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Es urgente e inaplazable derogar las reformas laborales

Carta Semanal 850 en catalán

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El acuerdo de gobierno de PSOE y UP incluía el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Concretamente decía lo siguiente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y añadía que “En concreto y con carácter urgente, derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Pues bien, el “gobierno progresista” se constituyó en enero de 2020, hace, por tanto, 19 meses. O, si se prefiere, casi 600 días. Y sólo la primera de esas tres medidas “urgentes” (la anulación del despido por enfermedad, introducido en la reforma de Zapatero y agravado en la de Rajoy) se ha llevado a cabo. Nadia Calviño y Yolanda Díaz anuncian ahora la “modificación” (ya no se haba de derogación) de la reforma laboral de 2012 para final de año. Si esta promesa se cumple, el gobierno tardaría 700 días en adoptar una medida “urgente”.

 ¿Qué impide la derogación de la reforma? Desde luego, no la aritmética parlamentaria, porque habría votos suficientes para garantizar el apoyo a la derogación. Es más bien una cuestión política: desde el propio gobierno, Nadia Calviño se ha opuesto expresamente a la derogación de la reforma, expresando así las objeciones de la Unión Europea, que defiende abiertamente la idoneidad de los recortes de derechos incluidos en ella. Y la oposición de la CEOE.

Y, sin embargo, para la clase trabajadora la recuperación de los derechos arrebatados en la reforma de 2012 (y, también, en la de 2010, impuesta por Zapatero y a la que los sindicatos respondieron con una huelga general, y que el gobierno se propone mantener) no sólo es una necesidad. Es una necesidad urgente.

Todo el mundo sabe que, en los meses próximos, miles de empresas preparan despidos masivos. Otras muchas los están aplicando ya.  En esta situación las facilidades para el despido barato que dan a las empresas las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores incluidas en las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, así como las facilidades que dan esas contrarreformas laborales para descuelgue del convenio, para negociar convenios de empresa a la baja, para externalizar y subcontratar actividades (con convenio de empresa a la baja), son letales para la clase trabajadora.

Por tanto, es urgente la derogación íntegra de ambas reformas laborales, una exigencia que hasta ahora han mantenido los sindicatos, aunque hayan aceptado una y otra vez los impuestos por el gobierno, que para muchos, encubren su negativa a tocar las reformas.

Una derogación por etapas

Por lo que se ha hecho público, los “interlocutores sociales” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y el Gobierno) han hablado de negociar las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (ET) en dos etapas. Y parecen tener discrepancias sobre qué incluir en cada una.

Los dirigentes de UGT y CCOO aceptan en líneas generales lo recogido en el acuerdo de gobierno y proponen tratar, en una primera fase, algunas cuestiones que ya se habían negociado antes de la pandemia: eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales, y restringir las modificaciones unilaterales por parte empresarial de las condiciones laborales. Y también, regular con nuevas limitaciones las cadenas de subcontratación (artículo 42 del ET), una medida también incluida en el acuerdo PSOE-UP, pero no con carácter urgente, y sobre la que hubo incluso un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse en el parlamento en la legislatura anterior.

Las patronales se niegan a esta posibilidad. Como señala el informe aprobado en marzo de 2021 en el Consejo Confederal de CCOO, la CEOE “se niega a abordar las materias relacionadas con la subcontratación y externalización productiva y plantea que lo prioritario sea tomar medidas en contratación -mediante bonificaciones…-, ERTES -renovación de los que caducan el 31 de mayo- y políticas activas”.

Y añade el informe que “esta posición de CEOE ha sido replicada casi en iguales términos por la vicepresidente Nadia Calviño, que sin mayor disimulo ha tomado posición inmediata. Son perfectamente conscientes de que abordar materias de la complejidad de las que requiere reducir la dualidad laboral en España, conlleva una negociación larga y compleja, en la que los aspectos de reversión de la reforma laboral se aplazarían sine die”. Este juego de “policía bueno y policía malo” dentro del gobierno agota la paciencia del más pintado. La clase trabajadora juzgará al gobierno “progresista” por lo que haga, y no por lo que diga uno u otro ministro o ministra. Y la posición del gobierno, de todo el gobierno, ha sido dilatar las negociaciones sobre derogación de la reforma laboral, con la excusa de la pandemia, y de la necesidad de convencer a la CEOE, negarse a tocar la reforma de Zapatero y sólo entrar a negociar la modificación de algunas partes de la de Rajoy.

No basta con retirar parte de las reformas

Entre las cuestiones que el gobierno y los sindicatos han hablado de derogar faltan aspectos muy importantes de las reformas laborales. Por ejemplo, todo lo referente al despido.

Desde que Felipe González introdujo los contratos temporales, nos vienen machacando con la cantilena de la “dualidad del mercado de trabajo” (es decir, de la diferencia de derechos entre los trabajadores fijos y los temporales).  Todo para ir disminuyendo los derechos de los fijos y, en especial, la indemnización por despido.

