La crisis política se profundiza

(Publicado en la Carta Semanal 619)

Por primera vez desde 1979, un gobierno ha perdido una votación en Cortes de convalidación de un Decreto. Y no uno cualquiera, sino uno que responde a las exigencias de las multinacionales del transporte marítimo, que viene respaldado por la Unión Europea –que no sólo impone una multa, sino que además reforzó recientemente sus exigencias por medio de una visita de la Comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc, que se reunió el pasado 6 de marzo con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Todo ello con un objetivo: romper el estatuto de los estibadores. Según la Comisión Europea, el régimen que rige en la estiba -la actividad de carga y descarga de los barcos en los puertos- vulnera el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE relativo a la libertad de establecimiento, al impedir que las empresas puedan contratar libremente a los estibadores en los puertos.

Es la primera vez que la cámara parlamentaria adopta una posición contraria a una norma impuesta desde Bruselas.

Una derrota aún más patética si consideramos las maniobras previas del gobierno, que esperaba aprovechar la ausencia de tres diputadas, en viaje oficial en Nueva York, para poder ganar la votación. Pero las diputadas volvieron de su viaje a tiempo para votar.

El desencadenante: la lucha de clases

Hay que partir de un hecho: es un enfrentamiento clase contra clase el que polariza el Parlamento. Ese decir, que el punto de partida de todo esto es la resistencia de los trabajadores, a pesar de la brutal campaña contra los supuestos “privilegios” de los estibadores. Para los medios de comunicación del capital financiero todo trabajador que tiene derechos es un privilegiado. Para estos plumíferos lo son los funcionarios, aunque lleven 5 años de congelación y rebajas salariales, lo son los profesores (muchas vacaciones), los controladores, etc. Incluso hablan de que los sindicatos defienden los “privilegios de una minoría que tiene empleo fijo”.

Los estibadores son un sector de la Clase unido por sus reivindicaciones a escala de todo el Estado, preparado para defender sus derechos con una de las principales herramientas de la clase: la huelga, que había sido convocada en unidad por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm, el sindicato mayoritario de estibadores), UGT, CCOO, CIG, USO y CGT.

El hecho de que hayan podido derrotar al gobierno, ¿no demuestra que si las Confederaciones organizaran la movilización unida podrían derrotar al gobierno en otros terrenos?

Preocupación en la burguesía

Es evidente que la fuerza de la Clase Trabajadora se combina con la debilidad del gobierno. Incluso Ciudadanos se ha tenido finalmente que abstener a pesar de haber prometido el voto favorable. Los medios de comunicación del capital no ocultan su preocupación por esta situación. El País decía en una crónica de la votación que “el Ejecutivo da muestra de debilidad política al no haber podido sumar apoyos a la norma, porque finalmente solo ha tenido la abstención de Ciudadanos y el voto a favor del PNV, frente al resto de la Cámara para dibujar la sonora derrota parlamentaria. La derrota en la votación anticipa las dificultades de Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos y avanzar en la legislatura”. Y añadía que “la derrota parlamentaria lanza mensajes de debilidad sobre el margen de maniobra del Ejecutivo en esa negociación y en futuros conflictos”. Ese mismo periódico explicaba en un editorial que “la incapacidad del Gobierno para convalidar en el Congreso el decreto ley que liberaliza el mercado de la estiba en los puertos españoles es una demostración inquietante que augura malos presagios para el futuro de la legislatura”.

El Mundo hablaba de “una derrota histórica, porque desde 1979 el partido en el poder no había sido derrotado en el Congreso en la convalidación de un decreto ley”. Por su parte, ABC, el periódico más cercano a la Casa Real, decía que con solo 137 votos asegurados, el Ejecutivo no está en condiciones de poder hacer previsiones a largo plazo: no depende solo de él. En esas circunstancias, gobernar podría ser tarea imposible”.

Desde el propio gobierno no se muestran más optimistas. Luis de Guindos declaraba que “no hay plan B”, y reclamaba que es necesario que España tenga “un compromiso con las reglas” ya que “si estamos en la UE estamos para todo”. El Independiente dice, citando al “entorno del Presidente del Gobierno, que “si acumulamos varios palos como el del decreto ley de la estiba, el debate sobre un posible adelanto electoral se abrirá cada vez más, y no en el Gobierno, sino en la calle y en la sociedad”. El mismo medio añade que “fuentes de Moncloa” hablan de “la imposibilidad de mantener un Gobierno en precario, sometido todos los días a una aritmética parlamentaria infernal”. Según esas mismas fuentes, “esta legislatura va a durar muy poquito (…) Si hay tres o cuatro más como éstas, no tiene sentido alargar la situación”.

Y tanto el gobierno como los medios expresan su preocupación por lo que pudiera suceder ante la cercana votación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. A pesar de que desde el gobierno se piense que el acuerdo del PP con el gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para aprobar los presupuestos en Euskadi, pudiera abrir la vía para devolver el favor apoyando los Presupuestos del Estado.

La crisis va más allá

No solo hay este hecho. La sentencia contra Artur Mas ha parecido a muchos comentaristas extremadamente benévola, lo que demuestra que no existe unanimidad dentro del aparato judicial. Se habla incluso de la posibilidad de un indulto: El propio presidente del Tribunal Constitucional, en su despedida del cargo, hablaba de la necesidad de diálogo político para abordar la cuestión catalana.

Por otro lado, tenemos lo que decía el miércoles pasado El País en un editorial, hablando de que “España necesita” para que sea posible que el gobierno gobierne, que haya un PSOE “normalizado”, que pueda pactar. De ahí la importancia, para la estabilidad del Régimen, de que Susana gane la batalla por la Secretaría General, algo que se antoja bastante difícil hoy por hoy, a menos de que haya un pucherazo (que, a su vez, abriría una nueva crisis).

Algún medio analizaba la decisión de Toxo de no presentarse a la reelección en el próximo congreso de CCOO, como una muestra de que se ve incapaz de controlar al sindicato y teme su radicalización.

En suma, saben que para que el tinglado se mantenga es precisa la complicidad de los dirigentes de las principales organizaciones obreras, y no tienen claro que eso vaya a ser posible.

En estas condiciones, y ante la total incertidumbre, tanto a escala internacional como europea, sólo puede haber una salida democrática favorable a los trabajadores y los pueblos: aquella que surja de la movilización unida de la clase, con sus organizaciones. Es lo que de alguna manera presiente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cuando habla de una posible Huelga General, aunque, al menos por el momento, sin concretar.

Sin duda alguna para los militantes y trabajadores que consideramos que la exigencia de derogación de las reformas laborales y de la LOMCE, la anulación del artículo 315.3 del Código Penal y tantas otras reivindicaciones, la lucha por que las organizaciones preparen la acción unida -por tanto la Huelga General- es la batalla a desarrollar en el movimiento obrero y sus organizaciones en las próximas semanas.

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