La formación de gobierno y la cuestión de las libertades

(Publicado en la Carta Semanal 758ver en catalán)

Cuando se escribe esta carta se está celebrando en Madrid el juicio contra 12 jóvenes que participaron el 14 de diciembre de 2013 en una manifestación contra el proyecto de Ley Mordaza convocada por la Coordinadora 25S. Los 12 juzgados, que en el momento de los hechos contaban con entre 17 y 23 años, fueron identificados al parecer, según diversas declaraciones, por la policía antes de que se produjese intervención policial y consiguiente choque (estaban fichados ilegalmente), varios no fueron detenidos durante los “disturbios”, sino pocos días después en sus institutos o en sus domicilios. Habrá que ver la lectura de los hechos que hace la sentencia (el juicio está inconcluso). Ahora, en el juicio, a 9 de ellos les pide la fiscalía 6 años de prisión por atentado y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos. La acusación no cuenta con más pruebas que las declaraciones de los policías. La vista oral ha estado marcada por el valiente No de los acusados a la propuesta que les hizo la fiscalía justo antes del juicio de librarles de la cárcel si reconocían el falso delito que les imputan.

Los seis años de espera que han soportado los acusados y sus familias, son una injusta “condena de banquillo”, que se produce una y otra vez sin ninguna razón, pero somete a gran tensión a los acusados y a sus familias, distorsionando su vida y sus relaciones.

Este juicio, y otros muchos más, demuestra que las libertades democráticas, que la movilización obrera y popular arrancó al franquismo en descomposición, se encuentran hoy gravemente amenazadas. Por eso, una de las exigencias que desde todas partes se levantan hacia el posible nuevo gobierno es la derogación de la Ley Mordaza y de todas las leyes represivas, la anulación de las sanciones y la libertad de todos los presos condenados el amparo de estas disposiciones.

Balance de la Ley Mordaza

Es muy significativo que se juzga a estos 12 jóvenes por su participación en una movilización contra la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana), que se ha convertido en el principal -pero no el único- ariete de los gobiernos y los policías contra las libertades de expresión y manifestación.

Desde que esta ley fue promulgada por el gobierno del PP en julio de 2015, al amparo de ella miles de ciudadanos han sido multados. Se calcula que desde la promulgación hasta el 31 de diciembre de 2017 se han impuesto unas 80 multas diarias sólo por dos artículos de la ley. Lo que supone al menos 25 millones de euros en multas (y esto sin contar las que se hayan impuesto en el País Vasco, Navarra o Cataluña, que no están recogidas en este dato de 2018).

Estos dos artículos son el 37.4, que castiga las “faltas de respeto y consideración” hacia un miembro de las Fuerzas de Seguridad, y que ha cosechado más de 53.000 sanciones entre 2016 y 2018 (se ha considerado falta de respeto llamar “colega” a un policía o hablarle en catalán, en Barcelona). En una democracia, debería ser a los policías a quienes se exigiera un trato respetuoso a los ciudadanos. El otro artículo es el 36.6, que castiga la “desobediencia o resistencia a la autoridad”. Acumuló más de 45.000 sanciones en 2016-18.

Cuestión aparte merece el artículo 36.1, que castiga la posesión o consumo de drogas en la vía pública, y que cosecha más de 500 sanciones al día (más de 350.000 multas entre 2015 y 2017). Este artículo, por el que se ha llegado a recaudar más de 100 millones de euros en un año, castiga conductas que –hemos de recordarlo- no son delito.

Contra la juventud

Buena parte de las sanciones por estos tres artículos las han sufrido los jóvenes. Que también son víctimas de la represión por otros motivos. Jóvenes son los 12 acusados de que hablábamos al principio, como lo son los ocho de Alsasua o los 18 de la Macarena (acusados por una ocupación de viviendas en Sevilla) o la inmensa mayoría de los detenidos en Cataluña por protestar contra la condena de los dirigentes republicanos.

