Frente a la exigencia democrática  de derogación de todas las reformas de pensiones, el Ministro de Seguridad Social reivindica la reforma de pensiones de 2011

(Publicado en la Carta Semanal 767ver en catalán)

El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá declaraba recientemente en París que, en materia de jubilaciones, su referencia, “sin duda”, es la reforma de 2011, cuya derogación reivindican los pensionistas en sus movilizaciones.  “Creo que la reforma del año 2011 está bien y no hay por qué subir la edad de jubilación en España”, dijo. Y añadió que el calendario establecido en esa reforma, promulgada por el Gobierno de Zapatero en desarrollo del Acuerdo Social y Económico (ASE), firmado el 2 de febrero de 2011 por el gobierno con la patronal y los dirigentes de UGT y CCOO, “es un punto de partida perfecto y no hay por qué tocarlo”. Pero añadió que habrá que ver cómo “la edad efectiva de jubilación se acerca a la pactada en 2011”, que actualmente está en 65 años y 10 meses y que alcanzará los 67 años en 2027. En eso –dijo- hay que trabajar “con los incentivos correctos”.

Merece la pena recordar qué fue el ASE y qué reacciones provocó entre los trabajadores y los sindicalistas.

Un ejemplo claro de diálogo social

Existe un debate en el movimiento sindical entre quienes  mantenemos una posición en contra del llamado “diálogo social” y los compañeros que nos responden que, al fin y al cabo, se trata de una negociación y que el papel de los sindicatos es negociar. Lo sucedido con el ASE ilustra, a nuestro juicio, el contenido real de este debate, y las diferencias entre una cosa y otra.

Así, en el preámbulo del ASE podemos leer que se trata de un “ejercicio de responsabilidad compartida por Gobierno e Interlocutores Sociales”, cuyo objetivo es ayudar a “equilibrar las cuentas públicas de acuerdo con los compromisos adoptados, sobre la base de un ejercicio de austeridad que incluya esfuerzos en el gasto público para elegir aquellos con mayor grado de eficiencia y equidad”. Esa formulación define, precisamente, la diferencia entre negociación y diálogo social. En la negociación, los sindicatos llevan a la mesa las reivindicaciones obreras y tratan de que éstas se conviertan en un acuerdo, un convenio, una ley, de obligado cumplimiento, que recoja, en todo o en parte, esas reivindicaciones. Pero en el ASE, como explica claramente ese preámbulo, el objetivo no era plasmar una reivindicación, sino implicar a los sindicatos en un acuerdo cuyo objetivo era cumplir los compromisos con Bruselas y conseguir una austeridad “equitativa”. Que sepamos, la austeridad, la reducción de salarios y pensiones, el recorte de gasto en servicios públicos, no es una reivindicación obrera, sino una propuesta del capital financiero, como fueron los recortes de Zapatero de mayo de 2010.

En cuanto a pensiones, el objetivo del ASE era “garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Sistema público de Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones, a través de las reformas”. Para ello, se trataba de “hacer posible el alargamiento voluntario de la vida laboral y de las carreras de cotización de los trabajadores”. Exigir más años de cotización y jubilarse más tarde no sólo no es una reivindicación de la clase trabajadora, sino justo lo contrario.

Y, como explicaremos, el conjunto de esas reformas buscaba reducir el gasto en pensiones, atrasando la edad de jubilación, endureciendo los requisitos para cobrar pensión, modificando los métodos de cálculo para bajar la pensión.

En Francia, el gobierno Macron intenta ahora llevar a los sindicatos a la misma trampa. Les ha ofrecido una mesa de “negociación” donde todo se puede discutir, siempre y cuando se acepte el objetivo final: desmantelar el sistema de reparto y sustituirlo por el de capitalización, y reducir el gasto de pensiones en 2 puntos del PIB (o sea, reducir el gasto anual en pensiones en 35.000 millones de euros). No es de extrañar que los trabajadores en huelga rechacen esa mesa y exijan la retirada sin más del proyecto de reforma.

Contenidos del ASE

En primer lugar, retrasar la edad de jubilación ordinaria de los 65 a los 67 años. Un retraso que se haría paulatinamente hasta 2027, con un retraso de un mes por año hasta 2018 y de dos meses por año desde 2019 a 2027. Se exceptuaba a quienes tuvieran de 35 a 38 años y seis meses cotizados (es decir, a quienes hubieran cotizado ininterrumpidamente desde los 26 años y 6 meses), que podrían seguir jubilándose a los 65 años. El aumento del tiempo de cotización de 35 años a 38 años se produciría paulatinamente hasta 2027, con una cadencia de tres meses cada año.

