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¿Por qué esta sentencia y ahora?

Publicado en la Carta Semanal 806 – próximamente ver en catalán

En medio de la polémica sobre la reforma del Poder Judicial, la absolución de Trapero y de la cúpula de los Mossos tiene un alto significado político. De los tres magistrados, 2 votaron a favor de la absolución y uno en contra. Sin embargo, los términos que emplea la Audiencia Nacional son de una claridad meridiana, y hacen muy difícil la apelación aunque el Fiscal  pueda recurrir. Los principales dirigentes del PP han guardado un significativo silencio y solo se ha escuchado el lamento amargo de quien fue Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, criticando veladamente la sentencia al afirmar que Trapero ha sido muy astuto y ha sabido servir a “Dios y al Diablo” y salir bien parado.

Pero la sentencia es muy contundente.

Afirma que los Mossos intentaron evitar el referéndum del 1 de octubre del 2017 y que las acusaciones de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos eran sin fundamento. Además desmiente que Trapero formara parte del plan independentista. Por último, acusa a Rajoy de no utilizar los medios legales para impedir el 1-O, o sea la promulgación de un Estado de excepción o el 155, critica  a la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza, y reafirma el papel y responsabilidad INSTITUCIONAL de los Mossos, como policía subsidiaria del Estado.
Sin lugar a dudas, la sentencia absolutoria es un doble golpe a los sectores más extremos del aparato de Estado y por otro lado a los partidarios de Puigdemont y a todos aquellos que consideran que “cuanto peor mejor”. Desde el punto de vista político, es una demostración más del caos tremendo y las contradicciones que corroen al aparato judicial, con su cúpula al frente, como parte fundamental del aparato de Estado. La absolución de Trapero se ha conocido después de que hace unos días se haya hecho pública también la sentencia absolutoria de la activista Tamara Carrasco –¡procesada por terrorismo!– y la condenatoria de la Mesa del Parlamento catalán. Podría deducirse que la Justicia es “ciega” e imparcial, pero no es el caso. La imposible conciliación de las aspiraciones democráticas con el aparato judicial  heredado de franquismo, conlleva un alto grado de contradicciones, y al mismo tiempo pretende cerrar las vía de agua abiertas.

Políticamente, la absolución de Trapero y de la cúpula policial de los Mossos, es una operación destinada a intentar parchear la crisis del aparato de Estado, evidentemente sobre la base de NEGAR el derecho de autodeterminación e intentando JUSTIFICAR la condena  a los 9 que están en prisión. Cuando objetivamente su sentencia debería ser reexaminada y proceder a su anulación. Su mantenimiento en prisión es también el mantenimiento de la condena al derecho de autodeterminación, y a todos los derechos.

Por otro lado, es también evidente que la sentencia de Trapero favorece en lo inmediato al GOBIERNO que busca un arreglo con indultos con el objetivo de atraerse a ERC, y también aprobar los presupuestos, tapando las grietas del aparato de Estado. Todo ello, después de la moción de censura de VOX –recibida como agua de mayo por el Gobierno– que ha jaleado la actitud positiva de Casado y del PP, votando “no” (lo que no cierra un pacto con el PP, que no acepta la política de Sánchez). Oportunidad que, por otro lado, no ha desaprovechado el gobierno para intentar recomponer la unidad “constitucionalista” supuestamente contra la extrema derecha. Como si la extrema derecha no fuera constitucionalista!

Hasta cierto punto acosado por el aparato judicial, el gobierno se ha propuesto reformar el Poder Judicial. Reforma que ha quedado paralizada por la propia debilidad del gobierno y porque Bruselas –como no podía ser de otra manera- se ha alineado con el aparato judicial heredado del franquismo. Es otra vuelta de tuerca a lo que se acordó –bajo todo tipo de presiones– durante la llamada transición. Frente a esta realidad no hay otra salida que un cambio radical de régimen. No hay otra salida que la República, que no puede significar solo el cambio de un Rey por un Presidente. La lucha por la República hoy está indisolublemente asociada a encontrar una salida democrática a la cuestión catalana –en lo inmediato la exigencia de amnistía–, a la recuperación de derechos y la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la educación, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones.

La crisis pandémica pone al descubierto la bancarrota social, económica y  política

(Publicado en la Carta Semanal 803 – veure en català)

Las cifras de la pandemia de COVID-19 son cada vez más alarmantes. Y no sólo en Madrid, sino en todas las autonomías. Madrid va un paso por delante, pero de las 10 regiones europeas con mayor índice de contagios, 9 son españolas, y la única no española es el departamento francés de ultramar de Guadalupe, un enclave colonial en el Caribe.

