Archivo de la etiqueta: franquismo

Una fuerte polémica se ha levantado a raíz de las reducciones de condena y las liberaciones anticipadas en aplicación de la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”, que amplía el contenido de los delitos de agresiones sexuales y disminuye las penas mínimas en algunos casos. La aplicación de la ley ha llevado a numerosas reducciones de sentencias por violación o abusos sexuales, aplicadas por los tribunales. Hasta ahora, se cuentan cerca de 400 casos, y se calcula que en una de cada cuatro sentencias por estos motivos está siendo reducida la condena.

Los partidos franquistas y los medios de comunicación más potentes han arremetido contra la ley y contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, inspiradora de la misma. La ministra, por su parte, se ha negado obstinadamente a corregir la ley. Finalmente ha sido el propio PSOE quien ha presentado una proposición de ley para modificar la ley del sólo sí es sí, y el PP – con la intención de azuzar el enfrentamiento entre los socios del gobierno de coalición- ha anunciado su apoyo a la propuesta del PSOE.

Hemos de dejar clara una primera cuestión: la polémica nada tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino con la naturaleza del régimen y el papel del poder judicial.

Un aparato judicial enemigo de las mujeres y de sus derechos

No cabe la menor duda del deseo de aparato judicial de boicotear cualquier medida que suponga avanzar en derechos para las mujeres, para la clase trabajadora o para los pueblos del estado. De la misma manera que ha avalado todas las reformas laborales, todos los recortes aplicados a los empleados y empleadas públicos y todos los recortes de derechos. Basta con señalar una cuestión: esos mismos jueces que tardan años en dictar una sentencia han revisado y reducido 400 en apenas 5 meses.

Ahí está el nudo de la cuestión, en la propia naturaleza del aparato judicial español, un poder ultrarreaccionario, heredado del franquismo sin depuración alguna y que, por tradición, es enemigo de todo progreso y de los derechos de las mujeres. Hay que recordar los cientos de actuaciones judiciales que durante años cerraron los ojos ante los malos tratos y agresiones machistas y cómo los jueces animaban a las mujeres maltratadas a retirar las denuncias y “sufrir en silencio”. Porque, en el fondo, muchos opinan como el juez al que se le escapó, cuando creía que tenía el micrófono cerrado, llamar “bicho” e “hija de puta” a una mujer que denunciaba actos de violencia de género. Tan reaccionarios que no dudan en algo tan miserable poner en libertad a un violador con tal de atacar al gobierno.

Del mismo modo, hay que destacar las actuaciones bochornosas de decenas de jueces que, en casos de agresión sexual o de violación, insistían en preguntar a la mujer por la longitud de su falda o la profundidad de su escote, o consideraban como determinante tener en cuenta las horas en que transitaba por la vía pública o si había bebido o no. O el voto particular de uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra que, en la violación múltiple cometida por los energúmenos de la Manada, veía actos consentidos en “un ambiente de jolgorio y regocijo entre todos ellos”, incluida la víctima.

Al margen de los límites de la ley del “sí es sí”, ésta trataba de establecer que la cuestión a determinar es si ha habido o no consentimiento expreso de la mujer ante un acto sexual, para determinar si se trata de una agresión sexual.

Recordemos otro hecho: casi todas las condenas por agresión sexual o violación reducidas por los jueces en aplicación de la ley sólo sí es sí lo han sido porque en su sentencia se les aplicaba a los violadores la pena mínima prevista (y, al bajar ahora la pena mínima, eso puede llevar a revisar la sentencia según el principio penal de que se aplica un cambio legislativo cuando es más beneficioso para el reo). Por tanto, hay que constatar que, al menos, en una de cada cuatro sentencias por violación los jueces han aplicado la pena mínima prevista. Parece que a sus señorías les parecía excesiva la pena prevista en el código penal contra los violadores y abusadores, y procuraban irse a la pena mínima.

Ahora, ese mismo aparato judicial ha actuado contra la nueva ley, reduciendo las sentencias que ya antes consideraba “excesivas”.

Las instituciones heredadas del franquismo, contra todo progreso

En los pactos de la Moncloa y los acuerdos que llevaron a la constitución del 1978, los dirigentes del PCE, del PSOE y de algunas de las organizaciones “nacionalistas” aceptaron mantener lo esencial del aparato de Estado del franquismo, bajo la presidencia de Juan Carlos de Borbón, el heredero designado por Franco. El Rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62 de la Constitución), y las sentencias de los tribunales se dictan “en nombre del Rey” (art. 117 de la Constitución). Se mantuvo, por tanto, el aparato represivo, el aparato judicial, el ejército… se respetaron las fortunas amasadas bajo el franquismo (incluso las edificadas sobre el trabajo esclavo de los presos), se dejaron impunes todos los crímenes franquistas.

Con estas instituciones, que conservan enormes poderes, se pretende convencernos de que es posible llevar a cabo una política progresista. Y luego pasa lo que pasa, como en el caso de Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por el Parlament y las Cortes, ratificado por el pueblo catalán en referéndum… y anulado por un puñado de jueces reaccionarios.

Los dirigentes de los partidos “de izquierda” que viven en las instituciones del régimen se quejan de lo que se llama lawfare, la persecución del aparato judicial contra políticos de izquierda. Y tienen razón en hacerlo: son numerosas las actuaciones judiciales contra Podemos, anunciadas y coreadas en la prensa, que luego se quedan en nada por falta de pruebas. Así ha sido Mónica Oltra expulsada del gobierno valenciano. Así han estado durante 10 años procesados por corrupción dos concejales de IU de Sevilla, para que la Audiencia Nacional establezca al final que no había ninguna prueba que justificara su procesamiento. Encima, con sus “códigos éticos”, que establecen -contra la presunción de inocencia- que la mera imputación debe llevar a la dimisión del afectado, las organizaciones ponen en bandeja a cualquier juez facha la posibilidad de expulsar de su puesto a cualquier electo de la izquierda.

Hay que acabar con las instituciones del franquismo, traer la República

La ingenuidad de Irene Montero y de muchos de sus defensores es olvidar la existencia de ese poder judicial, que va a obstaculizar y, si puede, impedir, cualquier avance social o en beneficio de la mujer, de la mayoría trabajadora o de los derechos de los pueblos. Pretender poner una vela a dios y otra al diablo, gobernar respetando las instituciones reaccionarias heredadas, legislar como si este poder judicial no tuviera enormes poderes.

