Las formas particulares de la crisis del régimen monarcofranquista

(Publicado en la Carta Semanal 624)

Como señalábamos en una reciente Carta Semanal. El gobierno Rajoy, a pesar de haber sido elevado su presidente a la categoría de “grande de Europa”, sufre una parálisis a primera vista sorprendente.

Una parálisis que resulta aún más grave porque se da en una situación internacional de incertidumbre, en la que el imperialismo norteamericano parece cambiar de política cada día, en la que se profundizan los síntomas de dislocación de la UE, y todo ello sucede en un ambiente de presión incansable del capital financiero para exigir a los gobiernos los máximos ataques contra los derechos sociales y democráticos. Pero el gobierno Rajoy, a pesar del apoyo del imperialismo y de las instituciones internacionales del Capital Financiero, parece cada vez menos capacitado para dar respuesta a esas exigencias.

Y, para añadir leña al fuego, de pronto aparecen de nuevo a la luz pública los escándalos de corrupción que pudren de arriba abajo al PP.

Una corrupción inherente al régimen

El régimen monárquico, su aparato de Estado y sus instituciones heredaron la corrupción inherente a la dictadura franquista. Una corrupción que, aunque obligatoriamente afecta a todas las fuerzas políticas o sindicales que defienden al régimen monárquico pretendidamente democrático tiene, por fuerza, que concentrarse en el PP.

En efecto, al mismo tiempo, se ponen en primera plana los escándalos de corrupción del PP nacional, con el mismísimo Rajoy citado a declarar en el juicio por el caso Gürtel, con los escándalos del PP de Madrid (a la vez que Esperanza Aguirre testifica en el juicio Gürtel, y es detenido el expresidente “pepero” de la Comunidad de Madrid, Ignacio González), mientras acaba de verse obligado a dimitir el presidente de Murcia y siguen su curso los juicios e investigaciones de la corrupción en los gobiernos valenciano y balear del PP.

El caso de Ignacio González destapa, además, la posible implicación de la Fiscalía en un intento de tapar la investigación (como ya sucedió, al parecer, en el caso del expresidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez), e incluso se habla de un posible “chivatazo” al expresidente madrileño, proveniente del propio Gobierno. A la vez que algunas de las grandes empresas creadas bajo el franquismo se ven implicadas de lleno en la trama corrupta.

¿Cuál es la particularidad? El PP no es sólo “uno” de los partidos del régimen, es la representación política del aparato de estado, con las instituciones heredadas del franquismo. Como consecuencia de ese hecho, la cuestión no es que haya más o menos corruptos en su interior, sino en que el propio partido es la “corrupción organizada”. Cargar con la defensa del aparato judicial, la alta administración, las fuerzas armadas y policiales, el entramado de los grandes bancos, el poder de la Iglesia, las actividades de intermediación de miembros prominentes de la Casa Real, configura un cóctel explosivo.

Por tanto, no hay actuación judicial posible que acabe con esto. Y menos si se espera que vaya a venir del aparato judicial heredero del franquismo, cuya emanación -y principal defensor- es el propio PP. Ahí están, como muestra, los escandalosos resultados del juicio a Urdangarín y a la hermana del Rey, Cristina de Borbón.

Esta situación muestra el verdadero sentido de la abstención impuesta por la Gestora al grupo parlamentario del PSOE, que no es otro que ayudar a Rajoy a preservar al aparato de Estado y al régimen. Un esfuerzo que, por costoso que sea para el propio Partido Socialista, no impide ni puede impedir la continua descomposición de ese aparato de Estado y del propio régimen.

La crisis del gobierno y del PP, pueden arrastrar la crisis del régimen

Esa es la principal preocupación del capital financiero y sus defensores. Que, por eso, se ven cogidos entre la necesidad de acabar con la sucesión de escándalos de corrupción y la necesidad de defender al régimen que los alimenta.

En estas condiciones, la lucha por la República no puede limitarse a colocar unas banderas en lugares públicos y hacer unas manifestaciones durante el mes de abril, por más que esas actuaciones despierten el odio del gobierno y del aparato de Estado, como se ha demostrado en la celeridad con que un juez de lo contencioso ha obligado “cautelarmente” al Ayuntamiento de Cádiz a retirar la bandera que había colocado en un mástil ante la Puerta de Tierra de la ciudad. Como el año pasado le obligó a retirarla del balcón del Ayuntamiento.

No, la lucha por la República del pueblo y para el pueblo tiene un contenido preciso, de plena actualidad, de respuesta inmediata a la crisis política, que no puede esperar a que se vuelvan a sacar las banderas tricolores de los baúles en abril del año próximo. Tiene, en primer lugar, un triple contenido.

En primer lugar, República es reconocer el derecho de los pueblos. Porque no puede haber República sin República Catalana, sin República Vasca y Gallega. Bajo la Monarquía heredera de la opresión franquista no puede -como los hechos han demostrado- haber satisfacción para las aspiraciones democráticas de los pueblos.

En segundo lugar, República es reconocer las conquistas sociales y las libertades democráticas, el derecho a la educación y a la sanidad, el derecho de huelga y el de manifestación y protesta social, el derecho a la negociación colectiva y los derechos laborales. Lo que hoy supone su recuperación y la derogación de todas las normas que los recortan.

República es, en tercer lugar, dar un baldeo al establo nauseabundo de las instituciones heredadas del franquismo. Una limpieza que no puede dejarse en manos del poder judicial heredado del franquismo. Sólo una poderosa inundación popular de República puede acometer esa tarea, como cuando a Hércules se le encomendó la limpieza de los Establos Augías, y hubo de desviar el cauce de los ríos Alfeo y Peneo, llevándolos a través de los establos para arrastrar la podredumbre.

¿Quién puede acometer esta tarea?

No lo va a hacer el Capital Financiero, a quien el régimen sirve. Ni sus instituciones como la Unión Europea, que acaba, precisamente, de “coronar” a Rajoy como uno de sus prohombres. No, la única fuerza social capaz de encabezar esta triple lucha por la República no puede ser otra que la clase obrera, arrastrando con ella a sus organizaciones, única clase capaz de aunar fuerzas y agrupar a todos los sectores oprimidos de la sociedad y en particular dar respuesta democrática a la cuestión nacional catalana.

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