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¿Por qué esta sentencia y ahora?

Publicado en la Carta Semanal 806 – próximamente ver en catalán

En medio de la polémica sobre la reforma del Poder Judicial, la absolución de Trapero y de la cúpula de los Mossos tiene un alto significado político. De los tres magistrados, 2 votaron a favor de la absolución y uno en contra. Sin embargo, los términos que emplea la Audiencia Nacional son de una claridad meridiana, y hacen muy difícil la apelación aunque el Fiscal  pueda recurrir. Los principales dirigentes del PP han guardado un significativo silencio y solo se ha escuchado el lamento amargo de quien fue Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, criticando veladamente la sentencia al afirmar que Trapero ha sido muy astuto y ha sabido servir a “Dios y al Diablo” y salir bien parado.

Pero la sentencia es muy contundente.

Afirma que los Mossos intentaron evitar el referéndum del 1 de octubre del 2017 y que las acusaciones de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos eran sin fundamento. Además desmiente que Trapero formara parte del plan independentista. Por último, acusa a Rajoy de no utilizar los medios legales para impedir el 1-O, o sea la promulgación de un Estado de excepción o el 155, critica  a la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza, y reafirma el papel y responsabilidad INSTITUCIONAL de los Mossos, como policía subsidiaria del Estado.
Sin lugar a dudas, la sentencia absolutoria es un doble golpe a los sectores más extremos del aparato de Estado y por otro lado a los partidarios de Puigdemont y a todos aquellos que consideran que “cuanto peor mejor”. Desde el punto de vista político, es una demostración más del caos tremendo y las contradicciones que corroen al aparato judicial, con su cúpula al frente, como parte fundamental del aparato de Estado. La absolución de Trapero se ha conocido después de que hace unos días se haya hecho pública también la sentencia absolutoria de la activista Tamara Carrasco –¡procesada por terrorismo!– y la condenatoria de la Mesa del Parlamento catalán. Podría deducirse que la Justicia es “ciega” e imparcial, pero no es el caso. La imposible conciliación de las aspiraciones democráticas con el aparato judicial  heredado de franquismo, conlleva un alto grado de contradicciones, y al mismo tiempo pretende cerrar las vía de agua abiertas.

Políticamente, la absolución de Trapero y de la cúpula policial de los Mossos, es una operación destinada a intentar parchear la crisis del aparato de Estado, evidentemente sobre la base de NEGAR el derecho de autodeterminación e intentando JUSTIFICAR la condena  a los 9 que están en prisión. Cuando objetivamente su sentencia debería ser reexaminada y proceder a su anulación. Su mantenimiento en prisión es también el mantenimiento de la condena al derecho de autodeterminación, y a todos los derechos.

Por otro lado, es también evidente que la sentencia de Trapero favorece en lo inmediato al GOBIERNO que busca un arreglo con indultos con el objetivo de atraerse a ERC, y también aprobar los presupuestos, tapando las grietas del aparato de Estado. Todo ello, después de la moción de censura de VOX –recibida como agua de mayo por el Gobierno– que ha jaleado la actitud positiva de Casado y del PP, votando “no” (lo que no cierra un pacto con el PP, que no acepta la política de Sánchez). Oportunidad que, por otro lado, no ha desaprovechado el gobierno para intentar recomponer la unidad “constitucionalista” supuestamente contra la extrema derecha. Como si la extrema derecha no fuera constitucionalista!

Hasta cierto punto acosado por el aparato judicial, el gobierno se ha propuesto reformar el Poder Judicial. Reforma que ha quedado paralizada por la propia debilidad del gobierno y porque Bruselas –como no podía ser de otra manera- se ha alineado con el aparato judicial heredado del franquismo. Es otra vuelta de tuerca a lo que se acordó –bajo todo tipo de presiones– durante la llamada transición. Frente a esta realidad no hay otra salida que un cambio radical de régimen. No hay otra salida que la República, que no puede significar solo el cambio de un Rey por un Presidente. La lucha por la República hoy está indisolublemente asociada a encontrar una salida democrática a la cuestión catalana –en lo inmediato la exigencia de amnistía–, a la recuperación de derechos y la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la educación, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones.

11 de septiembre 2020: MÁS QUE NUNCA, REPÚBLICA PARA LOS PUEBLOS

(Publicado en la Carta Semanal 799 – ver en catalán)

La crisis económica y la emergencia social han puesto en evidencia el régimen capitalista, la podredumbre de un sistema que muestra a las claras la incompatibilidad entre el régimen de la propiedad privada y la protección de la salud pública y los  derechos  más elementales. Y frente a esta evidencia otra igualmente clara que cualquier trabajador puede constatar: todos los gobiernos se muestran incapaces e impotentes para garantizar mínimamente la salud de los trabajadores, los puestos de trabajo, etc., porque están condicionados por las políticas impuestas por las instituciones del capital financiero con las que no quieren romper. Así se dan paradojas como la de regalar centenares de miles de millones a las empresas y no hay para salvar las fábricas, o se limita el aforo y las reuniones sociales mientras que la población tiene que ir hacinada en el transporte público. O que los ayuntamientos con superávit no puedan dedicar los remanentes de tesorería para hacer frente a las necesidades de la población a la cual representan, a consecuencia de las leyes de estabilidad presupuestaria -todavía vigentes porque el gobierno PSOE-UP no las han derogado- aprobadas con los votos de algunos de quienes ahora hablan cínicamente de expolio en los municipios, o de quienes hablan de soberanía pero con sus votos contribuyeron a que se pudiera hacer.

