Carta Semanal 814 en catalán
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Gabriel Rufián anunció un acuerdo con el Gobierno contra el ‘paraíso fiscal de Madrid’, y el debate que ha seguido ha llamado la atención sobre un cambio de impuestos que el Gobierno está fraguando para cumplir las condiciones impuestas por la Unión Europea para recibir sus ‘ayudas’.
El 16 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre, entre otras cosas, el marco presupuestario y los fondos “de recuperación”. Incluye entre sus bases un acuerdo europeo sobre “la cooperación en materia presupuestaria”. Las instituciones de la UE asumirán más tareas de control de las medidas de “recuperación” de cada país. En particular sobre la aplicación de la ‘estrategia europea de crecimiento’ basada en la competencia sin trabas. (Resolución B9-0428/2020 del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020).
Recordemos algunos de los preceptos de esa “estrategia”:
“Hace falta más armonización fiscal en Europa fundamentalmente porque la competencia fiscal [entre estados, pero también entre regiones] distorsiona el mercado único”.
“La estrategia de crecimiento europea requiere desplazar el peso de los impuestos directos a los indirectos, pues los primeros distorsionan las decisiones de inversión”. En efecto, “la producción de bienes públicos financiados con impuestos no compensa la pérdida de eficiencia”. (“Armonización fiscal en Europa: avanzando”, texto del consejo de análisis económico de julio del 14 al que se sigue remitiendo hoy la UE).
Así entendemos que el Gobierno, y en particular la vicepresidenta Calviño y su equipo estudian una armonización de impuestos. Se han desatado polémicas en los medios de comunicación que camuflan el contenido de ese plan.
No está cantado que vaya a haber una tendencia lineal a reducir impuestos, pues los países del sur de Europa tienen un nivel impositivo más bajo, y hay presión para acercarse a los del norte, que se va a expresar en la exigencia de pagar la deuda, prioridad establecida en los presupuestos desde la modificación del artículo 135 de la Constitución por Zapatero y Rajoy en agosto de 2011.
En cambio, parece claro que Calviño va a incidir en cambiar el peso de los diversos impuestos para cumplir las exigencias del capital financiero. Y hay que tomar nota de la propuesta del Parlamento Europeo de “desplazar el peso de los impuestos directos a los indirectos”. Porque los impuestos directos pueden ser progresivos, o sea, que paguen más los que más tienen, pero los impuestos indirectos los paga toda la población por igual.
En el Estado español, en el periodo de máxima desigualdad, la dictadura franquista funcionaba como la Unión Europea propugna, poniendo todo el peso en los impuestos al consumo (el actual IVA). Solo cuando tras la muerte de Franco la enorme movilización de los trabajadores y la juventud impuso libertades y derechos se dio un lugar al impuesto personal por la renta y el patrimonio. En cuanto al impuesto a las empresas (de sociedades) siempre ha sido extremadamente limitado.
Hoy hay una terrible presión para que cada una de las organizaciones que pretenden representar a trabajadores y pueblos haga suya la posición de la UE: “para que haya inversiones” hay que recortar los impuestos a la renta, al patrimonio y a las empresas. Es la política de un Estado sometido a la dictadura de los fondos que controlan los mercados. Y es la política natural de los trifachitos, pues es la tradición franquista. Pero con la que no rompen los gobiernos autoproclamados progresistas, como tuvimos oportunidad de explicar en la Carta Semanal sobre los presupuestos.
El impuesto de sociedades es ya un escándalo, pues las multinacionales y mayores empresas pagan impuestos ridículos, y el nivel real de lo que pagan las grandes empresas es el 7,7%, una miseria al lado de lo que pagan los trabajadores, que no pueden hacer trampa como muchas empresas (la imposición directa promedio de los asalariados en Madrid es del 21,3%). No en vano decía Trotski, en 1938, que “tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado, así como cualquier impuesto que se imponga recae sobre los hombros de la clase obrera”.
En cuanto al IRPF, la UE, que hace más milagros que Santa Teresa, afirma que recortar los impuestos a los ricos no es obstáculo para “redistribuir”.
