La justicia franquista no es ciega

(Publicado en la Carta Semanal 616)

La sentencia del caso Nóos y su posterior aplicación por la Audiencia de Palma de Mallorca han despertado una ola de indignación en todo el país. No es para menos. Los principales acusados han sido absueltos o han recibido condenas muy inferiores a las que pedía el fiscal. Y para colmo, en una decisión inaudita, podrán seguir en libertad mientras se estudian sus recursos. Incluso se les permite salir del país y moverse libremente.

En rigor, “justicia” y “franquista” no son términos compatibles. Bajo el régimen de la Monarquía el “poder judicial” está representado por el aparato judicial heredado del franquismo, sin depuración alguna. Un aparato judicial que emana de los consejos de guerra de la Guerra Civil y la posguerra, cuyas sentencias ha dado reiteradamente por buenas, negándose a revisar ni una, y del estricto control y selección de jueces por la Dictadura durante 40 años. Quienes antes de la muerte de Franco enviaban a prisión a los acusados de “asociación ilícita” o “propaganda subversiva” siguieron en sus puestos, convertidos, por la gracia del “consenso constitucional”, en “jueces demócratas”. Los intentos de los gobiernos socialistas y de grupos parlamentarios no franquistas de corregir o neutralizar este origen han chocado con la bunkerización de los jueces franquistas en la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) para controlar las salas de gobierno y con el asalto del PP al Consejo del Poder Judicial. Se trata de un sistema judicial implacable con los pobres, y en especial con los militantes obreros, pero siempre dispuesto a ser “comprensivo” con los ricos y los poderosos. Y en este caso se trataba de la Casa Real. No en vano el propio Presidente del Supremo, Carlos Lesmes, declaraba que “La Ley está pensada ‘para el robagallinas’ y no para el gran defraudador”.

Una sentencia alucinante

La sentencia del caso Nóos acumula un disparate jurídico sobre otro. En especial, en lo que se refiere a Cristina de Borbón, hermana del Rey. A pesar de ser licenciada y máster universitaria, el fiscal primero y el tribunal después, se han mostrado comprensivos con su argumentación; ella no se enteraba de nada, firmaba donde le decían sin leerlo, y tenía “plena confianza” en su marido. Una argumentación que la Fiscalía no acepta en el caso de la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias. La misma Fiscalía que en su día defendió que las personas mayores que compraron las “participaciones preferentes” de las Cajas de Ahorro tenían plena capacidad de saber lo que compraban.

En el caso del marido de la Infanta, Iñaki Urdangarín, sorprende lo reducido de la sentencia. El fiscal pedía 19 años de prisión, y se han quedado en 6. Todo eso habiendo robado, según la sentencia, 4,5 millones de euros. De nuevo hay que citar una comparación que circula por las redes, con el caso de Alejandro Fernández, joven malagueño condenado a 6 años de prisión por haber gastado 80 euros con una tarjeta falsificada.

Pero por si no bastara para dejar clara la “imparcialidad” de la justicia franquista, ahora viene lo decidido por la Audiencia sobre la situación del marido de la Infanta, Iñaki Urdangarín, en tanto se resuelve su recurso ante el Tribunal Supremo. Ya el fiscal, sorprendentemente, y en contra de su criterio habitual en estos casos, pedía prisión eludible con fianza. Pero ni eso. La Audiencia de Palma ha decidido dejar al Sr. Urdangarín en libertad, sin fianza, y con permiso para residir en Suiza y moverse libremente por donde quiera. Tan sólo tiene que avisar al Tribunal si va a salir de la Unión Europea.

Es la misma “justicia” que persigue con saña a más de 300 sindicalistas por organizar huelgas, o que acaba de decidir mantener en prisión a Andrés Bódalo. En este caso, la Sala Segunda de la Audiencia de Jaén explica en un auto que no es posible dejarle salir del cárcel porque si sale va a seguir luchando por los derechos de los trabajadores, puesto que Bódalo no reconoce “los errores que le llevaron al delito”, y “no existen evidencias de arrepentimiento del penado respecto a la actividad delictiva por la que está cumpliendo condena”.

Un proceso amañando del principio al fin

El Estado ha volcado todos sus recursos para proteger a la institución monárquica. La Agencia Tributaria olvidó todas sus normas para dejar limpia a la Infanta. La Abogacía del Estado ha sido la primera defensa de la Infanta y de la Casa Real, secundada por los informes policiales. La Audiencia de Palma anuló la primera imputación de la Infanta, y cuando no tuvo más remedio que admitir una imputación más restringida, la Fiscalía –que depende del Gobierno– dio un auténtico golpe oponiéndose a la decisión del juez. Así llegó el caso al juicio oral muy aligerado para que las tres juezas pudiesen dar el cambiazo final: sin más acusación contra la Infanta que la mafia de Manos Limpias, el proceso de prueba previo al juicio no demostró la participación de Cristina Borbón en el delito. Por lo demás, las acusaciones “no demostraron lo que entendían como delitos en Valencia y en Madrid. Solo los cometidos en las Islas, y no todos”.

