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Unas elecciones que agravan la crisis

Carta Semanal 874 en catalán

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La decisión de la dirección nacional del PP de adelantar las elecciones regionales en Castilla y León buscaba aprovechar la victoria de Ayuso en Madrid el 4 de mayo pasado para ir preparando las elecciones legislativas que, según el calendario, si se mantiene, se realizarán en noviembre del 2023, reforzando por ello el liderazgo de Casado amenazado desde el interior del PP y desde el exterior por el trasvase de votos a Vox.

Ello suponía, a la vez, mantener al actual Gobierno, aunque debilitándolo, respetando el calendario electoral, porque es el único que puede en estos momentos realizar la agenda del capital financiero y la monarquía. El rifirrafe de la reforma laboral, el alineamiento total con las aventuras militares de la OTAN y su disponibilidad a continuar con la reforma de pensiones y otros ataques lo certifica.

Los resultados de las elecciones no han satisfecho las expectativas del PP. A pesar de la debacle de Ciudadanos, ha sacado, incluso, menos votos que en 2019 (algo menos de 380.000 votos ahora, frente a 433.905 en 1989). Gana 2 escaños y se queda a 10 de la mayoría absoluta que pretendía. Sólo ha ganado en 4 de las 9 provincias. Y, si buscaba no depender de Vox, no lo ha conseguido, ya que este partido ha pasado de un procurador a 13, ha casi triplicado sus votos y ahora el PP depende de ellos para gobernar en Castilla y León.

En todo caso, la suma de las derechas de PP, Cs y Vox ha sacado ahora 646.000 votos, frente a unos 716.000 en 2019. 70.000 votos, que son casi un 10% menos.

El PSOE pierde 118.000 votos con respecto a 2019. Y Unidas Podemos ha cosechado unos resultados que decepcionan todas sus expectativas: en 2019 se presentaron por separado IU y Podemos, y sacaron entre ambos casi 100.000 votos. Ahora, yendo unidos, han sacado menos de 62.000, y han perdido uno de sus dos procuradores. Los partidos provinciales han sacado 92.000 votos (frente a unos 38.000 en 2019). Y han sido la fuerza más votada en Soria. 

El descrédito de las instituciones regionales

A pesar de que todos los dirigentes nacionales han hecho campaña en la región, la elevada abstención muestra el desinterés de la población respecto de las instituciones artificiales de la Comunidad, así como el descrédito creciente de los partidos que han asegurado hasta este momento la estabilidad del régimen.

La autonomía de Castilla y León tiene un carácter absolutamente artificial: Fue creada reuniendo provincias dispares como las de Castilla la Vieja (de la que se separó a Cantabria y la Rioja), y León. La provincia de Segovia hubo de ser incluida a la fuerza por el Congreso de los Diputados, cuando la mayoría de sus ayuntamientos llegó a abogar por una autonomía uniprovincial. El resultado: un ente  incapaz de consolidarse como región, a pesar de que la autonomía ha cumplido ya los cuarenta años, y que provoca en la población el no reconocimiento de estas instituciones.

En última instancia, es la constatación del carácter artificial de Estado de las autonomías, diseñado en 1978 para dividir  a los trabajadores y desviar las reivindicaciones nacionales de las nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia, e incluso de las regiones con clara identidad.

La oposición a la política antisocial del gobierno ha tomado a veces la forma de “reivindicaciones regionales”: En estas elecciones, el voto a los partidos que se han venido en llamar “de la España vaciada” expresa el hartazgo de la población con todos los partidos, a pesar de que los nuevos partidos locales no ofrecen una vía de salida.

Una región destruida por las políticas de la Unión Europea

A la vez que se va construyendo esta autonomía, se van dando los pasos que preparan la entrada de España en la Unión Europea. Un hecho trascendental, porque la aplicación de las políticas impulsadas por la UE –Política Agraria Común y desindustrialización en nombre de la “libre competencia”- es responsable del importante declive de la región. 

