La incapacidad del régimen monárquico

(Publicado en la Carta Semanal 609)

Según el gobierno de la Generalitat y los partidos que lo sostienen, 2017 es el año decisivo. Septiembre era la fecha límite en la que además, debía acabarse la legislatura diseñada en la hoja de ruta de 18 meses anunciada por Puigdemont en el momento de su investidura en enero de 2016. Sin embargo, a medida que pasan los días y se acerca el gran momento, crece la incertidumbre entre la ciudadanía y aumentan los golpes de timón de los supuestos “soberanistas”. O referéndum o referéndum decía no hace mucho el presidente Puigdemont, intentando aplacar a sus socios de ERC y la CUP, ante cualquier signo de flaqueza que pudiera ofrecer aquél, y queriendo mostrar de esta manera su determinación a realizar un referéndum tanto si era acordado con el Estado, como si no. No obstante, en los últimos días del pasado mes de diciembre se produjo el enésimo giro. El gobierno de la Generalitat proponía transformar el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el Pacto Nacional por el Referéndum, una modificación que representa más que una cuestión semántica.

En el centenario de la Revolución Rusa, 2017 puede convertirse ciertamente en el año en el que muchas cosas cambien. Que el cambio sea favorable a los intereses de la clase obrera y de los pueblos del Estado español depende también de que se imponga una salida democrática.

Si alguna cosa ha podido quedar clara en los últimos años es ésta: el régimen constitucional monárquico es incompatible con la democracia, con los derechos de los pueblos. A pesar de las interpretaciones generosísimas e interesadas en defender la idea de que al amparo de la Constitución (artículo 92), podría celebrarse incluso el referéndum que se pide desde Cataluña, lo cierto es que el texto constitucional consagra la “unidad de la patria” como criterio rector. Por otro lado, diversas instancias jurisdiccionales (Tribunal Constitucional, etc.) se encargan de recordarlo continuamente.

Pero más allá de las interpretaciones y de las posibilidades, la incapacidad del régimen monárquico para ofrecer una solución que no sea el acoso judicial, plantea la necesidad de dar una salida democrática a la situación. Una salida que sea realmente constituyente, y por tanto republicana, que garantice el derecho del pueblo catalán a decidir libremente su destino. Porque, ¿hay alguna otra salida para Cataluña y para el resto de pueblos del Estado español?

El referéndum pactado

Después de invocar la “unilateralidad” (referéndum decidido unilateralmente por las instituciones catalanas, o incluso declaración unilateral de independencia) como espantajo para forzar una negociación con el Estado, el gobierno de la Generalitat ha ensayado la fórmula de agrupar en una plataforma a todos los partidarios del referéndum, particularmente a los sectores vinculados con la alcaldesa de Barcelona y Cataluña sí se puede (CSQP) y a los sindicatos. Los dirigentes de JxS, sabedores de que la secesión, y menos una secesión unilateral, no tiene ni tendrá ningún apoyo de las instituciones europeas –cuestión en la que basan toda su estrategia–, y aunque aparenten ignorarlo, conocedores también de que la mayoría de gobiernos europeos se han posicionado en contra y Obama en persona dio el espaldarazo a Rajoy, han impulsado la transformación del “Pacto Nacional por el Derecho a Decidir” en “Pacto Nacional por el Referéndum”. El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir ha tenido poco recorrido: los gobiernos de Mas y Puigdemont lo han anulado para dar todo el protagonismo al independentismo (lo que fue clamoroso cuando la comparecencia de Mas ante los jueces, en que el apoyo de los sindicatos fue menospreciado). Pero ahora, siguiendo la estrategia de “cargarse de razones” para demostrar a la ‘comunidad internacional’ que no hay más salida –ante la previsible negativa del gobierno del PP– que las medidas unilaterales, el gobierno de la Generalitat y los partidos que lo apoyan buscan aparentar que el “proceso” tiene una base social más amplia. Quieren hacerlo invocando la democracia y el deseo de la mayoría del pueblo catalán de poder votar, cuestiones estas que nadie que se reclame de los trabajadores y la democracia puede dejar de suscribir. Sin embargo, el objetivo de conseguir un acuerdo con el Estado para hacer un referéndum de autodeterminación es, hoy por hoy, un objetivo imposible sin enfrentarse abiertamente con el régimen de la Monarquía, en alianza con los trabajadores y pueblos del resto del Estado.. Esto lo saben todos. ¿Por qué, entonces, marear la perdiz?

