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¿Por qué es necesario un juicio popular al Borbón ladrón y a la Monarquía?

Carta Semanal 854 en catalán

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Cada día que pasa hay una nueva noticia sobre la corrupción del Rey “emérito”, Juan Carlos de Borbón, cuya fortuna, amasada durante sus 39 años de reinado, se calcula en más de 2.000 millones de euros.

Una fortuna basada -como cada día cuentan más abiertamente los medios de comunicación- en actividades de intermediación, como el cobro de una comisión por cada barril de petróleo comprado a Arabia Saudí, o las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, y directamente por el tráfico de armas.

Al mismo tiempo, se multiplican las noticias sobre cuentas ocultas en paraísos fiscales.

Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado, en 2020 y 2021, a regularizar ingresos con Hacienda por valor de más de 5 millones de euros. Ahora se ha sabido que lo ha hecho después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo la notificara, al menos en tres ocasiones, (en junio, noviembre y diciembre de 2020), de que le estaban investigando. Un dato que, según hizo público en marzo la Asociación de Inspectores de Hacienda, supondría que “las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos”, ya que para que no haya responsabilidad  penal, debe procederse “al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción”

La supuesta inviolabilidad

En todo caso, las posibles acciones de la Fiscalía se van a limitar, como mucho, a las actuaciones de Juan Carlos I después de su abdicación, porque antes de ella, y durante sus 39 años de reinado, todas sus acciones estarían cubiertas por la inviolabilidad del Rey que establece el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Al menos, esa es la interpretación que hacen tanto los sucesivos gobiernos como el poder judicial. Que actúan, evidentemente, para proteger a la institución de la Monarquía. En cuanto a los gobiernos ¿acaso puede alguien defender que ninguno de ellos estaba informado de los manejos del rey, que ya habían sido publicados en algunos medios de prensa? Consta que las comisiones por la compra de petróleo a Arabia (iniciadas cuando era Príncipe de España) eran un hecho conocido en los primeros gobiernos de la Monarquía. Y en lo que respecta al aparato judicial, es evidente que entre sus funciones está proteger al régimen y a la Corona. Basta con recordar tan sólo cómo, en defensa de la familia real, eximió a la infanta Cristina de toda responsabilidad en los trapicheos de su marido, Iñaki Urdangarín, en contradicción con toda la jurisprudencia y con lo que siguen haciendo ahora los jueces en casos similares.

Como señala Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, “el principio de la inviolabilidad de los reyes procede de la creencia de que todo poder viene de Dios y de que sus representantes en la tierra eran los reyes, por lo que no se les podía atacar”. Y añade que la supuesta inviolabilidad supondría que el Rey puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático”. De Esteban concluye que los únicos actos cubiertos por la inimputabilidad establecida en el art 56.3 CE  son los que derivan de su función como jefe del Estado (…) Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad”.

En la misma línea, son muchos los juristas que opinan que son sola y exclusivamente los actos citados en el artículo 64 CE, los refrendados por el gobierno y que carecen de validez sin ese refrendo, los que están cubiertos por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Por ejemplo, Joan Carles Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, que escribe que “no es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan”. Que sepamos, ningún gobierno ha refrendado- por más que los hayan tapado y consentido- los trapicheos del hoy “emérito”.

A pesar de ello, todo el aparato judicial cierra filas para defender la impunidad del Borbón. De ahí que, como mucho, la Fiscalía Anticorrupción va a investigar solamente los indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero no al supuesto cobro de comisiones, que se produjo en la época en Juan Carlos I todavía era el jefe de Estado. De este modo, el grueso de los miles de millones amasados no podría tocarse.

De este modo, el poder judicial asume, en defensa de la Corona, que según la Constitución -y violando incluso todos los principios de lo que los defensores del orden burgués llaman “estado de derecho”- el Rey podría asesinar a alguien, violar a un niño o robar cientos de millones sin que pueda ser penalmente imputado.

Son los mismos tribunales que avalan los recortes a los empleados públicos, las reformas laborales, las estafas bancarias, la ley mordaza y todos y cada uno de los ataques a la población trabajadora.

Pero no es sólo el poder judicial quien sale en defesa del Régimen y de su máxima autoridad, la Corona. La Mesa del Congreso, con los votos del PP, del PSOE y de Vox, ha rechazado hasta en diez ocasiones distintas peticiones de comisiones de investigación sobre la fortuna amasada por el Rey “emérito”. Escudándose en todos los casos en la supuesta inviolabilidad (que, en todo caso, podría impedir una imputación penal, pero no una investigación parlamentaria).

Es evidente que una investigación en sede parlamentaria que estableciera las actividades corruptas del Rey tendría una repercusión política que haría tambalearse las propias bases del Régimen. Por tanto, los defensores de éste deben cerrar el paso a esa posibilidad.

Ahora bien, ¿cómo puede combatirse la corrupción si se consiente la que lleva a cabo la más alta institución del Régimen?

