Carta Semanal 849 en catalán
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LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PONE A ESCRIVÁ, AL PACTO DE TOLEDO Y AL ACUERDO DEL “DIÁLOGO SOCIAL” CONTRA LAS CUERDAS
La situación actual de la lucha por la defensa del sistema público de pensiones se encuentra en una encrucijada, gracias a la fuerte resistencia que de forma independiente han organizado las plataformas de pensionistas. La llamada crisis de la Seguridad Social, con la que se quiere justificar todo tipo de recortes, es una crisis provocada por la política de los gobiernos al servicio del capital financiero.
La responsabilidad del Estado arranca desde la transición política, cuando ya fue objeto la Seguridad Social de una importante desmembración de instituciones y servicios sociales creados y financiados por los superávits de las cotizaciones sociales.
El Estado, que no es neutral pues está al servicio de la clase dominante, ha tejido un entramado de complicidades políticas cuyo objetivo es debilitar, dislocar, el régimen de reparto y la Seguridad Social. Acuerdos que enlazan con la Unión Europea. Las propuestas de reformas de Escrivá forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas e inserto en los planes de destrucción de conquistas sociales para toda Europa y muy especialmente del sistema de reparto basado en cotizaciones sociales, es decir, en salario diferido.
La línea mantenida en España por los gobiernos, procurando debilitar el sistema de reparto durante decenios, se puede concretar en dos ejes centrales:
Financiar con cotizaciones sociales gastos del Presupuesto del Estado para ocultar sus déficits
El Pacto de Toledo, desde su creación en 1994, coloca entre sus objetivos principales “evitar mayores déficits públicos el Presupuesto del Estado”. Ese objetivo se ha cubierto sobradamente. Desde hace años, el movimiento de pensionistas denuncia cómo políticas gubernamentales, que debían financiarse con el Presupuesto del Estado, se financiaban indebidamente con cotizaciones sociales.
El ministro lo reconoció en Cortes en julio último al presentar los Acuerdos del Diálogo Social. Dijo que, además de los gastos en pensiones, con “las cotizaciones sociales se están abordando y se han abordado a lo largo de muchos años políticas de distinta naturaleza”. En el año 2020, suponían un total de 22.000 millones de euros.
Exigir conocer a cuánto asciende el saqueo que el propio ministro reconoce es un derecho democrático irrenunciable, de ahí la exigencia de realización de una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social. Porque toda discusión sobre el futuro de la Seguridad Social exige partir de bases sólidas.
Con todo descaro el ministro sigue hablando de déficit de la Seguridad Social. Un relato falso, porque principalmente se debe a que se cuentan como gastos de la Seguridad Social gastos que corresponden al Ministerio de Hacienda, que no los registra como gasto de su presupuesto. Por eso, los pensionistas insisten en defender la verdad: esos déficits que dicen las cuentas apañadas son falsos déficits. Son gastos dedicados a políticas de mejora de la contratación, políticas activas de empleo, subvenciones a determinados regímenes …, que corresponden al Ministerio de Hacienda.
El ministro tuvo que reconocer que en el último ejercicio “los gastos impropios superan el nivel de déficit de la Seguridad Social”. Por tanto, si se hubiera hecho lo debido, ese año las cuentas de la Seguridad Social debieron aparecer con superávit.
El incumplimiento del artículo 109.2 de la LGSS genera en las cuentas una falsa de deuda de más 85.000 millones
El artículo 109.2 de la Ley General de Seguridad Social establece que el Presupuesto del Estado (PGE) debe hacer las aportaciones necesarias para financiar las prestaciones contributivas. En lugar de ello, Hacienda dio préstamos a la Seguridad Social. Una manipulación contable que permite que el gasto no figure en los PGE, aumentando el déficit del Estado, y, como contrapartida, en las cuentas de la S. Social aparece como gasto, creándole un déficit financiado con préstamos.
Con estas operaciones fraudulentas, la Seguridad Social aparece con una deuda de más de 85.000 millones de euros a 1 de diciembre de 2020.
Queda claro que los distintos gobiernos han creado la imagen de “crisis” y “quiebra” de la Seguridad Social, con un déficit crónico y una deuda astronómica. Sobre estas bases se han construido el Pacto de Toledo y las propuestas sobre pensiones de gobiernos, patronal y direcciones sindicales durante un cuarto de siglo.
Esta toma de decisiones opacas y contrarias al cumplimiento de la ley no puede ser asumida como normal. Muchos trabajadores, pensionistas y activos, han hecho balance de esa experiencia, y exigen que se haga luz sobre la verdad y se reparen sus consecuencias.
Las organizaciones de pensionistas preparan una concentración el 16 de octubre ante las Cortes para detener la ofensiva contra la Seguridad Social. Rechazan los acuerdos del gobierno, la patronal y los sindicatos, y levantan la exigencia de una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social que determine la magnitud del saqueo perpetrado durante decenios a las cotizaciones sociales y siente las bases de la restitución correspondiente a la caja única de la S. Social.
Solo así es posible sentar bases sólidas que disipen los nubarrones sobre el futuro que, partiendo de falsos déficits y deudas falsas, parten del gobierno actual, la patronal y las direcciones sindicales.