La enfermedad se ceba con la clase trabajadora, que difícilmente puede evitar los “contactos estrechos” cuando una familia entera vive en un piso de 40 ó 60 metros cuadrados, cuando tienen que ir a trabajar hacinados en el transporte público y cuando tienen los parques cerrados.

En todas partes, la población trabajadora ve cómo sus servicios públicos están colapsados. Dentro de los recortes sanitarios a todos los niveles, la Atención Primaria ha sido llevada al desastre.  Conseguir una cita telefónica en un Centro de Salud es muchas veces una proeza, y conseguir una cita presencial un verdadero milagro. En la educación, aulas masificadas, recurso generalizado a la “enseñanza telemática”, que destruye la calidad de la enseñanza, bibliotecas cerradas y, a pesar de esa medida, cada vez hay más aulas cerradas. La epidemia vuelve a entrar en las Residencias de Mayores, amenazando con otra ola de fallecimientos masivos. En cuanto a las demás administraciones, el servicio público se ve gravemente deteriorado por el recurso generalizado al teletrabajo y la población no puede acceder a las oficinas por el rígido sistema de citas (hasta para echar un papel en el registro se está exigiendo cita en muchos lugares).

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El bloqueig de la “renovació dels òrgans judicials” expressa el caràcter fraudulent del règim

(Publicat a la Carta Setmanal 800 – veure en castellano)

Per què Casado bloqueja la renovació dels òrgans judicials?

El president de PP, Pablo Casado, ha anunciat a Pedro Sánchez que el seu partit no donarà suport a la renovació de diversos “òrgans constitucionals”, entre els quals destaca el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Constitucional (TC). Amb aquesta decisió, Casado bloqueja la renovació d’aquests òrgans i s’assegura la majoria “conservadora” de tots dos, ja que van ser elegits quan el PP tenia majoria en Corts, i la del Tribunal Suprem, ja que el CGPJ nomena, al seu torn, a el president i als magistrats del Tribunal Suprem i presidents de tribunals i Sales. I també a nombrosos òrgans de control dels jutges.

Preservar una majoria absolutament franquista al Suprem i el TC és fonamental per a la preservació del règim de la Monarquia i per impedir tota deriva “esquerrana” o simplement democràtica i per mantenir un forrellat essencial (encara que no és l’únic) que impedeix la llibertat dels pobles de l’Estat. Només s’ha de veure el destacat paper del Suprem i el Constitucional en la persecució als republicans catalans, en l’anul·lació de les decisions del Parlament de Catalunya i a la defensa dels interessos de la banca en la seva sentència sobre les hipoteques. Tots dos òrgans han estat el forrellat que ha assegurat la legalitat de les sentències dels tribunals franquistes i la impunitat dels repressors de la dictadura.

Certament, no són l’únic poder de l’aparell d’Estat franquista. Estan també l’exèrcit i els cossos repressius heretats de franquisme sense depuració alguna (però que el franquisme va depurar salvatgement en 1936-39), juntament amb el lloc privilegiat que s’assigna i finança a l’Església catòlica. I, per sobre de tots, la Monarquia com a representant de l’aparell d’Estat heretat del franquisme i com a “àrbitre” de la bastida constitucional.

Separació de poders?

Evidentment, nosaltres no compartim la pretesa separació de tres poders (executiu, legislatiu i judicial) proposada per Montesquieu i en la qual, suposadament, es basa la democràcia burgesa. Una classificació que omet poders tan poderosos com el del capital financer, a qui serveixen aquests tres poders sota la democràcia burgesa, que no en va denunciar Marx i Lenin com “dictadura de la burgesia”, tot i sota la forma de la república més democràtica. Més encara sota la Monarquia hereva del despotisme borbònic i la dictadura franquista. El despotisme borbònic significa el despotisme dels latifundistes, dels banquers i dels imperialismes estrangers.

Pel que fa a l’aparell judicial, com revolucionaris estem per una Justícia que dicti sentències no en nom de Rei sino en nom del Poble, que depengui del Poble, és a dir, de jutges escollits i revocables pel poble, en les millors tradicions revolucionàries .

A més, en el cas de l’Estat Espanyol, els que defensen la “independència” de la Justícia sota el règim de la Monarquia, el que estan defensant és la independència de l’aparell judicial heretat del franquisme, sense depuració alguna, enfront de la societat, i per sobre d’ella. Per a millor defensa dels privilegis d’aquest aparell d’Estat, de la Monarquia i dels interessos del poder econòmic.

Però és que aquí ens trobem que aquest Estat burgès, en la seva forma més degenerada de règim monàrquic en descomposició, que ha mantingut la continuïtat de la justícia franquista, no respecta ni tan sols la seva pretesa independència.

