(Publicado en la Carta Semanal 685 – ver en catalán) – AENC: Acuerdo de empleo y negociación colectiva

Tras la firma del acuerdo sobre subida del Salario Mínimo y la del acuerdo de Función Pública, algunos dirigentes sindicales han proclamado a bombo y platillo que “ha vuelto el Diálogo Social”, y presumen de los avances conseguidos en esos acuerdos. Pero esa defensa no es unánime dentro del movimiento sindical e incluso dentro de las mismas confederaciones de UGT y CCOO.

El acuerdo sobre el SMI

El acuerdo sobre subida del SMI, firmado en diciembre de 2017 por el gobierno Rajoy, las patronales y los dos grandes sindicatos, supuso un aumento del mismo de un 5% este año, hasta llegar a los 773 euros al mes en 14 pagas o 10.819 euros al año. Y prevé que el SMI podría llegar en 2020 hasta los 850 euros al mes en 14 pagas, que sumarán un total de 11.901 euros al año. Para que esto se produzca, el PIB tendría que crecer al menos un 2,5% anual y la afiliación media a la Seguridad Social incrementarse en más de 450.000 trabajadores cada ejercicio. De no ser así, se renegociarían las subidas.

Ahora bien, en noviembre de 2016, el Congreso de los Diputados había aprobado por 174 votos a favor, 137 en contra y 30 abstenciones una proposición de ley de Unidos Podemos, apoyada por el PSOE, por la que se preveía subir el SMI a 950 euros en 2020, colocándolo en el 60% del salario medio. Por ese motivo, muchos sindicalistas opinaron que el acuerdo firmado con el gobierno Rajoy, que dejaba el SMI 100 euros por debajo de lo votado en el Congreso, suponía una victoria para el gobierno de Rajoy, y no para el movimiento sindical ni para los trabajadores.

El acuerdo de Función Pública

Desde que en mayo de 2010, el gobierno de Zapatero aprobara los primeros recortes a los empleados públicos, este colectivo de trabajadores y trabajadoras ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 14,6 % (en tan sólo 8 años). Además, se han perdido muchos derechos como el cobro del 100% en caso de baja laboral, días adicionales de permisos y vacaciones, jornada de 35 horas donde la había, etc., etc..

El 9 de marzo de 2018 se anunciaba la firma del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, suscrito por el Gobierno de Rajoy y los dirigentes de UGT, CC OO y CSIF. Un acuerdo que según la Federación de Enseñanza de CCOO -por citar una fuente sindical- suponía “el inicio del camino para la recuperación de lo arrebatado en estos años de crisis a los/as empleados/as públicos/as”. Ahora bien, según los propios términos del acuerdo, éste supondría subidas de entre el 6,12 y el 8,79%, es decir, de poco menos de la mitad del total de poder adquisitivo perdido. Y eso sin contar con la inflación de esos tres años, que bien puede comerse hasta un 5 ó 6% de esa subida. Parece clara ya, con un IPC anual estimado por el INE en junio para el año 2018 del 2,3 %, una nueva pérdida de poder adquisitivo el primer año de aplicación del Acuerdo.

Las administraciones públicas han perdido en estos años de recortes más de 250.000 empleos, debido a la imposición de tasas de reposición de efectivos que no permitían cubrir las vacantes que se producían. El acuerdo no incluye la recuperación de estos empleos, y tan sólo permite, en aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit, cubrir las vacantes que se produzcan a partir de ahora.

Muchas han sido las voces que desde los propios sindicatos han criticado los términos de este acuerdo, que se firmó en plena crisis del gobierno Rajoy, enfrentado a la aplicación del 155 contra Cataluña y enfangado en los múltiples escándalos de corrupción que finalmente provocaron su caída. Para algunas voces críticas, esa situación hubiera permitido arrancar mejores concesiones al gobierno. Otros han ido más lejos, señalando que era un acuerdo que suponía un verdadero balón de oxígeno para el gobierno, y para el propio régimen en crisis.