Eso nos da la auténtica cara de las “ayudas” europeas: endeudar al país para favorecer a los millonarios y las empresas, privando de medios al Estado para atender a la sanidad pública, el desarrollo industrial, etc. Van a vigilar que el Gobierno y las Cortes cumplen eso. Esto lo consignamos al analizar los fondos del enésimo “acuerdo histórico” de la UE. Cuáles serían sus procedencias, cuáles sus destinos, qué condicionalidad…
La otra cara de la operación es reducir el coste de la sanidad, sustituyendo la sanidad de calidad por la beneficencia tipo Ayuso, la atención a la vejez subcontratada de mala calidad. Pero eso sí, el gasto público así recortado, se dedica en gran parte a pagar a empresas privadas, las administraciones pagan, el privado hace negocio (como en las residencias de mayores), y paga las consecuencias el trabajador, que es la mayor parte de la llamada ciudadanía (término utilizado para camuflar que la pertenencia a una clase u otra es determinante para saber las condiciones de vida de las personas).
La actual ofensiva contra las pensiones forma parte de esa misma ofensiva del capital, pero no la abordamos aquí, ya que ha sido tratada en otras Cartas.
¿Qué busca la actual polémica entre autonomías?
Gabriel Rufián ha anunciado un preacuerdo con el gobierno Sánchez para acabar con el paraíso fiscal de Madrid. Ayuso ha ido a Barcelona ¡a liberar a los catalanes del infierno de los impuestos!, mientras según ella, Madrid, con menos impuestos, aporta más que nadie a la solidaridad con otras autonomías.
Esa polémica entre autonomías, que quieren transformar en enfrentamiento entre pueblos, en este momento es promovida por el gobierno central y repercutida por los gobiernos autonómicos, querrán utilizarla los Calviño, Casado, Artadi y otros gobernantes para aplicar la “armonización” de Bruselas, como si con ello fueran a “poner orden”, garantizando la equidad entre comunidades autónomas..
Las autonomías son una pieza fiscal importante: participan en el IRPF y el IVA, y son titulares de los impuestos de sucesiones, donaciones y sobre el patrimonio.
Demos algunos datos de la situación:
Sucesiones (cónyuges, ascendientes, descendientes):
Prácticamente cero Madrid, Cantabria, Andalucía, Murcia, Extremadura,
Asturias (36,5%), Castilla y León, C. Valenciana tienen el más alto. Galicia (18%)
Donaciones (cónyuges, ascendientes, descendientes):
Entre el 0% y el 1% en Madrid, Cantabria, Andalucía y Murcia
Cataluña y Galicia entre el 5 y el 9%
Patrimonio (a partir de un millón)
Madrid: se paga el 0%
La mayoría de autonomías: máximo en torno al 2,5%. Navarra 2%. Extremadura el 3,75%
La mitad del IRPF
Mínimos más bajos: Madrid, Canarias y la Rioja 9%. El más alto Cataluña (12%)
Máximo más bajo Madrid 21%. Más alto la Rioja (27%)
El cuadro muestra que hay una competencia para arrebatar empresas y millonarios, que no es casualidad sino el resultado de la desreglamentación. En cambio, los trabajadores, si cambian de población es por el trabajo, no por los impuestos. Montoro dice que las autonomías se inventaron para hacer esa competencia. Es cierto sólo en parte: las autonomías se inventaron por imperativos políticos inesquivables, pero, claro, son utilizadas para la competencia entre intereses que no son los de los trabajadores, dividiendo a los trabajadores.
El lugar de Madrid en ese recuadro muestra que Rufián y otros no hablan por hablar. Detengámonos en lo que han montado los franquistas en Madrid (Aguirre, Gallardón, Ayuso, Aguado). Esos gobernantes, al servicio directo de la oligarquía, utilizan la capitalidad y la concentración de sedes de empresas, pero también utilizan el ataque a los servicios y empleados públicos madrileños para competir contra otras autonomías al servicio de la barra libre que busca el capital financiero. Después de Andalucía, Madrid es la que menos gasta en sanidad al año, y es, con mucho, la que menos gasta con relación al PIB. Es una operación de todo el entramado franquista de poder, empezando por el rey, que en el momento más álgido de la movilización en Cataluña, en 2017, cuando promovieron el traslado de las sedes de empresas catalanas, llamó personalmente a la dirección de Volkswagen para evocar la posibilidad de trasladar Seat a Madrid.