En este marco, las instituciones regionales han sido incapaces de responder a los problemas de la población. En los últimos diez años, esta comunidad autónoma ha perdido 175.000 habitantes, un 7% de su población. La región ha perdido casi medio millón de residentes (471.093 habitantes menos) desde los años 50, a diferencia de la expansión demográfica que sí se ha dado en el conjunto del país, que ha sumado a casi 20 millones más de habitantes. El 82% del territorio de Castilla y León tiene una densidad poblacional inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado –por debajo de 10 se considera desierto demográfico–, y la región encabeza junto con Aragón el ranking de la despoblación en España. 

La huida de habitantes afecta especialmente a la mano de obra más cualificada: el 35,5% de los universitarios nacidos en esta autonomía han emigrado a otra comunidad, un porcentaje superior al de cualquier otra región en España.

Una situación agravada por el cierre de la minería del carbón –sobre todo en León-  que ha dejado en el camino más de 5.000 puestos de trabajo en la última década. Los 23 municipios con más relación con la minería perdieron en tres años, según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, 2.804 habitantes.

Casi 40 años de autonomía no han servido para desarrollar la región. Las infraestructuras son muy deficientes, con carreteras que llevan casi 30 años en obras y que parcialmente van abriendo tramos inconexos, como la Autovía del Duero, que fue declarada de interés estratégico por la Junta de Castilla y León en el año 1993, o sea, hace 28 años. Y su primera piedra se puso en el año 1997, hace 24 años. Todavía hay tramos que ni siquiera están proyectados.

Con los años, se han agravado los problemas. El transporte público es cada vez más escaso, no hay redes de internet rural, los consultorios locales de sanidad se van cerrando, como las escuelas. Pueblos enteros sin acceso a una sucursal bancaria o incluso a un cajero automático. 

Además, ninguna de las fuerzas en campaña –por llamar de algún modo el espectáculo organizado por unos y otros- ha dado respuesta a los problemas que sufre la región y a los que se avistan en el futuro. 

Por ejemplo, la gran mayoría de la producción industrial de la región corresponde a la fabricación de automóviles, que contribuye al 25% del PIB de Castilla y León: son 4 factorías: Renault (Valladolid y Palencia), FIAT-IVECO (Valladolid) y Nissan (Ávila) con 26.000 trabajadores directos y 70.000 indirectos, que generan un volumen de facturación de 12.300 millones de euros. Varias de ellas se enfrentan ya a una “reestructuración”, y la implantación del coche eléctrico puede reducir aún más las plantillas o poner fin a todo. 

Por la República, por la Unión Libre de Repúblicas

La Monarquía y sus gobiernos han querido, y lo siguen haciendo, enfrentar a los pueblos, fomentando los agravios comparativos, con fiscalidades diferenciadas para fomentar la competencia entre ellas. Desde el punto de vista de los trabajadores y sus organizaciones es más que nunca necesario afirmar los intereses comunes de los trabajadores de todo el país.

El interés común de la clase trabajadora, desde Valladolid a Sevilla, exige la derogación completa de las reformas laborales, la defensa del sistema público de pensiones, de la sanidad pública y la escuela pública, de todos los elementos que realizan la igualdad de derechos.

Al mismo tiempo que exigen la defensa de todas las reivindicaciones particulares, desde la lengua a la cultura y la posibilidad de decidir soberanamente las relaciones a establecer con los demás pueblos del Estado.

El enemigo de todos los pueblos, y el principal obstáculo a las reivindicaciones, es la Monarquía y demás instituciones heredadas del franquismo.

Es por ello que la lucha por la República aúna las exigencias de todos los pueblos y regiones del Estado.

Unes eleccions que agreugen la crisi

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La decisió de la direcció nacional del PP d’avançar les eleccions regionalsa Castella i Lleó buscava aprofitar la victòria d’Ayuso a Madrid el 4 de maig passat per anar preparant les eleccions legislatives que, segons el calendari, si es manté, es faran al novembre del 2023, reforçant per això el lideratge de Casado amenaçat des de l’interior del PP i des de l’exterior pel transvasament de vots a Vox.

