Elecciones catalanas: ¿pueden resolver algo?

Carta Semanal 821 en catalán

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Sin pena ni gloria. Así está transcurriendo la campaña electoral en Cataluña, y no precisamente por la pandemia, o no solo por ello. Y sin embargo, todo el mundo coincide que hay mucho en juego. Al menos así lo manifiestan algunas de las candidaturas en los lemas de campaña. El PSC afirmando que “hay que pasar página de una década perdida”, ERC planteando “o el 155 o nosotros”, y JxCAT que se proclama única heredera del “mandato del 1-O.” ¿Qué sucede, pues, para que estas elecciones hayan despertado tan poco entusiasmo y haya crecido la sensación entre amplios sectores de trabajadores de que independientemente del resultado electoral, nada o poco va a cambiar?

El próximo 14 de febrero se celebrarán finalmente elecciones al Parlamento catalán. Se realizarán, preciso es señalarlo, tras la suspensión por parte del TSJC del decreto del gobierno de la Generalitat que las aplazaba hasta el 30 de mayo, y más de un año después que Quim Torra diera por agotada la legislatura, como consecuencia de las graves desavenencias entre los socios de gobierno. Un año de “interinidad” auto-otorgada que ha servido para poner aún más en evidencia la incapacidad y las limitaciones del gobierno ERC-JxCAT –como la de otros gobiernos- para hacer frente a la crisis política, económica y a la emergencia sanitaria, que no se puede justificar solo por la “represión del Estado” y la injerencia constante de la justicia franquista.

 Alternativas sin salida

La situación de pandemia ha servido ciertamente para camuflar que el interés y el seguimiento de la campaña electoral por parte de la ciudadanía es ínfimo. Y que más allá de las expectativas electorales de unos y otros, y de los resultados que finalmente se produzcan, muy pocos confían en que vayan a cambiar algo. La razón de ello es directamente política y tiene que ver con la imposibilidad de solucionar problemas y reivindicaciones en el marco del régimen monárquico, y con el hecho de que las alternativas existentes, aunque desde diversos ángulos, se muevan en un terreno que lleva a mantener el callejón sin salida. Las que provienen de los partidos constitucionalistas –y por tanto monárquicos­– que se reclaman de izquierdas, PSC, Comunes… que apuestan por mantener el régimen, aunque se propongan reformas más o menos “audaces”, o de recorrido más que improbable, que además se enfrentan a las aspiraciones de una parte importante de la población catalana que ha manifestado en repetidas ocasiones que no quiere rey. Y las que provienen del independentismo gubernamental –ERC, JxCAT– que plantea en resumidas cuentas y como condición para luchar contra el régimen monárquico, que hay que estar por la independencia de Cataluña. Una cuestión que, de sobras es conocido, divide como mínimo a la mitad de la población y que en todo caso no tendría ningún contenido progresivo por si mismo.

Aunque no resulta extraño, no deja de ser significativo que tres de las candidaturas con más posibilidades de ganar las elecciones –ERC, PSC, JxCAT– no mencionen en sus respectivos programas electorales ni una sola vez la necesidad de derogar las reformas laborales y de pensiones. Y eso que la candidata Laura Borràs se proclama “más de izquierdas que el PSC”. Naturalmente no se trata de un olvido, sino de la aceptación de un marco –por más que en algunos casos se intente disimular con declaraciones más o menos altisonantes– y de las bases económicas y sociales del mismo, que no se quieren cambiar, y en las que solo cabe la pelea autonómica por el reparto de los 140.000 millones del fondo europeo, sobre el que además, existen más que dudas acerca de su financiación, destino, y sobre todo, condiciones para su eventual recepción. Esta es la realidad aunque la gesticulación contra las empresas del IBEX-35 intente esconder la realidad de lo que se hace: el gobierno de la Generalitat ha presentado 27 proyectos para optar a esos fondos en los que se incluyen empresas del IBEX-35.

