La visita frustrada de John Kerry, más allá de la ampliación de la base de Morón

(Publicado en la Carta Semanal 527)

Carta-527A toda prisa, con apenas cuatro meses de negociaciones, el gobierno Rajoy ha anunciado su decisión de aumentar a 3.000 el número de militares estadounidenses en la base de Morón de la Frontera.

El 17 de abril el Consejo de Ministros aprobó una nueva prórroga del despliegue de unos 850 marines en Morón de la Frontera. Ahora, el pasado viernes, se anunciaba que el Gobierno autorizaba un acuerdo de modificación del convenio militar entre España y los Estados Unidos. El nuevo acuerdo supone transformar Morón en una base permanente de despliegue de las fuerzas estadounidenses para operaciones en África (hasta ahora sólo había una autorización provisional), y permite una presencia permanente de hasta 2.200 militares, 500 civiles y 26 aeronaves en estas instalaciones. A esta presencia “permanente” se añade el aumento de los niveles “temporales” de presencia de militares estadounidenses en Morón, que también se incrementan en un máximo de 800 efectivos y 14 aeronaves adicionales. Es decir, 3.000 militares, 500 civiles y 40 aviones. Los Estados Unidos quieren, entre otras cosas, garantizar el uso de la base 24 horas al día y todos los días de la semana. Así, los Estados Unidos integran e implican totalmente a España en su estrategia de guerra contra los pueblos.

Esta importante presencia de “civiles” en el nuevo acuerdo no deja de ser llamativa, cuando la plantilla española de la base de Morón ha sufrido 240 despidos en tres expedientes de regulación de empleo consumados en 2010, 2013 y 2014 por la empresa norteamericana Vinnell-Brown & Root Spain, concesionaria entonces de los servicios auxiliares de la base. El gobierno Rajoy se ha desentendido de la petición del comité de empresa de la contrata de que cualquier negociación sobre el futuro de la base tuviera en cuenta la exigencia de readmisión de los trabajadores despedidos.

El acuerdo anunciado por el Gobierno –que debe ser ratificado por las Cortes– supone convertir a la base de Morón en el elemento principal de la acción militar de los Estados Unidos en el norte de África. Morón, a menos de una hora de vuelo de Argelia, que cuenta con copiosos recursos de hidrocarburos, dispone de una de las pistas de despegue y aterrizaje más grandes de Europa, hasta el punto de que la NASA la seleccionó como aeropuerto alternativo del programa de transbordadores espaciales, y de una zona para almacenamiento de material y aviones de más de 48,7 millones de m2. Ha sido utilizada en prácticamente todas las intervenciones militares.

Con este nuevo acuerdo, Morón se convertirá en un temible dispositivo de intimidación y agresión a los pueblos de la zona (y a los gobiernos que se muestren siquiera un poco “díscolos”). La intervención militar de los EEUU y la OTAN ya ha destruido Libia, sumiéndola en el caos, y poniéndola en manos de los yihadistas y de las mafias que explotan a los refugiados procedentes de los países destrozados por las guerras, y desestabilizando toda la región. Públicamente debaten nuevos bombardeos contra Libia para –dicen– destruir los barcos de las mafias traficantes. Ahora quieren que desde suelo andaluz se ejecuten nuevos planes de destrucción de las naciones, y de la propia convivencia, en el norte de África.

Antes de que se tuerza

El acuerdo anunciado por el Gobierno el viernes debía ser firmado casi de inmediato por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que había anunciado una visita express a España para el domingo-lunes. En el curso de esta primera visita como jefe de la diplomacia estadounidense, Kerry tenía previsto verse el domingo con García-Margallo y el lunes con el Rey y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahora el accidente que ha sufrido Kerry ha obligado a anular el viaje, pero las intenciones políticas (y las prisas del imperialismo norteamericano) siguen en pie, hasta el punto de que han anunciado que enviarán a otro alto mandatario a firmar el nuevo acuerdo cuanto antes.

La prensa no oculta que las prisas de Kerry se deben a los temores del gobierno estadounidense de que el gobierno Rajoy no aguante en pie y de que un nuevo gobierno tras las elecciones generales no autorizara este aumento de tropas. Pero al mismo tiempo, la visita de Kerry a una semana de la debacle electoral buscaba escenificar el apoyo del imperialismo norteamericano a la Monarquía y a su papel internacional para mantener el orden mundial.

Ciertamente, la descomposición del PP tras las elecciones municipales se acelera. A las dimisiones anunciadas por varios “barones” regionales se suman nuevos escándalos de corrupción, como la reciente detención del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, en una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión de contratos para la extinción de incendios durante su etapa como Consejero de Gobernación. El asunto Bárcenas ataca al núcleo central de dirección, con la acusación de delito electoral y la fianza de 1,2 millones exigida al propio PP por el juez. Aparecen, a la vez, las primeras críticas abiertas de dirigentes a la política del Gobierno, como las de Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, contra el ministro de Industria, a quien acusa de mala gestión en la cuestión de las minas de carbón. Estas críticas fueron ampliadas por el portavoz del gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que pidió a Rajoy que destituya al ministro de Industria, José Manuel Soria, y no en este caso por la crisis del carbón y su repercusión en León, sino también por “haber destrozado al partido en Canarias”.

En esta situación, al imperialismo estadounidense no le bastan las promesas de moderación de diversos dirigentes de los partidos “emergentes”, y prefiere ir a lo seguro.

Cada día de Rajoy, un peligro más

El anuncio apresurado de la decisión del Gobierno de firmar el acuerdo con Kerry pone de manifiesto el peligro que supone para el pueblo trabajador cada día de continuidad del gobierno Rajoy, que si se le dejan unos meses más hasta noviembre o diciembre puede hacer muchísimo daño. La ratificación del acuerdo sobre Morón es una asignatura pendiente, forma parte de los deberes que Rajoy propone a las Cortes para julio y agosto. La exigencia de elecciones anticipadas que acaba de hacer pública la UGT en una resolución de su Comité Confederal no puede ser más oportuna. ¿No deberían CCOO y las demás fuerzas políticas y sociales que representan la voluntad de cambio de la inmensa mayoría hacer suya esa exigencia y transformarla en una campaña política inmediata?

Además, el acuerdo que iban a firmar apresuradamente Margallo y Kerry ha de ser ratificado en las Cortes. Por mucha mayoría que aún tenga Rajoy en esas Cortes, esa posible ratificación se ha contra la voluntad expresada incluso en las urnas de que Rajoy se vaya. El PP no tiene legitimidad democrática para atar el país a unos acuerdos militares que vinculan España a los planes de guerra de los Estados Unidos, pues ha sido reiteradamente derrotado, su partido acorralado y rechazado por la corrupción. La inmensa mayoría quiere que Rajoy se vaya ya y se convoquen elecciones. Por supuesto, los parlamentarios del PSOE y de la Izquierda Plural, todos los parlamentarios que representan en esas Cortes a los trabajadores, deben negarse a ratificar con sus votos ese acuerdo. Pero, además, debe ponerse en marcha la más amplia campaña contra la ratificación del acuerdo de ampliación de Morón.

No basta con votar que no, hay que exigir que las organizaciones que dicen representar a la clase obrera, sindicatos y partidos, deben tomar cartas en el asunto. ¿No sería necesaria una movilización unitaria, con los partidos y sindicatos de la clase obrera, el día de la votación para manifestar el rechazo a esos acuerdos y para que efectivamente Rajoy deje de legislar y tomar decisiones contra los trabajadores, la juventud y los destinos del país?

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