Porque no nos resignamos a la impunidad del Borbón, ¡juicio popular!

Hay que dejar clara una cuestión: no es el problema de un individuo, es la trama y estructura de la Casa Real, imbricada con los poderes financieros y la alta  administración del Estado.

Ningún demócrata puede aceptar que la corrupción de la Corona pueda seguir impune. Si el aparato judicial y los partidos franquistas bloquean la vía a una investigación judicial o parlamentaria, sólo hay una posibilidad de que Juan Carlos de Borbón sea juzgado por sus delitos y la fortuna que ha amasado vuelva a manos del pueblo: un juicio popular.

Es la exigencia que todas las organizaciones democráticas y populares deben levantar. Y poner de inmediato las condiciones para hacerlo posible. Las organizaciones que se declaran republicanas deberían estar al frente de esta tarea.

Per què és necessari un judici popular al Borbó lladre i a la Monarquia?

Carta Setmanal 854 per descarregar en PDF

Cada dia que passa hi ha una nova notícia sobre la corrupció del Rei “emèrit”, Joan Carles de Borbó, la fortuna, pastada durant els seus 39 anys de regnat, es calcula en més de 2.000 milions d’euros.

Una fortuna basada -com cada dia compten més obertament els mitjans de comunicació- en activitats d’intermediació, com el cobrament d’una comissió per cada barril de petroli comprat a l’Aràbia Saudita, o les comissions per l’adjudicació de l’AVE a la Meca, i directament pel tràfic d’armes.

Al mateix temps, es multipliquen les notícies sobre comptes ocults en paradisos fiscals.

Joan Carles de Borbó s’ha vist obligat, en 2020 i 2021, a regularitzar ingressos amb Hisenda per valor de més de 5 milions d’euros. Ara s’ha sabut que l’ha fet després que la Fiscalia del Tribunal Suprem la notifiqués, com a mínim en tres ocasions, (al juny, novembre i desembre de 2020), que li estaven investigant. Una dada que, segons va fer públic al març l’Associació d’Inspectors d’Hisenda, suposaria que “les regularitzacions efectuades no impedirien la persecució dels delictes fiscals comesos”, ja que perquè no hi hagi responsabilitat penal, s’ha de procedir “al complet reconeixement i pagament del deute tributari (incloent-hi els interessos de demora i recàrrecs que corresponguin), abans que per l’Administració Tributària se li hagi notificat l’inici d’actuacions, denúncies o diligències per part de l’AEAT, del ministeri fiscal o del jutge d’Instrucció ” .

La suposada inviolabilitat

En tot cas, les possibles accions de la Fiscalia es van a limitar, com a molt, a les actuacions de Joan Carles I després de la seva abdicació, perquè abans d’ella, i durant els seus 39 anys de regnat, totes les seves accions estarien cobertes per la inviolabilitat del Rei que estableix l’article 56.3 de la Constitució: “la persona de Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre referendats en la forma establerta en l’article 64, no tenint validesa sense aquest referendament, llevat del que disposa l’article 65.2 “.

Com a mínim, aquesta és la interpretació que fan tant els successius governs com el poder judicial que actuen, evidentment, per protegir la institució de la Monarquia. Quant als governs per ventura pot algú defensar que cap d’ells estava informat dels tripijocs del rei, que ja havien estat publicats en alguns mitjans de premsa? Consta que les comissions per la compra de petroli a Aràbia (iniciades quan era Príncep d’Espanya) eren un fet conegut en els primers governs de la Monarquia. I pel que fa a l’aparell judicial, és evident que entre les seves funcions està protegir el règim i  la Corona. Només cal recordar tan sols com, en defensa de la família reial, va eximir a la infanta Cristina de tota responsabilitat en els tripijocs del seu marit, Iñaki Urdangarín, en contradicció amb tota la jurisprudència i amb el que segueixen fent ara els jutges en casos similars .

Com assenyala Jorge de Esteban, catedràtic de Dret Constitucional, “el principi de la inviolabilitat dels reis procedeix de la creença que tot poder ve de Déu i que els seus representants a la terra eren els reis, per la qual cosa no se’ls podia atacar “. I afegeix que la suposada inviolabilitat suposaria que “el Rei pot cometre qualsevol fet sense ser jutjat perquè està per sobre de la llei i aquesta posició la mantindrà respecte de tots els actes que dugui a terme durant el seu mandat, fins i tot després que cessi en la Prefectura de l’Estat. Doncs bé, al menys al meu entendre, les dues afirmacions són insostenibles. Perquè ni són necessàries ni s’acomoden als principis constitucionals d’un Estat democràtic “. De Esteban conclou que els únics actes coberts per la inimputabilitat establerta en l’art 56.3 CE són “els que deriven de la seva funció com a cap de l’Estat (…) És obvi que tots aquells actes realitzats pel Rei que no guarden relació amb la seva funció com a cap de l’Estat i que, per tant, és impensable que puguin estar ratificats per les persones a què fa referència l’article 56.3, no estan sotmesos a la inviolabilitat“.

