(publicado en la Carta Semanal 492)
El pasado 11 de septiembre, dos millones de personas llenaban las calles de Barcelona para defender el derecho del pueblo catalán a decidir por sí mismo. La inmensa mayoría eran trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos afiliados a UGT o a CCOO. Ambas confederaciones convocaban a la manifestación. Sin embargo, sólo unos pocos centenares de personas formaban el cortejo sindical. Y, a diferencia de manifestaciones de Diadas anteriores, como la de 2012, apenas había cortejos o pancartas de fábricas y centros de trabajo. Es decir, la clase obrera, que formaba la inmensa mayoría de la manifestación, apenas estaba presente de forma organizada.
Esa ausencia deja en manos del Gobierno Mas, y recordemos que es el primero que ha aplicado los recortes impuestos por la Troika, la dirección del movimiento de todo un pueblo por la democracia, con el concurso de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana. Este es el resultado de la actitud y la política de los dirigentes de las principales organizaciones de la clase trabajadora, que se niegan a ocupar su papel dirigente en la lucha por los derechos nacionales, es decir, por la democracia.
Y sin embargo, sólo la clase trabajadora puede, tomando en sus manos la defensa de las reivindicaciones democráticas de los pueblos de todo el Estado, dar satisfacción a las reivindicaciones del pueblo catalán. A la vez que combate por sus propias reivindicaciones y en defensa de las conquistas comunes logradas en la lucha contra el franquismo y tras la muerte de Franco. Y sólo así puede ponerse fin al enfrentamiento entre pueblos que alimentan los gobiernos –de entrada el gobierno Rajoy– para imponer a todos los pueblos los recortes que exige el capital financiero a través de la Troika. Al impedir que la clase trabajadora asuma su papel natural, los dirigentes de las principales organizaciones permiten que se abra camino un enfrentamiento cuya profundidad no podemos prever. En todo caso, aunque no llegáramos a una situación como la de Yugoslavia, desde el Estado monárquico se busca conscientemente enfrentar a los pueblos para preservar la Monarquía, sus intereses, los del capital financiero y sus instituciones.
No es admisible que desde las organizaciones que se reclaman de la clase obrera se aliente el enfrentamiento o la omisión
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que se entrevistó recientemente con Rajoy en la Moncloa, declaró a la salida de esa entrevista en una rueda de prensa que “la consulta no se puede celebrar porque es ilegal”, y añadió que “hemos compartido las líneas rojas sobre la consulta: la soberanía pertenece al pueblo español” (a ese mismo pueblo al que han negado el derecho a decir, tras la abdicación de Juan Carlos de Borbón, si quería vivir como ciudadano de una república o súbdito de un rey). Con esta posición, que condena al Partido Socialista de Cataluña a la irrelevancia y al estallido, Sánchez convierte al Partido Socialista en todo el Estado en auxiliar del gobierno Rajoy en su negación de la democracia. Una orientación que sólo favorece al PP, porque sin el voto de los trabajadores catalanes es prácticamente imposible que el PSOE gane unas elecciones generales.
Mala excusa es la “ilegalidad” de la Consulta: el gobierno de ZP y el jefe de la oposición Rajoy cambiaron en 15 días el artículo 135 como respuesta a una carta del presidente del Banco Central Europeo. ¿Y no se puede cambiar cuando todo un pueblo le reclama masivamente desde hace varios años? Pedro Sánchez, como antes Rubalcaba, no está atado por las leyes sino por su decisión de subordinar el Partido Socialista y la suerte de los pueblos a la voluntad de los franquistas que controlan el PP, que son los mismos que hicieron la guerra civil para impedir los derechos de los trabajadores y de los pueblos.
Y encima, al impugnar la ley de Consultas, calcada de las sentencias del Tribunal Constitucional, el Gobierno reclama al TC que se trague sus propios acuerdos. Su legalidad es un chicle.
Algunos dirigentes, sobre todo fuera de Cataluña, se escudan en un argumento aparentemente más sutil. Nos dicen que bueno, que sí, que el pueblo catalán tiene derecho a decidir, pero que lo importante no es la cuestión nacional, sino los derechos sociales, y que “el problema nacional oculta las cuestiones sociales”. O que esa es una cuestión “política” que no corresponde a las organizaciones sindicales, cuyo papel es la defensa de las cuestiones sociales. Habría que recordarles algo que los trabajadores del Estado español y sus organizaciones saben perfectamente, porque han vivido esa experiencia en la larga lucha contra el franquismo: que la lucha por los derechos sociales no puede separarse ni contraponerse a la lucha por los derechos democráticos. Y que entre éstos ocupa un lugar destacado el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Permitir que el gobierno Rajoy aplaste las aspiraciones del pueblo de Cataluña, ¿ayuda a defender los derechos de los empleados y empleadas públicos? ¿Ayuda a luchar contra la reforma laboral y sus consecuencias? ¿Ayuda a cambiar la constitución? Esas son las preguntas prácticas que deberían hacerse los dirigentes.
