(Publicado en la Carta Semanal 709 – ver en catalán)
Los resultados de las elecciones andaluzas han redoblado las exigencias de los partidos de la derecha sobre Pedro Sánchez para que convoque de inmediato elecciones generales. A la vez, las instituciones internacionales del capital financiero (FMI, Unión Europea, OCDE…) redoblan la presión para que el gobierno aplique nuevos recortes y no dé pasos atrás en los ya aplicados (en concreto, que no suba el salario mínimo a 900 euros, ni derogue, ni siquiera parcialmente, las reformas laborales). El Banco de España les hace eco.
Al mismo tiempo, los acontecimientos aumentan la presión sobre un gobierno que, cuando se votó la moción de censura en junio, despertó la ilusión de buena parte de la clase trabajadora y la juventud. Desde entonces, el gobierno ha multiplicado las promesas, los anuncios de medidas y los gestos, pero ha aprobado muy pocas medidas reales. La paciencia de quienes saludaron su formación se agota a pasos agigantados.
La cuestión catalana
La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa abría, para muchas personas, tanto dentro como fuera de Cataluña, la esperanza de que las cosas se hicieran de otra manera, de que se abriera una vía de resolución del enfrentamiento con el pueblo catalán. La decisión de mantener el juicio a los republicanos catalanes, bajo la acusación de rebelión adoptada por la Fiscalía (que conlleva la petición de más de 200 años de prisión), sin que el gobierno se haya atrevido a pestañear siquiera, ha hecho que se volatilizara esta posibilidad.
La decisión de Pedro Sánchez y su gobierno de no actuar siquiera ante la Fiscalía para retirar las acusaciones de rebelión supuso un enfrentamiento con los republicanos catalanes, que pedían, al menos, un gesto del gobierno. Enfrentamiento que, a su vez, ha condicionado la posibilidad de aprobar los Presupuestos del Estado. Recordemos que si no se aprueban los presupuestos, Sánchez tendrá que trabajar con los presupuestos aprobados por Rajoy para 2018.
Si Sánchez no se ha atrevido a dar instrucciones a la Fiscalía, es porque hacerlo hubiera supuesto hacer frente a la orientación marcada por la Corona desde el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que llamó al aparato judicial y policial a ir a degüello contra los republicanos catalanes.
La semana pasada Pedro Sánchez ha dado un paso más. Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, volvía a decir a los republicanos catalanes que abandonaran toda esperanza de convocatoria de un referéndum y se redujeran al marco del «autogobierno, el Estatuto y la Constitución”. Sánchez fue, incluso , más allá, y amenazó al gobierno y a las fuerzas políticas de Cataluña con que sería “firme y contundente” si la Generalitat no garantizaba el orden público en Cataluña. No hablaba por hablar. El gobierno ya mantiene en Cataluña parte de las fuerzas policiales que envió Rajoy para garantizar la aplicación del 151 y las ha empezado a acrecentar, pisoteando las propias normas y competencias autonómicas.
A la intervención de Sánchez respondió de inmediato el diputado de ERC Joan Tardá señalando que la negativa a negociar con los catalanes «será su tumba política» como presidente.
El giro de Sánchez no le sirvió para acallar las críticas de los franquistas del PP y los neofranquistas de Ciudadanos. Al contrario, volvieron a insistir, con gran dureza, en que rompiera todos los puentes con los republicanos catalanes y aplicara el artículo 155 a Cataluña.
Tampoco le ha servido para acallar las voces de los“barones” autonómicos de su propio partido, instalados en las instituciones del Estado, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha pedido la ilegalización de los partidos que defiendan la independencia. Le ha secundado el presidente de Aragón, Javier Lambán. Ambos gobiernan gracias al apoyo de Podemos (Page los tiene en el gobierno), cuyos dirigentes estatales y regionales no han considerado necesario hacer comentario alguno.
