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¿Por qué esta sentencia y ahora?

Publicado en la Carta Semanal 806 – próximamente ver en catalán

En medio de la polémica sobre la reforma del Poder Judicial, la absolución de Trapero y de la cúpula de los Mossos tiene un alto significado político. De los tres magistrados, 2 votaron a favor de la absolución y uno en contra. Sin embargo, los términos que emplea la Audiencia Nacional son de una claridad meridiana, y hacen muy difícil la apelación aunque el Fiscal  pueda recurrir. Los principales dirigentes del PP han guardado un significativo silencio y solo se ha escuchado el lamento amargo de quien fue Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, criticando veladamente la sentencia al afirmar que Trapero ha sido muy astuto y ha sabido servir a “Dios y al Diablo” y salir bien parado.

Pero la sentencia es muy contundente.

Afirma que los Mossos intentaron evitar el referéndum del 1 de octubre del 2017 y que las acusaciones de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos eran sin fundamento. Además desmiente que Trapero formara parte del plan independentista. Por último, acusa a Rajoy de no utilizar los medios legales para impedir el 1-O, o sea la promulgación de un Estado de excepción o el 155, critica  a la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza, y reafirma el papel y responsabilidad INSTITUCIONAL de los Mossos, como policía subsidiaria del Estado.
Sin lugar a dudas, la sentencia absolutoria es un doble golpe a los sectores más extremos del aparato de Estado y por otro lado a los partidarios de Puigdemont y a todos aquellos que consideran que “cuanto peor mejor”. Desde el punto de vista político, es una demostración más del caos tremendo y las contradicciones que corroen al aparato judicial, con su cúpula al frente, como parte fundamental del aparato de Estado. La absolución de Trapero se ha conocido después de que hace unos días se haya hecho pública también la sentencia absolutoria de la activista Tamara Carrasco –¡procesada por terrorismo!– y la condenatoria de la Mesa del Parlamento catalán. Podría deducirse que la Justicia es “ciega” e imparcial, pero no es el caso. La imposible conciliación de las aspiraciones democráticas con el aparato judicial  heredado de franquismo, conlleva un alto grado de contradicciones, y al mismo tiempo pretende cerrar las vía de agua abiertas.

Políticamente, la absolución de Trapero y de la cúpula policial de los Mossos, es una operación destinada a intentar parchear la crisis del aparato de Estado, evidentemente sobre la base de NEGAR el derecho de autodeterminación e intentando JUSTIFICAR la condena  a los 9 que están en prisión. Cuando objetivamente su sentencia debería ser reexaminada y proceder a su anulación. Su mantenimiento en prisión es también el mantenimiento de la condena al derecho de autodeterminación, y a todos los derechos.

Por otro lado, es también evidente que la sentencia de Trapero favorece en lo inmediato al GOBIERNO que busca un arreglo con indultos con el objetivo de atraerse a ERC, y también aprobar los presupuestos, tapando las grietas del aparato de Estado. Todo ello, después de la moción de censura de VOX –recibida como agua de mayo por el Gobierno– que ha jaleado la actitud positiva de Casado y del PP, votando “no” (lo que no cierra un pacto con el PP, que no acepta la política de Sánchez). Oportunidad que, por otro lado, no ha desaprovechado el gobierno para intentar recomponer la unidad “constitucionalista” supuestamente contra la extrema derecha. Como si la extrema derecha no fuera constitucionalista!

Hasta cierto punto acosado por el aparato judicial, el gobierno se ha propuesto reformar el Poder Judicial. Reforma que ha quedado paralizada por la propia debilidad del gobierno y porque Bruselas –como no podía ser de otra manera- se ha alineado con el aparato judicial heredado del franquismo. Es otra vuelta de tuerca a lo que se acordó –bajo todo tipo de presiones– durante la llamada transición. Frente a esta realidad no hay otra salida que un cambio radical de régimen. No hay otra salida que la República, que no puede significar solo el cambio de un Rey por un Presidente. La lucha por la República hoy está indisolublemente asociada a encontrar una salida democrática a la cuestión catalana –en lo inmediato la exigencia de amnistía–, a la recuperación de derechos y la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la educación, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones.

11 de septiembre 2020: MÁS QUE NUNCA, REPÚBLICA PARA LOS PUEBLOS

(Publicado en la Carta Semanal 799 – ver en catalán)

La crisis económica y la emergencia social han puesto en evidencia el régimen capitalista, la podredumbre de un sistema que muestra a las claras la incompatibilidad entre el régimen de la propiedad privada y la protección de la salud pública y los  derechos  más elementales. Y frente a esta evidencia otra igualmente clara que cualquier trabajador puede constatar: todos los gobiernos se muestran incapaces e impotentes para garantizar mínimamente la salud de los trabajadores, los puestos de trabajo, etc., porque están condicionados por las políticas impuestas por las instituciones del capital financiero con las que no quieren romper. Así se dan paradojas como la de regalar centenares de miles de millones a las empresas y no hay para salvar las fábricas, o se limita el aforo y las reuniones sociales mientras que la población tiene que ir hacinada en el transporte público. O que los ayuntamientos con superávit no puedan dedicar los remanentes de tesorería para hacer frente a las necesidades de la población a la cual representan, a consecuencia de las leyes de estabilidad presupuestaria -todavía vigentes porque el gobierno PSOE-UP no las han derogado- aprobadas con los votos de algunos de quienes ahora hablan cínicamente de expolio en los municipios, o de quienes hablan de soberanía pero con sus votos contribuyeron a que se pudiera hacer.