Todo verdadero avance, incluso la defensa de los derechos conquistados y ahora cuestionados, exige dar pasos para acabar con la herencia franquista. Los derechos sólo van a estar plenamente garantizados acabando con el régimen, trayendo la República.

La polèmica sobre la Llei del “sí és sí”

Deja un comentario

Carta Setmanal 926 per descarregar en PDF

Una forta polèmica s’ha aixecat arran de les reduccions de condemna i els alliberaments anticipats en aplicació de la reforma de la Llei de Llibertat Sexual, coneguda com a “llei del només sí és sí“, que amplia el contingut dels delictes d’agressions sexuals i disminueix les penes mínimes en alguns casos. L’aplicació de la llei ha portat a nombroses reduccions de sentències per violació o abusos sexuals, aplicades pels tribunals. Fins ara, es compten prop de 400 casos, i es calcula que en una de cada quatre sentències per aquests motius està sent reduïda la condemna.

Els partits franquistes i els mitjans de comunicació més potents han arremès contra la llei i contra la ministra d’Igualtat, Irene Montero, inspiradora d’aquesta. La ministra, per la seva banda, s’ha negat obstinadament a corregir la llei. Finalment ha estat el mateix PSOE qui ha presentat una proposició de llei per modificar la llei del només sí és sí, i el PP – amb la intenció de potenciar l’enfrontament entre els socis del govern de coalició- ha anunciat el seu suport a la proposta del PSOE.

Hem de deixar clara una primera qüestió: la polèmica res té a veure amb els drets de les dones, sinó amb la naturalesa del règim i el paper del poder judicial

Un aparell judicial enemic de les dones i dels seus drets

No hi ha el menor dubte del desig d’aparell judicial de boicotejar qualsevol mesura que suposi avançar en drets per a les dones, per a la classe treballadora o per als pobles de l’estat. De la mateixa manera que ha avalat totes les reformes laborals, totes les retallades aplicades als empleats i empleades públiques i totes les retallades de drets. N’hi ha prou amb assenyalar una qüestió: aquests mateixos jutges que tarden anys a dictar una sentència han revisat i reduït 400 en només 5 mesos.

Aquí hi ha el nus de la qüestió, en la pròpia naturalesa de l’aparell judicial espanyol, un poder ultrareaccionari, heretat del franquisme sense cap depuració i que, per tradició, és enemic de tot progrés i dels drets de les dones. Cal recordar els cents d’actuacions judicials que durant anys van tancar els ulls davant els maltractaments i agressions masclistes i com els jutges animaven les dones maltractades a retirar les denúncies i “patir en silenci”. Perquè, en el fons, molts opinen com el jutge al qual se li va escapar, quan creia que tenia el micròfon tancat, anomenar “bitxo” i “filla de puta” a una dona que denunciava actes de violència de gènere. Tan reaccionaris que no dubten en una cosa tan miserable posar en llibertat un violador per tal d’atacar el govern.

De la mateixa manera, cal destacar les actuacions de desenes de jutges que, en casos d’agressió sexual o de violació, insistien a preguntar a la dona per la longitud de la seva faldilla o la profunditat del seu escot, o consideraven com a determinant tenir en compte les hores en què transitava per la via pública o si havia begut o no. O el vot particular d’un dels jutges de l’Audiència Provincial de Navarra que, en la violació múltiple comesa pels energúmens de la Manada, veia actes consentits en “un ambient de “jolgorio” i “regocijo” entre tots ells”, inclosa la víctima.

Al marge dels límits de la llei del “sí és sí”, aquesta tracta d’establir que la qüestió a determinar és si hi ha hagut o no consentiment exprés de la dona davant d’un acte sexual, per determinar si es tracta d’una agressió sexual.

Recordem un altre fet: gairebé totes les condemnes per agressió sexual o violació reduïdes pels jutges en aplicació de la llei només ho han estat perquè en la seva sentència se’ls aplicava als violadors la pena mínima prevista (i, en baixar ara la pena mínima, això pot portar a revisar la sentència segons el principi penal que s’aplica un canvi legislatiu quan és més beneficiós per al reu. Per tant, cal constatar que, almenys, en una de cada quatre sentències per violació els jutges han aplicat la pena mínima prevista. Sembla que a les seves senyories els semblava excessiva la pena prevista en el codi penal contra els violadors i abusadors, i procuraven anar-se’n a la pena mínima.

Ara, aquest mateix aparell judicial ha actuat contra la nova llei, reduint les sentències que ja abans considerava “excessives”.

Les institucions heretadesa partir del franquisme, contra tot progrés

En els pactes de la Moncloa i els acords que van portar a la constitució del 1978, els dirigents del PCE, del PSOE i d’algunes de les organitzacions “nacionalistes” van acceptar mantenir l’essencial de l’aparell d’Estat del franquisme, sota la presidència de Joan Carles de Borbó, l’hereu designat per Franco. El Rei és el comandament suprem de les Forces Armades (art. 62 de la Constitució), i les sentències dels tribunals es dicten “en nom del Rei” (art. 117 de la Constitució). Es va mantenir, per tant, l’aparell repressiu, l’aparell judicial, l’exèrcit… es van respectar les fortunes pastades sota el franquisme (fins i tot les edificades sobre el treball esclau dels presos), es van deixar impunes tots els crims franquistes.

Amb aquestes institucions, que conserven enormes poders, es pretén convèncer-nos que és possible dur a terme una política progressista. I després passa el que passa, com en el cas d’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat pel Parlament i les Corts, ratificat pel poble català en referèndum… i anul·lat per un grapat de jutges reaccionaris.

Els dirigents dels partits “d’esquerra” que viuen a les institucions del règim es queixen del que s’anomena lawfare, la persecució de l’aparell judicial contra polítics d’esquerra. I tenen raó a fer-ho: són nombroses les actuacions judicials contra Podem, anunciades i corejades a la premsa, que després es queden en res per falta de proves. Així ha sigut Mónica Oltra expulsada del govern valencià. Així han estat durant 10 anys processats per corrupció dos regidors d’IU de Sevilla, perquè l’Audiència Nacional estableixi al final que no hi havia cap prova que justifiqués el seu processament. A sobre, amb els seus “codis ètics”, que estableixen -contra la presumpció d’innocència- que la mera imputació ha de portar a la dimissió de l’afectat, les organitzacions posen en safata qualsevol jutge fatxa la possibilitat d’expulsar del seu lloc qualsevol electe de l’esquerra.