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Los franquistas, derrotados en las elecciones

(Publicado en la Carta Semanal 727ver en catalán)

Ahora, el combate por los derechos sociales y democráticos

Una importante movilización electoral (han votado más de millón y medio de personas más que en 2016) ha permitido que los partidos que representan electoralmente a los trabajadores y los pueblos obtengan resultados que superan ampliamente la suma de las tres formaciones franquistas (a las que sacan más de 2 millones de votos). El aumento de casi un 9% de participación parece indicar que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que no votaron en 2016 han acudido esta vez a las urnas para cerrar el paso a las fuerzas cuyo programa se basaba en arrasar con buena parte de sus conquistas sociales y democráticas. También se ha renovado la mayoría de izquierdas en las Cortes valencianas.

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Contraponer derechos sociales y derechos democráticos, ¿a quién beneficia?

(Publicado en la Carta Semanal 720ver en catalán)

La semana pasada, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Salvador, dialogaba en Sevilla, en un acto convocado por Información Obrera sobre la situación de las pensiones públicas y el papel del Pacto de Toledo, con trabajadores y pensionistas de Sevilla. El diputado de ERC no ocultó en ningún momento su defensa de la independencia de Cataluña, lo que en ningún momento obstaculizó un debate que fue intenso y fraternal (y que duró hasta que los empleados del centro en que se celebraba anunciaron el cierre). En ese debate, varios dirigentes de la Coordinadora de Pensionistas de Sevilla y el diputado de ERC debatieron, en el mismo plano, sobre la defensa de un patrimonio común de la clase trabajadora, tanto en Sevilla como en Tarragona, y en el resto del Estado: cómo defender el sistema público de pensiones frente a los ataques del capital financiero que lo tiene en su punto de mira.

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Juicio a los republicanos catalanes: primeras lecciones políticas

(Publicado en la Carta Semanal 719ver en catalán)

Las primeras sesiones del juicio a los republicanos catalanes en el Tribunal Supremo deben permitirnos hacer un primer análisis político de lo que está pasando.

Este juicio no es otra cosa que la continuación de la línea dictada por el Rey, en nombre de todo el aparato de Estado, en su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum, y que se resumía en tres palabras: “a por ellos”.

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La encrucijada del gobierno Sánchez

(Publicado en la Carta Semanal 709ver en catalán)

Los resultados de las elecciones andaluzas han redoblado las exigencias de los partidos de la derecha sobre Pedro Sánchez para que convoque de inmediato elecciones generales. A la vez, las instituciones internacionales del capital financiero (FMI, Unión Europea, OCDE…) redoblan la presión para que el gobierno aplique nuevos recortes y no dé pasos atrás en los ya aplicados (en concreto, que no suba el salario mínimo a 900 euros, ni derogue, ni siquiera parcialmente, las reformas laborales). El Banco de España les hace eco.

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Detrás de la propuesta de reforma del Estatuto vasco

(Publicado en la Carta Semanal 665)

Como en toda sociedad capitalista la nuestra está sometida a múltiples intereses contradictorios entre sí que a veces emergen con mayor claridad o virulencia, y es al calor de la crisis abierta entre el régimen monárquico y el pueblo de Cataluña que estos intereses han vuelto a estallar: cuarenta años de transición monárquica no han resuelto ninguna de las reivindicaciones que reclamaban los trabajadores de todo el Estado en su lucha secular de clase y especialmente contra la dictadura franquista, y esa falta de respuestas les une a la de los pueblos oprimidos que forman el Estado español.

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El Gobierno de la Monarquía intenta aplicar el 155

(Publicado en la Carta Semanal 651)

En una situación muy grave para el futuro de la clase trabajadora y los pueblos de este país, queremos huir de las frases altisonantes. Por el contrario, buscamos razonar, dialogar, dar argumentos, explicar una situación que puede parece inexplicable. En última instancia, ayudar al difícil combate de emancipación de los trabajadores y los pueblos.

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155

(Publicado en la Carta Semanal 649)

El 10 de octubre, el Presidente Carles Puigdemont, ante el Parlamento de Cataluña, declaraba que “como presidente de la Generalitat”, asumía “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república”. E inmediatamente después, presentaba una propuesta: “que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”. Una solución de última hora, que obligó a retrasar el inicio del Pleno del Parlament, y que despertó el desconcierto y las iras de los representantes de la CUP y de parte de Junts pel Si.

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Para imponer el derecho a votar hace falta la movilización unida

(Publicado en la Carta Semanal 646)

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 22 de septiembre de 2017

El gobierno de la Monarquía acaba de nombrar un coronel de la Guardia Civil para dirigir la represión y coordinar a los diferentes cuerpos policiales para impedir el 1 de octubre. Esta acción se añade a la detención de 14 altos cargos de la Generalitat, liberados después, y a las amenazas contra todos los que intentan organizar el referéndum, así como el despliegue de miles de antidisturbios para atemorizar a la población, o la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del ministro Montoro.

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