¿Por un puñado de euros?

(publicado en Carta Semanal 502)

Carta-502El 18 de marzo de este año, poco antes de la Marcha de la Dignidad, el Gobierno y los dirigentes de la Patronal y de CCOO y UGT anunciaron la reanudación de las conversaciones del llamado “diálogo social”. En el mes de julio volvieron a reunirse y reiteraron su voluntad de llegar a acuerdos. La semana pasada, tras meses de supuesto “diálogo”, han anunciado un acuerdo que el Gobierno debe concretar en 10 días: un subsidio de algo más de 400 euros para los parados de larga duración que no perciben ningún subsidio.

Los secretarios generales de CCOO y UGT lo presentan como una victoria: una ayuda a los trabajadores más golpeados por la crisis. Sin duda, nadie va a oponerse a que estos compañeros y compañeras de nuestra clase reciban alguna ayuda económica, por modesta que sea, pero hay que valorar qué significa esto para el Gobierno.

El Gobierno habla de unos 300.000 beneficiarios, que cobrarían unos 425 euros mensuales, o algo más, dependiendo de las cargas familiares, durante seis meses. Los dirigentes de UGT y CCOO hablan de unas 500.000 personas. A falta de saber el número de beneficiarios, se trataría de un gasto total de entre 800 y 1.300 millones de euros.

Sólo en 2014 el Gobierno se ha ahorrado casi 6.000 millones en dinero presupuestado y no gastado en seguro de desempleo. Por tanto, el Gobierno pondrá entre el 12 y el 22% de ese dinero. O dicho de otra manera, entre un 2% y un 4% del gasto de este año en intereses de la deuda. O un 3-6% de lo gastado en el rescate de Bankia.

El Gobierno pone sobre la mesa una miseria, y, por un puñado de euros, compra oro: la paz social que necesita para mantenerse en el poder, a pesar de su 10% de popularidad y de los escándalos de corrupción que continuamente afectan al PP. Y cada día que se mantiene en el poder, los recortes estrangulan a muerte a la sanidad, la enseñanza, los servicios públicos, mientras se cuecen nuevos ataques, nuevos recortes de derechos, como la ley mordaza.

300 compañeros y compañeras están en grave peligro

Mientras los dirigentes de nuestros sindicatos se sientan con el Gobierno en 13 mesas de diálogo social, los fiscales, que dependen jerárquicamente del Fiscal General a quien nombra el gobierno, tratan de meter en prisión a 300 sindicalistas, la inmensa mayoría militantes de UGT o de CCOO.

Acabamos de ver cómo el gobierno de Colombia ha interrumpido de inmediato las conversaciones con las FARC (para poner fin a un enfrentamiento armado que ha causado más de 200.000 muertos) porque éstas han capturado a un general. ¿Cómo pueden Toxo y Méndez seguir sentados tan tranquilos con el Gobierno cuando éste pretende secuestrar a 300 compañeros y compañeras?

¿Hay que recordar algunos casos? Hablemos de los 8 de AIRBUS, 7 de CCOO y 1 de UGT. El 10 de diciembre tienen una vista previa del juicio. La fiscalía les pide 66 años de cárcel: 8 años y 3 meses para cada uno. O de Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en Baleares condenada “sólo” a una multa de 4.000 euros. La Fiscalía recurre la sentencia para pedir 4,5 años de cárcel. En este caso está clara la voluntad del Gobierno de atacar abiertamente a los sindicatos: saben que en el juicio de Katiana estuvieron los secretarios y secretarias generales de todas las Federaciones y Uniones territoriales de CCOO para mostrar su solidaridad. O de Rubén Ranz, de Madrid, sindicalista de UGT, a quien la fiscalía le pide 7 años de cárcel. O los 4 trabajadores de John Deere y sindicalistas de CCOO, quienes está procesados por lo penal tras la denuncia que hizo el director general de su empresa, meses después de la huelga por el convenio de su fábrica, acusándoles de unas supuestas coacciones y del “delito contra los derechos de los trabajadores”, artículo 315.3, que además de importantes sanciones económicas, podría suponer también penas de cárcel de 3 a 4,5 años.

¿No es lícito preguntarse cómo puede mantenerse diálogo alguno con el Gobierno hasta que éste no obligue a la fiscalía a retirar todas estas acusaciones, y derogue el artículo 315.3 del Código Penal?

El Gobierno mantiene a los sindicatos sentados en esas mesas mientras sigue adelante con estos procesos. Al mismo tiempo, ningún diálogo, ninguna negociación en la Función Pública, donde se mantienen todos los recortes a sus 2,5 millones de trabajadores, o respecto de los pensionistas, a quienes, una vez más, se les va a subir la pensión un ridículo 0,25%.

¿Poner en peligro todo para salvar al régimen?

Sólo una cosa puede explicar la obstinación de los dirigentes de los principales sindicatos en mantenerse en un diálogo con el Gobierno que tanto beneficia a éste y que tanto perjudica a los sindicatos, que pierden cada día afiliación e influencia por esa política. Sólo lo explica la apuesta de los dirigentes por permitir que este gobierno se mantenga hasta las elecciones próximas y por ende salvar al régimen. Un régimen cada día más frágil al que la movilización obrera contra el gobierno Rajoy podría hacer saltar en pedazos.

El pasado 30 de noviembre, el director del diario El Mundo firmaba en éste un artículo de opinión con el título “Segunda transición o Tercera República”. No es el único que propone una reforma del régimen para salvarlo. El problema es que el aparato de Estado, que recela de las consecuencias de “abrir el melón” de una reforma que puede poner en peligro todos los privilegios y prebendas heredadas del franquismo, se niega a poner en marcha cualquier proceso de reforma. El PSOE ha pedido la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar la reforma de la Constitución, y el PP ha anunciado que se va a negar a crearla. Como se niega a toda negociación sobre la cuestión catalana.

No es posible ningún avance, ningún cambio en positivo dentro del régimen putrefacto. Mantenerlo supone profundizar cada día los sufrimientos y la miseria del pueblo trabajador. Y todas las organizaciones que apuestan por mantenerlo arriesgan hundirse con él, en los escándalos de corrupción y en la desafección de los trabajadores.

Todos los esfuerzos de quienes quieren progreso y libertad para la clase trabajadora y los pueblos deben orientarse a un mismo fin: conseguir la más amplia unidad de todas las organizaciones obreras y populares para organizar la movilización que derribe a este gobierno y abra la vía al fin del régimen.

Y nadie va a perder los 400 euros. Si echamos a Rajoy, cualquier gobierno que venga estará avisado de que no nos acallan con tres perras chicas, tendrá que hacer concesiones sustanciales a las demandas de los parados y de toda la población trabajadora.

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