Jubilación anticipada voluntaria: se establecía a partir de los 63 años de edad con un mínimo de 33 años de cotización. Pero por cada año de adelanto de la jubilación se pierde  un 7,5% del valor de la pensión.

Jubilación parcial anticipada: se mantuvo la jubilación parcial a los 61 años. Pero se hizo un cambio muy importante: a partir de ese momento la empresa pagará a la Seguridad Social, tanto por el trabajador que se jubila parcialmente como por el que le suple con un contrato de relevo, la cotización íntegra. Como esta jubilación requiere el acuerdo del empresario, y eso aumenta tanto el coste para la empresa, en la práctica, se ha casi abolido este derecho.

Periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión: el ASE lo eleva de 15 a 25 años (progresivamente a razón de un año desde 2013 a 2022). ¿Hay que recordar que en 1985, cuando el gobierno de Felipe González, con Almunia de Ministro de Trabajo, elevó el periodo de cálculo de 2 a 8 años, UGT y CCOO respondieron con grandes movilizaciones, CCOO incluso convocó una huelga general?

El ASE también modificó la escala de cálculo de la base reguladora de la pensión, colocándola en  desde el 50% de la base reguladora a los 15 años hasta el 100% de la base reguladora a los 37. Lo que significa que para tener una pensión completa habrá que tener 37 años cotizados.

El ASE introdujo también un nuevo elemento que supondrá aún más reducciones de la pensión: el “factor de sostenibilidad”, que suponía que, a partir de 2027, cada cinco años, se revisarían “los parámetros fundamentales” del sistema en función de las diferencias entre “la  esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los  67 años en 2027”. Es decir, que si aumenta la esperanza de vida se reducirían proporcionalmente las pensiones. Este factor fue adelantado de fecha en la reforma de Rajoy de 2013.

Las “mejoras” incluidas en el ASE

Además de estos recortes, el ASE incluía algunas propuestas, limitadas, de mejora, pero la mayoría no se cumplieron. Por ejemplo, la Seguridad Social debía sacar un decreto sobre el procedimiento de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente insanos o penosos. Este Decreto, cuya elaboración estaba ya comprometida en un Acuerdo de 2006, se aprobó en 2012, pero no se ha aprobado ningún coeficiente reductor.

También se acordaron la integración en el régimen general de Seguridad Social de los regímenes especiales agrario y de empleadas de hogar. Se hizo, pero en el caso del  Régimen Agrario, se incluyeron unas condiciones imposibles de alcanzar para desempleo y jubilación anticipada (como mínimo dentro de los últimos diez años 6 han de ser de trabajo efectivo y jornadas reales).

Separación de las fuentes de financiación: las prestaciones no contributivas y universales y los complementos a mínimos de pensiones pasaron a estar a cargo de los Presupuestos de las Administraciones Públicas.

Entre las promesas incumplidas, el aumento de las plazas de formación profesional (el año pasado más de 100.000 jóvenes se quedaron sin plaza en la FP), la promesa de “empleo estable, con una carrera profesional definida, de todos aquellos empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos que realicen su actividad laboral en el ámbito de la I+D+I” no se ha cumplido (la Ley de la Ciencia sigue hoy permitiendo su precariedad de por vida).

Las consecuencias del ASE

La Plataforma de Sindicalistas por la Democracia y la Independencia Sindical recogió más de 2.000 firmas de afiliados y sindicalistas de UGT y CCOO rechazando la firma del ASE. Una representación de los firmantes fue recibida por los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. La amplitud de la campaña demostraba el amplio rechazo de las personas trabajadoras y de los sindicalistas hacia ese acuerdo que, por primera vez, asociaba a los sindicatos a la firma de un recorte de pensiones.

Para muchos trabajadores y trabajadoras, la firma del ASE ha marcado un antes y un después en su relación con los sindicatos. De hecho, la decisión del movimiento de pensionistas de organizarse por sí mismos y sus reticencias hacia los sindicatos se deben, en buena medida, a su rechazo tanto al ASE como al recorte de pensiones de 2011, resultado de éste, que los sindicatos siguen defendiendo.

La reivindicación del movimiento pensionista es justa, señor ministro. El Gobierno de coalición se declara “progresista” o “de izquierdas”, Para la mayoría ser progresista o de izquierdas es romper con las políticas que se ha llevado a cabo por los gobiernos de Zapatero o Rajoy estos últimos 10 años. Por tanto, un gobierno de izquierdas debe derogar la reforma del 2011 y no basarse en ella como “referencia” para sus planes de trabajo.

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