En particular, en el banquillo de los acusados faltaba el más relevante, el representante de la Casa Real y tesorero de la empresa Nóos, Carlos García Revenga. Dice un catedrático de Derecho Penal: “El mal gusto de boca existente [tras la sentencia] se debe a una razonable convicción: lo más sustancioso de la trama, por sus extensísimos tentáculos, ha resultado inabarcable. La investigación duró cinco años y llegó a donde llegó […] La extensa interlocutoria de apertura de juicio oral, casi 200 folios, dejó fuera, con poco más de línea y media, a Carlos García Revenga, el vínculo entre la Casa Real, de la que era empleado, y la infanta Cristina de Borbón. Así se cegó una vía esencial.” (Joan J. Queralt, en El Periódico)

Eso tiene un nombre: tongo.

Reacciones aún más alucinantes

Más que llamativas han sido las reacciones de los distintos defensores del régimen monárquico, que no han dudado en cubrir la actuación de la “justicia” franquista. Incluso quienes han criticado la sentencia, lo han hecho desde el respeto al aparato judicial. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que la sentencia “demuestra que en España, el estado de derecho funciona”. Y añadía que “Todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Nadie está por encima, ni al margen de ella”, y que desde hace años España viene dando “buenas muestras de un Estado de Derecho que funciona muy bien, con separación de poderes e independencia de los jueces”

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, expresaba, en nombre de la Gestora del PSOE, el “máximo respeto” por la sentencia del caso Nóos, añadiendo que este ha sido un juicio “ejemplar”. Y que el poder judicial aplica la ley “sin ningún tipo de distinción por la condición de las personas”.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se felicitaba de que cualquier persona, sea quien sea, tenga que “rendir cuentas” ante la justicia y que la condena de Urdangarín demuestra que los mecanismos judiciales “funcionan”.

Por parte de Podemos, la diputada Gloria Elizo valoraba la sentencia en el Congreso de los Diputados, que ha expresado moderadas críticas: “Políticamente nos parece insuficiente”, añadiendo que “lo que se había puesto de manifiesto durante el proceso era más que suficiente para una condena a la infanta”, pero que se trata de “salvar una situación jurídica compleja para la Casa Real”.

En cuanto al líder de IU, Alberto Garzón, ha afirmado que “En dictadura o democracia, los Borbones siempre libran sus delitos. El absolutismo ha pasado, pero siguen estando conectados con algo divino”. Pero… ¿cómo puede haber una “democracia” que respete los abusos de la “sangre azul”?

En cuanto al Juez Castro, instructor del caso, que ha quedado como una “oveja negra” dentro del aparato judicial, se ha mostrado abiertamente decepcionado porque el fallo de la Audiencia Provincial ni siquiera saca conclusiones de lo que a él le habían dejado investigar y él había sustanciado. Castro admitió que “no esperaba este tipo de sentencia” con tantas absoluciones, entre ellas la de la Infanta, en cuyo caso le parece que “la ignorancia que ella hacía gala” en el juicio y instrucción “ha merecido crédito” del tribunal, “como se hubiera podido dar crédito a lo que dijera Rosalía Iglesias y Ana Mato”, en referencia a la exmujer de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y a la exministra de Sanidad, enjuiciadas en la trama central del caso Gürtel.

Sería inacabable reseñar la vergonzosa cobertura de los hechos por los medios de comunicación, en particular por parte de medios y analistas “progresistas”.

Un recurso fundamental ha sido escamotear el significado de esos hechos enfocando la sentencia de las tarjetas black como prueba de que la justicia es igual para todos. Mentira, porque los jueces hicieron una doctrina especial para salvar a Botín, mientras Francisco González se libraba con el incendio de un rascacielos, nunca aclarado. Los poderes económicos y el régimen han dejado caer a Rato como han dejado caer a Urdangarín, para tapar. Persiguen a Pujol después de taparle durante treinta años porque le convenía al régimen. Pero son implacables con los dirigentes elegidos por el pueblo que no se someten a la arbitrariedad del régimen monárquico.

Hay que acabar con el aparato judicial franquista

No se trata de una arbitrariedad más, para las organizaciones que se reclaman de la clase obrera y la democracia es una cuestión de vida o muerte. Es una demostración más de la incompatibilidad entre el régimen heredado de Franco, con su “justicia”, y la igualdad de derechos base de existencia de las organizaciones. Cerrar los ojos ante esto o participar en el coro de los lacayos monárquicos es suicida para la defensa elemental de los derechos sociales y democráticos.

Si se quiere justicia, no se puede dejar en manos de estos jueces. Si se quiere democracia, no se puede dejar en manos de esas instituciones. La situación social insoportable de la mayoría, exige poner fin a este entramado antidemocrático.

La exigencia democrática de limpiar este poder judicial y sustituirlo por jueces elegidos directamente por el pueblo va unida a la necesidad de acabar con el régimen monárquico y traer la democracia, la República del Pueblo y para el Pueblo.

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