La vía muerta

Es indudable que esta estrategia solo sirve a quienes durante muchos años se ampararon en el corsé de la Monarquía para asegurar la defensa de sus intereses contra la mayoría trabajadora, y ahora, ante la crisis generalizada del régimen, buscan amparo en la UE. ¡Como si la UE fuera el garante de los derechos de los pueblos! Estos sectores vinculados políticamente en su mayoría a la antigua CDC, han conseguido hasta el momento, gracias a la ANC y los acuerdos con Esquerra, vehiculizar la indignación social y nacional de una parte muy importante del pueblo catalán, ante el desistimiento vergonzoso de las organizaciones que se reclaman de los trabajadores, fundamentalmente por el giro del PSC-PSOE que se selló en Granada y que trata de someter el movimiento obrero del Estado español a la política del aparato de estado de la Monarquía, contraria a la soberanía de todos los pueblos. Se han aprovechado de la ruptura del binomio que constituyó uno de los motores de la lucha antifranquista (no hay derechos nacionales sin derechos sociales, y a la inversa), y han extendido la idea de que la mayoría del pueblo catalán tiene un interés común compartido que está por encima, y/o al margen, de los recortes, de la defensa de la sanidad y la enseñanza públicas. El proyecto de presupuestos de la Generalitat para el año 2017, que ha iniciado el trámite parlamentario gracias a los votos de la CUP, es una expresión de esto. Los presupuestos que presenta Junqueras no revierten los recortes y son respetuosos con los objetivos de estabilidad, es decir, con las exigencias del capital financiero, a quienes, por otro lado, ha dado garantías por escrito. Todo ello en nombre de un futuro mejor y para no separarse de CDC-PDC ni romper con Bruselas. Pero esos recortes enajenan a millones de trabajadores catalanes y al movimiento obrero del Estado de sus “hojas de ruta”.

Los dirigentes de JxS lo fían todo a que la ‘comunidad internacional’ reconozca el derecho a la autodeterminación de los catalanes, ante la actitud antidemocrática del Estado español. Que el régimen heredado del franquismo es profundamente alérgico a la democracia lo saben todos los trabajadores y pueblos del Estado español, que sufren las consecuencias de ello. Pero hacer creer que las instituciones de la UE o los gobiernos europeos van a acudir al socorro de las aspiraciones democráticas del pueblo catalán es sencillamente un engaño. Recuerda mucho a la actitud que adoptaron en 1936-1939 quienes creían que la salvación de la República estaba en manos de las democracias europeas. Y sabemos como acabó.

Pero, ¿hay otra salida?

Contra lo que insistentemente pregonan los dirigentes de la Gestora socialista y los apóstoles del “nosaltres sols”, y contra todos los que han enterrado por enésima vez a la clase obrera, existe un movimiento entre los trabajadores y pueblos del Estado español, comprometido en la búsqueda de una salida política a la crisis del régimen. Hay evidencias más que suficientes que indican que la defensa de los derechos nacionales no es solo un asunto catalán (por ejemplo Podemos obtuvo 5 millones de votos incluyendo en su programa la cuestión del referéndum), que la defensa de los derechos sociales atañe a todos, o que el deseo de acabar con los gobiernos del PP –con todo lo que ello significa– era la aspiración mayoritaria de las bases del PSOE, solo truncada por las maniobras antidemocráticas del aparato. Este movimiento se expresa en las decenas de resoluciones de congresos sindicales que exigen a los dirigentes que cesen en la política de diálogo social y emprendan el camino decidido de la lucha por la recuperación de derechos, en defensa de las pensiones, del salario, etc.

El callejón sin salida de esta situación solo puede resolverse de una manera democrática si la clase obrera unida toma la iniciativa, con sus propios objetivos, forjando una alianza entre los trabajadores y pueblos del Estado español, contra la Monarquía heredada del franquismo, será posible abrir un horizonte de esperanza, de libertad y de fraternidad, imponer una salida auténticamente democrática que cierre el paso a las vías muertas. Las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores tienen una responsabilidad enorme en este sentido.

En concreto, si las organizaciones de los trabajadores saben unirse para derrotar a Rajoy y echar abajo las reformas laborales y de pensiones, el pueblo catalán y los demás podrán reconocer a su viejo aliado, al que necesitan para conquistar sus derechos.

A la vez, si los dirigentes de los sindicatos y partidos levantados por los trabajadores defienden la unidad de la clase y de sus propias organizaciones rechazando de plano la política franquista de enfrentamiento, que es la de Rajoy y la del discurso de Nochebuena del Monarca, abrirán el camino a la reconstrucción de la alianza de trabajadores y pueblos que acabó con la dictadura y que hoy hace falta para recuperar las conquistas sociales perdidas y amenazadas y la fraternidad entre pueblos.

Es el único camino para evitar que seamos arrastrados a un torbellino de choques políticos y descomposición social, en el que las aspiraciones de los trabajadores y de los pueblos del Estado español quedarían arrinconadas o substituidas.

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