En la mateixa línia, són molts els juristes que opinen que són sola i exclusivament els actes esmentats a l’article 64 CE, els confirmats pel govern i que no tenen validesa sense aquest referendament, els que estan coberts per la inviolabilitat de l’article 56.3 de la Constitució. Per exemple, Joan Carles Carbonell Mateu, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València, que escriu que “no és casual que es continguin en el mateix paràgraf i separats per un punt i seguit la declaració d’inviolabilitat i la minuciosa regulació dels actes de Rei, l’exigència de ratificació i la translació de responsabilitat a qui els ratifiquen “. Que sapiguem, cap govern ha refrendat- per més que els hagin tapat i consentit- els tripijocs de l’avui “emèrit”.

Tot i això, tot l’aparell judicial fa pinya per defensar la impunitat del Borbó. Per aquest motiu, com a molt, la Fiscalia Anticorrupció va investigar només els indicis que apunten a possibles delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal, però no el suposat cobrament de comissions, que es va produir en l’època quan Joan Carles I encara era el cap d’Estat. D’aquesta manera, el gruix dels milers de milions pastats no podria tocar-se.

D’aquesta manera, el poder judicial assumeix, en defensa de la Corona, que segons la Constitució -i violant fins i tot tots els principis del que els defensors de l’ordre burgès diuen “Estat de dret” – el Rei podria assassinar a algú, violar un nen o robar centenars de milions sense que pugui ser penalment imputat.

Són els mateixos tribunals que avalen les retallades als empleats públics, les reformes laborals, les estafes bancàries, la llei mordassa i tots i cadascun dels atacs a la població treballadora.

Però no és només el poder judicial qui surt en defesa del Règim i de la seva màxima autoritat, la Corona. La Mesa del Congrés, amb els vots de PP, PSOE i Vox, ha rebutjat fins en deu ocasions diferents peticions de comissions d’investigació sobre la fortuna pastada pel Rei “emèrit”. Escudant-se en tots els casos a la suposada inviolabilitat (que, en tot cas, podria impedir una imputació penal, però no una investigació parlamentària).

És evident que una investigació en seu parlamentària que establís les activitats corruptes de Rei tindria una repercussió política que faria trontollar les pròpies bases del Règim. Per tant, els defensors d’aquest han de tancar el pas a aquesta possibilitat.

Ara bé, com es pot combatre la corrupció si es consent la que porta a terme la més alta institució de l’Règim?

Perquè no ens resignem a la impunitat del Borbó, judici popular!

Cal deixar clara una qüestió: no és el problema d’un individu, és la trama i estructura de la Casa Reial, imbricada amb els poders financers i l’alta administració de l’Estat.

Cap demòcrata pot acceptar que la corrupció de la Corona pugui seguir impune. Si l’aparell judicial i els partits franquistes bloquegen la via a una investigació judicial o parlamentària, només hi ha una possibilitat que Joan Carles de Borbó sigui jutjat pels seus delictes i la fortuna que ha amassat torni a mans del poble: un judici popular.

És l’exigència que totes les organitzacions democràtiques i populars han d’aixecar. I posar immediatament les condicions per fer-ho possible. Les organitzacions que es declaren republicanes haurien d’estar al capdavant d’aquesta tasca.

 

El “gobierno de los jueces”

Carta Semanal 852 en catalán

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El 6 de septiembre, como se realiza anualmente, se celebró la inauguración del Año Judicial presidido por el Rey. Recordemos que, en este país, en nombre del Rey se emiten las sentencias y se administra la justicia (por llamar de alguna manera a lo que hacen los jueces en este país). El rey, que a menudo, en los hechos, es la única autoridad a la cual obedecen las instituciones judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa su lugar -o más bien lo usurpa, según las leyes vigentes, desde hace ya casi 3 años- aprovechó la ocasión para lanzar un misil contra la decisión del gobierno de otorgar un indulto parcial a los 9 republicanos catalanes. Una intervención que forma parte de la ofensiva del aparato de Estado para cerrar el paso a toda posible salida al conflicto catalán. Ahí está la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir fianzas multimillonarias a los políticos republicanos catalanes. Sigue leyendo

El “govern dels jutges”

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El 6 de setembre, com es realitza anualment, es va celebrar la inauguració de l’Any Judicial presidit pel Rei. Recordem que, en aquest país, en nom del Rei s’emeten les sentències i s’administra la justícia (per anomenar d’alguna manera al que fan els jutges en aquest país). El rei, és sovint, en els fets,  l’única autoritat a la qual obeeixen les institucions judicials.