Això suposava, alhora, mantenir l’actual Govern, tot i que debilitant-lo, respectant el calendari electoral, perquè és l’únic que en aquests moments pot fer l’agenda del capital financer i la monarquia. La picabaralla de la reforma laboral, l’alineament total amb les aventures militars de l’OTAN i la seva disponibilitat a continuar amb la reforma de pensions i altres atacs ho certifica.

Els resultats de les eleccions no han satisfet les expectatives del PP. Tot i la desfeta de Ciutadans, ha tret, fins i tot, menys vots que el 2019 (una mica menys de 380.000 vots ara, davant de433.905 el 1989). Guanya 2 escons i es queda a 10 de la majoria absoluta que pretenia. Només ha guanyat a 4 de les 9 províncies. I, si buscava no dependre de Vox, no ho ha aconseguit, ja que aquest partit ha passat d’un procurador a 13, ha gairebé triplicat els vots i ara el PP en depèn per governar a Castella i Lleó.

En tot cas, la suma de les dretes del PP, Cs i Vox ha tret ara 646.000 vots, davant d’uns 716.000 el 2019. 70.000 vots, que són gairebé un 10% menys.

El PSOE perd 118.000 vots respecte al 2019. I Unidas Podemos ha aconseguit uns resultats que deceben totes les seves expectatives: el 2019 es van presentar per separat IU i Podemos, i van treure entre tots dos gairebé 100.000 vots. Ara, anant units, n’han tret menys de 62.000, i han perdut un dels seus dos procuradors. Els partits provincials han tret 92.000 vots (enfront d’uns 38.000 el 2019). I han estat la força més votada a Sòria. Sigue leyendo

Sobre les eleccions a Madrid

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La victòria del PP amb Isabel Díaz Ayuso en les eleccions a la Comunitat de Madrid del 4 de maig ha despertat molts debats i, per això, ens sembla necessari fer una valoració del que ha succeït. Referent a això partim de l’anàlisi immediata que feia l’editorial d’Informació Obrera, que deia que “el que caldria preguntar-se és per què una gestió de la sanitat, l’educació i els serveis públics nefasta per part de Govern Ayuso li ha permès, a malgrat tot, guanyar de nou les eleccions. Hi haurà qui li doni la culpa a la població treballadora, però el resultat no és altra cosa que el balanç que aquesta població fa de Govern de l’Estat que pretén dir-seprogressista “.

Per a aquest balanç, partim d’un primer fet: el caràcter limitadament democràtic d’aquests processos electorals, en particular per la influència tan determinant dels mitjans de comunicació, és a dir, del capital que els controla. Només cal pensar en com es va decidir aixecar -i més tard deixar caure- a Ciutadans.

 No és la primera vegada

Per als qui s’esquincen les vestidures després de la victòria d’Ayuso, cal recordar un fet: des de fa 26 anys, el Partit Popular governa a la Comunitat de Madrid, sense cap interrupció, i amb majories fins i tot majors. Va haver-hi majories absolutes del PP en 1995 i 1999 amb Gallardón (amb el 51% i el 52% dels vots); el 2003, 2007 i 2011 amb Esperanza Aguirre (amb el 49%, 53% i 52% dels vots). Aquest últim, després de 2 anys de conèixer-se l’escàndol de corrupció de la Gürtel. Només el 2003 van guanyar les esquerres, una majoria mínima per un diputat. Però va venir el “tamayazo”, la compra de dos diputats de PSOE, que va trencar aquesta majoria i va obligar a repetir les eleccions.

El que hi ha hagut en aquestes eleccions és, d’alguna manera, un retorn a la situació de 1995-2011, amb una reorganització del mapa de les dretes, la desaparició de Ciutadans, l’estancament relatiu de Vox i la suma de la immensa majoria dels seus vots a la candidatura d’Ayuso.

