La cuestión catalana: Solo la clase obrera puede abrir una salida democrática

(Publicado en la Carta Semanal 629)

Tras el intercambio de cartas y después del enésimo portazo de Rajoy a cualquier posibilidad de pactar un acuerdo que permita consultar al pueblo catalán, Puigdemont ha replicado que “sin diálogo ni pacto no se pueden llegar a soluciones políticas”, al tiempo que el gobierno de la Generalitat anuncia que en el caso de que no se pueda celebrar el referéndum –el gobierno del PP ha reiterado que lo impedirá por todos los medios a su alcance– tiene preparado el mecanismo de la secesión inmediata. Hasta tres ministros del PP han hablado –cínicamente- de “intento de golpe de Estado”, mientras otros portavoces jalean todo tipo de medidas para impedir que se atente contra la “soberanía nacional” y el “Estado de derecho”.

En anteriores Cartas hemos manifestado lo que resulta una evidencia contrastada en cada uno de los acontecimientos políticos importantes del país: que el problema de fondo que impide la solución al problema catalán, así como de otros problemas, es el régimen heredero del franquismo. Como ha quedado demostrado en muy diversas ocasiones, el “constitucionalismo” monárquico es incompatible con el respeto a los derechos nacionales y sociales. Rajoy lo ha vuelto a dejar muy claro ante un foro de empresarios catalanes, en el que ha declarado que “ni quiere ni puede”, y que “mientras él sea presidente no habrá referéndum”. Por su parte, el gobierno catalán ha vuelto a declarar que con acuerdo o sin él, convocará un referéndum aunque, previsiblemente, éste será impedido. La mayoría de organizaciones y entidades que forman parte del Pacto Nacional por el Referéndum están de acuerdo que no se trata de repetir un 9-N. El secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, fue el primero en decirlo y otros lo han dicho después. Pero, si el referéndum no puede celebrarse y, en cualquier caso, no debe convertirse en un sucedáneo como el 9-N, ¿qué salida queda?

Sin los trabajadores no hay más que callejones sin salida

Que el aparato de Estado y el gobierno del PP van a hacer todo lo que esté en sus manos para impedir la democracia, está fuera de duda. Pero para responder a esta situación, para imponer la voluntad de la mayoría del pueblo catalán que quiere votar ¿es suficiente “amenazar” al Estado con una declaración unilateral de independencia? Más aún, ¿es aconsejable utilizar esa “amenaza”, cuando ni tan siquiera está acreditado que exista una mayoría social favorable a la secesión? Las últimas encuestas dicen que un porcentaje de más del 60% no es favorable al referéndum unilateral, lo que no debe ser identificado como un respaldo a la legalidad monárquica, sino más bien como un rechazo al aventurismo y al hecho de que los responsables del gobierno de la Generalitat parecen decididos a inmolarse para justificarse. Por no hablar también de la manera en la que se pretende aprobar la ley que permite la secesión: de espaldas al parlamento y sin debate. ¿Es así como se pretende aunar la voluntad mayoritaria del pueblo catalán? Evidentemente, esto no tiene nada que ver con ese objetivo.

Pero tiene que ver con la estrategia de Puigdemont y Junqueras que apuestan todo a la movilización “festiva y controlada” que organizan la ANC y el Ómnium Cultural, y a la creencia de que “Europa” acabará denunciando el carácter antidemocrático del Estado español y dándoles la razón. No hace falta relatar aquí la larga lista de situaciones en las que las instituciones de la Unión Europea y diversos gobiernos europeos se han posicionado de manera clara y contundente en sentido contrario. Alimentar esa esperanza es un fraude a la aspiración a la soberanía del pueblo catalán. Las instituciones del capital financiero jamás van a defender la democracia ni el derecho de los pueblos.

De igual manera, esa propuesta también tienen que ver con la estrategia hábilmente empleada para presentar el “proceso” como una cuestión transversal, es decir, que interesa a todas las clases sociales y que todas van a resultar beneficiadas. Y, lo más importante, que todas las reivindicaciones actuales deben ser aparcadas hasta la consecución de la independencia, que es según esto el objetivo común que une a todos. De ahí la separación consciente entre derechos nacionales y derechos sociales.