El president de Tribunal Suprem i del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa el seu lloc -o més aviat l’usurpa, segons les lleis vigents, des de fa ja gairebé 3 anys- va aprofitar l’ocasió per llançar un míssil contra la decisió del govern d’atorgar un indult parcial als 9 republicans catalans. Una intervenció que forma part de l’ofensiva de l’aparell d’Estat per barrar el pas a tota possible sortida al conflicte català. D’ací, la decisió del Tribunal de Comptes d’exigir fiances multimilionàries als polítics republicans catalans.

Aquest discurs d’enfrontament i guerra civil estava calcat al discurs del Rei del 3 d’octubre de 2017 contra el poble de Catalunya, l’endemà passat del referèndum del 1 d’octubre, il·legalitzat per Rajoy, i brutalment reprimit, i que Malgrat això hi van participar 2.262.424 ciutadans de Catalunya.

 La renovació de Consell

Lesmes també va criticar el PSOE i al PP, per no renovar el Consell (una renovació que s’hauria d’haver produït fa 1.000 dies), cobrint així la responsabilitat del PP en el moment actual. Però no va fer cap al·lusió a una possibilitat que forçaria la renovació de la mateixa: la seva dimissió i la de la majoria dels membres de l’òrgan.

Evidentment el PP no té cap interès a aplicar l’actual llei que fa que 12 dels 20 jutges del Consell es decideixin a un acord entre els partits representats a les Corts. Gràcies al seu bloqueig de la renovació s’assegura que es manté la majoria triada en 2013 amb onze vocals elegits a proposta del PP, set del PSOE, un d’IU i un altre del PNB. Al front està Lesmes, que va ser alt càrrec en els governs de José María Aznar. Renovar ara suposaria per al PP perdre la majoria i, davant els judicis vigents com el de la Kitchen, tem les conseqüències.

Casado va declarar el 2 de setembre “que Sánchez abandoni tota esperança de renovar el CGPJ”; el dia 4, que “el problema és de Sánchez, no nostre” i, la premsa titulava que “Casado cita a Sánchez a renovar el poder judicial si accepta un canvi de model “. I ha canviat una i altra vegada les seves exigències per col·laborar en la renovació de CGPJ, que necessita una majoria parlamentària de 3/5.

La renovació s’hauria d’haver fet en 2018. Però, llavors, Pedro Sánchez, que ja era al govern, no tenia pressa. No semblava prudent fer canvis que poguessin repercutir en un Tribunal Suprem preparant el seu gran judici contra els republicans catalans. Com gosar desestabilitzar uns jutges que estan defensant la “unitat de la pàtria” (per molt que sigui una excusa per salvaguardar a les institucions), per mandat del rei i del seu discurs del 3 d’octubre de 2017? Llavors hauria estat possible renovar sense acord del PP ni de Vox, que no reunien els més de 2/5 del Congrés necessaris per bloquejar l’elecció.

Al rei actual tampoc li interessa molt la renovació, encara que sembli molt improbable que una nova majoria al Consell obrís pas a la possibilitat d’un judici al seu pare per els seus múltiples tripijocs econòmics, que sens dubte afectaria el conjunt de la institució monàrquica, hauria d’evitar fins i tot aquesta remota possibilitat.

En aquest marc, el dimarts 7 de setembre, a l’endemà del discurs de Lesmes, Casado va proposar renovar el Consell. Això sí, a condició de canviar immediatament la llei i permetre que tots els seus membres siguin elegits directament pels jutges, i no pel Parlament. Casado va defensar aquesta proposta en nom de la “independència del Poder Judicial”. Independència, cal precisar, respecte de la sobirania popular.

Pot, en democràcia, una institució de l’Estat ser independent de la sobirania popular? És evident que, sota la Monarquia, institució clau de l’Estat que no se sotmet ni és triada per la sobirania popular, sinó per dret d’herència, és més que possible.

Recordem que el govern PSOE-UP va intentar modificar la Llei per impedir que el PP poguès seguir exercint la seva minoria de bloqueig en la renovació del CGPJ. Però li va parar els peus la Unió Europea. A L’endemà d’una reunió amb la vicepresidenta europea de Valors i Transparència, Vera Jourova, que li va demanar la retirada d’aquesta reforma legal, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, anunciava la retirada del projecte. A més, la UE pressiona perque és canvii la norma i és faci una elecció basada en els “Estàndards europeus”, perque al menys la meitat dels seus membres siguin  elegits pels propis jutges. Totes les Institucions de l’actual UE van recolzar la transició espanyola, amb la continuïtat de les institucions del franquisme. I s’han oposat sempre a processar als responsables dels crims franquistes.

Cal recordar que la Constitució va declarar com a poder judicial democràtic al mateix aparell judicial seleccionat durant quaranta anys per la dictadura franquista, que dictà sentències sense Interferència. Però li van posar una administració triada amb participació de les Corts, el Consell General de Poder Judicial.