Cal acabar amb les institucions del franquisme, portar la República

La ingenuïtat d’Irene Montero i de molts dels seus defensors és oblidar l’existència d’aquest poder judicial, que ha d’obstaculitzar i, si pot, impedir, qualsevol avenç social o en benefici de la dona, de la majoria treballadora o dels drets dels pobles. Pretendre posar una espelma a déu i una altra al diable, governar respectant les institucions reaccionàries heretades, legislar com si aquest poder judicial no tingués enormes poders.

Tot veritable avenç, fins i tot la defensa dels drets conquerits i ara qüestionats, exigeix fer passos per acabar amb l’herència franquista. Els drets només han d’estar plenament garantits acabant amb el règim, traient la República.

El Tribunal Constitucional: origen y funciones

Deja un comentario

Carta Semanal 919 en catalán

Carta Semanal 919 para descargar en PDF

En un régimen parlamentario, en teoría tú votas a alguien, y el que suma más votos gobierna para hacer lo que te ha prometido. Pero, bajo el régimen de la Monarquía, las cosas no son así. El que ha ganado unas elecciones tiene que pedir permiso a una serie de controles para legislar, para gobernar. En particular, al llamado Tribunal Constitucional. El nombre engaña, pues no imparte justicia, pero a sus decisiones las llama sentencia, auto, etc.

El TC tiene la misión de certificar en nombre del Estado si lo que uno dice o hace es conforme a la Constitución, y, por tanto, hace legales o ilegales esos actos. Según el artículo 1 de la ley del TC:

“El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.” Sigue leyendo →

DIADA 2022: DECENAS DE MILES DE MANIFESTANTES BUSCAN UNA SALIDA POLÍTICA

Deja un comentario

Carta Semanal 905 en catalán

Carta Semanal 905 para descargar en PDF

De la manifestación de la Diada de este año hay dos aspectos importantes a señalar. El primero de ellos, que a pesar de las disputas internas que enfrentan, un día sí y otro también, a los partidos que componen el gobierno de la Generalitat, y a pesar también de la ausencia de ERC (disconforme con los objetivos de los convocantes, la ANC, Ómnium y la Asamblea de Municipios por la Independencia, que por otro lado, tampoco estaban de acuerdo entre ellos), la manifestación ha reunido a miles de personas. Obviamente, muchísimas menos que otros años, pero muchas más de las que algunos esperaban o deseaban. Especialmente, los que especulan con las subidas y bajadas del “soufflé” catalán. Dicho de otra manera: las condiciones para que la manifestación fuera un auténtico fracaso estaban dadas, y sin embargo, esto no ha ocurrido. Es un hecho.

Y el segundo aspecto a destacar es también un hecho incuestionable: el desarrollo de la manifestación ha puesto en evidencia el divorcio existente entre las masas que seguían antes fielmente las indicaciones de los partidos y organizaciones partidarias de la independencia, y las que han dejado de hacerlo, o incluso critican ferozmente y se enfrentan al rumbo seguido por la mayoría de aquellas. El divorcio ciertamente no es de ahora –viene como mínimo desde 2019-, pero es ahora cuando se ha visualizado de manera clarísima, alcanzando cotas como nunca antes se habían visto, en los días anteriores a la Diada y en la propia manifestación. Divorcio que ha llevado a que miles de manifestantes se hayan girado en contra del gobierno de ERC y Junts, en contra del independentismo “oficial” incluida la CUP, con insultos y abucheos a sus dirigentes (desde el propio presidente de la Generalitat, hasta el mismo Oriol Junqueras, que se ha pasado más de 3 años y medio en prisión), y con ultimátums para que el gobierno de la Generalitat recupere la vía unilateral o convoque elecciones. Todo ello en medio de la indiferencia de la inmensa mayoría de los trabajadores catalanes que no se identifican con los objetivos de la convocatoria, porque entre otras cosas, como es tradicional, se ha realizado al margen de las reivindicaciones.

Desde el punto de vista de quienes combatimos por los derechos de los trabajadores y los pueblos, no nos interesa tanto las querellas que rodean las relaciones de los diversos componentes del independentismo gubernamental, como el hecho de constatar que, a pesar de todo, y en contra de los que creen que el llamado “problema catalán” ya está resuelto por agotamiento, son muchos los catalanes que no quieren seguir viviendo bajo el régimen de la Monarquía. Y no nos referimos solo a los que asistieron a la manifestación. También a los que han dejado de ir porque han constatado que lo que se ha dado en llamar el “procés” está en una vía muerta. Y que lo que proponen los dirigentes de los partidos que se reclaman de la independencia, en un caso difiere bastante de lo que estuvieron prometiendo no hace mucho, y en otro, supone poco más o menos que repetir experiencias que han fracasado, por más que hayan despertado la ilusión de muchísima gente. Es normal, por lo tanto, que no despierte ninguna emoción las convocatorias, y menos si éstas se realizan en medio de las querellas.

Sin embargo, la aspiración del pueblo catalán a poder decidir libremente su futuro continúa en buena medida intacta. Y por lo que se ha visto en esta Diada esa aspiración no tiene una representación política. No la tiene ni para los independentistas, ni tampoco para quienes sin serlo consideran que hay que poder votar en un referéndum. Conducir a esta mayoría social por la senda del autonomismo -bien o mal gestionado- o por el de la proclama vacía de la unilateralidad, es conducirlo a la frustración.

Los lectores de la Carta Semanal conocen el posicionamiento que los militantes de la Cuarta Internacional hemos defendido desde el inicio de las Diadas multitudinarias: partidarios incondicionales del derecho de autodeterminación, afirmamos que éste no es posible ejercerlo bajo el actual régimen. Que las aspiraciones del pueblo catalán, y la de todos los pueblos de España, no caben dentro de este régimen, que por otro lado es irreformable. Por tanto, la lucha por la abolición de la Monarquía, por la República del Pueblo y para los Pueblos, basada en la fraternidad y en la libertad que garantice el ejercicio de este derecho, es una prioridad que debe unir a todos.

Como debe unir a todos la defensa incondicional de los militantes represaliados y la exigencia de que cese la persecución judicial que padece el independentismo, al igual que padecen todos aquellos que se oponen al régimen. Más que nunca hay una exigencia que une a todos: la derogación total de la ley Mordaza, sin más excusas.

