Primeras reflexiones sobre el Pacto PSOE/PODEMOS sobre los presupuestos 2019

(Publicado en la Carta Semanal 701ver en catalán)

El Partido Socialista y Podemos han llegado a un acuerdo para presentar un proyecto de Presupuestos del Estado para 2019. Para muchos trabajadores y militantes, este acuerdo, que incluye propuestas como la subida del Salario Mínimo a 900 euros, la actualización de pensiones según el IPC y la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, supone un rayo de luz tras años de recortes y más recortes. Otros compañeros y compañeras señalan que no hay dinero para recuperar los recortes en la Sanidad, la Enseñanza y las plantillas de los servicios públicos, y que lo que se recupera en la Dependencia sigue quedándose muy corto.

Desde esta Carta Semanal queremos contribuir al debate, no sólo sobre los contenidos, sino sobre el significado político de este acuerdo, que supone una necesidad para el gobierno surgido de la moción de censura para legitimarse ante la población trabajadora que esperaba y espera de él medidas de cambio real.

Qué han dicho unos y otros

Mientras la derechona arremete contra el acuerdo como si fuera el Apocalipsis, los firmantes del acuerdo lo defienden con optimismo, aunque, como veremos, algo moderado.

Para PODEMOS “es un primer paso para cambiar las prioridades de política económica de España y superar el marco de la austeridad. Pero queda todavía mucho camino por recorrer (…) los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 abren el camino de una nueva etapa que pone punto y final a una larga década de austeridad”. Izquierda Unida dice que “este acuerdo supone un punto de partida para la reversión de las políticas de recortes que tanto daño han hecho a las familias trabajadoras. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para resolver los grandes problemas del país”.

En cambio, la derecha del PP y Ciudadanos ataca con todas su fuerzas el acuerdo. El más furibundo el nuevo y superfacha líder el PP, Pablo Casado, que ha dicho que “haré lo posible y lo imposible para que el salario mínimo no suba a 900 euros”   y que iba a llevar su oposición a los Presupuestos a Bruselas y al Tribunal Constitucional.

Los dirigentes sindicales han sido más comedidos. Unai Sordo decía, en un mensaje a la dirección de CCOO, que “el acuerdo es limitado en materia de reforma laboral. Apunta algunas materias que compartimos como que hay que regular de otra manera las condiciones de subcontratación, o modificar las causas y procedimientos de descuelgue del convenio colectivo. Sin embargo desaparece cualquier mención a la desaparición de la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector (que pueda bajar los salarios) y no compartimos la redacción sobre la ultraactividad”. El Área Pública de CCOO, por su parte, señala sus reticencias en lo que se refiere a las plantillas perdidas en los servicios públicos, “con una pérdida real de más de 260.000 puestos de trabajo en estos años”, y explica que el acuerdo no permite recuperar esas plantillas, porque en lugar de eliminar la tasa de reposición -el porcentaje máximo de puestos de trabajo que se pueden cubrir- para todas las administraciones, sólo lo permite “para las corporaciones locales que hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto” , no así para el resto de sectores y Administraciones Públicas.

Por otra parte, los medios de comunicación más afines al capital financiero señalan que lo más importante del Acuerdo es que, gracias a él, Podemos se convierte en un “partido de gobierno”. Algunos empiezan a hablar de una coalición “a la portuguesa”, que permitiría unir a todos dentro del respeto del “marco constitucional”.

¿Supone el acuerdo el fin de la austeridad?

Hay que reconocer que, contra lo que dicen IU y Podemos, el acuerdo no supone ni de lejos poner fin a la austeridad y las imposiciones de Bruselas. Todo lo contrario, se basa en aceptar los límites de déficit pactados con Bruselas por el Gobierno Rajoy (los PGE incluyen un ajuste de 4.850 millones para bajar el déficit del 2,7 al 1,8% del PIB), y, de hecho, el primer paso del Gobierno Sánchez ha sido remitir el proyecto de PGE a Bruselas para su aprobación. Bruselas ha contestado con una carta al gobierno cuyo contenido no supone en absoluto que la Comisión Europea vaya a rechazar estos presupuestos, sino que tiene dudas sobre algunos de los elementos que contiene y requiere información adicional, sobre todo sobre si las previsiones de recaudación con los nuevos impuestos permitirán cumplir los objetivos de reducción del déficit.