La señora Ayuso osa decir que en Madrid hay mucha libertad y mucha oferta: mucha libertad de explotación y la oferta del mayor mercado precario de España. Según el PP, tres millones de madrileños se han ahorrado 48.000 millones. Mienten. Ese dinero se lo han ahorrado los multimillonarios y otros ricos: el impuesto de Patrimonio es a partir de un millón, y las Sucesiones tres cuartos de lo mismo. Los barrios obreros de Madrid se movilizaron en septiembre contra el confinamiento segregador mostrando que no son los trabajadores y el pueblo de Madrid los que se benefician de la política de Ayuso.
Casado, acostumbrado al hipercentralismo para dar todo a la oligarquía, como Franco, ahora se disfraza de separatista para que las grandes empresas y los grandes millonarios sigan haciendo su agosto en Madrid, y sigan cotizando a la caja B del PP.
Y ¿cuál es la política de las otras autonomías?
Están sometidas al mismo juego. Las transferencias de servicios deficitarias les tienen asfixiadas. Y no llevan una política tan distinta.
Andalucía, para atraer a ricos, renuncia al impuesto del patrimonio o al de sucesiones, y tiene el menor gasto en sanidad por habitante. Quiere reducir a parias a los andaluces.
Castilla La Mancha, sin los recursos de Madrid de la que fue separada para completar el “café para todos” que mantenía la negación del derecho de autodeterminación, baja impuestos para rebañar industrias y población en la periferia de la capital (muchos fondos se reparten teniendo en cuenta la población de cada autonomía).
En Cataluña, el gobierno autonómico, que arrastra desde hace 40 años la transferencia deficitaria de la sanidad (agravada después), con Mas y Artadi hizo el mayor recorte en sanidad, a pesar de grandes movilizaciones.
Los trabajadores andaluces y catalanes no se benefician de la competencia con Madrid, son los que pagan el gasto. Pagan la falta de una reforma agraria y el desmantelamiento industrial, mientras sus gobiernos autonómicos miran para otro lado, es decir, son cómplices de esa orientación.
Ahora, el gobierno autonómico catalán, como gobierno regional, busca “nichos” de espabilados que ofrezcan proyectos con etiqueta de especulación digital y de especulación verde. Los programas de las grandes fuerzas de cara a las elecciones están en esta onda, dispuestos a dejar caer, después de Nissan, lo demás. Si el gobierno catalán, de la mano de Sánchez, acepta la armonización fiscal europea, competirá con el madrileño en desarrollar los impuestos indirectos, los que pagan en mayor medida los trabajadores, cuya otra cara es la reducción impositiva al capital “para atraerlo”. Lejos de toda aspiración nacional, es un subsidiario de subsidiarios.
Los medios de comunicación de Cataluña, y sus dueños, claman contra Ayuso (y algunos contra España) para recibir compensaciones y para ocultar que ellos hacen causa común con el Banco Santander, el Corte Inglés o los que explotan latifundios andaluces o salmantinos para sangrar a la mayoría trabajadora con el actual sistema impositivo.
Contra el sistema impositivo impuesto por el capital financiero
La Unión Europea es guardiana de los paraísos fiscales de las Bahamas, de Luxemburgo, los Países Bajos, la isla de Jersey, y en último lugar del paraisillo de Ayuso. En nombre de la “libre” competencia obstaculiza que se grave a los bancos y grandes empresas como se debería.
El interés de los trabajadores y pueblos de todo el Estado es la puesta en marcha de un sistema impositivo que grave al gran capital, a la banca, impida los paraísos fiscales, en nombre de los impuestos al consumo. Ésa y no otra es la discusión importante.
Ni el Estado de las Autonomías, ni las instituciones de la Monarquía, pueden aceptar esto, trabajan para el capital financiero siguiendo a Bruselas, lo cual suma a la necesidad de caminar hacia la República, a la nacionalización bajo control obrero de los sectores principales de la economía.