A ningú se li oculta que la “independència del Poder Judicial”, que enarbora Casado – amb el suport de bona part de les associacions judicials i, com hem vist, de la UE- per defensar l’elecció de dotze Membres del CGPJ pels jutges no seria altra cosa que l’absoluta independència d’un aparell judicial heretat del franquisme sense depuració alguna, i ple de reaccionaris. Un Aparell defensor a ultrança dels interessos del capital financer i dels privilegis d’Institucions reaccionàries com l’Església Catòlica, i enemic dels Treballadors i de les dones. Un Aparell judicial que s’ha constituït com a garantia de la Impunitat dels crims de franquisme (arribant a l’expulsió del Jutge Garzón quan va gosar traspassar aquesta barrera), que ha avalat totes les retallades, les reformes laborals, la Llei mordassa… i que s’ha col·locat en primera línia de la persecució contra el poble català i els seus representants.

 “En nom del rei”

Tot sembla indicar que Lesmes no actuava en nom propi, ni tan sols d’un sector de jutges, sinó com a Portaveu del Rei, amb la qual cosa s’alinea contra el Govern per segona vegada en un any. Segons la Vanguardia del 8 de setembre, el Rei, dirigint-se en conversa informal als dirigents polítics, immediatament després de dir el discurs de Lesmes, els hi va dir: “Lesmes us ha donat una estirada d’orelles a tots”.

El monstruòs aparell judicial, que a més és lent i ineficaç, en els fets només obeeix al rei, com altres poders de l’Estat. Recordem al capità general Quintana Lacaci que, en ocasió del cop d’Estat del 23-F, va dir que havia obeït al Rei perquè “el Caudillo em va donar ordre d’obeir al seu successor”. I Lesmes obeeix al seu señor, perquè si de veritat volguès resoldre el problema actual ho tindria tan fàcil com dimitir i forçar la dimissió de la majoria del CGPJ. Encara que, és clar, això suposaria renunciar al sou de 142.520 euros (pressupost de 2022), al vehicle oficial amb xofer, despatx i secretaris/es. Una Decisió sens dubte molt dolorosa.

La democràcia exigeix ​​alliberar-nos d’aquest aparell judicial franquista. En democràcia només hi ha una sortida: l’Elecció democràtica dels jutges pel poble. L’Elecció dels jutges pel poble no és una ocurrència. En canvi, als Països on les formes democràtiques han estat més avançades l’elecció dels jutges és Llei. És als règims heretats de dictadures o als règims parlamentaris en crisi als que han segregat un cos judicial exterior a la població. És una de les qüestions que s’ha d’integrar a la lluita per un veritable canvi social i polític, per la República.

Donar una sortida democràtica a la ‘qüestió catalana’

Carta Setmanal 839 per descarregar en PDF

Immediatament després de conèixer-se la intenció de Govern d’iniciar els tràmits per a la concessió de l’indult als 12 republicans catalans condemnats pel Tribunal Suprem a més de 100 anys de presó, la dreta franquista d’aquest país recolzada en l’aparell judicial d’inequívoca aroma franquista , ha obert la caixa dels trons i ha llançat una campanya en contra. Aquesta campanya ha estat recolzada obertament en un primer moment pel clan de Felipe González al PSOE. La reacció d’uns i altres posa en evidència el que tantes vegades hem explicat: la incompatibilitat entre el règim monàrquic i qualsevol mesura que tingui a veure amb la democràcia.

L’aparell judicial franquista, contrari a qualsevol solució política

El passat 26 de maig, el Tribunal Suprem (que havia condemnat als presos i havia d’informar sobre possible indult) va enviar al Ministeri de Justícia un informe contrari a la concessió de l’indult, possibilitat que ha considerat “inacceptable”, arribant fins i tot a acusar veladament al Govern de voler canviar una resolució judicial. L’argument utilitzat era que els condemnats no havien mostrat penediment. Un argument fal·laç ja que el 1993 el mateix Tribunal Suprem va emetre un informe favorable a la concessió de l’indult a l’extinent coronel Tejero, tot i que no havia donat mostres de penediment. En aquell moment, aquest mateix tribunal va justificar la seva posició a fi de contribuir “a l’oblit d’uns fets que han de quedar ja en el passat” i en nom també de la “conveniència pública”, un dels criteris que utilitzen els governs per a concedir o no indults.

Que la justícia té dues vares de mesurar segons els casos, és quelcom  àmpliament acreditat, tot i que el desvergonyiment amb què s’aplica mai deixa de sorprendre. Convé assenyalar igualment el cinisme que destil·la l’informe emès pels sis membres de Tribunal Suprem per oposar-se a una eventual amnistia perquè en la seva opinió “i en no pocs casos, les lleis d’amnistia han estat el mitjà fet valer per règims dictatorials per esborrar gravíssims delictes “. És clar, no es refereixen al Regne d’Espanya, i a la Llei d’Amnistia de 1977.