Urge recuperar las mejores tradiciones fraguadas en la lucha contra Franco. La lucha contra la Monarquía y por la República, la lucha por los derechos democráticos y sociales, que son inseparables, requiere el combate unido de todos los trabajadores y pueblos del Estado español, y en ese combate estamos comprometidos. Ignorar que existe una aspiración común en todos los pueblos de España a la libertad y a la democracia, que existen reivindicaciones comunes que defender, es volver a llevar las aspiraciones del pueblo catalán a un callejón sin salida. Para la causa del pueblo catalán y de todos los pueblos, no hay más aliados que los trabajadores y los pueblos.

Presentación IO 372

Este número se centra en tres aspectos de nuestra actividad:

-La preparación del Encuentro en Defensa de la Industria (ver página 3).

-El impulso y la participación en la marcha a Madrid del 15-O en defensa de los salarios y de las pensiones, por su revalorización según el IPC real (anual) y la exigencia al Gobierno de que cumpla la Ley y realice la auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social (ver portada y página 9).

-Informar del desarrollo de la Coordinadora Ampliada del CATP del 10 de septiembre (ver páginas centrales: 6 y 7, también la 5).

El conjunto del periódico se encuadra políticamente en la crisis económica y la inflación (también producto de la guerra imperialista, pero sobre todo de la utilización que se hace de este pretexto para disparar aún más los precios) y su reflejo en las instituciones del Estado; las consecuencias de esto para los trabajadores y los obstáculos que levantan las direcciones sindicales y políticas a la movilización. Sin embargo, esa misma crisis hace difícil los consensos entre el PP y el PSOE (cambio de mayoría en el Tribunal Constitucional, renovación del poder judicial, acuerdo sobre las medidas a tomar ante la escalada imparable del coste de la energía) y entre los dirigentes sindicales y el Gobierno (Pacto de Rentas, nueva «reforma» de las pensiones), consensos necesarios para abordar la crisis desde los intereses de la burguesía y del capital.

Destacamos en este sentido el editorial (en la portada) que da el eje político a Información Obrera. También las páginas 2 y 4 contienen artículos sobre la falta de acuerdo PP-PSOE para renovar las instancias y las medidas del Gobierno, supuestamente para controlar la inflación, pero que hacen descargar la crisis sobre los trabajadores y sus derechos y condiciones de vida.

Las páginas de internacional (3 en esta ocasión) informan:

– De la resistencia obrera en Europa (ver página 11) a una situación muy semejante a la de España, en realidad prácticamente igual pues todos los Gobiernos y la UE se alinean con el imperialismo norteamericano. UP

– De la situación en América Latina (ver artículo sobre Chile en la página 10).

– De la represión en Palestina (página 12).

Recomendamos también la lectura de la primera parte de la entrevista de Información Obrera a Joan Tardà sobre la ley de memoria democrática; la segunda parte de esta entrevista se publicará en el próximo número de Información Obrera y en siguientes números seguiremos el debate sobre esta ley y su utilización para la continuidad o no de la impunidad de los crímenes franquistas.

Por último, resaltar el artículo «Las movilizaciones del profesorado en Cataluña fuerzan la contratación de 3.500 profesores», que muestra los efectos diferidos de las huelgas del profesorado en Cataluña.

DIADA 2022: DESENES DE MILERS DE MANIFESTANTS BUSQUEN UNA SORTIDA POLÍTICA

Deja un comentario

Carta Setmanal 905 per descarregar en PDF

De la manifestació de la Diada d’aquest any, hi ha dos aspectes importants a assenyalar. El primer, que malgrat les disputes internes que enfronten, un dia sí i un altre també, els partits que componen el govern de la Generalitat, i malgrat també l’absència d’ERC (disconforme amb els objectius dels convocants, l’ANC, Òmnium i l’Assemblea de Municipis per la Independència, que d’altra banda, tampoc no estaven d’acord entre ells), la manifestació ha reunit milers de persones. Òbviament, moltíssimes menys que altres anys, però moltes més de les que alguns esperaven o desitjaven. Especialment, els que especulen amb les pujades i baixades del soufflé català. Dit d’una altra manera: les condicions perquè la manifestació fos un autèntic fracàs estaven donades, i no obstant això no ha passat. És un fet.

I el segon aspecte a destacar també és un fet inqüestionable: el desenvolupament de la manifestació ha posat en evidència el divorci existent entre les masses que seguien abans fidelment les indicacions dels partits i organitzacions partidàries de la independència, i les que han deixat de fer-ho , o fins i tot critiquen feroçment i s’enfronten al rumb seguit per la majoria d’aquelles. El divorci certament no és d’ara –ve com a mínim des del 2019–, però és ara quan s’ha visualitzat de manera claríssima, aconseguint cotes com mai no s’havien vist mai, els dies anteriors a la Diada ia la mateixa manifestació. Divorci que ha fet que milers de manifestants s’hagin girat en contra del govern d’ERC i Junts, en contra de l’independentisme “oficial” inclosa la CUP, amb insults i esbroncades als seus dirigents (des del mateix president de la Generalitat, fins al mateix Oriol Junqueras, que s’ha passat més de 3 anys i mig a la presó), i amb ultimàtums perquè el govern de la Generalitat recuperi la via unilateral o convoqueu eleccions. Tot plegat enmig de la indiferència de la immensa majoria dels treballadors catalans que no s’identifiquen amb els objectius de la convocatòria, perquè entre altres coses, com és tradicional, s’han fet al marge de les reivindicacions.

Des del punt de vista dels qui combatem pels drets dels treballadors i els pobles, no ens interessa tant les querelles que envolten les relacions dels diversos components de l’independentisme governamental, com el fet de constatar que, malgrat tot, i en contra els qui creuen que l’anomenat “problema català” ja està resolt per esgotament, són molts els catalans que no volen continuar vivint sota el règim de la Monarquia. I no ens referim només als que van assistir a la manifestació. També els que han deixat d’anar perquè han constatat que el que s’ha anomenat el “procés” està en una via morta. I que el que proposen els dirigents dels partits que es reclamen de la independència, en un cas difereix força del que van estar prometent no fa gaire, i en un altre, suposa si fa no fa, repetir experiències que han fracassat, per més que hagin despertat la il·lusió de moltíssima gent. És normal, per tant, que no desperti cap emoció les convocatòries, i menys si aquestes es fan enmig de les querelles.

