(publicado en la Carta Semanal 513)
Esta última semana hemos vivido dos ejemplos claros de cómo las instituciones de la Unión Europea al servicio exclusivo del capital financiero están en primera línea de la politica de ataques a los derechos de los trabajadores y a la democracia.
En efecto, el lunes 16 de febrero, en Bruselas, la reunión de ministros de Economía y Hacienda de la zona euro (el llamado Eurogrupo) concluyó con un verdadero ultimátum al gobierno griego: éste debía aceptar la prolongación y las condiciones del plan de rescate. Recordemos que los planes de rescate asolan Grecia desde abril del 2010 y que el 25 de enero la mayoría del pueblo griego votó contra estos planes. Todos los gobiernos europeos, particularmente el gobierno Rajoy, se pronunciaron exigiendo a Grecia el cumplimiento de la condiciones impuestas por la Troika. Desde el 25 de enero se suceden las manifestaciones en Atenas y otras ciudades griegas en contra de la UE y su intento de imponer la política de austeridad. El gobierno de Syriza, que, recordemos, no contempla en su programa la ruptura con la Unión Europea, sin embargo ha anunciado medidas positivas favorables a los trabajadores (véanse las cartas semanales anteriores). Nadie puede afirmar qué va a ocurrir los próximos días, pero nosotros, que nos situamos de forma incondicional del lado de los trabajadores y del pueblo griego, intentamos deducir algunas lecciones:
- Las instituciones de la UE no son reformables ni democratizables, la única solución es, en definitiva, desmantelarlas para abrir camino no a un retroceso «nacionalista» sino a una Unión Libre de naciones y pueblos de Europa basada en el fin de la explotación y de la opresión.
- Como defensores de la soberanía de los pueblos, nos colocamos del lado del pueblo griego, apoyando todos los pasos positivos que pueda dar su gobierno.
- La mejor manera de ayudar al pueblo griego es combatir para echar abajo a nuestro gobierno, fiel súbdito del capital financiero.
El 17 de febrero, el primer ministro francés Manuel Valls, temeroso de no conseguir la mayoría en la Asamblea Nacional, recurrió al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar una ley simplemente proponiendo la moción de confianza. O sea, si no hay mayoría para echar al gobierno, la ley queda aprobada.
En su día, François Mitterrand calificó este dispositivo bonapartista como un «golpe de estado permanente».
La ley que de esta manera se ha impuesto, llamada ley Macron (nombre del ministro) es un ataque en regla contra el Código del Trabajo, entre otras cosas. El recurso al 49.3 lleva la crisis politica al paroxismo. Pero evidentemente la burguesía, a pesar de la crisis, no vive una solución sin salida. Todo depende de la clase obrera, de la disposición de sus organizaciones a hacer frente a esta política de destrucción. Este es el quid de la cuestión: el mismo 17 de febrero una reunión a nivel confederal de los principales sindicatos concluyó con el acuerdo de llamar a una jornada de huelga general con manifestaciones en todas las ciudades. Ese acuerdo estaba afirmado por CGT, FO y Solidaires (equivalente a la CGT) y no fue secundado por los cristianos y los amarillos. La sección francesa de la IV Internacional, que construye con otras fuerzas el Partido Obrero Independiente, reunida el 14 de febrero, cuando ya se anunciaba a este acuerdo, consideró que tenía la responsabilidad de volcar todas sus fuerzas para el éxito de la huelga (claro está, no tiene la responsabilidad de conseguirlo completamente) teniendo en cuenta que ya está en marcha el dispositivo para que sea un fracaso o una simple «jornada de acción» sin continuidad. Esta discusión de la sección francesa lleva a otra sobre la estrategia de transición, es decir, sobre la prioridad de insertar la organización revolucionaria y sus militantes en el combate real de la clase, y no como algo exterior, «haciendo propaganda». Estas cuestiones deben ser debatidas en una conferencia extraordinaria de la sección francesa el 7 de marzo.
Por otro lado, después de las huelgas generales de Bélgica y de Italia, la posible entrada en liza del proletariado francés va tener sin duda un impacto en toda Europa.