El posicionament del TS és la constatació que una part substancial de l’aparell d’Estat, seguint l’estela del Rei [cal recordar el discurs del rei el 3 d’octubre de 2017, després del referèndum català, trucant a llançar tota les forces d’Estat contra els que havien gosat organitzar un referèndum] són partidaris de continuar la guerra judicial contra els presos republicans i els gairebé 3.000 encausats pel “Procés”.

Aquest enfrontament de l’aparell franquista amb el Govern puja de punt amb l’acusació expressa primer de Casado i després, més acerba, per part d’Ayuso, exigint que el rei no firmi els indults com li correspon fer. L’informe del Suprem el presenta Lesmes, company del Borbó en l’atac al Govern de fa pocs mesos, i ara … amaguen un cop d’Estat.

Resumint, el substancial de l’aparell d’Estat heretat del franquisme és enemic acèrrim de les llibertats i drets.

Oportunitat versus oportunisme

Davant la campanya desfermada per la dreta franquista i tots els mitjans afins, d’altra banda previsible, el govern de Pedro Sánchez ha reaccionat reafirmant l’indult, dins de la llei, però negant la possibilitat d’una amnistia i de l’exercici del dret d’autodeterminació. Siguem clars, per resoldre la qüestió catalana només exercint aquests drets pot obrir-se una via democràtica.

No obstant això, sigui com sigui, i en el cas que els presos siguin indultats i s’acabi revisant el delicte de sedició, això podria ser un punt de suport per a aquesta sortida democràtica. Fins ara el govern de PSOE-UP ha aparegut davant els ulls de molts treballadors que van veure amb esperança la seva constitució a principis de 2020, com un govern sotmès al capital financer i el règim monàrquic. Com un govern que no ha derogat les reformes laborals -ni tan sols els aspectes més lesius com deien alguns-, ni la llei mordassa (un compromís electoral), i pel que fa a les pensions, tot el que es coneix, indica que es plegarà a les pressions de Brussel·les, encara que el ministre Escrivà no s’atreveixi de moment a fer-ho.

Mentrestant, els mateixos sectors que van iniciar la campanya el 2006 contra l’Estatut aprovat pel parlament català i ratificat per les Corts, recullen firmes contra l’indult. La dreta franquista de tota la vida (l’antiga i la moderna) s’organitza i atia l’enfrontament, encara que alguns sectors del PP vegin la tàctica de Casado suïcida i no han volgut acudir a la manifestació d’aquest 13 de juny.

El govern de PSOE-UP mostra que aquesta mesura està solament destinada a mantenir una majoria parlamentària precària.

Per la seva banda, les confederacions sindicals de CCOO i UGT han donat a conèixer un comunicat en el qual manifestaven el seu suport al fet que el Govern indulti als presos, mesura que consideren “imprescindibles” per a “recuperar el diàleg i la negociació”.

Evidentment, som partidaris de la llibertat incondicional dels presos, i d’una amnistia, perquè exercir el dret democràtic d’organitzar un referèndum no només no és delicte en democràcia, sinó que és un acte de voluntat democràtica.

Som partidaris de la unió fraternal entre treballadors i pobles de l’Estat espanyol. Per això, no donem suport a la independència, sinó el dret a que els pobles decideixin.

Aconseguir que els presos surtin de la presó no és un assumpte “català”. Per contra és d’interès per a tots els treballadors i pobles que no poden tolerar que els mateixos jutges que avalen mesures antisocials -per exemple les reformes laborals i de pensions- pretenguin mantenir a la presó els republicans catalans i dinamitin tota sortida democràtica.

Una sortida republicana

Encara que indultar els presos, indubtablement sigui un pas endavant, és evident que no soluciona el problema de fons. Hi ha una majoria social a Catalunya que vol una solució democràtica, amb l’exercici del dret a decidir. I hi ha una majoria social a tota Espanya que manifesta -cada dia més- la seva oposició a la continuïtat del règim monàrquic. La confluència d’aquestes dues aspiracions, i la de tots aquells que lluiten per la defensa de les pensions, per la derogació de les reformes laborals, contra les onades d’acomiadaments … és una necessitat ineludible.

Enfront de la Monarquia, les institucions heretades de la dictadura, i el capital financer darrere d’elles, no hi caben “draps calents”, és imprescindible ajudar a forjar l’aliança dels treballadors i pobles per obrir camí a la República, a la unió lliure de repúbliques, per avançar cap a la fi de tota opressió i explotació.

Por una salida democrática a la ‘cuestión catalana’

Carta Semanal 839 en catalán

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Inmediatamente después de conocerse la intención del Gobierno de iniciar los trámites para la concesión del indulto a los 12 republicanos catalanes condenados por el Tribunal Supremo a más de 100 años de prisión, la derecha franquista de este país apoyada en el aparato judicial de inequívoco aroma franquista, ha abierto la caja de los truenos y ha lanzado una campaña en contra. Esta campaña ha sido apoyada abiertamente en un primer momento por el clan de Felipe González en el PSOE. La reacción de unos y otros pone en evidencia lo que tantas veces hemos explicado: la incompatibilidad entre el régimen monárquico y cualquier medida que tenga que ver con la democracia.

