigencias de los bancos.

La Constitución, expresión escrita de ese sistema, está llena de mecanismos que permiten impedir la expresión democrática de los deseos y aspiraciones de la mayoría.

Para empezar, da al gobierno –incluso a un gobierno en minoría– un poder por encima de las Cortes. El artículo 134.6 establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Esta capacidad de veto ha permitido al gobierno Rajoy bloquear, hasta ahora, 28 proposiciones de ley de grupos parlamentarios y asambleas autonómicas, y cerca de 4.000 enmiendas que habían presentado PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PdeCAT a los Presupuestos del Estado de 2017.

Del mismo modo, permite a un gobierno en minoría mantenerse en el poder, al exigir que toda moción de censura tenga un candidato alternativo que debe reunir una mayoría para su investidura. Sin ir más lejos, la semana pasada, en su comparecencia ante las Cortes por el caso Gürtel, Rajoy se permitía chulear a todos los demás partidos, diciendo que “la crítica al Gobierno por un hecho o una política concreta no determina la exigencia de una responsabilidad política. Para ello es preciso que la Cámara, por mayoría, retire la confianza al Gobierno y nombre a otro presidente. Es decir, que apruebe una moción de censura”.

También coloca a organismos e instituciones no elegidos por el pueblo, y que no tienen que responder ante él, por encima de la soberanía popular. Es el caso de Tribunal Constitucional, que se permitió anular el Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlament de Cataluña y por las Cortes, y ratificado por el pueblo catalán en referéndum. Un Tribunal que hoy ejerce de “Brunete judicial” contra las decisiones legítimas del Parlament de Cataluña, de las Cortes de Castilla-La Mancha o del Parlamento de Andalucía. En un debate sobre el derecho a decidir, los diputados del PP dejaron claro que Cataluña no se puede separar aunque lo voten todos los españoles. No hay soberanía.

¿Es posible una reforma “desde dentro”?

Algunos cínicos animan a quienes no estén de acuerdo a reformar la Constitución. Saben perfectamente que en ésta todo quedó “atado y bien atado”, puesto que para su reforma exige, en el caso de cuestiones “menores” (art 167 de la Constitución), una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, o la mayoría absoluta del Senado, y mayoría de dos tercios el Congreso, para aprobar la reforma.

Si se trata de cuestiones “mayores” (art. 168), la cosa es aún más difícil, pues se exige aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones, y que las nuevas Cortes ratifiquen la decisión y procedan al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Y luego un referéndum para su ratificación. Es decir, en cualquier caso sería necesario el acuerdo del PP para cualquier reforma.

¿Cómo puede entonces proponer el PSOE y otras fuerzas una comisión “para la reforma constitucional” como salida a la “cuestión catalana?

Una realidad que se demuestra en la práctica

Cualquier trabajador de la Sanidad o los transportes sabe que la imposición de servicios mínimos deja sin contenido al derecho de huelga, hasta el punto de que muchos llegan a preguntarse para qué sirve hacer huelga. Tal vez no sepan que eso es así porque el artículo 28 de la Constitución establece que el derecho de huelga estará sometido a las “garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Que se le pregunte a los huelguistas del Aeropuerto de Barcelona, que no sólo se han visto aplastados por los servicios mínimos, sino por el esquirolaje de la Guardia Civil y la imposición de un árbitro que ha dictado un laudo de obligado cumplimiento contra el que no cabe ejercer el derecho de huelga.

Existe una mayoría en Cortes que permitiría la derogación de la LOMCE, la Ley Mordaza, el artículo 315.3 del Código Penal, etc. Pero el gobierno se aprovecha de sus prerrogativas para dilatar o incluso impedir que se debatan las correspondientes proposiciones de Ley.

Los trabajadores públicos del País Vasco, Castilla–La Mancha, Andalucía, han arrancado a sus gobiernos regionales la jornada de 35 horas. Pero el Gobierno y el Tribunal Constitucional les niegan ese derecho. Como les han impuesto –a ellos y el conjunto de empleados públicos– recortes de los salarios y derechos conseguidos en las mesas de negociación.

La voluntad del pueblo catalán de decidir libremente su futuro se estrella una y otra vez contra las prerrogativas del gobierno y del Tribunal Constitucional, que les permiten derogar las normas aprobadas por el Parlament de Cataluña e incluso perseguir a quienes las aprueban o simplemente permiten que se debatan.

Podíamos seguir así hasta el infinito. Una y otra vez, las reivindicaciones y aspiraciones de los trabajadores y los pueblos del Estado Español se estrellan contra el Régimen de la Monarquía y sus instituciones. Defender que todo avance social y democrático exige la ruptura con la Monarquía, exige que los dirigentes de las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores y los pueblos rompan con la Monarquía no es una cuestión ideológica, sino absolutamente práctica.

La lucha por la República

República no significa sustituir un rey por un presidente, para establecer un régimen como la V República francesa. Republica, en el Estado español, significa reforma agraria, significa defensa de la enseñanza pública y laica, significa separación real de la Iglesia y del Estado, significa reconocimiento de los derechos de los pueblos… Concentra el conjunto de reivindicaciones sociales y democráticas desde el cuestionamiento del poder del capital financiero o sea los grandes medios de producción.

Es por ello la salida política que corresponde a los intereses de los trabajadores y que permite establecer la Alianza con los pueblos. Por ello, hablamos de república del pueblo, de los pueblos basada en derecho de autodeterminación y el fin de toda explotación. Un marco en el cual los pueblos puedan decidir, federarse, confederarse, separarse o unirse libremente.

Por nuestra parte, partiendo de los intereses de la clase obrera y de la solución más económica para los pueblos, inscribimos nuestra acción en el combate por barrer las instituciones del franquismo, coronadas por la Monarquía, para establecer una Unión Libre de repúblicas libres.

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