Ciertamente, tampoco sirve a los intereses de la mayoría la posición del presidente catalán Quim Torra, que acaba de invocar como ejemplo del futuro que quiere para Cataluña el caso de Eslovenia, república exyugoslava. La derecha, el gobierno y los medios no han dejado de recordara que la independencia de Eslovenia supuso una breve guerra en la que murieron unas 50 personas, pero ninguno ha hecho mención de que también supuso la destrucción de la economía social y la conversión de Eslovenia en una cuasicolonia, en manos de las multinacionales y el capital financiero alemanes. Es decir, una “independencia” mutilada.
En este ambiente, y con los dirigentes catalanes enprisión esperando penas de cárcel desorbitadas, la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, previsto para el día 21, es una maniobra con fuertes tintes de provocación. Se programó hace unos meses, con idea de mantener, además, reuniones con el gobierno catalán, pero mantenerlo en la situación actual es una temeridad. Se dice que va exigir un despliegue de más de 9.000 policías de los distintos cuerpos. Los CDR y otras organizaciones han anunciado movilizaciones en respuesta. La imagen puede ser una reunión del gobierno en un palacete de Barcelona, rodeado de una lluvia de gases lacrimógenos y balas de goma, y mientras que en las calles, policías con diversos uniformes se dedicana aporrear a los ciudadanos de Cataluña. Es decir, un gobierno contra el pueblo de Cataluña.
En el centro, la sumisión al Régimen
La deriva del gobierno Sánchez es el resultado de su sumisión al Régimen y al aparato de Estado que lo sustenta. Una política incompatible con la satisfacción de las reivindicaciones más elementales, y, entre ellas, las exigencias de libertad de los distintos pueblos del Estado. ¿Cómo podría compatibilizarse la defensa de un régimen basado en la “unidad indisoluble de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles”, como dice la Constitución, con la exigencia del 80% de los catalanes de poder decidir libremente? ¿Cómo podría conjugarse la sumisión a la Unión Europea y al pago dela deuda, recogidos en la Constitución, con las necesidades de los servicios y los empleados públicos?
Sánchez va a intentar aprobar, en el Consejo de Ministros del día 21, la subida del Salario Mínimo a 900 euros, en un intento de convencer a los trabajadores de que no hay ligazón entre las reivindicaciones sociales y los derechos democráticos. Vano empeño que sólo puede dejar al gobierno con el culo al aire.
Curiosamente, el paso atrás de Sánchez en relación a la cuestión catalana coincide con la rectificación de Pablo Iglesias respecto de Venezuela. El dirigente de Podemos, que hasta ahora había defendido al gobierno de Venezuela, ha declarado en el Senado que «he podido decir cosas que ahora no comparto y rectificar en política está bien. La situación política y económica en Venezuela es nefasta». Con estas palabras,Iglesias no sólo se distancia de la situación actual del gobierno Maduro, sino de su apoyo a toda la acción del gobierno de Chávez.
Tanto Sánchez como Iglesias se equivocan si piensan que haciendo concesiones a los franquistas, van a disminuir la presión sobre ellos. Al contrario, cada paso atrás anima a la reacción a exigirles un nuevo retroceso.
El juicio a los catalanes
A iniciativa del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), se prepara un acto en Madrid para el 26 de enero contra el juicio a los republicanos catalanes. Se están recogiendo los primeros apoyos a este acto. Algunos compañeros eluden dar su apoyo alegando que se trata de una cuestión que no atañe al movimiento obrero o una cuestión catalana.
La experiencia nos dice que las libertades no son divisibles, que todo ataque a las libertades políticas con lleva nuevos ataquesa todas las libertades. Basta con pensar en el delito de sedición, que se imputa a varios de los acusados. El Código Penal lo define así: “son reos de sedición los que (…) se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. ¿Cuánto tardará esta figura legal en aplicarse a quienes, “de manera tumultuaria”, traten de impedir a los funcionarios judiciales y la policía el “ejercicio de su funciones” en un desahucioo en un piquete de huelga?
Oponerse hoy al juicio del aparato judicial contra los republicanos catalanes es actuar en defensa de todas las libertades, tanto políticas como sindicales.