Els que invoquen, sota la monarquia, la independència de la Justícia es posen en ridícul. Als ulls de milions, la justícia del nostre país és bona per a perseguir sindicalistes, rapers i polítics catalans, a Andrés Bódalo, Alfon o els joves d’Alsasua, per protegir els negocis d’un rei corrupte, però absolutament incapaç de defensar les dones violades o maltractades, incapaç també de defensar els que pateixen abusos laborals, però ràpid per tancar els ulls davant els abusos del mateix PP que segueix robant sense parar. Una Justícia que obeeix a la banca, al capital financer, i al Rei, que li va encarregar, en el seu discurs del 3 d’octubre de 2017, després del referèndum català, que ho deixés tot “lligat i ben lligat” en relació a la ” qüestió catalana “. És una justícia totalment independent, però del poble, de la sobirania popular. En democràcia, tots els poders de l’Estat haurien de dependre de la sobirania popular. Però Monarquia és, és clar, el contrari de democràcia. I de drets dels treballadors i els pobles.

La submissió de Pedro Sánchez

Impotent davant la maniobra de Casado, que li garanteix mantenir els “seus” al front dels principals òrgans judicials, Pedro Sánchez no ha volgut fer res més que acusar Casado de “no respectar la Constitució”. Casat ni s’ha immutat, i la declarat cínicament que no renovarà aquests òrgans “mentre Podem estigui en el govern” (o sigui, que els renovarà si es trenca la majoria de govern, el que abocaria a eleccions, i si les guanya el PP, perquè segueixin el seus).

No és la primera vegada. El 2006, el PP es va negar a renovar els òrgans ‘constitucionals’ fins que ell va tenir majoria al Congrés i així els va omplir amb jutges molt reaccionaris, que al Tribunal Constitucional van dictar la sentència anul·lant gran part de l’Estatut català aprovat pel Parlament de Catalunya, per les Corts i pel poble de Catalunya. El PSOE no va boicotejar al seu torn, va acceptar la imposició antidemocràtica del PP. En tots aquests anys ni Zapatero ni Sánchez han intentat canviar la llei per evitar un nou boicot del PP.

Ara, un cop més es demostra la impotència del “govern progressista”, els ministres van jurar, sense excepció, “lleialtat” al Rei i a la Constitució, al prendre possessió dels seus càrrecs (aquest cop sense la fórmula al que alguns van recórrer al jurar com diputats o diputades) .

Per què no trenca tota col·laboració amb el PP? Per què no crida a que li donin suport als treballadors i els pobles?

No ho fa perquè, en nom de sostenir el règim i aplicar el pla de destrucció del capital per als propers anys, el PSOE accepta que aquí manen el Rei i el PP, voti el que voti el poble.

Cal escombrar tot aquest entramat, incompatible amb la democràcia

La necessitat d’acabar amb la Monarquia i les seves institucions no és una qüestió ideològica, sinó que cada dia es presenta més com una qüestió pràctica. Aquestes institucions de la Monarquia es mostren davant de tots com una garantia contra la satisfacció de les reivindicacions, i, per això, no poden seguir ni un minut més. Cal acabar amb tota aquesta escombraries, la majoria ha d’imposar la República.

Establir el nexe entre la lluita per les reivindicacions, que es defensen “governi qui governi” i la lluita per la República és l’objectiu de la Conferència Estatal que organitza per al 7 de novembre el Comitè per l’Aliança dels Treballadors i dels Pobles ( CATP). En la preparació treballem els militants de la IV Internacional, juntament amb companys i companyes de diferents orientacions polítiques, que compartim aquest objectiu irrenunciable.

El bloqueo de la “renovación de los órganos judiciales” expresa el carácter fraudulento del régimen

(Publicado en la Carta Semanal 800 – ver en català)

¿Por qué Casado bloquea la renovación de los órganos judiciales? 

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado a Pedro Sánchez que su partido no va a apoyar la renovación de varios “órganos constitucionales”, entre los que destaca el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC). Con esta decisión, Casado bloquea la renovación de estos órganos y se asegura la mayoría “conservadora” de ambos, ya que fueron elegidos cuando el PP tenía mayoría en Cortes, y la del Tribunal Supremo, ya que el CGPJ nombra, a su vez, al presidente y a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales y Salas, y también a numerosos órganos de control de los jueces.