Tot i això, l’aspiració del poble català a poder decidir lliurement el seu futur continua en bona mesura intacta. I pel que s’ha vist aquesta Diada aquesta aspiració no té una representació política. No en té ni per als independentistes, ni tampoc per als que sense ser-ho consideren que cal poder votar en un referèndum. Conduir aquesta majoria social pel camí de l’autonomisme -bé o mal gestionat- o pel de la proclama buida de la unilateralitat, és conduir-lo a la frustració.

Els lectors de la Carta Setmanal coneixen el posicionament que els militants de la Quarta Internacional hem defensat des de l’inici de les Diades multitudinàries: partidaris incondicionals del dret d’autodeterminació, afirmem que aquest no és possible exercir-lo sota el règim actual. Que les aspiracions del poble català, i la de tots els pobles d’Espanya, no hi caben dins aquest règim, que per altra banda és irreformable. Per tant, la lluita per l’abolició de la Monarquia, la República del Poble i els Pobles, basada en la fraternitat i en la llibertat que garanteixi l’exercici d’aquest dret, és una prioritat que ha d’unir a tothom.

Com ha d’unir a tots la defensa incondicional dels militants represaliats i l’exigència que cessi la persecució judicial que pateix l’independentisme, igual que pateixen tots aquells que s’oposen al règim. Més que mai hi ha una exigència que uneix tothom: la derogació total de la llei Mordassa, sense més excuses.

És urgent recuperar les millors tradicions forjades en la lluita contra Franco. La lluita contra la Monarquia i la República, la lluita pels drets democràtics i socials, que són inseparables, requereix el combat unit de tots els treballadors i pobles de l’Estat espanyol, i en aquest combat estem compromesos. Ignorar que hi ha una aspiració comuna a tots els pobles d’Espanya a la llibertat ia la democràcia, que hi ha reivindicacions comunes per defensar, és tornar a portar les aspiracions del poble català a un atzucac. Per a la causa del poble català i de tots els pobles, no hi ha més aliats que els treballadors i els pobles.

Presentació Información Obrera nº 372

Aquest número se centra en tres aspectes de la nostra activitat:

-La preparació de la Trobada en Defensa de la Indústria (veure pàgina 3).

-L’impuls i la participació a la marxa a Madrid del 15-O en defensa dels salaris i de les pensions, per la seva revaloració segons l’IPC real (anual) i l’exigència al Govern que compleixi la Llei i faci l’auditoria pública als comptes de la Seguretat Social (veure portada i pàgina 9).

-Informar del desenvolupament de la Coordinadora Ampliada del CATP del 10 de setembre (vegeu pàgines centrals: 6 i 7, també la 5).

El conjunt del diari s’enquadra políticament en la crisi econòmica i la inflació (també producte de la guerra imperialista, però sobretot de la utilització que es fa d’aquest pretext per disparar encara més els preus) i el seu reflex a les institucions de l’Estat; les conseqüències per als treballadors i els obstacles que aixequen les direccions sindicals i polítiques a la mobilització. Tot i això, aquesta mateixa crisi fa difícil els consensos entre el PP i el PSOE (canvi de majoria al Tribunal Constitucional, renovació del poder judicial, acord sobre les mesures a prendre davant l’escalada imparable del cost de l’energia) i entre els dirigents sindicals i el Govern (Pacte de Rendes, nova «reforma» de les pensions), consensos necessaris per abordar la crisi des dels interessos de la burgesia i del capital.

Destaquem en aquest sentit l’editorial (a la portada) que dóna l’eix polític a Información Obrera. També les pàgines 2 i 4 contenen articles sobre la manca d’acord PP-PSOE per renovar les instàncies i mesures del Govern, suposadament per controlar la inflació, però que fan descarregar la crisi sobre els treballadors i els seus drets i condicions de vida.

Les pàgines internacionals (3 en aquesta ocasió) informen:

– De la resistència obrera a Europa (vegeu pàgina 11) a una situació molt semblant a la d’Espanya, en realitat pràcticament igual, ja que tots els governs i la UE s’alineen amb l’imperialisme nord-americà. UP

– De la situació a Amèrica Llatina (veure article sobre Xile a la pàgina 10).

– De la repressió a Palestina (pàgina 12).

També recomanem la lectura de la primera part de l’entrevista d’Informació Obrera a Joan Tardà sobre la llei de memòria democràtica; la segona part d’aquesta entrevista es publicarà al proper número d’Informació Obrera i en números següents seguirem el debat sobre aquesta llei i la seva utilització per a la continuïtat o no de la impunitat dels crims franquistes.

Finalment, cal ressaltar l’article «Les mobilitzacions del professorat a Catalunya forcen la contractació de 3.500 professors», que mostra els efectes diferits de les vagues del professorat a Catalunya.

El “gobierno de los jueces”

Deja un comentario

Carta Semanal 852 en catalán

Carta Semanal 852 para descargar en PDF

El 6 de septiembre, como se realiza anualmente, se celebró la inauguración del Año Judicial presidido por el Rey. Recordemos que, en este país, en nombre del Rey se emiten las sentencias y se administra la justicia (por llamar de alguna manera a lo que hacen los jueces en este país). El rey, que a menudo, en los hechos, es la única autoridad a la cual obedecen las instituciones judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa su lugar -o más bien lo usurpa, según las leyes vigentes, desde hace ya casi 3 años- aprovechó la ocasión para lanzar un misil contra la decisión del gobierno de otorgar un indulto parcial a los 9 republicanos catalanes. Una intervención que forma parte de la ofensiva del aparato de Estado para cerrar el paso a toda posible salida al conflicto catalán. Ahí está la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir fianzas multimillonarias a los políticos republicanos catalanes. Sigue leyendo →

El “govern dels jutges”

Deja un comentario

Carta Setmanal 852 per descarregar en PDF

El 6 de setembre, com es realitza anualment, es va celebrar la inauguració de l’Any Judicial presidit pel Rei. Recordem que, en aquest país, en nom del Rei s’emeten les sentències i s’administra la justícia (per anomenar d’alguna manera al que fan els jutges en aquest país). El rei, és sovint, en els fets, l’única autoritat a la qual obeeixen les institucions judicials.