La firma del AENC

Ahora, los dirigentes de CCOO y UGT han firmado con las patronales CEOE y CEPYME un “Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva”, con el cual, según algún medio de prensa, se “pone fin a una era de ajustes salariales”. Según los defensores del acuerdo, el AENC abre grandes oportunidades para recuperar los salarios que nos han ido recortando con la excusa de la crisis, y apoyándose en las reformas laborales.

No vamos a hacer en esta Carta Semanal un análisis de los contenidos de este acuerdo. Basta con decir que es un acuerdo de intenciones, algunas de las cuales parecen más bien difíciles de cumplir (subir el salario de convenio a 14.000 euros anuales, por ejemplo, supondría subidas del 20% o más en algunos convenios en los que, hasta el día antes de la firma del AENC, las patronales no pasaban de subidas del 1%).

En todo caso, con la firma del AENC, los dirigentes de CCOO y UGT han anunciado que no se va a mantener la política de “movilización sostenida” que se anunciaba hasta ahora, llegándose a hablar de una posible Huelga General en otoño, y que se pasará a una fase de negociaciones, tanto en los convenios colectivos como con el Gobierno.

Defender al gobierno Sánchez

La línea que parece haberse impuesto entre algunos dirigentes de las dos principales organizaciones de la clase trabajadora es una línea de supuesto “realismo”, según la cual es el momento de conseguir del gobierno de Pedro Sánchez aquellas modificaciones de las reformas laborales y de pensiones que permita la “aritmética parlamentaria”. En uno de los máximos órganos sindicales se llegó a hablar de que cualquier modificación legal exigiría el voto de “20 diputados de derechas”.

En esta línea, se habla de “mantener al gobierno de izquierdas” y el “bloque de izquierdas” PSOE-IU- Podemos y trabajar para que “se consolide una mayoría de izquierdas” en las próximas elecciones generales.

El problema es que ese “gobierno de izquierdas”, por el momento va a aplicar los presupuestos del Estado del PP y Ciudadanos, unos presupuestos sobre los que UGT decía no hace mucho que eran “una ocasión perdida para apostar claramente por la creación de empleo de calidad, eliminar los recortes en todas las pensiones y recuperar derechos”, y que seguían teniendo «poco en cuenta» las necesidades de los ciudadanos. CCOO decía de ellos que ponían “a desempleados, pensionistas y a las personas más vulnerables, por detrás de los intereses de los acreedores de deuda pública, que ven como sus garantías de cobro se refuerzan con la caída del déficit público, al tiempo que se retrasa la salida de la crisis de parados y excluidos sociales”. Y no sólo los PGE de 2018. El Plan de Estabilidad, pactado con Bruselas, se propone avanzar en la reducción de déficit y en la reducción del gasto público en tres puntos del PIB. Y el gobierno ha anunciado su intención de cumplirlo. Tres puntos menos de PIB son 30.000 millones menos para Sanidad, Enseñanza, Servicios Sociales, inversión pública.

La apuesta de algunos dirigentes sindicales por defender al gobierno puede suponer, incluso, un peligro para las propias organizaciones sindicales. La indignación social, creciente en los últimos meses, y que se manifestó, entre otras, en las movilizaciones del 8 de marzo y en las de los pensionistas, puede acabar buscando otros cauces para expresarse, si los sindicatos no organizan la movilización.

¿Deben las organizaciones sindicales subordinar su actuación a las necesidades del gobierno? En su día Lenin defendió la independencia de los sindicatos con respecto al Estado y los gobiernos, incluso cuando se trataba de un estado obrero y un gobierno revolucionario. En esta línea, defendemos la independencia de las organizaciones sindicales, cuyo único objetivo debe ser la defensa de los derechos y reivindicaciones obreras, sin subordinar su defensa a ningún gobierno.