Per a alguns, la cosa té una explicació simple: “Madrid és de dretes” Bé, cal reconèixer la base material que aporten a les dretes a Madrid els centenars de milers de persones els privilegis estan lligats a la pervivència del llegat franquista a l’Estat monàrquic (forces armades i policials, judicatura, jerarquia catòlica, etc.), així com els multimilionaris que s’instal·len allà buscant els avantatges fiscals que els han garantit al llarg de 26 anys els governs de PP. Però aquests vots “segurs” no poden amagar el fet que Madrid segueix sent una comunitat on la classe treballadora és àmplia majoria.

Més valdria, en lloc d’invocar la força del destí i donar la culpa a la població treballadora, analitzar per què aquesta població obrera ha tornat a donar l’esquena a les forces polítiques que diuen representar-la.

 Les xifres canten

En aquestes eleccions, la participació ha estat del 76,25%, enfront d’un 64,27% en 2019. Han votat 3.644.577 persones. En 2019 van votar 3.251.386. És a dir, han votat 393.191 persones més.

El PP ha tret 1.620.213 vots, enfront de 719.852 en 2019. Ha guanyat 900.361, més que duplicant els seus vots. Ha concentrat el vot de les dretes i s’ha menjat els vots perduts per Ciutadans i, possiblement, part dels perduts pel PSOE. Vox ha obtingut 330.660 vots, enfront de 287.667 en 2019. Ha guanyat 42.993 vots. Ciutadans ha tingut ara 129.216 vots, enfront dels 629.940 que va aconseguir en 2019. Se li han anat 500.724.

En resum, la suma de les tres dretes s’ha incrementat en 442.630 vots. En total, sumen 2.080.089.

Més Madrid ha tret 614.660 vots, enfront de 475.672 en 2019. Ha guanyat 138.988 vots. El PSOE ha obtingut 610.190 vots, enfront de 884.216 en 2019. Ha perdut 274.026 vots. Unides Podem ha tingut ara 261.010 vots, enfront dels 181.231 que va aconseguir en 2019. Ha sumat 79.779.

La suma de les tres esquerres s’ha reduït en 55.259 vots. En total, sumen 1.485.860 vots. No només perden vots. Sinó que no guanyen de nous votants i això expressa un rebuig polític. I l’avantatge de Más Madrid és que no està al govern.

Les tres dretes treuen, en conjunt, 594.229 vots més que les esquerres. Això vol dir, que l’increment de participació 393.191 persones- ha anat tot a les dretes. Dit d’una altra manera, les crides a “parar als feixistes” no han mobilitzat el vot obrer en el seu conjunt (que ha baixat 55.259 vots), i probablement han servit per mobilitzar sectors de les dretes.

El PP, força més votada a localitats i barris obrers

Cal assenyalar que el PP és la força més votada a tots els municipis de Madrid, excepte en tres molt petits. I ho és, fins i tot, en totes les localitats del cinturó obrer de Madrid (encara que, en gairebé totes elles, la suma de les esquerres supera la de PP + Vox). Vegem les xifres:

Alcalá d’Henares 42.645 a PP i 9.736 a Vox enfront de 15.540 a Más Madrid, 19.926 al PSOE i 7.017 a Unides Podem.

Getafe 36.176 a PP i 8.663 a Vox enfront de 19.880 a Más Madrid, 23.671 al PSOE i 9.758 a UP.

Leganés 37.667 a PP i 8.418 a Vox enfront de 20.419 a Más Madrid, 24.525 al PSOE i 9.234 a UP.

Móstoles 46.180 a PP i 10.475 a Vox enfront de 19.706 a Más Madrid, 22.719 al PSOE i 8.536 a UP.

Parla 18.494 a PP i 6.578 a Vox enfront de 9.831 a Más Madrid, 11.618 al PSOE i 5.121 a UP.