No valen las propuestas hermosas, lo que hay que defender es el derecho a decidir
Cuando se les pregunta a los dirigentes del PSOE, de Izquierda Unida, de los sindicatos sobre cómo actuar en esta situación, nos contestan que ellos tienen propuestas, una reforma federal de la constitución, un “estado federal” o un “proceso constituyente”. No vamos a entrar a analizar ahora todo el contenido de esas propuestas, porque la cuestión ahora no es esa. Dos millones de catalanes y catalanas han dicho en las calles “queremos que se reconozca nuestro derecho a decidir libremente”. Distintos dirigentes del PP han anunciado que se utilizarán “todos los medios de que dispone el Estado” para impedirles que ejerzan ese derecho. Cuando dos trenes se encaminan por la misma vía hacia un choque, las propuestas de desdoblar la vía, por sensatas que pudieran ser en otra situación, no valen.
Estado federal, ¿cómo? ¿Basado en la libre voluntad de los distintos pueblos de federarse, en la unión libre de pueblos y naciones, o impuesto desde fuera negándoles el derecho a decidir si quieren o no la unión? Esa es la pregunta clave.
No es una cuestión abstracta sobre la que se pueda debatir en una tertulia. Ahora mismo se trata de una cuestión práctica y concreta: el pasado sábado se ha promulgado la ley catalana de Consultas y se ha convocado el referéndum para el 9 de noviembre. Rajoy se apresura a recurrir al Tribunal Constitucional, para que éste paralice la norma y no se pueda votar. ¿Qué dicen los dirigentes de las organizaciones obreras? ¿Hay que acatar la decisión de ese tribunal, y apoyar al Gobierno cuando imponga “por todos los medios del Estado”, esa prohibición? ¿O hay que organizar, en todas partes, y no sólo en Cataluña, el rechazo a ese atropello antidemocrático, organizando la movilización?
En última instancia, ¿quién manda? ¿El Tribunal Constitucional, los mismos magistrados que el pasado 16 de julio dictaminaron que el despido libre incluido en la reforma laboral es constitucional? ¿Los que avalaron ese día la resurrección de la figura franquista de la modificación de un convenio colectivo de manera unilateral por el Gobierno? ¿Los que se preparan para derogar la ley del aborto de Zapatero, tomando el relevo del gobierno Rajoy? ¿Los que anularon la ley antidesahucios de Andalucía porque no era suficientemente respetuosa con los derechos de los banqueros acreedores?
¿O manda el pueblo catalán y sus representantes, mandan los pueblos que quieren decidir libremente su futuro sin imposiciones? ¿Qué es la democracia, el gobierno del pueblo o el gobierno de unos magistrados franquistas? Recuérdese que las normas de elección del TC requieren los tres quintos del Congreso y del Senado, es decir, dejan su elección en manos del PP, que cuando estaba en minoría en las Cortes bloqueó esa elección. Entonces, ¿para qué votamos en las elecciones generales, si las cosas importantes –la convivencia entre los pueblos, las normas laborales, el derecho al aborto– siempre ha de decidirlas el PP?
El POSI apoya con todas sus fuerzas la campaña emprendida por militantes de distintos orígenes, que en una carta abierta a todas las organizaciones y militantes que se reclaman de los trabajadores, de la democracia, del derecho a decidir, manifiestan que “es necesario organizar la movilización para poder votar el día 9 de noviembre”. Pedimos a todos los que reciben esta Carta Semanal que hagan suya esta campaña y suscriban la Carta Abierta.
Los cientos de firmas que se están reuniendo son un compromiso de militantes y responsables obreros de poner toda la carne en el asador para movilizar a los trabajadores y jóvenes en defensa de los derechos del pueblo catalán contra el gobierno Rajoy y el aparato de Estado franquista. En particular, al llamamiento a concentrarse ante los ayuntamientos de Cataluña el día que el TC suspenda la convocatoria de la Consulta han respondido compañeros y organizaciones del País Valenciano y de otras partes diciendo: nosotros también nos concentraremos ese día ante nuestros ayuntamientos. ¿No es eso lo que deben hacer en todas partes las organizaciones, colectivos y militantes que no aceptan que los franquistas enfrenten a los pueblos?