(publicado en la Carta Semanal 518)
El pasado 3 de marzo, Barack Obama declaraba un Estado de Emergencia Nacional como resultado de “una inusual y extraordinaria” amenaza para la seguridad de Estados Unidos proveniente de Venezuela. Cómo puede el gobierno de Venezuela amenazar la seguridad de la mayor potencia del planeta es algo que la lógica no puede explicar.
Las declaraciones de Obama solo eran la señal de que los Estados Unidos lanzaban una nueva escalada de desestabilización del régimen venezolano, para adueñarse del petróleo y otras riquezas y para destruir las esperanzas de emancipación que el chavismo representó en América Latina. Esta escalada incluye tanto la asfixia económica como el cerco diplomático y la búsqueda de apoyos internacionales. Entre otras cosas, para lavar la cara de la impresentable “oposición” de los señoritos y oligarcas conspiradores, dirigidos por la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Los Estados Unidos se pusieron a mover hilos y buscar colaboradores.
Y así, veinte días después de las declaraciones de Obama, el expresidente del Gobierno español Felipe González, anunciaba su intención de actuar como defensor legal de los líderes de la oposición proimperialista de Venezuela, Leopoldo López y Antonio Ledezma, que están en prisión, acusados de instigar los graves incidentes sucedidos durante las protestas del año pasado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se saldaron con más de 40 muertos en las calles. Felipe González había fichado como peón para extender en Europa y en América Latina la campaña norteamericana contra el pueblo venezolano.
Evidentemente, todo acusado tiene derecho a un abogado que le defienda y Felipe González puede, si quiere, actuar como defensor de estos dos acusados. Es una operación política. Pero merece la pena señalar que González no actúa por su cuenta, porque sea un “caballero andante”, y que un largo historial vincula a González con Venezuela, que no es precisamente un historial de defensa de los derechos humanos.
Una pausa en los negocios
Felipe González, que aún mantiene una gran influencia en sectores del aparato del Partido Socialista (muchos lo consideran el mentor de Susana Díaz y de Pedro Sánchez), cultiva desde que dejó de ser presidente del gobierno una intensa actividad en los negocios, que en buena medida se basa en las relaciones que consiguió como Presidente del Gobierno en América Latina donde vive la mitad del año como un magnate. Se calcula que sus actividades y asignaciones le reportan unos ingresos que rondan los 600.000 euros anuales. Desde diciembre de 2010 es consejero “independiente” de Gas Natural Fenosa, empresa cuyo saqueo ha provocado grandes protestas en diversos países de América y de la cual recibe un salario de 126.500 euros (acaba de anunciar que dejará esta bicoca, que no es la única). Unos ingresos que se suman a la asignación que cobra del Estado como expresidente del Gobierno. Es uno de los máximos exponentes de las llamadas puertas giratorias que consisten en pasar del gobierno a los consejos de administración de las multinacionales y viceversa y que son denunciadas como el pago por parte de las empresas a las políticas realizadas por los distintos gobiernos.
Además de lo de Gas Natural, Felipe González ingresa una pasta dando conferencias. Su tarifa está por encima de los 80.000 euros. Con sólo impartir una conferencia remunerada cada dos meses ya tendría casi medio millón de euros. Además, González puso en marcha en 2011 una Consultoría y la sociedad gestora de capital riesgo Tagua Capital. Ahora hará un alto en los negocios para echar una mano en Venezuela a sus socios y padrinos del capital norteamericano y de las oligarquías latinoamericanas.
¿Un defensor de los derechos humanos?
González no objetó a la falta de derechos de la clase trabajadora china (sin derecho de libre sindicación o de huelga) cuando, en su visita a ese país para promover allí las inversiones de los capitalistas españoles, dijo que daba igual gato blanco o negro con tal de que cazara ratones.
Pero volvamos al caso de Venezuela, país donde ahora pretende ir de defensor de los derechos humanos, y donde tiene una larga trayectoria, precisamente de lo contrario. En febrero de 1989, en Caracas, y también en otras ciudades de ese país, acontecieron los sucesos conocidos como El Caracazo, cuando decenas de miles de personas se echaron a las calles en una revuelta popular contra las medidas económicas de hambre que en entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso como parte de las recetas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entonces, la violenta represión de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano costó la vida de al menos tres mil personas. Felipe González era entonces el presidente del gobierno español. Lejos de protestar contra esta sangrienta represión, González se apresuró a llamar por teléfono a su par en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, para ofrecerle 600 millones de dólares para «ayudarle en críticos momentos», como reseñaba una nota del diario El País del 2 de marzo de ese año.