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11 de septiembre 2020: MÁS QUE NUNCA, REPÚBLICA PARA LOS PUEBLOS

(Publicado en la Carta Semanal 799 – ver en catalán)

La crisis económica y la emergencia social han puesto en evidencia el régimen capitalista, la podredumbre de un sistema que muestra a las claras la incompatibilidad entre el régimen de la propiedad privada y la protección de la salud pública y los  derechos  más elementales. Y frente a esta evidencia otra igualmente clara que cualquier trabajador puede constatar: todos los gobiernos se muestran incapaces e impotentes para garantizar mínimamente la salud de los trabajadores, los puestos de trabajo, etc., porque están condicionados por las políticas impuestas por las instituciones del capital financiero con las que no quieren romper. Así se dan paradojas como la de regalar centenares de miles de millones a las empresas y no hay para salvar las fábricas, o se limita el aforo y las reuniones sociales mientras que la población tiene que ir hacinada en el transporte público. O que los ayuntamientos con superávit no puedan dedicar los remanentes de tesorería para hacer frente a las necesidades de la población a la cual representan, a consecuencia de las leyes de estabilidad presupuestaria -todavía vigentes porque el gobierno PSOE-UP no las han derogado- aprobadas con los votos de algunos de quienes ahora hablan cínicamente de expolio en los municipios, o de quienes hablan de soberanía pero con sus votos contribuyeron a que se pudiera hacer.

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UE, desindustrialització i precarietat (segona part): Què fer?

(Publicat a la Carta Setmanal 797 – veure en castellano)

A la primera part d’aquest Carta Setmanal explicàvem el problema que suposa el desmantellament del sector industrial, que el seu pes en el PIB es va reduir de més d’un 30% a només el 12,1% (l’11,5% de l’ocupació total). Complementat amb el tancament de la mineria, així com d’una part considerable de l’agricultura, la ramaderia, la pesca, les oficines bancàries, etc. Explicàvem també que la desindustrialització va ser una exigència de les “institucions europees”, que actuen al servei del capital financer, especialment nord-americà. Fins i tot ja estem veient com el suposat contraexemple de la indústria de l’automòbil està amenaçada, una vegada que es posà fi a la conjuntura que van aprofitar les multinacionals, ben subvencionades amb diners públics.

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UE, desindustrialización y precariedad (segunda parte): ¿qué hacer?

(Publicado en la Carta Semanal 797 – ver en catalán)

En la primera parte de esta Carta Semanal explicamos el problema que supone el desmantelamiento del sector industrial, cuyo peso en el PIB se redujo de más del 30% a solamente el 12,1% (el 11,5% del empleo total), complementado con el cierre de la minería, así como de una parte considerable de la agricultura, la ganadería, la pesca, las oficinas bancarias, etc. Explicamos también que la desindustrialización fue una exigencia de las “instituciones europeas”, que actúan al servicio del capital financiero, especialmente estadounidense. Incluso ya estamos viendo como el supuesto contraejemplo de la industria del automóvil está amenazada, una vez que se agota la coyuntura que aprovecharon las multinacionales, bien subvencionadas con dinero público.

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UE, desindustrialització i precarietat (primera part): d’aquella pols, aquests llots

(Publicat a la Carta Setmanal 796 – veure en castellano)

 

Resulta ja un lloc comú afirmar que l’espanyola és una “economia de sol i platja”, al·ludint als canvis en l’estructura productiva de les últimes dècades. Canvis que tenen una concreció principal en el desmantellament de la indústria, substituïda per serveis de molt baix valor afegit, com el turístic, en què la precarietat laboral és la norma.S’amaga, però, la seva causa, com si fos una casualitat. No és així.

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Es la hora de la República

(Publicado en la Carta Semanal 794ver en catalán)

Comité Ejecutivo del POSI, sección de la IV Internacional en el Estado español – 6 de agosto de 2020

Toda la prensa ha anunciado el lunes 3 de agosto, reproduciendo un comunicado de la Zarzuela, que el rey emérito Juan Carlos I huye de España, se supone que a la República Dominicana, aunque según su abogado sigue a “disposición judicial”.

Toda la prensa, con pocas excepciones, echa las campanas al vuelo saludando la acción valiente del padre y el hijo, y la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez.

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Els drets nacionals requereixen el combat de treballadors i pobles per la República

(Publicat a la Carta Setmanal 793-cat.pdf – veure en castellà)

1. La decisió dels jutges –a instàncies de la Fiscalia– d’anul·lar l’aplicació dels beneficis penitenciaris als republicans catalans no és un acte innocu. En política, rares vegades les coses es donen per casualitat. I que es doni en les circumstàncies actuals té una lectura precisa: hi ha parts importants de l’aparell d’Estat que no volen ni sentir parlar de taules de diàleg –encara que aquestes siguin purament formals– i estan disposades a dinamitar qualsevol possibilitat de sortida política a la qüestió catalana.

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