La iniciativa de auditoria y concentración ante las Cortes el 16 de octubre se dirige a todos los trabajadores, sindicalistas y organizaciones. La defensa de la S. Social compete a todos los trabajadores. Partiendo de la COESPE, ha reunido muchos apoyos, con cientos de miles de firmas, cientos de mociones de Ayuntamientos, de secciones sindicales, la Federación de Jubilados y Pensionistas y el Congreso Confederal de UGT, varios congresos de CCOO, parlamentarios de 8 grupos políticos diferentes, asociaciones diversas y otras coordinadoras de pensionistas. La suscriben sindicalistas europeos: la apoyan desde Alemania la comisión internacional del sindicato IG Metall de Berlín, responsables del sindicato de servicios VER.DI de Berlín, , de Austria, (los sindicalistas del movimiento «Rebelión de los mayores», el movimiento «Socialdemócratas y sindicalistas contra el estado de urgencia»), de Francia (la Unión de pensionistas del sindicato Fuerza Obrera de Paris).
A la recogida de firmas y apoyos además de las plataformas y coordinadoras de pensionistas se han vinculado militantes de diversas organizaciones y colectivos: militantes de la IVª Internacional, organizaciones de Izquierda Unida, Izquierda Socialista, concejales del PSOE, de IU, de PODEMOS, militantes y parlamentarios de ERC, de Compromís, Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), asociaciones de vecinos.
A pesar de la penetración real de la campaña en el movimiento obrero, de una forma solapada y defensiva se han manifestado algunos rechazos: de una parte, el rechazo se manifestó bajo la forma de una discusión de fechas, evitando que aparecieran las diferencias de contenidos. En el contenido ha entrado Unai Sordo, secretario general de CCOO, al decir en una entrevista que “hablar de auditoría de unas cuentas públicas, que están publicadas, y conocidas por cualquier que las quiera buscar, solo incide en el descrédito del sistema público y en general de lo público. Me parece un error estratégico importante”.
Pero lo que se discute es que se están haciendo acuerdos en el marco del diálogo social sobre la base de datos falsos. No pueden abordarse medidas de recortes que reducen la tasa de sustitución respecto al último salario, penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, incrementos de los requisitos de acceso al sistema, modificar la naturaleza de prestaciones, aumentos del periodo de cálculo de las pensiones, reducción de las pensiones iniciales a los 11 millones de trabajadores activos del baby boom, basándose en un relato y unas bases manipuladas y falsas, como sucede en el diálogo social.
Para hablar del futuro del sistema hay que dejar claramente sentado que éste ha sido y es sostenible, demostrar y cuantificar el importe de los saqueos, que CCOO, ante el Pacto de Toledo, el 28 de noviembre de 2016, cifró en más de medio billón de euros, y sacar las consecuencias adecuadas a los intereses de la clase obrera.
La situación actual está determinada por dos elementos centrales: la importancia de la movilización del 16 de octubre a las Cortes y la acogida de la propuesta de auditoria por los parlamentarios comprometidos en su consecución, y, además, por el previsible rechazo en las Cortes de los Acuerdos de gobierno, la patronal y sindicatos.
La movilización del 16 de octubre ante las Cortes concentrará toda la actividad de organizaciones, plataformas y colectivos implicados. Serán semanas de recogida de nuevos apoyos, preparación de autobuses, discusiones y organización de tareas. Los militantes que han recogido miles de firmas en mesas en pueblos y plazas, los que durante años han defendido en la calle sus derechos, los que en sus sindicatos aprobaron mociones de apoyo, los concejales que llevaron mociones a sus ayuntamientos, formarán la vanguardia necesaria para ganar.
El rechazo a los Acuerdos firmados por el gobierno, la patronal y sindicatos, anunciado por diputados y grupos parlamentarios, se mantiene. Carlos Bravo, dirigente de CCOO, valoraba incluso las posibilidades de apoyo del PP. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de qué podría apoyar el PP?:
“Esta reforma que acabamos de acordar se tiene que aprobar en la Comisión de trabajo y Seguridad Social. Yo creo que en este momento está a falta de confirmar dos votos para que sea aprobada y creo que es muy factible que esos dos votos se obtengan. Vamos a trabajar para que el voto sea más amplio. Es verdad que con la posición que ha tomado el Partido Popular hay ahí alguna discusión que hay que ver cómo queda. Lo normal es que lo que hemos aprobado pase sin mayores dificultades, pero no estoy tan seguro de que eso ocurra en la siguiente”.
Lo que queda para las siguientes fases ya cuenta con un argumentado rechazo: la determinación del nuevo “factor de equidad intergeneracional”, cuando la equidad intergeneracional se basa en la igualdad de la tasa de sustitución entre generaciones, el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, la implantación de un sistema complementario de pensiones sin que exista una tasa de sustitución mínima infranqueable, el respeto al artículo 109.2 de la LGSS abandonando los cantos de sirena de impuestos específicos finalistas para financiar las pensiones.
Los Acuerdos alcanzados entre gobierno, patronal y sindicatos presentan serias dificultades para su aprobación. Las relaciones de fuerza en la lucha de clases decidirán el resultado.