(Publicado en la Carta Semanal 718 – ver en catalán)

El pasado martes 19 los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, ante la imposibilidad de alcanzar el consenso, salieron de la reunión de la comisión a puerta cerrada, dando por rotas las negociaciones.

Recordemos que el Pacto de Toledo es un mecanismo de búsqueda de consensos parlamentarios (en los que se busca implicar, también, a los sindicatos) para imponer el modelo de pensiones que el capital financiero exige, pero que ninguna formación política se atreve a imponer en solitario.

La prisa impuesta por el adelanto electoral, y el deseo del gobierno por capitalizar un acuerdo consensuado (a pesar de que en el mismo se pretenden recortar las pensiones y retrasar la edad de jubilación), han hecho aparecer las disidencias acumuladas durante dos años y medio de reuniones de la Comisión. Desacuerdos sobre temas importantes que estaban amparados por el secretismo habitual de las reuniones del Pacto de Toledo.

Los borradores de las 22 recomendaciones que durante meses fueron retocadas cientos de veces, en las que dejaron sus objeciones diputados de Unidos Podemos y ERC, no llegan a ser un conjunto de cuestiones “prácticamente cerradas”, como han defendido PDeCAT, PNV y PSOE. Tampoco era evidente lo dicho por Gerardo Camps, portavoz del PP, al afirmar que los grupos políticos estaban “cerca del acuerdo” y las recomendaciones estaban “prácticamente preacordadas”.

Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos, aseguró que su intención era llegar al acuerdo consensuado.

La diputada del PP y presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, se opuso a convocar una nueva reunión para evitar que Unidos Podemos, representados por Yolanda Díaz, presentara los votos particulares que tenía previstos.

Tras la ruptura del Pacto, Iñigo Barandiaran, del PNV, auguró un “futuro incierto al Pacto de Toledo”. Por su parte Campuzano, del PDeCAT, nuevo nombre de la antigua CiU que propuso la creación del Pacto de Toledo, acusa a Unidos Podemos de “irresponsabilidad”, pues “en materia de pensiones no hay espacio para la disidencia partidista, debe haber esfuerzo en la construcción de los consensos”.

A pesar de los piadosos deseos de consenso de Campuzano, la “disidencia partidista” planteó una serie de exigencias a los largo de las sesiones que al final impidieron el acuerdo: la puesta en marcha de los mecanismos de acceso a nuevos recursos como establece el artículo 109.2 de la LGSS con aportaciones del Estado, la entrega de bienes del patrimonio de la Seguridad Social para pagar deudas inexistentes, los planes complementarios de pensiones, las modificaciones paramétricas que recortan las pensiones, etc.

¿De dónde viene el Pacto de Toledo?

El Pacto de Toledo surgió de una Proposición no de ley (PNL) de CiU de principios de 1994 “con la finalidad de evitar el incremento de los déficits públicos como consecuencia de los mayores pagos por prestaciones y en especial de las pensiones de jubilación”, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea.

En la PNL del CiU ante la situación de caída de la actividad, cotizaciones y necesidades de las prestaciones, ya señala, en 1994, el obstáculo que a su entender supone el sistema de reparto: “Estas problemáticas coyunturales y a corto plazo, de la evolución presupuestaria actual de la seguridad social, se agravarán con las problemáticas que pueden desencadenarse a medio y largo plazo a causa del envejecimiento de la población española,  a causa del aumento del paro  y  a causa de la estructura  financiera del  sistema de la Seguridad Social española fundamentado  en un régimen de reparto“. (las negritas son nuestras).

Las soluciones propuestas se dirigen al desmantelamiento de la acción protectora, desgajando prestaciones del tronco común de la Seguridad Social. Esto pasa con las pensiones de viudedad y orfandad y las propuestas de su financiación por la imposición general. Siguiendo la línea definida de sacar del ámbito de la Seguridad Social prestaciones, como ocurrió en su momento con la asistencia sanitaria y los servicios sociales.

Y esto no es nuevo, el Pacto de Toledo, que “hace suyas las recomendaciones contenidas en el Libro Blanco de Delors, relativas a la reducción de las cotizaciones sociales, como elemento dinamizador del empleo“, desde su primera traducción normativa, la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, que sube de 8 a 15 años el periodo para el cálculo de la base reguladora y disminuye el porcentaje de dicha base para el cálculo de la pensión a los afiliados con menos de 25 años de cotización, dando un serio golpe a las pensiones.

El señuelo, mil veces repetido, de que el Pacto de Toledo era la vía para proteger el sistema de pensiones ha quedado al descubierto. No cabe duda de que el balance del Pacto de Toledo no es satisfactorio, es el vehículo que ha conducido a la situación actual. Al centrarse en la redistribución de las fuentes, la tendencia es en esencia la sustitución de cuotas por impuestos específicos. En definitiva, su objetivo es reducir los costes laborales a las empresas y reducir la extensión e intensidad de las prestaciones. En última instancia, se busca un recorte global de las pensiones que obligue a quien tenga medios para ello a suscribir planes de pensiones privados, que pondrían cuantiosas masas de dinero en manos de los especuladores

El Pacto de Toledo es el instrumento dispuesto para asociar a los partidos que hablan en nombre de la clase obrera al desmantelamiento del actual modelo de Seguridad Social basado en las cotizaciones sociales.

