(Publicado en la Carta Semanal 644)
Declaración del Comité Ejecutivo del POSI (11 de septiembre de 2017)
De nuevo este 11 de septiembre centenares de miles de ciudadanos provenientes de todas las comarcas de Cataluña han invadido el centro de Barcelona.
En una manifestación estática que ha durado varias horas, las consignas más coreadas han sido: “Votarem” e “Independència”. Nadie puede negar que un importante sector del pueblo catalán estaba en la calle exigiendo democracia, el fin de las imposiciones del gobierno Rajoy, y del aparato de Estado presidido por el rey y el Tribunal Constitucional en primera línea. En definitiva, poder votar en un referéndum de autodeterminación.
El 6 de septiembre el Parlament votó la convocatoria de referéndum para el 1 de octubre y las leyes que lo amparan. De inmediato, Rajoy instó al Tribunal Constitucional a que en nombre del Rey anulase esas leyes. La Fiscalía General del Estado levantó querella contra más de mil funcionarios públicos (diputados, alcaldes, altos cargos del govern). Y desde el Ministerio del Interior se cursaron órdenes a los mandos de los Mossos d’Esquadra (la policía supuestamente catalana), las policías locales, la Policía Nacional, la Guardia Civil para que tomasen todas las medidas para impedir la preparación del referéndum convocado por el govern y la realización del mismo llegando incluso a retirar las urnas, si éstas son colocadas.
El gobierno de la Monarquía, y con él todas las instituciones del Estado -heredadas del franquismo, no debe olvidarse- se han declarado dispuestas a impedir el referéndum. Los portavoces de la Unión Europea y los gobiernos europeos, empezando por el gobierno francés (que se apresura a imponer por decreto-ley una reforma laboral que liquida derechos obreros y democráticos) han cerrado filas con la Monarquía borbónica, cómplice de regímenes dictatoriales como el de la Arabia Saudí.
El rey y Rajoy han exigido a los dirigentes del PSOE y de los sindicatos que apoyen incondicionalmente al Gobierno en su pugna contra el pueblo catalán. Al margen de que finalmente lo consigan o no, el silencio y la inanición tiene ya como consecuencia inmediata que la mayoría obrera, en Cataluña y en el resto del Estado, se encuentra sin voz propia. Y como nos dice la experiencia de la lucha contra el franquismo, sólo esa mayoría obrera podría imponer con su acción, la fraternidad, la democracia y la libertad de los pueblos.
¿Quién puede rechazar que el pueblo catalán se exprese? Sin duda el régimen monárquico, los representantes del capital financiero a los cuales sirve, incluidos los burgueses catalanes que estuvieron con Franco y hoy solo quieren aprovechar la movilización del pueblo de Cataluña para renegociar un pacto fiscal con la Monarquía que les aporte ventajas económicas.
Lo más grave es que desde el movimiento obrero se cierren filas con el gobierno en nombre de la defensa de la Constitución. Constitución redactada bajo la amenaza y el chantaje del ejército franquista en 1978. Constitución que consagra el poder del capital financiero y le da instrumentos contra los pueblos y los trabajadores.
Todos los trabajadores saben que el Tribunal Constitucional que actúa contra el referéndum es el mismo que dio luz verde a la reforma laboral, a los recortes contra los empleados públicos. Son las mismas instituciones y leyes que permiten la persecución de sindicalistas, la privatización de los servicios públicos, la utilización de la Guardia Civil como esquiroles, los laudos contra las huelgas y la ley mordaza contra las libertades.
El 1 de octubre centenares de miles de catalanes querrán ir a votar y nosotros compartimos esta exigencia
Sabemos también que muchos trabajadores no irán a votar porque desconfían del Govern, de su política antiobrera y antisocial, como últimamente hemos comprobado en la huelga de Eulen, y por parte del PDeCAT en el conflicto de los estibadores. Desconfían también de que se quiera separar a los trabajadores catalanes del resto, cuando las conquistas sociales y por ejemplo las pensiones son indivisibles, son una conquista de toda la clase obrera.
El movimiento obrero no puede ser neutral. En el conflicto entre la Monarquía y el pueblo de Cataluña, entre el gobierno del PP y el Gobierno de la Generalitat, el deber de todo trabajador es situarse contra quienes quieren impedir la democracia.
Sin identificarse con la política del Gobierno de la Generalitat, que ha olvidado a una parte muy importante de la ciudadanía que no se reconoce en la independencia pero que igualmente no quiere seguir de esta manera y aspira a cambiar las cosas, decimos bien alto: el pueblo de Cataluña quiere votar. Pero para imponer este deseo, para paralizar la mano del Estado, es preciso la movilización unida de los trabajadores y los pueblos.
La clase obrera de este país está interesada en que la democracia se imponga. Y esto quiere decir en primer lugar acabar con el gobierno del PP. Ningún apoyo, con ningún pretexto, al gobierno antidemocrático del PP. Unir a todos los trabajadores y pueblos en esta exigencia es una necesidad imperiosa. Difícilmente éstos podrían olvidar que en estos momentos algunos que pretenden hablar en nombre de los trabajadores y la democracia se alineen con la Monarquía y su gobierno cerrando el camino a una solución democrática del conflicto con Cataluña y de todas las exigencias sociales y democráticas.