El president de Tribunal Suprem i del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa el seu lloc -o més aviat l’usurpa, segons les lleis vigents, des de fa ja gairebé 3 anys- va aprofitar l’ocasió per llançar un míssil contra la decisió del govern d’atorgar un indult parcial als 9 republicans catalans. Una intervenció que forma part de l’ofensiva de l’aparell d’Estat per barrar el pas a tota possible sortida al conflicte català. D’ací, la decisió del Tribunal de Comptes d’exigir fiances multimilionàries als polítics republicans catalans.

Aquest discurs d’enfrontament i guerra civil estava calcat al discurs del Rei del 3 d’octubre de 2017 contra el poble de Catalunya, l’endemà passat del referèndum del 1 d’octubre, il·legalitzat per Rajoy, i brutalment reprimit, i que Malgrat això hi van participar 2.262.424 ciutadans de Catalunya.

La renovació de Consell

Lesmes també va criticar el PSOE i al PP, per no renovar el Consell (una renovació que s’hauria d’haver produït fa 1.000 dies), cobrint així la responsabilitat del PP en el moment actual. Però no va fer cap al·lusió a una possibilitat que forçaria la renovació de la mateixa: la seva dimissió i la de la majoria dels membres de l’òrgan.

Evidentment el PP no té cap interès a aplicar l’actual llei que fa que 12 dels 20 jutges del Consell es decideixin a un acord entre els partits representats a les Corts. Gràcies al seu bloqueig de la renovació s’assegura que es manté la majoria triada en 2013 amb onze vocals elegits a proposta del PP, set del PSOE, un d’IU i un altre del PNB. Al front està Lesmes, que va ser alt càrrec en els governs de José María Aznar. Renovar ara suposaria per al PP perdre la majoria i, davant els judicis vigents com el de la Kitchen, tem les conseqüències.

Casado va declarar el 2 de setembre “que Sánchez abandoni tota esperança de renovar el CGPJ”; el dia 4, que “el problema és de Sánchez, no nostre” i, la premsa titulava que “Casado cita a Sánchez a renovar el poder judicial si accepta un canvi de model “. I ha canviat una i altra vegada les seves exigències per col·laborar en la renovació de CGPJ, que necessita una majoria parlamentària de 3/5.

La renovació s’hauria d’haver fet en 2018. Però, llavors, Pedro Sánchez, que ja era al govern, no tenia pressa. No semblava prudent fer canvis que poguessin repercutir en un Tribunal Suprem preparant el seu gran judici contra els republicans catalans. Com gosar desestabilitzar uns jutges que estan defensant la “unitat de la pàtria” (per molt que sigui una excusa per salvaguardar a les institucions), per mandat del rei i del seu discurs del 3 d’octubre de 2017? Llavors hauria estat possible renovar sense acord del PP ni de Vox, que no reunien els més de 2/5 del Congrés necessaris per bloquejar l’elecció.

Al rei actual tampoc li interessa molt la renovació, encara que sembli molt improbable que una nova majoria al Consell obrís pas a la possibilitat d’un judici al seu pare per els seus múltiples tripijocs econòmics, que sens dubte afectaria el conjunt de la institució monàrquica, hauria d’evitar fins i tot aquesta remota possibilitat.

En aquest marc, el dimarts 7 de setembre, a l’endemà del discurs de Lesmes, Casado va proposar renovar el Consell. Això sí, a condició de canviar immediatament la llei i permetre que tots els seus membres siguin elegits directament pels jutges, i no pel Parlament. Casado va defensar aquesta proposta en nom de la “independència del Poder Judicial”. Independència, cal precisar, respecte de la sobirania popular.

Pot, en democràcia, una institució de l’Estat ser independent de la sobirania popular? És evident que, sota la Monarquia, institució clau de l’Estat que no se sotmet ni és triada per la sobirania popular, sinó per dret d’herència, és més que possible.

Recordem que el govern PSOE-UP va intentar modificar la Llei per impedir que el PP poguès seguir exercint la seva minoria de bloqueig en la renovació del CGPJ. Però li va parar els peus la Unió Europea. A L’endemà d’una reunió amb la vicepresidenta europea de Valors i Transparència, Vera Jourova, que li va demanar la retirada d’aquesta reforma legal, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, anunciava la retirada del projecte. A més, la UE pressiona perque és canvii la norma i és faci una elecció basada en els “Estàndards europeus”, perque al menys la meitat dels seus membres siguin elegits pels propis jutges. Totes les Institucions de l’actual UE van recolzar la transició espanyola, amb la continuïtat de les institucions del franquisme. I s’han oposat sempre a processar als responsables dels crims franquistes.

Cal recordar que la Constitució va declarar com a poder judicial democràtic al mateix aparell judicial seleccionat durant quaranta anys per la dictadura franquista, que dictà sentències sense Interferència. Però li van posar una administració triada amb participació de les Corts, el Consell General de Poder Judicial.

A ningú se li oculta que la “independència del Poder Judicial”, que enarbora Casado – amb el suport de bona part de les associacions judicials i, com hem vist, de la UE- per defensar l’elecció de dotze Membres del CGPJ pels jutges no seria altra cosa que l’absoluta independència d’un aparell judicial heretat del franquisme sense depuració alguna, i ple de reaccionaris. Un Aparell defensor a ultrança dels interessos del capital financer i dels privilegis d’Institucions reaccionàries com l’Església Catòlica, i enemic dels Treballadors i de les dones. Un Aparell judicial que s’ha constituït com a garantia de la Impunitat dels crims de franquisme (arribant a l’expulsió del Jutge Garzón quan va gosar traspassar aquesta barrera), que ha avalat totes les retallades, les reformes laborals, la Llei mordassa… i que s’ha col·locat en primera línia de la persecució contra el poble català i els seus representants.

“En nom del rei”

Tot sembla indicar que Lesmes no actuava en nom propi, ni tan sols d’un sector de jutges, sinó com a Portaveu del Rei, amb la qual cosa s’alinea contra el Govern per segona vegada en un any. Segons la Vanguardia del 8 de setembre, el Rei, dirigint-se en conversa informal als dirigents polítics, immediatament després de dir el discurs de Lesmes, els hi va dir: “Lesmes us ha donat una estirada d’orelles a tots”.