El funcionamiento de la comisión del Pacto de Toledo es bastante opaco, son reuniones que se hacen sin actas, con deliberaciones a puerta cerrada, con un sistema de propuestas donde no se refleja las propuestas de cada uno. Por eso se entiende que en muchas ocasiones las coordinadoras de pensionistas pidan participar en las deliberaciones y poder trasmitir sus reivindicaciones. Es su reacción lógica al secretismo.

El contenido de las recomendaciones del pacto abortado

Después del fracaso en la aprobación de los presupuestos, a causa de la sumisión a los requerimientos del mantenimiento del régimen que le ha impedido al gobierno mantener la mayoría que echó a Rajoy, y demostradas las limitaciones de la política de gestos sin consecuencias para la satisfacción de las reivindicaciones, la política del gobierno en el ámbito de las pensiones se ha caracterizado por continuismo y promesas que no se cumplen.

No se ejecutan las promesas de la derogación de las reformas de pensiones para garantizar la suficiencia y dignidad de las pensiones, ni las promesas de derogación de las reformas laborales tan necesarias para incrementar los recursos del sistema y su sostinibilidad.

El cuadro de las reformas propuestas en el acuerdo del Pacto de Toledo abortado viene delimitado, entre otros, por los elementos siguientes:

• Una propuesta de retrasar hasta 2025 la financiación por el Estado de los gastos que indebidamente son financiados por las cotizaciones sociales, tales como las políticas de empleo consistentes en la reducción de cotizaciones, o el tratamiento ventajoso para algunos regímenes. En la aplicación de la anterior recomendación se constata un retraso de 30 años en su cumplimiento.
• No se reconoce la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social por el saqueo sistemático a que ha sido sometida.
• Para acceder a nuevos recursos no se reconoce la necesidad de activar plenamente el funcionamiento del modelo actual de Seguridad Social basado en la financiación de las prestaciones contributivas mediante cotizaciones y además, en caso de su insuficiencia, con la financiación de nuevos recursos mediante aportaciones desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social (artículo 109 de la LGSS).
• No se recomienda la derogación de la reforma de pensiones de 2011 ni la de 2013. Ni la derogación de las reformas laborales.
• Tampoco aparece el compromiso de anular la deuda que la financiación por préstamos del Estado registra indebidamente la Seguridad Social. Respecto a esta falsa deuda, causada por operaciones de ingeniería contable y que simplemente debe ser cancelada, es totalmente rechazable que se pretenda pagar trasladando la propiedad de bienes del patrimonio de la Seguridad Social a otras Administraciones Públicas. Lo que supondría un nuevo empuje al saqueo de la Seguridad Social.
• También pretendían una nueva modificación de los parámetros del cálculo de las pensiones, igual que ocurrió con las reformas de 2011 y 2013, que conduciría a reducir y recortar las pensiones. Concretamente, se trata de subir la edad de jubilación, en la perspectiva de llevarla más allá de los 67 años, de extender de nuevo los años exigidos para el cálculo de la base incluso a toda la vida laboral, de subir de 35 a 37 los años cotizados para poder acceder al 100% de la pensión.
• Fomentar los sistemas complementarios de pensiones sustentados en la negociación colectiva, como instrumento de ahorro y de inversión, incorporando, además de la pensión, a determinadas contingencias como complemento y mejora de las prestaciones de Seguridad Social y dotados de un adecuado régimen fiscal. Esta recomendación, por el lado de los ingresos, choca con la propuesta de destopar las bases máximas de cotización y en manos privadas se convierte en un caballo de Troya del sistema público, con el que entra en competencia, y contra la caja única de la Seguridad Social.

Desde luego que la ruptura del Pacto de Toledo deja al descubierto, y aparcados por el momento, estos planes de rechazo a las reivindicaciones acordados por el PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, con la ayuda inestimables de PSOE y Compromis. Y mientras tanto la acción de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, no derogadas, y de las reformas laborales, no derogadas, sigue laborando en la destrucción de la Seguridad Social.

 Las movilizaciones de los pensionistas, las plataformas, los sindicatos

La Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) en nota de prensa dice que “la famosa Comisión actual del Pacto de Toledo al fin ha tocado fondo. Nosotros siempre dijimos que una comisión oscurantista, donde nadie puede saber nunca de qué se discute. y cómo nos puede afectar a los pensionistas actuales y futuros, no podríamos aceptarla”. Y tras detallar su desacuerdo con los contenidos de los borradores de las recomendaciones de la Comisión, concluye afirmando que mantendrá “las movilizaciones en la calle el tiempo que sea necesario hasta lograr nuestros objetivos, ya que es en la calle donde está realmente nuestra fuerza”.

Bajo la consigna “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”, la COESPE prepara manifestaciones en todos los territorios del Estado, posiblemente una el 13 de abril, antes de las elecciones generales, y otra el 11 de mayo.

Los pronunciamientos de acuerdo con la continuación de las movilizaciones se repiten por las distintas redes sociales de las coordinadoras y plataformas.

Por su parte las centrales sindicales UGT y CCOO exigen y emplazan al gobierno a derogar las reformas de pensiones de 2013 y la reforma laboral bajo la amenaza de movilizaciones.

La situación es propicia para organizar la unidad para eliminar los obstáculos instituciones y legales que impiden satisfacer las reivindicaciones, para defender al actual sistema público de pensiones, garantizando su continuidad y su suficiencia económica.