Carta Semanal 816 en catalán
Carta Semanal 816 para descargar en PDF
Para la clase trabajadora, 2020 ha sido un año muy difícil. Aún quedan cientos de miles de trabajadores en ERTE (según el gobierno 746.900 a 30 de noviembre), muchos más en paro (de acuerdo a la última EPA, 3,77 millones en el tercer trimestre de este año) y en gran parte sin perspectivas de encontrar trabajo. Todavía en noviembre 661.000 personas, el 79% del total, esperan el prometido –y repartido con cicatería- ingreso mínimo vital. Y ahora se acumulan los ERE, los cierres de industrias, los despidos en la banca…
La pandemia ha matado a casi 80.000 personas si atendemos al aumento de muertes respecto a los años previos, y ha colocado al borde del colapso a una sanidad ya muy debilitada por los recortes, pero sirve también de excusa para muchas cosas, para aplicar recortes que ya estaban planteados, como los cierres de consultas y servicios en la Sanidad, o el cierre de industrias. Y sirve también para que nos pidan aplazar las reivindicaciones pendientes desde hace años, y para aplazar también el cumplimiento de las promesas. O, directamente, para actuar en sentido contrario, como en el Pacto de Toledo, cuyas conclusiones se oponen a las reivindicaciones.
Hablemos, por ejemplo, de las reformas laborales
La exigencia de los sindicatos, y el compromiso del Gobierno, era derogar, al menos, la reforma de Rajoy. Algo que podía haberse hecho en un año de gobierno (y en el año y medio anterior, del gobierno que salió de la moción de censura de 2018), pero que se aplaza una y otra vez, mientras se acumulan las exigencias de la Unión Europea de que no se deroguen y las declaraciones de miembros del Gobierno de que no es conveniente derogarlas ahora, o simplemente, que no es conveniente derogarlas. Los sindicatos siguen pidiendo su derogación, aunque a veces lo limitan a parte de ellas, no a lo que se reivindicaba, y anuncian movilizaciones, pero aplazan su convocatoria una y otra vez. Sin embargo, los trabajadores ven los salarios hundidos, el derecho de convenios está anulado en muchos casos. Para el movimiento obrero es vital su derogación completa e inmediata.
Hablemos del salario mínimo
Ya en diciembre de 2019, en el seno del diálogo social, el Gobierno aceptó rebajar su propuesta de subirlo a 1000 euros y, ante las presiones de la patronal, lo dejó en 950. Ahora, la patronal exigía que no hubiera subida, y las ministras Montero y Calviño han apoyado su postura, y el Gobierno lo ha aplazado diciendo que tal vez lo suban en julio, pero es evidente que la patronal tampoco va a querer en verano subirlo. Mantener bajo el salario mínimo es una medida que afecta sobre todo a mujeres trabajadoras, que copan los empleos con bajos salarios.
Hablemos de las pensiones
Se ha mantenido la diferencia entre cotizaciones y prestaciones, y el gobierno, incumpliendo la ley de Seguridad Social, en lugar de aportar la diferencia a cargo de los Presupuestos, ha recurrido a un supuesto préstamo, que coloca a la caja de la Seguridad Social con una supuesta deuda de 72.000 millones, mientras el gobierno cierra los ojos a los informes que señalan que han salido de la caja de la SS hasta 500.000 millones para gastos indebidos (un informe de CCOO cita la cifra de 509.000 millones) . No en vano, el movimiento pensionista reclama una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, y la ruptura con el Pacto de Toledo.
Sobre pensiones, también, la Unión Europea ha condicionado, una y otra vez, las supuestas ayudas a que el gobierno hiciera reformas, y, en particular, una de las pensiones. Y el ministro Escrivá sale con la idea de aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años de vida laboral, lo que de hecho supondría prácticamente toda. Una medida que según fuentes del propio gobierno rebajaría en promedio el 5,45% el valor de las pensiones futuras. Las organizaciones de pensionistas han respondido como corresponde: ¡gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!
Hablemos de los desempleados
El Gobierno, que ha mantenido todos los recortes del subsidio de desempleo aplicados por los gobiernos anteriores y se ha negado a crear un subsidio de paro indefinido, ha creado el Ingreso Mínimo Vital, de cuantía bastante reducida, que prometió que cobrarían al menos 850.000 personas. Pero presupuestó solo 500 millones para 6 meses de 2020 y ahora 3.000 millones para todo 2021. La Asociación de Víctimas del Paro ha denunciado que son cantidades muy insuficientes. Y el resultado es que miles de solicitantes tropiezan con tramitaciones lentas, requisitos imposibles… De hecho, cinco de cada seis solicitudes se rechazan, y el Ministerio de Igualdad habla de “excesivos requisitos de acceso” y de “farragosos trámites burocráticos” ¿A qué espera para cambiarlos? La misma asociación ha reclamado, en vano, un Plan Estatal de Trabajo y Actividad que permita crear empleos para que la gente viva de su trabajo, y no de subsidios.