El monstruòs aparell judicial, que a més és lent i ineficaç, en els fets només obeeix al rei, com altres poders de l’Estat. Recordem al capità general Quintana Lacaci que, en ocasió del cop d’Estat del 23-F, va dir que havia obeït al Rei perquè “el Caudillo em va donar ordre d’obeir al seu successor”. I Lesmes obeeix al seu señor, perquè si de veritat volguès resoldre el problema actual ho tindria tan fàcil com dimitir i forçar la dimissió de la majoria del CGPJ. Encara que, és clar, això suposaria renunciar al sou de 142.520 euros (pressupost de 2022), al vehicle oficial amb xofer, despatx i secretaris/es. Una Decisió sens dubte molt dolorosa.

La democràcia exigeix alliberar-nos d’aquest aparell judicial franquista. En democràcia només hi ha una sortida: l’Elecció democràtica dels jutges pel poble. L’Elecció dels jutges pel poble no és una ocurrència. En canvi, als Països on les formes democràtiques han estat més avançades l’elecció dels jutges és Llei. És als règims heretats de dictadures o als règims parlamentaris en crisi als que han segregat un cos judicial exterior a la població. És una de les qüestions que s’ha d’integrar a la lluita per un veritable canvi social i polític, per la República.

Los partidos e instituciones franquistas ante los indultos

Deja un comentario

Carta Semanal 841 en catalán

Carta Semanal 841 para descargar en PDF

El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros del 22 de junio conceder indultos a “los nueve” presos republicanos catalanes, unos indultos por demás limitados, que sólo afectan a las penas de prisión, pero no a las de inhabilitación o las supuestas responsabilidades económicas, que no cubren a otros procesados por el 1 de octubre del 17, tampoco a los republicanos exiliados ni a los cerca de 3.000 catalanes procesados por los mismos motivos. Sigue leyendo →

Els partits i institucions franquistes davant els indults

Deja un comentario

Carta Setmanal 841 per descarregar en PDF

El govern de Pedro Sánchez ha aprovat en el Consell de Ministres del 22 de juny concedir indults “als nou” presos republicans catalans, uns indults per altres limitats, que només afecten a les penes de presó, però no a les d’inhabilitació o les suposades responsabilitats econòmiques, que no cobreixen a altres processats per l’1 d’octubre del 17, tampoc als republicans exiliats ni als prop de 3.000 catalans processats pels mateixos motius.

Atès el tímid de la mesura, que s’ajusta a la llei vigent, crida l’atenció la desmesurada i furibunda reacció dels tres partits franquistes, amb estrepitós acompanyament de tots els mitjans de comunicació franquistes. En els primers moments, aquesta campanya la van fer seva Felipe González, els presidents de Castella la Manxa i Extremadura, entre d’altres, però posteriorment aquest sector del PSOE ha baixat el volum pel ridícul que estaven fent al rebre el Govern suports internacionals i fins i tot de sectors empresarials i de l’Església.

La compareixença de Pablo Casado el dilluns 21 davant els diputats, senadors i parlamentaris europeus del seu partit va donar lloc a unes enceses declaracions d’alt contingut franquista. Va qualificar la decisió promoguda per Pedro Sánchez com un “desacatament a la legalitat”, un “desfalc a la sobirania”, l’objectiu era preparar un “canvi de règim”.

Fins aquí podríem pensar en la pugna amb Vox, a la recerca d’un rèdit electoral, encara que sigui carregant les tintes. Però Casado no es va aturar en l’atac a el Govern, sinó que va estendre els seus al·legats guerracivilistes en un atac sense misericòrdia a la “suposada societat civil trencada i feble lliurada a un Govern amb diners i sense principis”, va atacar als assistents a l’acte del Liceu a on Sánchez va parlar dels indults com “una platea subvencionada pels fons europeus”, va tornar a referir-se als empresaris que defensen els indults com lobbies “en recerca de fons europeus”, va carregar contra la patronal catalana qualificant-la com “els que van marxar de Catalunya per mantenir el compte de resultats davant de l’independentisme, i ara pretenen que ens anem de Catalunya per mantenir el compte de resultats de Sánchez amb l’independentisme “.

En dura competència amb Casado, els portaveus de Vox van pujar el to. El diputat Gil Lázaro va titllar el govern de “mentider, indigne, traïdor, covard i miserable”, i els suposats liberals de Ciutadans, per boca del seu portaveu Edmundo Bal, van qualificar als indults de “vergonya. I tot per comprar quatre escons separatistes “. Inés Arrimades i altres dos diputats de Ciutadans han anunciat la interposició de recurs davant el Suprem, en què demanaran com a mesura cautelar que els independentistes tornin a la presó mentre el tribunal resol sobre les seves al·legacions.

La crisi de l’Estat es extrema

La campanya de divisió, que ve de lluny, en particular amb l’Estatut i després amb el referèndum, el judici i les sentències, ha assolit en aquestes setmanes una tensió i brutalitat sense precedents.

Recordem que el mateix Tribunal Suprem, cap de tot l’aparell judicial que ve de la dictadura, va donar el to amb un informe sobre la proposta d’indults. A més de qualificacions absolutament injustificades, el Suprem qüestionava el dret de Govern a aprovar els indults, sense cap base jurídica, sense més raó que les posicions polítiques dels franquistes. És la línia de considerar il·legítims a les autoritats i raons que no siguin continuadors de la dictadura. Poques vegades s’havia expressat tan cruament.

Casado primer, i amb més cornetes Ayuso, van comprometre directament al rei, al pretendre que el Govern li feia signar uns indults contra la consciència del rei, que com a personatge públic no té consciència (és “irresponsable”), sinó que compleix el que el Govern li posa per signar. La Casa Reial no ha rebutjat aquest procedir.

Afegeixin els al·legats contra empresaris i eclesiàstics abans esmentats per a una escenificació de guerra civil.

És un muntatge fals, que no correspon a les forces franquistes ni al context, però té greus conseqüències. En primer lloc, per la influència en la població civil, en la qual l’auge del sentir antiindults és insòlit. Però també en totes i cadascuna de les institucions, tensades incontroladament. Ens aboquen a enfrontaments impredictibles.

Tot això és per tapar l’escàndol del PP, els policies, els sectors de l’aparell d’Estat i els caps empresarials pringats en la corrupció?

És una raó, però insuficient.

La qüestió catalana i la fragilitat de el règim monàrquic

Evidentment, el que preocupa els representants polítics de l’aparell d’Estat franquista no són els més que limitats indults, sinó el perill que aquests obrin la porta a altres mesures polítiques, acordats amb la voluntat majoritària del poble català de poder exercir el seu dret a decidir , mesures que per descomptat no estan en l’agenda del govern Sánchez.