Rivas-Vaciamadrid 18.125 a PP i 3.765 a Vox enfront de 13,386 a Más Madrid, 9.142 al PSOE i 5.929 a UP.

El mateix succeeix amb els barris obrers de Madrid:

Carabanchel 46.295 a PP i 8.874 a Vox enfront de 23.826 a Más Madrid, 22.269 al PSOE i 10.709 a UP

Vallecas 29.909 a PP i 7.347 a Vox enfront de 25.690 a Más Madrid, 25.461 al PSOE i 15.826 a UP

Villaverde 22.930 a PP i 5.206 a Vox enfront de 14.717 a Más Madrid, 15.543 al PSOE i 6.658 a UP

Com s’explica això?

No hi ha dubte que la pèrdua de vots de les esquerres, concentrada al PSOE, és l’expressió del rebuig obrer a una política, la del govern de coalició “progressista”.

El govern, amb totes les seves components, ha deixat als partits franquistes la bandera de la llibertat, de la feina, fins i tot dels drets (veure la campanya diumenge a la nit de la supressió de la declaració compartida). És inaudit, els partits d’esquerra han estat els valedors dels confinaments irresponsables. De la llei mordassa, de la puntada a la porta, de culpabilitzar als joves. Una política que apartava a molts joves normals de la idea de votar per ells …

Les promeses de derogar les reformes laborals segueixen sense cumplir-se, i es parla ara del “estatut dels Treballadors de segle XXI”, pompós nom que encobreix una nova reforma laboral. La Llei Mordassa no només segueix en peu, sense que el ministre Marlaska s’ha convertit en el seu més acèrrim defensor. Lluny de derogar les reformes de pensions, el ministre Escrivà multiplica les propostes d’una nova reforma (que s’han compromès ja amb Brussel·les) amb un sol objectiu: baixar la despesa en pensions.

S’anuncien milers d’acomiadaments en la indústria, el comerç, la banca, l’hostaleria, i el govern no fa res.

I està, a més, la gestió de la pandèmia. El govern ha deixat fer a cada autonomia al seu gust, i no ha pres cap mesura ni en temes tan greus com el que ha passat en les residències a la primera onada. A falta de qualsevol altra mesura, el govern i les “esquerres” que el sostenen i donen suport han actuat com acèrrims defensors dels confinaments i els tancaments, que han provocat la ruïna de milions i greus conseqüències materials i psicològiques per a la immensa majoria.

El Govern treu pit amb  “l’escut social”, però els ERTO, principal mesura d’aquest escut, manté a prop de 700.000 treballadors, des de fa més d’un any, perdent, com a mínim, el 25% dels seus salaris. I l’Ingrés Mínim Vital, l’altra “gran mesura” segueix sense arribar a les dues terceres parts de les persones que es va prometre que anaven a percebre-ho. El delegat de Govern, José Manuel Franco -que acaba de dimitir com a secretari del PSOE de Madrid- prohibia les manifestacions populars mentre permetia actes feixistes i antisemites.

Les mesures que s’anuncien són nous atacs a la població treballadora, com la supressió de la bonificació per declaració conjunta en l’IRPF o l’anunci d’introduir peatges per l’ús de les autovies. Tot menys fer pagar a la banca i les multinacionals i apujar-los els impostos als rics.

A això cal sumar la passivitat de les direccions dels principals sindicats, el seu suport al govern que no compleix ni una sola de les seves reivindicacions.

La situació de la joventut és desesperada. Al 40% a l’atur i sense perspectives de treballar, es suma la situació de la joventut escolaritzada, a la qual els han substituït l’ensenyament presencial, l’únic veritable, per una pantalla. I a sobre pateixen una ofensiva de criminalització de la joventut, que porta un any sense poder divertir-se. Es queixarà algú de la “irresponsabilitat” d’aquests joves que han donat l’esquena a les “esquerres” a les urnes?