Las reivindicaciones chocan con la existencia de este régimen

Hasta el 2017, la negativa de los diferentes gobiernos del PP a atender una reivindicación democrática ampliamente asumida –la celebración de un referéndum– se repetía una y otra vez, con el argumento –por otro lado cierto- de que la legalidad constitucional monárquica lo impedía. El discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 acabó por certificar ante los ojos de las masas que su labor no es la de un árbitro, y que lejos de ser simbólica, es la pieza clave del entramado político-económico e institucional heredado del franquismo. Y no hay más que seguir la actuación del poder judicial en relación con la cuestión catalana, torpedeando por ejemplo cualquier intento del gobierno, por tímido que fuera, de solucionar el problema de los presos, destituyendo a diputados en el Congreso e, incluso, al presidente de la Generalitat. Como se ha demostrado en infinidad de ocasiones, bajo el régimen monárquico la supuesta separación de poderes y la independencia del poder judicial de otros poderes del Estado, es un camelo. No es otra cosa que un subterfugio que permite actuar contra la democracia y las aspiraciones de los pueblos.

Es evidente que la solución a los problemas que sufren los trabajadores y el pueblo catalán es inseparable de la lucha de los trabajadores y el conjunto de los pueblos del Estado sometidos al mismo régimen monárquico opresor, defensor de los intereses del capital financiero.

Por ello, y porque las libertades no son divisibles, es del interés de los trabajadores de todo el Estado, que el derecho de autodeterminación se aplique y, por otra parte que los presos políticos sean liberados inmediatamente, anulándose la pantomima de juicios.

Ayudar a tejer la Alianza de los trabajadores y los pueblos es el único medio para hacer retroceder al régimen y a los que se someten a él. En esta contradicción se encuentra el gobierno, incapaz de hacer frente al régimen y al capital, y es la de todas las organizaciones que reclamándose de los derechos de los pueblos no avanzan en este sentido. Es la contradicción de quienes desde Cataluña abanderan el enfrentamiento con el Estado no para acabar con el mismo, sino en última instancia para negociar la separación con la (supuesta) ayuda de la comunidad internacional, manteniendo el sometimiento de la política económica a las exigencias del capital financiero, a través de la UE y el FMI, respaldados por la OTAN. Lo que tiene su traducción en la acción política cuando se reivindica el mandato del 1 de octubre –que no es asumido por buena parte de la población­– y sin embargo se olvida o ni tan siquiera se reclama de las movilizaciones realizadas la segunda quincena de octubre de 2019, cuando con la juventud a la cabeza, miles y miles salieron a la calle, independentistas o no, contra las sentencias.

Por la República de los pueblos, por la Unión de Repúblicas

El próximo 14F habrá trabajadores que vayan a votar y otros que no lo hagan. El rechazo al régimen, la indignación por la situación de los presos, así como la opinión contraria que provoca tanto la desastrosa gestión del gobierno de la Generalitat ante la pandemia, como el rechazo al discurso que da la espalda al resto de trabajadores y pueblos de España, tendrá seguramente su traducción electoral. Como también lo tendrá la indignación general contra todos los gobiernos que se muestran incapaces de garantizar el trabajo, la protección social y la salud, y dan la espalda a una solución democrática a la cuestión catalana. Pero independientemente del voto que se exprese y más allá de las contiendas electorales, no hay tarea más urgente que la defensa de las reivindicaciones. La exigencia de derogación de las reformas laborales y de pensiones, la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la enseñanza, así como en el conjunto de servicios públicos; la lucha contra la pandemia, que pasa por garantizar una vacunación masiva e inmediata y no la vergonzosa situación impuesta a la ciudadanía por las multinacionales farmacéuticas y la sumisión de los gobiernos a las mismas. No hay tarea más urgente que aunar fuerzas para avanzar en el camino de la República, del Pueblo y para los Pueblos, basada en el derecho a la autodeterminación, única salida que puede garantizar un futuro de esperanza y una salida democrática a las aspiraciones del pueblo catalán.

 

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