Hablemos de los servicios públicos
La sanidad sufrió en los años de la crisis anterior recortes por un total de más de 27.000 millones, y lo que está en marcha, aprovechando la pandemia, es su desmantelamiento, y, a la vez, aprovechando los fondos europeos potenciar lo que llaman “colaboración público-privado” (o sea, la privatización). La enseñanza pública sufrió recortes de más de 50.000 millones, y la LOMLOE mantiene la financiación de los negocios de la Iglesia y la catequesis religiosa en las escuelas. La Dependencia sufrió recortes de 6.000 millones. Recuperar estos servicios imprescindibles exigiría la dotación de un fondo de urgencia que no ha llegado y que los presupuestos generales no contemplan en absoluto, pese a que el Gobierno los presentó como “históricos”.
Hablemos de los empleados públicos,
que perdieron desde 2010 hasta 2017 el 12,9 % de sus salarios. Los acuerdos firmados por el gobierno Rajoy con los sindicatos permitieron recuperar un 4,2. Hasta el 12,9 %, faltaría por recuperar un 8,7 % del poder de compra de sus salarios. Pero el gobierno ha subido sólo un 0,9%. Falta aún mucho para recuperar lo arrebatado a estos trabajadores.
Hablemos de la industria
Al comienzo de la pandemia, cuando se constató que este país no tenía medios para fabricar ni mascarillas y batas de protección, nos prometieron que esto no iba a volver a pasar. Pero en cuanto terminó el primer confinamiento Nissan, Alcoa, Airbus, con decenas de miles en sus industrias auxiliares, y otras muchas industrias anuncian cierres totales o parciales. Los trabajadores se dirigen al gobierno exigiendo que impida la destrucción de empleo e intervenga esas industrias. Los dos tercios de los fondos europeos son para las empresas, que se utilizan para financiar las reestructuraciones y no para defender los puestos de trabajo. Ahí está el caso de Iberdrola, cuando al mismo tiempo sufrimos los precios de la electricidad más elevados de Europa.
Hablemos de la banca
Entre enero del 2009 y diciembre del 2018 se perdieron en el sector 112.250 empleos. Para este año se prevén entre 19.000 y 24.000 despidos más, entre fusiones y cierre de oficinas. Esta destrucción de empleo se ha acompañado de una brutal campaña de cierre de oficinas bancarias. Se ha pasado de más de 45.624 sucursales en 2009 a 25.408 a finales de 2019, y se prevé quedarse en poco más de 22.000 en 2021. Sería ponernos en una cifra similar a la de 1978, pero con más de un 25% extra de población y una bancarización de la economía mucho mayor. Por más que los sindicatos presuman de las “buenas condiciones” en que se van algunos despedidos, es evidente que ni los trabajadores bancarios ni la población pueden soportar más este abuso de los bancos, que destruye empleo y lo precariza, además de deteriorar el servicio. La exigencia de nacionalización se pone al orden del día.
Hablemos de las libertades
Se han propuesto más de dos millones de multas con la Ley Mordaza, esa que el Gobierno prometió derogar, y que ahora el ministro Marlaska utiliza masivamente contra la población. Los nueve dirigentes republicanos catalanes siguen en la cárcel aunque un tribunal tendencioso tuvo que retirar la acusación de rebelión de los fiscales, y hay 3.000 ciudadanos más procesados. Los indultos -aunque no sean la salida- están por ver. Y la reforma del Código Penal para eliminar el 315.3, aún en tramitación. Mientras, hay generales que conspiran a la luz del día para la rebelión impunemente ¿Y hay algo más grave que las muertes y la suerte de los migrantes, a los que se niega todo derecho?
Podrían decirnos que no hay dinero para dar satisfacción a muchas de esas reivindicaciones. Una explicación que no vale para cuestiones como la ley mordaza pero que tampoco es aceptable en general. Claro que hay dinero si hay voluntad de cumplir con las exigencias de la mayoría. Pero esto no casa con las decisiones que ha tomado el gobierno sobre impuestos. Incumpliendo su propio programa, sólo ha incluido en los Presupuestos de 2021 una mínima subida en IRPF para rentas muy altas y unas mínimas tasas. Y ninguna medida para intervenir contra la elusión fiscal de las empresas y las grandes fortunas. Y tampoco casa con el gasto militar, las ayudas al capital y a la sempiterna Casa Real, las subvenciones a la Iglesia, entre otros gastos opuestos a las necesidades de la mayoría.
Para el movimiento obrero y sus organizaciones, es vital actuar ya para conseguir estas reivindicaciones. En el terreno que le es propio, esto es, sin someterse a las maniobras de este “gobierno progresista” que las ha dejado atrás, cuando no actúa en dirección contraria, como en las pensiones. Porque, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden. Como han hecho este año en sectores como la industria, la sanidad, la enseñanza o, entre otros, el mencionado de las pensiones.
Cuarenta años de Monarquía han demostrado que las instituciones construidas por Franco y mantenidas durante la llamada “transición” (Monarquía, ejército, poder judicial, fuerzas represivas…) son formidables obstáculos, cuando no directamente incompatibles, para la lucha por las reivindicaciones y los derechos, tanto sociales como democráticos o nacionales. Por eso en 2021 deben darse pasos decisivos en liberarnos de la opresión monárquica, abriendo el camino a la República que acoja plenamente dichas aspiraciones.