El problema és que la Monarquia i la seva constitució són absolutament incompatibles amb el dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur. I els franquistes ho saben. No en va, així ho van imposar en els pactes de la Moncloa, perquè tot quedés “lligat i ben lligat” (i així ho van acceptar en aquests pactes els dirigents del PSOE, el PCE i els principals partits bascos i catalans).

Quan parlen de “constitucionalisme” i “unitat d’Espanya”, en realitat surten en defensa de la preservació de les institucions heretades de la dictadura franquista, amb el rei al capdavant, i dels interessos que aquestes representen: el nucli central del capital financer. Temen que s’obri una escletxa per on les aspiracions del poble de Catalunya, i de tots els pobles, puguin decidir el que els concerneix.

En segon lloc, aquesta campanya franquista serveix per fer pinya al voltant d’una exigència: que aquests indults siguin un punt final, en el moment en què 3.000 ciutadans catalans segueixen encausats, en què desenes són cridats a comparèixer i el Tribunal de Comptes planeja com au de rapinya sobre dirigents catalans confiscant les seves propietats, com succeeix amb l’antic conseller d’Economia Mas Colell, que va deixar els seus càrrecs polítics al 2016.

No volen que es desfaci el treball dels cossos repressius, de la fiscalia i de l’aparell judicial, que van actuar seguint les instruccions del rei, expressades en el seu famós discurs del 3 d’octubre de 2017, en el qual els va llançar contra els milions que van votar en el referèndum del 2 d’octubre i, especialment, contra els republicans catalans. Volen garantir l’enfrontament permanent amb el poble català, i amb això la divisió dels treballadors.

Perquè les institucions del règim no poden resistir que els pobles decideixin?. Pot resistir això l’aparell judicial? Poden resistir unes forces armades finançades amb els diners que no hi ha per a les necessitats socials més elementals? Pot resistir el poder ocult de l’Església (encara que part dels seus caps no vulguin comprometre amb els franquistes)?

Les institucions del règim tenen dificultat a suportar l’allau d’exigències de la majoria social. Per aquest motiu els propis dirigents del PP oscil·len entre reclamar 20 vegades per minut la dimissió del Govern i les al·lusions a col·laborar, sense dir-ho, per xuclar dels fons. Amenacen, però estan insegurs i es divideixen les diverses institucions a cada pas.

Alarma a l’imperialisme

Entre altres casos similars, crida l’atenció el suport del Financial Times als indults. Ultraconservador, aquest portaveu de la Borsa de Londres, tem que els interessos del capital financer resultin perjudicats per la situació d’inestabilitat i enfrontament que els seus devots franquistes promouen a Espanya. És el mateix sentir de molts empresaris espanyols, catalans o no, de bisbes i altres forces de l’ordre.

Biden no va seguir aquest camí per estar preocupat per altres interessos internacionals, alguns s’ho retrauran.

El capital que el Financial Times representa és brutal per naturalesa, no es mou per cap sentir democràtic, però busca l’estabilitat i li semblen desgavellats els criteris de l’aparell franquista que ve de la dictadura.

Els treballadors són enemics d’aquesta gent, però han de tenir en compte que això contribueix a afeblir encara més el règim. Donades les pressions contràries, el monarca mira amb un ull al seu agent Lesmes, president del Suprem, i amb l’altre als seus padrins de la Borsa de Londres.

L’interès dels treballadors

El moviment obrer necessita unir forces per defensar els seus interessos, de manera destacada la democràcia, la llibertat i igualtat dels ciutadans i els pobles.

El suport dels dirigents sindicals als indults és ben poc en el moment en què cal unir totes les forces obreres i democràtiques per tancar el pas als enemics de la llibertat. Qualsevol moderació davant el despotisme franquista no hauria de cabre en les organitzacions, ja que ho pagaran els treballadors ben car.

El moviment necessita combatre per la unió lliure dels pobles de l’Estat espanyol, el que només pot garantir-se en un marc republicà. No defensa la independència, però sí el dret del poble català, dels pobles a decidir la seva relació amb els altres pobles pugui exercir-se, fins al punt que si ho decideixen, se separin. Perquè això sigui possible, combatem perquè la classe obrera (com a classe que és única a tot l’Estat), i les seves organitzacions, es posin al capdavant de la defensa de les llibertats, única manera d’assegurar la seva unitat i la fraternitat entre els pobles.

Amnistia, lluita contra la repressió i dret d’autodeterminació no són mers eslògans, ni responen a una fórmula mecànica heretada dels clàssics del marxisme, sinó que són qüestions essencials a defensar per mantenir la unitat dels treballadors, per posar a la classe obrera al capdavant de la lluita de tots els oprimits per la democràcia i els drets, contra l’aparell d’Estat defensor del capital financer i enemic de tota la població treballadora.

Ni hi ha drets socials sense drets nacionals, i viceversa. L’emancipació de la classe treballadora, i la unió lliure dels pobles, són objectius que només poden ser aconseguits per mitjà de la mobilització unida dels treballadors i els pobles forjant la seva aliança.

Ante el 14 de abril: El significado de la lucha por la República hoy

Deja un comentario

Carta Semanal 830 en catalán

Carta Semanal 830 para descargar en PDF

En el 90 aniversario de la proclamación de la II República, muchas son las celebraciones, de uno u otro tipo, que se preparan.

Para algunos compañeros y organizaciones, se trata de un homenaje un tanto nostálgico a la II República. No es nuestra posición, porque no creemos que corresponda a los intereses y aspiraciones de los trabajadores y los pueblos. Para los militantes de la IV Internacional, la República abrió camino a la expresión de las reivindicaciones de los trabajadores, los campesinos sin tierra, las mujeres y los pueblos, pero no fue capaz de darles respuesta, porque no podía hacerlo dentro del marco del respeto a la propiedad privada de los medios de producción. Tampoco fue capaz de darles solución la clase trabajadora –a pesar de su heroísmo revolucionario en 1934, 1936 y 1937– porque los dirigentes socialdemócratas, estalinistas y anarcosindicalistas, renunciaron a defender hasta el fin las conquistas y los objetivos del movimiento revolucionario, por subordinarse a los políticos burgueses republicanos y a las exigencias de los imperialismos y de su intermediario el gobierno de Stalin. Sigue leyendo →