Una part al menys del vot a Ayuso als barris i localitats obrers expressa el rebuig al confinament, a la ruïna de milers de petits propietaris i comerciants, la misèria dels ERTO (més d’un any perdent, com a mínim, un 25% del salari).

Un profund buit polític

Els resultats d’aquestes eleccions posen de manifest el profund buit polític de la classe treballadora i els altres sectors populars. En relació a la Majoria social, no hi ha partit que representi les seves reivindicacions. Ajudar a aixecar aquesta representació política és la tasca més important. I només es pot fer des de la defensa dels drets, dels serveis públics, de les conquestes democràtiques, dels drets dels pobles, de les reivindicacions, en suma, obrint, alhora, la via a un canvi polític i social, a la República del poble i per al poble.

Acerca de las elecciones en Madrid

Carta Semanal 834 en catalán

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La victoria del PP con Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo ha despertado muchos debates y, por ello, nos parece necesario hacer una valoración de lo que ha sucedido. A este respecto partimos del análisis inmediato que hacía el editorial de Información Obrera, que decía que “lo que habría que preguntarse es por qué una gestión de la sanidad, la educación y los servicios públicos nefasta por parte del Gobierno Ayuso le ha permitido, a pesar de todo, ganar de nuevo las elecciones. Habrá quien le eche la culpa a la población trabajadora, pero el resultado no es otra cosa que el balance que esa población hace del Gobierno del Estado que pretende llamarse progresista”.
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La crisi actual, nova etapa de la descomposició del règim monàrquic

Carta Setmanal 825 per descarregar en PDF

A primera vista, els fets a partir dels quals s’ha desencadenat la recent tempesta política, semblarien una mera anècdota: els dirigents de Cs de Múrcia, que denuncien la corrupció congènita del PP (a bones hores la descobreixen) i pacten amb el PSOE una moció de censura. Davant la qual cosa el PP reacciona i fa canviar d’opinió a tres parlamentaris de CS, que havien subscrit i donat suport a la moció de censura (per convèncer-los, els ofereix tres conselleries en el govern murcià). Però abans d’aquest esdeveniment, que faria fracassar la projectada moció de censura, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reacciona fent fora els de Cs del seu govern i convocant eleccions. A la maniobra d’Ayuso, Més Madrid i PSOE responen amb la presentació de mocions de censura, que creen un embolic legal perquè cal dirimir si han de votar-se abans de convocar eleccions o no. El moviment s’estén a Castella i Lleó i amenaça amb fer-ho a altres comunitats … Tot un vodevil a què assisteix atònita bona part de la població que es convenç cada vegada més que ningú els representa. Sigue leyendo

La crisis actual, nueva etapa de la descomposición del régimen monárquico

Carta Semanal 826 en catalán

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A simple vista, los hechos a partir de los cuales se ha desencadenado la reciente tormenta política, parecerían una mera anécdota: los dirigentes de Cs de Murcia, que denuncian la corrupción congénita del PP (a buenas horas la descubren) y pactan con el PSOE una moción de censura. Ante lo cual el PP reacciona y hace cambiar de opinión a tres parlamentarios de CS, que habían suscrito y apoyado la moción de censura (para convencerlos, les ofrece tres Consejerías en el gobierno murciano). Pero antes de ese acontecimiento, que haría fracasar la proyectada moción de censura, la Presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reacciona echando a los de Cs de su gobierno y convocando elecciones. A la maniobra de Ayuso, Más Madrid y PSOE responden con la presentación de mociones de censura, que crean un embrollo legal porque ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Madrid para dirimir si deben votarse antes de convocar elecciones o no (el pronunciamiento del TSJM ha sido en favor de la celebración de elecciones). El movimiento se extiende a Castilla y León y amenaza con hacerlo a otras comunidades… Todo un vodevil al que asiste atónita buena parte de la población que se convence cada vez más de que ninguno la representa. Sigue leyendo