El aparato judicial franquista, contrario a cualquier solución política

El pasado 26 de mayo, el Tribunal Supremo  (que había condenado a los presos y tenía que informar sobre posible indulto) envió al Ministerio de Justicia un informe contrario a la concesión del indulto, posibilidad que consideró “inaceptable”, llegando incluso a acusar veladamente al Gobierno de querer cambiar una resolución judicial. El argumento utilizado era que los condenados no habían mostrado arrepentimiento. Un argumento falaz por cuanto en 1993 el mismo Tribunal Supremo emitió un informe favorable a la concesión del indulto al exteniente coronel Tejero, a pesar de que no había dado muestras de arrepentimiento. En aquel momento,  ese mismo tribunal justificó su posición en aras de contribuir “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado” y en aras también de la “conveniencia pública”, uno de los criterios que utilizan los gobiernos para conceder o no indultos.

Que la justicia tiene dos varas de medir según los casos, es algo ampliamente acreditado, aunque la desfachatez con la que se aplica nunca deja de sorprender. Conviene señalar igualmente el cinismo que destila el informe emitido por los seis miembros del Tribunal Supremo para oponerse a una eventual amnistía porque en su opinión “y en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos”. Claro está, no se refieren al Reino de España, y a la Ley de Amnistía de 1977.

El posicionamiento del TS es la constatación de que una parte substancial del aparato de Estado,  siguiendo la estela del Rey [baste recordar el discurso del rey el  3 de octubre de 2017, después del referéndum catalán, llamando a lanzar toda las fuerzas de Estado contra los que había osado organizar un referéndum] son partidarios de continuar la guerra judicial contra los presos republicanos y los casi 3.000 encausados por el “procés”.

Este enfrentamiento del aparato franquista con el Gobierno sube de punto con la acusación expresa primero de Casado y luego, más acerba, por parte de Ayuso, exigiendo que el rey no firme los indultos como le corresponde hacer. El informe del Supremo lo presenta Lesmes, compinche del Borbón en el ataque al Gobierno de hace pocos meses, y ahora… amagan un golpe de Estado.

Resumiendo, lo substanciai del aparato de Estado heredado del franquismo es enemigo acérrimo de las libertades y derechos.

Oportunidad versus oportunismo

Ante la campaña desatada por la derecha franquista y todos los medios afines, por otro lado previsible, el gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado reafirmando el indulto, dentro de la ley, pero negando la posibilidad de una amnistía y del ejercicio del derecho de autodeterminación. Seamos claros, para resolver la cuestión catalana solo ejerciendo estos derechos puede abrirse una vía democrática.

Sin embargo, sea como fuere, y en el caso de que los presos sean indultados y se acabe revisando el delito de sedición, eso podría ser un punto de apoyo para esta salida democrática. Hasta ahora el gobierno del PSOE-UP ha aparecido ante los ojos de muchos trabajadores que vieron con esperanza su constitución a principios de 2020, como un gobierno sometido al capital financiero y el régimen monárquico. Como un gobierno que no ha derogado las reformas laborales –ni tan siquiera los aspectos más lesivos como decían algunos–, ni la ley mordaza (un compromiso electoral), y con respecto a las pensiones, todo lo que se conoce, indica que va a plegarse a las presiones de Bruselas, aunque el ministro Escrivá no se atreva por el momento a hacerlo.

Mientras, los mismos sectores que iniciaron la campaña en 2006 contra el Estatuto aprobado por el parlamento catalán y ratificado por las Cortes, recogen firmas contra el indulto. La derecha franquista de toda la vida (la antigua y la moderna) se organiza y atiza el enfrentamiento, aunque algunos sectores del PP vean la táctica de Casado suicida y no han querido acudir a la manifestación de este 13 de junio.

El gobierno del PSOE-UP muestra que esta medida está solo destinada a mantener una mayoría parlamentaria precaria.

Por su parte, las confederaciones sindicales de CCOO y UGT han dado a conocer un comunicado en el que manifestaban su apoyo a que el Gobierno indulte a los presos, medida que consideran “imprescindi­ble” para “recuperar el diálogo y la negociación”.

Evidentemente, somos partidarios de la libertad incondicional de los presos, y de una amnistía, porque ejercer el derecho democrático de organizar un referéndum no solo no es delito en democracia, sino que es un acto de voluntad democrática.

Somos partidarios de la unión fraternal entre trabajadores y pueblos del Estado español. Por ello, no apoyamos la independencia, sino el derecho a que los pueblos decidan.