En este marco, para encajar a la fuerza algunas medidas sociales, el proyecto de PGE mantiene, por ejemplo, los enormes recortes en inversiones públicas que vienen aplicándose desde 2010 (de hecho el % de inversión pública sigue bajando con respecto a 2017) lo que afecta a las infraestructuras, a las inversiones en educación y sanidad, en I+D, en vivienda… Y esas inversiones son cada día más urgentes: las carreteras están muy deterioradas, el equipamiento sanitario cada vez más obsoleto.

En cuanto a los gastos en educación y sanidad, se mantienen estancados. El gasto en educación se mantendrá en el 4% del PIB, mientras que el gasto en Sanidad permanecerá en el 6% del PIB. Queda muy lejos, por tanto, de las necesidades de recuperación de estos servicios (recordemos que, sólo en Sanidad, la cantidad robada al sistema por los recortes en estos años ha sido de 23.000 millones de euros).

Tampoco supone el acuerdo el fin de las contrarreformas del PP, que todos esperaban de este gobierno. Las reformas laborales, como se ve, se mantienen sus aspectos esenciales, la Ley Mordaza será “reformada”, pero no derogada, nada se dice de la LOMCE ni del decreto 3+2, el artículo 315.3 del Código Penal será también reformado, pero no derogado.

Y, por supuesto, se sigue cerrando la vía a cualquier solución política del conflicto catalán, ni siquiera la posibilidad de hacer que la fiscalía rebaje lo mas posible (dentro de lo permitido por la judicatura franquista) la pena pedida a los presos catalanes.

En cuanto a la medida más publicitada, la subida del SMI a 900 euros -que sólo un malnacido como Casado puede no apoyar- habría que señalar un hecho: en ninguno de los años anteriores, la subida del SMI ha formado parte de los Presupuestos del Estado sino que se ha aprobado por un Real Decreto independiente de éstos. No se entiende entonces que se invoque ante ERC y ante otros la necesidad de apoyar los PGE para aprobar la subida del SMI.

¿Y ahora?

La inmensa mayoría de la clase trabajadora y de la juventud, que saludó con alegría la expulsión de Rajoy del gobierno, sigue esperando del gobierno de Pedro Sánchez que dé respuesta a sus necesidades y reivindicaciones, que acabe de una vez por todas con los recortes sociales y de derechos que aplicó el gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos, que busque una solución política a las aspiraciones de la mayoría del pueblo catalán.

En ese sentido, saludamos, con ellos, las medidas de avance recogidas en el acuerdo PSOE- Unidos Podemos, la subida del SMI, la subida de las pensiones según el IPC, más fondos para la dependencia, etc., y rechazamos la reacción histérica de los dirigentes del PP y de Ciudadanos.

En este sentido, hay que sumar fuerzas para defender los avances ya conseguidos y para dar satisfacción al resto de reivindicaciones. Los trabajadores, la juventud, los pueblos, que saludan esos avances, no van, sin duda, a considerar ese acuerdo como el límite de “lo que se puede conseguir” ¿Van a renunciar los trabajadores a la derogación completa de las reformas laborales? ¿Abandonará la juventud escolarizada la lucha por la derogación íntegra de la LOMCE? ¿Van a aceptar los defensores de las libertades que se mantenga, aunque sea parcialmente, la Ley-Mordaza y el 315.3? ¿Van a renunciar a la recuperación de SU sanidad y SU enseñanza, lo que exige un presupuesto de urgencia? ¿Van a renunciar los empleados y empleadas públicos a recuperar los puestos de trabajo y los derechos perdidos? ¿Pueden renunciar los ciudadanos de Cataluña a la libertad de sus representantes presos o a su derecho a decidir?

Para sumar las fuerzas necesarias para defender lo conquistado, conseguir nuevos avances y hacer frente a la ofensiva de la reacción, la reivindicación de libertad de los presos y fin de la persecución judicial esta más que nunca justificada.

Para los trabajadores, la juventud, los pueblos, todo paso adelante, aunque sea parcial será saludado. Es más, es un punto de apoyo para conseguir más, para satisfacer todas las reivindicaciones. En esa vía situamos nuestra acción. Pero, al mismo tiempo, sin condiciones ni ultimátum señalamos que la experiencia de estos años ha demostrado que, para conseguir esas reivindicaciones, el respeto a los marcos económicos establecidos por la Unión Europea y al marco político establecido por el Régimen monárquico suponen graves obstáculos. En ese sentido, defendemos la necesidad de seguir trabajando por la soberanía de los pueblos, por la democracia, por la República.

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