Cuán diferente sería a ojos no solo de los trabajadores catalanes, sino también los de todo el Estado español, que quienes reclaman democracia para poder votar y comprometen su esfuerzo en ello, dejaran de aplicar la política de recortes y se opusieran a las contrarreformas. Cuán diferente sería que tendieran la mano al movimiento obrero, democrático y republicano del resto de España, para levantar un potente movimiento unitario contra la Monarquía continuadora del franquismo.

Es el momento de echarlos

Sin embargo, a pesar de las declaraciones altisonantes y provocadoras de diversos ministros, el gobierno del PP está más débil que nunca. Ha tenido que tragarse su discurso tramposo acerca de la “igualdad de todos los españoles” para tirar adelante los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo del PNV, y ha necesitado, por ejemplo, del apoyo del PDeCat –sí, del PDeCat- para aprobar el decreto de la estiba. Y lo que no es menos importante: la victoria de Pedro Sánchez, aupado por la rebelión de la militancia socialista contra el aparato del partido por haber hecho posible que el PP gobierne, le deja sin la muleta de la gestora. El gobierno corrupto del PP se aguanta con pinzas, entre otras, las que les proporcionan los 35 diputados de C’s, supuestos campeones de la lucha contra la corrupción que apoyan la continuidad del gobierno más corrupto de la historia. También con las que le proporciona la tregua gratuita que mantienen desde hace tiempo las direcciones sindicales de CCOO y UGT, que acaban de declarar que aunque el Gobierno siga con su política antiobrera y antisindical no van a convocar huelga general.

En cierta forma Rajoy indica el camino: si mientras él sea presidente no habrá referéndum, no hay tarea más importante para todo aquel que se reclame de la democracia, de los derechos sociales y nacionales, que unir fuerzas para echarlo del gobierno. Contra quienes hacen de la negativa a reconocer el derecho democrático a poder votar y decidir, y desmintiendo el relato que han construido algunos según el cual fuera de Catalunya no hay nadie interesado en conquistar las libertades, se alzan cada vez más voces entre los trabajadores y pueblos del Estado español que exigen acabar con esta situación. Incluso el último gran sondeo encargado por El País recoge que, de 32 años para abajo, en el resto del Estado hay una mayoría que está a favor de que los catalanes voten en referéndum. Y el dato fundamental de ese sondeo es la velocidad insólita con que cambia la opinión sobre este tema.

La mayoría de trabajadores y pueblos quiere el cambio

Hay una salida muchísimo más eficaz que la de crear mártires, aunque naturalmente, a la represión hay que responder, pero con una perspectiva de victoria real. Mucho más eficaz que confiar en que las instituciones de la UE acudirán al rescate. Es la que plantean los militantes que quieren reunirse en una Conferencia el próximo día 17 de junio. Es la que plantean los sindicalistas de CCOO y UGT que dicen que hay que organizar de manera decidida y con determinación la lucha por la recuperación de los derechos que nos han arrebatado, por la derogación de todas las contrarreformas. Que hay que acabar con las demostraciones formales e ir hasta el final. Es la que expresan miles de militantes socialistas que no admiten que su partido se alíe con los herederos del franquismo, y confían en Pedro Sánchez para que encabece la lucha por echar al PP del gobierno. Y es también la de millones de ciudadanos que no aceptan que se les impida votar.

Hay una mayoría que quiere el cambio, que necesita un verdadero cambio y no quiere esperar a 2019 ó 2020. Esta mayoría social sin embargo está disuelta en diversos proyectos que no tienen como referencia la clase obrera. En vísperas de un enfrentamiento cuyas formas no podemos determinar, es de vital importancia que la clase obrera recupere su papel activo para impedir que el PP imponga el enfrentamiento. Cualquier alineamiento del movimiento obrero con Rajoy lo pagaríamos caro. Ahora bien, eso no significa aceptar el callejón sin salida al que nos lleva Puigdemont. Al contrario, requiere unir las fuerzas de trabajadores y pueblos para conseguir juntos la soberanía de pueblos libres. Para ello, las organizaciones que se reclaman de los trabajadores y de los pueblos, deben ocupar el lugar que les corresponde y encabezar la lucha para que las aspiraciones nacionales y sociales encuentren una salida.

 

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