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Ante el nuevo Estado de Alarma

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI (descargar en PDF)

29 de octubre de 2020

Incapaces de frenar la expansión incontrolable de la pandemia de COVID-19, los gobiernos autonómicos y el gobierno central se han puesto de acuerdo para declarar un nuevo Estado de Alarma, con nuevas restricciones de movilidad y recortes de derechos y libertades. Y nada menos que para seis meses. Una imposición que muchos desconfían de que sea eficaz contra el virus a falta de otras medidas, pero que va a profundizar gratuitamente la ruina económica y a sumir aún más en la miseria a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han agotado su ERTE o que se han quedado en paro.

No era algo inevitable y había que evitar hacerlo así

Nos presentan cómo inevitables los nuevos confinamientos. Puede que ahora lo sean (si fuesen acompañados de otras medidas), pero, desde luego, podrían haberse evitado si durante los 99 días de confinamiento y los primeros meses de la llamada “nueva normalidad”, los gobiernos hubieran tomado las medidas necesarias, como reforzar la Atención Primaria, contratar y formar rastreadores para identificar y aislar los contagios del virus, reforzar el transporte público para que la clase trabajadora no tenga que acudir al trabajo hacinada, adaptar los centros de trabajo para que no se conviertan en lugares de contagio, contratar profesores y construir o adaptar aulas para permitir centros de estudio presenciales y seguros, reforzar y adaptar los centros geriátricos, y demás medidas que hoy hasta un niño puede recitar, pero que no se han puesto en marcha.

Nada de eso se ha hecho. Y ahora, otra vez, los gobiernos dicen que hay que tomar medidas de urgencia, “inevitables”, sin acompañar a medidas sanitarias urgentes. Hace 15 días un decreto-ley imponía medidas de urgencia en la sanidad, que permiten aplicar la movilidad forzosa de médicos y enfermeros, dentro del hospital, o desde Atención Primaria a hospitales de campaña, así como obligar a médicos a trabajar en una especialidad que no sea la suya o contratar a médicos sin especialidad para que hagan de especialistas. Madrid anuncia un nuevo hospital de 1.000 camas cuyas plazas de médicos y enfermeros se pretenden cubrir quitando personal de otros centros sanitarios, en los que ya escasean. Pero, a pesar de que las plantas de hospitales se llenan y las UCI vuelven a ir por el camino del colapso, no se incluye ninguna medida para garantizar que todos los recursos sanitarios existentes se ponen al servicio de la comunidad, incorporando la sanidad privada a la red pública.

Los contagios masivos vuelven a las residencias de mayores, cuyas instalaciones no han sido adaptadas y que siguen teniendo las ratios de personal absolutamente insuficientes que tenían antes de la pandemia.Y que continúan en manos del negocio privado, con una presencia cada vez mayor de multinacionales y fondos buitre. Tanto en la sanidad como en las residencias, ni una medida que pueda poner en cuestión el sacrosanto negocio de sus propietarios.

Todas las medidas adoptadas buscan preservar los intereses de los patronos y las multinacionales. Se restringen los contactos y se limitan los aforos, salvo en las empresas y en el transporte público, donde la población trabajadora seguirá yendo hacinada.

¿De nuevo, medidas restrictivas y represivas?

Incapaces de poner coto a los contagios aplicando medidas sanitarias, de nuevo vuelven a los confinamientos forzados y las medidas represivas. Ya en el primer Estado de Alarma se impusieron más de un millón de multas aplicando la Ley Mordaza, y desde entonces no se ha cesado de intentar criminalizar a la juventud. Ahora de nuevo, serán policías y guardias civiles, cuando no militares.

Lo que sí sabemos es que se imponen nuevas restricciones al derecho de reunión, y que el decreto que declara el Estado de Alarma prevé la posibilidad de prohibir manifestaciones por “motivos sanitarios”.

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Algunas lecciones de los escrutinios del País Vasco y Galicia

(Publicado en la Carta Semanal 790 – ver en catalán)

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 13 de julio de 2020

Este domingo 12 de julio se realizaron en el País Vasco y Galicia las votaciones autonómicas (convocadas en abril pero atrasadas por la pandemia).

Galicia cuenta con 2.697.000 electores, en un declive demográfico constante, con una desindustrialización creciente y la crisis abierta de sectores tradicionales como la pesca.

El País Vasco, con 1.794.000 electores, es un antiguo bastión industrial hoy en buena parte desmantelado.

La votación era la primera prueba electoral tras el confinamiento y la aplicación del Estado de Alarma contra la población, la primera respuesta en este terreno al hundimiento económico

Por otra parte, en el País Vasco y Galicia el voto guarda relación con las aspiraciones nacionales vascas y gallegas.

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¿Qué impide la movilización unida para ganar las reivindicaciones?

(Publicado en la Carta Semanal nº 788ver en catalán)

Con la retirada de las medidas de confinamiento, un reguero de movilizaciones recorre todo el país. A las movilizaciones de empresas por un motivo concreto, como las de los trabajadores y trabajadoras de Nissan y de Alcoa, hay que sumar las de los pensionistas, la enseñanza, la Universidad en Andalucía contra el recorte de un 10% en sus presupuestos que pretende imponer el gobierno de las tres derechas, las del personal de la sanidad contra los despidos de los contratados para la COVID, movilizaciones de migrantes reclamando su regularización, de las mareas blancas, de vecinos y vecinas en cada barrio por la sanidad… Una muestra –una más– de la voluntad masiva de no renunciar a las reivindicaciones y de movilizarse por ellas fue la movilización espontánea de miles de jóvenes en Madrid, que convirtieron una concentración ante la embajada USA en una manifestación contra el racismo. Algo similar sucedió en otras capitales de provincia, como Barcelona o Valencia.

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El capital financiero exige un pacto de Estado para imponer el ajuste

(Publicado en la Carta Semanal 787ver en catalán)

La CEOE ha convocado una cumbre de empresarios con el objetivo, según explica El Periódico, de “consensuar una hoja de ruta común que enarbolar durante el debate de la reconstrucción del país”. Esta cumbre inició sus sesiones el pasado día 15 y tiene previsto seguir hasta el día 25. La presiden el propio presidente de la CEOE,  Garamendi, el presidente de Inditex, Pablo Isla, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, y se prevé la participación de 131 ponentes, entre los que se encuentran los representantes de la mayoría de empresas del IBEX 35.

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Coronavirus: los trabajadores exigen respuestas ya

(Publicado en la Carta Semanal 774ver en catalán)

La espiral de las cifras de los infectados y fallecidos va pareja a la espiral de exigencias acuciantes, en bastantes casos al borde de la exasperación, de médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal técnico, ambulancias, desde todos los hospitales del país, de los carteros…

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