Conseguir que los presos salgan de la cárcel no es un asunto “catalán”. Por el contrario es de interés para todos los trabajadores y pueblos que no pueden tolerar que los mismos jueces que avalan medidas antisociales –por ejemplo las reformas laborales y de pensiones– pretendan mantener en prisión a los republicanos catalanes y dinamiten toda salida democrática.

Una salida republicana

Aunque indudablemente sea un paso adelante indultar a los presos, es evidente que no soluciona el problema de fondo. Hay una mayoría social en Cataluña que quiere una solución democrática, con el ejercicio del derecho a decidir. Y hay una mayoría social en toda España que manifiesta –cada día más– su oposición a la continuidad del régimen monárquico. La confluencia de estas dos aspiraciones, y la de todos aquellos que luchan por la defensa de las pensiones, por la derogación de las reformas laborales, contra las oleadas de despidos… es una necesidad ineludible.

Frente a la Monarquía, las instituciones heredadas de la dictadura, y el capital financiero detrás de ellas, no caben “paños calientes”, es imprescindible ayudar a forjar la alianza de los trabajadores y pueblos para abrir camino a la República, a la unión libre de repúblicas, para avanzar hacia el fin de toda opresión y explotación.

La crisi actual, nova etapa de la descomposició del règim monàrquic

Carta Setmanal 825 per descarregar en PDF

A primera vista, els fets a partir dels quals s’ha desencadenat la recent tempesta política, semblarien una mera anècdota: els dirigents de Cs de Múrcia, que denuncien la corrupció congènita del PP (a bones hores la descobreixen) i pacten amb el PSOE una moció de censura. Davant la qual cosa el PP reacciona i fa canviar d’opinió a tres parlamentaris de CS, que havien subscrit i donat suport a la moció de censura (per convèncer-los, els ofereix tres conselleries en el govern murcià). Però abans d’aquest esdeveniment, que faria fracassar la projectada moció de censura, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reacciona fent fora els de Cs del seu govern i convocant eleccions. A la maniobra d’Ayuso, Més Madrid i PSOE responen amb la presentació de mocions de censura, que creen un embolic legal perquè cal dirimir si han de votar-se abans de convocar eleccions o no. El moviment s’estén a Castella i Lleó i amenaça amb fer-ho a altres comunitats … Tot un vodevil a què assisteix atònita bona part de la població que es convenç cada vegada més que ningú els representa. Sigue leyendo

La crisis actual, nueva etapa de la descomposición del régimen monárquico

Carta Semanal 826 en catalán

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A simple vista, los hechos a partir de los cuales se ha desencadenado la reciente tormenta política, parecerían una mera anécdota: los dirigentes de Cs de Murcia, que denuncian la corrupción congénita del PP (a buenas horas la descubren) y pactan con el PSOE una moción de censura. Ante lo cual el PP reacciona y hace cambiar de opinión a tres parlamentarios de CS, que habían suscrito y apoyado la moción de censura (para convencerlos, les ofrece tres Consejerías en el gobierno murciano). Pero antes de ese acontecimiento, que haría fracasar la proyectada moción de censura, la Presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reacciona echando a los de Cs de su gobierno y convocando elecciones. A la maniobra de Ayuso, Más Madrid y PSOE responden con la presentación de mociones de censura, que crean un embrollo legal porque ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Madrid para dirimir si deben votarse antes de convocar elecciones o no (el pronunciamiento del TSJM ha sido en favor de la celebración de elecciones). El movimiento se extiende a Castilla y León y amenaza con hacerlo a otras comunidades… Todo un vodevil al que asiste atónita buena parte de la población que se convence cada vez más de que ninguno la representa. Sigue leyendo

El consenso monárquico y la conmemoración del aniversario del 23F

Carta Semanal 824 en catalán

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Dos hechos importantes han coincidido la semana pasada: las movilizaciones de miles de jóvenes y  la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981.

Las movilizaciones de los jóvenes tienen más importancia de lo que parece. Puede ser, incluso, una chispa de la que puede surgir una llama. Ya Trotski en circunstancias distintas lo había señalado en mayo del 30, en los estertores de la dictadura de Primo de Rivera, al caracterizar la movilización de los estudiantes…”es el signo de que la sociedad burguesa atraviesa una crisis profunda“. Sigue leyendo

El consens monàrquic i la commemoració de l’aniversari del 23F

Carta Setmanal 824 per descarregar en PDF

Dos fets importants han coincidit la setmana passada: les mobilitzacions de milers de joves i la commemoració del 40 aniversari del cop d’Estat del 23 de Febrer del 1981.

Les mobilitzacions dels joves tenen més importància del que sembla. Pot ser, fins i tot, una espurna de la qual pot sorgir una flama. Ja Trotski, en circumstàncies diferents, ho havia assenyalat al maig del 30, en les raneres de la dictadura de Primo de Rivera, al caracteritzar la mobilització dels estudiants … “és el signe de que la societat burgesa travessa una crisi profunda”. Sigue leyendo