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Los derechos nacionales requieren el combate de trabajadores y pueblos por la República

(Publicado en la Carta Semanal 793ver en catalán)

Carta semanal 7931.-La decisión de los jueces –a instancias de la Fiscalía– de anular la aplicación de los  beneficios penitenciarios a los republicanos catalanes no es un acto inocuo. En política, rara vez las cosas se dan por casualidad. Y que se dé en las circunstancias actuales tiene una lectura precisa: hay partes importantes del aparato de Estado que no quieren ni oír hablar de mesas de diálogo–aunque éstas sean puramente formales– y están dispuestas a dinamitar cualquier posibilidad de salida política a la cuestión catalana.

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La juventud de Cataluña a la cabeza del levantamiento contra el régimen

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 21 de octubre de 2019

En una movilización sin precedentes, centenares de miles de personas, jóvenes, trabajadores de la ciudad y del campo, etc., han expresado durante toda una semana su indignación contra la sentencia franquista. En particular, el viernes 18 de octubre, centenares de miles ocuparon Barcelona en una manifestación impresionante.

Durante toda la semana, miles de jóvenes han hecho frente a la policía enviada por los gobiernos de Madrid y Barcelona, mientras la prensa y los medios de comunicación afines no han perdido el tiempo en presentar a los manifestantes casi como terroristas, a fuerza de la exhibición ininterrumpida de determinadas imágenes.

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Reacciones a la sentencia

(Publicado en la Carta Semanal 752ver en catalán)

Dedicaremos esta Carta Semanal a analizar las distintas reacciones y pronunciamientos que ha suscitado la sentencia del Tribunal Supremo contra los republicanos catalanes. En particular, las de las organizaciones de políticas que hoy representan a la clase trabajadora, y las de los sindicatos y movimientos sociales.

Escribimos sobre el trasfondo de la inmensa respuesta que está dando el pueblo de Cataluña, y de forma más decidida su juventud, que no comenta ni promete, ni amenaza, sino que quiere resolver la situación insostenible.

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Libertad inmediata para los 7 detenidos

(Publicado en la Carta Semanal 749ver en catalán)

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI del 25 de septiembre de 2019

El pasado día 23, 9 personas fueron detenidas en diversas poblaciones de Catalunya después de una operación policial supuestamente “antiterrorista” dirigida contra miembros de los CDR. El mismo día por la tarde, 2 de los detenidos eran puestos en libertad con cargos, mientras que el resto eran conducidos a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional. La Policía los acusa de un delito de rebelión, de pertenencia a banda armada y de tenencia de explosivos. La delegada del Gobierno en Catalunya habla de operación policial preventiva.

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Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 9 de septiembre de 2019

(Publicado en la Carta Semanal 746ver en catalán)

Libertad para los presos republicanos catalanes

Abolición de la Ley Mordaza y del artículo 315.3 del Código Penal

Este 11 de septiembre se celebra bajo el signo de la amenaza que representa la sentencia del juicio a los republicanos catalanes. Con toda probabilidad, y visto como se han desarrollado las sesiones, el Tribunal que los juzga va a retorcer los hechos para infligir un castigo ejemplar. Más allá de si lo consideran rebelión o de otro modo, independientemente de cómo lo vistan para la propaganda interna o en Europa, será una sentencia en contra de los hechos evidenciados, una nueva agresión.

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Dos gobiernos en la encrucijada

(Publicado en la Carta Semanal 711ver en catalán)

Desde el punto de vista del movimiento obrero, la grave situación actual plantea un previo ineludible en los términos democráticos más elementales: liberación inmediata de los presos políticos y cese total de la persecución judicial. Ningún matiz es posible al respecto, porque los derechos no son fragmentables y nadie puede poner en duda que el mismo marco antidemocrático que se expresa contra la legítima reivindicación catalana a la autodeterminación, ese mismo marco está siendo utilizado contra los trabajadores y sus organizaciones (ley mordaza, artículo 315.3 del Código Penal, etc.).

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La encrucijada del gobierno Sánchez

(Publicado en la Carta Semanal 709ver en catalán)

Los resultados de las elecciones andaluzas han redoblado las exigencias de los partidos de la derecha sobre Pedro Sánchez para que convoque de inmediato elecciones generales. A la vez, las instituciones internacionales del capital financiero (FMI, Unión Europea, OCDE…) redoblan la presión para que el gobierno aplique nuevos recortes y no dé pasos atrás en los ya aplicados (en concreto, que no suba el salario mínimo a 900 euros, ni derogue, ni siquiera parcialmente, las reformas laborales). El Banco de España les hace eco.

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Libertad para los republicanos catalanes. Basta de persecución judicial

Comunicado del Comité Ejecutivo del POSI – sábado, 3 de noviembre de 2018

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Como una bomba ha caído hoy viernes  el acta de acusación contra los dirigentes catalanes, que han hecho pública tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

Basadas en las conclusiones provisionales del Tribunal Supremo, las peticiones de cárcel superan unos 200 años, 25 solo para Oriol Junqueras, dirigente de ERC.

Aunque la abogacía del Estado ha recalificado la acusación, pasando de rebeldía a sedición, su petición de pena no baja de 13 años para Oriol Junqueras.

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