Carlos Andrés Pérez era presidente de Acción Democrática, partido miembro de la Internacional Socialista (como los depuestos dictadores Hosni Mubarak de Egipto y Ben Alí de Túnez). Pero además, Felipe González presumía de su íntima amistad con este carnicero del pueblo venezolano. Carnicero y corrupto: fue destituido de sus funciones el 21 de mayo de 1993 por un delito de malversación de fondos públicos. Ha sido el único presidente en ejercicio de Venezuela que ha sido destituido por una acción judicial. Incluso, llegó a ser condenado, aunque en 1999 recuperó la libertad. Pues bien, este mismo Carlos Andrés Pérez es el “padrino de adopción”, del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los dos a quienes Felipe González anuncia que va a defender.
Hace 23 años de El Caracazo. Entonces, ninguna de las dos notas publicadas por El País pudo reseñar una condena o crítica de González a la represión que ametralló en los barrios de Caracas a hombres y mujeres que protestaron contra las medidas que produjeron una elevación abrupta en los precios del transporte y los alimentos. Hoy, Felipe González se suma a la campaña nacional e internacional contra el gobierno de Venezuela utilizando como excusa los Derechos Humanos.
Más conexiones de negocios
Carlos Andrés Pérez puso a González en contacto con un hombre de negocios venezolano, Gustavo Cisneros, que posee una fortuna calculada por la Revista Forbes en unos 6.000 millones de dólares estadounidenses. Cisneros aprovechó esta conexión para hacer un pingüe negocio.
Tras la expropiación de Rumasa por parte del Gobierno de Felipe González, el venezolano compró Galerías Preciados por 1.500 millones de pesetas, precio acordado por el Consejo de Ministros el 4 de diciembre de 1984. La operación costó a la Hacienda española, en cambio, 48.000 millones, ya que se realizó un proceso de saneamiento previo de los almacenes.
A pesar de que la gestión de Cisneros en Galerías Preciados fue muy mala, y generó muchas pérdidas, el 15 de enero de 1988 el venezolano vendió los grandes almacenes a una sociedad inglesa por 30.600 millones ¡20 veces el precio de compra! La venta supuso un gran escándalo, pero González ha mantenido sus relaciones con Cisneros, a cuyas haciendas de Carabobo y de la República Dominicana ha seguido acudiendo con regularidad.
¿A qué viene todo esto?
La ofensiva del gobierno Obama contra el gobierno de Venezuela y la campaña de “derechos humanos” de la que forma parte Felipe González forman parte de la misma ofensiva del imperialismo para doblegar o derribar al gobierno de Venezuela, campaña que busca apropiarse para las multinacionales de la inmensa riqueza petrolera de ese país. Recordemos que a finales del año 2013, se consideraba que el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo era Venezuela (se consideran «reservas probadas» las que es posible extraer de manera rentable con la tecnología actual, teniendo en cuenta el precio del petróleo en ese momento). Hay que recordar el respecto las recientes intervenciones militares en Iraq (4º lugar en reservas probadas de petróleo) y Libia (9º lugar). Para la oposición proimperialista de Venezuela resulta intolerable que esa riqueza se haya utilizado bajo el “chavismo” para financiar programas populares de educación y sanidad en lugar de volver a manos de las multinacionales petroleras norteamericanas y garantizarle a la oligarquía local una vida de lujo.
El asalto a Venezuela forma parte de una operación de los Estados Unidos más amplia, que en América incluye la desestabilización del gobierno del Brasil, el de Argentina y otros. Que toma formas más brutales en el Magreb, en Oriente Medio o en Ucrania.
El papel asignado a Felipe González en la cobertura de esas guerras sucias, por un lado legitima el apoyo de Aznar y Rajoy al golpismo en Venezuela y otros países. Por otro lado alimenta la campaña en los medios de comunicación y el alineamiento de fuerzas de izquierdas y progresistas en votaciones a favor de la injerencia norteamericana contra Venezuela en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento Europeo y próximamente en las Cortes.
Por nuestra parte, como militantes obreros en el Estado español tenemos como principio combatir las injerencias de nuestro gobierno o de antiguos gobernantes en los asuntos internos de otros. En particular, en Venezuela, que fue colonia de la monarquía española, lo cual no nos identifica con la política de su gobierno, sobre la que sólo corresponde decidir al pueblo venezolano, como soberano. Y luchamos porque todo el movimiento obrero de nuestro país asuma esta posición.