En el caso de Cataluña, la juventud se enfrenta no sólo a la represión en las manifestaciones (en la que compiten las tres policías, guardia civil, nacionales y mossos), sino también en las calles, sufriendo registros reiterados de sus mochilas, peticiones de identificación por parte de los agentes… Y, además, a una ofensiva de criminalización por parte de la mayoría de medios de comunicación, que no busca otra cosa que justificar la represión.

La ofensiva contra libertades y derechos se convierte en otro elemento -uno más- del ataque del régimen contra los jóvenes. Y es que, para mantener la precariedad rampante, los salarios de miseria, la negación del acceso a una vivienda, los recortes en el derecho a la educación es necesario reforzar la represión contra todo joven que se mueva y contra la juventud en general, por si acaso.

Contra los sindicalistas

Hace pocos días se celebraba en la Audiencia de A Coruña un juicio contra un sindicalista de la CIG, a quien se le piden dos años de cárcel por parte de la Fiscalía y tres años por la acusación particular de un policía nacional, por una manifestación en octubre de 2012, ante un acto del PP de las elecciones autonómicas. Como el acusado tiene una condena previa de 9 meses, si es condenado ahora, tendría que entrar en prisión. El secretario general de la CIG, Paulo Carril, ha calificado el proceso de “ataque descarado y descarnado al sindicalismo”.

Se trata de un proceso más contra el sindicalismo y los sindicalistas, que se suma a los más de 350 procesados, a todo lo largo y ancho de la geografía del estado, por organizar movilizaciones y huelgas. Algunos han sido condenados ya. En la mayoría de los juicios ya celebrados, los procesados denuncian la colusión de fiscales, policías y jueces para sustentar acusaciones absurdas, negar la presentación de pruebas (sobre todo los videos que demostrarían la inocencia de los acusados), y para dar por buenos testimonios evidentemente falsos de los policías. A título de ejemplo, valga lo sucedido en la Audiencia de Logroño, donde se condenó a varios miembros de la CNT, a pesar de que todos los testimonios señalaban que a la hora de producirse los hechos de que se le acusaban uno de ellos estaba trabajando a más de 60 km de allí. Las acusaciones se basaban en unas grabaciones en vídeo que la policía admitió haber destruido durante el periodo en el que se llevó a cabo el juicio, y los vídeos aportados por la defensa, que cuestionan la versión policial, no fueron tenidos en cuenta a la hora de la sentencia.

A veces la vía de persecución es la Ley Mordaza, pero la inmensa mayoría de estos juicios se basa en la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, artículo de origen franquista cuyo objetivo es la persecución de los piquetes de huelga, y que los sindicatos exigen derogar, sin que, hasta ahora, a pesar de haber habido mayorías suficientes en Cortes, se haya hecho.

El montaje policial contra los miembros de los CDR y la sentencia del Procés

Información Obrera ha publicado, recientemente, tanto en la edición en papel como en la página web, varios artículos que ponen de manifiesto el montaje policial y judicial que hay detrás de las acusaciones de terrorismo contra varios miembros de los CDR. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, llegaba a la misma conclusión, con otros argumentos, en una reciente conferencia en Sevilla.  Pero la operación contra los CDR es necesaria si se quiere criminalizar a la sublevación de la juventud catalana contra la sentencia del Procés.

El propio juicio y condena de los dirigentes republicanos catalanes es otra muestra más, de cómo el aparato judicial y policial arremete contra la movilización de los trabajadores y los pueblos

Una tarea urgente para el nuevo gobierno

El gobierno del PSOE y de UP -si es que llega a formarse- tiene sobre su mesa una exigencia urgente de los trabajadores y de los pueblos: restaurar los derechos democráticos, recortados y amenazados por los gobiernos de las derechas franquistas y por los aparatos judicial y policial heredados del franquismo. Una exigencia que tiene traducciones prácticas: derogar la Ley Mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal, anular todas las sanciones y sentencias basadas en esas leyes infames, poner coto a los desmanes del poder judicial y de las policías, poner en libertad a todos los presos políticos catalanes.

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