En 2001 se creó una figura, el “contrato de fomento del empleo”, que rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. La reforma laboral de Zapatero amplió los supuestos a los que se aplicaba esta indemnización reducida y la de Rajoy generalizó la indemnización de 33 días para todos los contratos. Por tanto, la indemnización por despido la han modificado las reformas laborales para pasar de ser 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades. Para un trabajador con 28 años de antigüedad y que cobrara el salario medio (2.000 euros en 12 pagas), son 36.000 euros menos de indemnización.

La reforma de Zapatero creó también la figura del “despido objetivo”, para empresas con pérdidas, con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Aquí el ahorro por despido para el patrón es fabuloso. Despedir a un trabajador con 28 años de antigüedad le costaría 60.000 euros menos. Luego la reforma de Rajoy amplió los supuestos en que se puede aplicar este despido mucho más barato.

Ante la oleada de despidos que ya se ha iniciado, para las empresas es muy importante contar con un despido lo más barato posible. Y que deben haberse sentido más que tranquilizados por las declaraciones al respecto de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en marzo pasado. Según El Periódico, “su hoja de ruta para con la estabilidad en el empleo pasa más por incentivar alternativas al despido para las empresas, más que en penalizar en mayor medida o vetar las posibilidades del despido”. Sin duda alguna, los trabajadores amenazados de despido no estarán nada contentos con las intenciones de la ministra.

El Nuevo Estatuto de los Trabajadores

El pasado 22 de marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaraba ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que hay que desplegar una “mirada amplia” sobre la legislación laboral y abordar los cambios necesarios “sin clichés” y mirando al pasado “solo lo justo y necesario”, para poder modernizar así el mercado de trabajo. Entonces, ¿deben los trabajadores y trabajadoras renunciar a la idea de recuperar los derechos que arrancaron con su lucha, y que les fueron arrebatados “en el pasado”? ¿Qué hay detrás de la propuesta del Nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI?

La “modernidad” no es el empleo sin derechos, la precariedad de por vida, la uberización de las condiciones laborales. Eso es tan antiguo como el capitalismo del siglo XIX que nos describieron Dickens en sus novelas y Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y que hoy aplica el capitalismo en África, en China, en Bangladesh y en buena parte de Asia. Y que quieren imponer en Europa (véase al respecto al última reforma laboral en Grecia).

Veamos a este respecto lo sucedido con los riders, los trabajadores de las plataformas de reparto. La norma que acaba de entrar en vigor, y que no hace sino aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que los ha considerado falsos autónomos y, por tanto, trabajadores por cuenta ajena, ha dejado fuera a los empleados de otras plataformas digitales, por exigencia de la CEOE, apoyada por el gobierno. ¿Se les reservan, tal vez, unas condiciones laborales “del siglo XXI”, es decir, uberizadas?

La perspectiva de una modernización de condiciones laborales, de un “estatuto del siglo XXI”, al amparo de la Comisión Europea, con quien el gobierno se ha comprometido a estos cambios, no resulta nada favorable para los trabajadores, que sin duda reivindican lo que exigieron con varias huelgas generales: la recuperación de los derechos que les fueron arrebatados.

Ni un día más

Los trabajadores están hartos de dilaciones. Las direcciones sindicales no deberían aceptar ni un día más de retraso. Como hemos señalado antes, es urgente e inaplazable derogar completamente las dos reformas laborales.

Ante las excusas y aplazamientos del gobierno, y el obstruccionismo de la CEOE, ¿no sería la hora de iniciar, a partir de septiembre, un proceso de movilizaciones para exigir el gobierno la derogación de las reformas laborales? Un proceso que enlazaría con la preparación por parte de las plataformas de pensionistas de una marcha a Madrid el 16 de octubre por la auditoria, cuando el gobierno en el Consejo de ministros de este martes 24 de agosto acaba de aprobar “el primer tramo de la nueva reforma del sistema de pensiones”.

 

 

És urgent i inajornable derogar les reformes laborals

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L’acord de govern del PSOE i UP incloïa el compromís de derogar la reforma laboral de 2012. Concretament deia el següent: “Derogarem la reforma laboral. Recuperarem els drets laborals arrabassats per la reforma laboral de 2012 “. I afegia que “En concret i amb caràcter urgent, derogarem la possibilitat d’acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia, derogarem les limitacions a l’àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-ho arribar més enllà de les previsions contingudes en el mateix, després de la finalització de seva vigència i fins a la negociació d’un de nou. Derogarem la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa sobre els convenis sectorials“.

Doncs bé, el “govern progressista” es va constituir al gener de 2020, fa, per tant, 19 mesos. O, si es prefereix, gairebé 600 dies. I només la primera d’aquestes tres mesures “urgents” (l’anul·lació de l’acomiadament per malaltia, introduït en la reforma de Zapatero i agreujat en la de Rajoy) s’ha dut a terme. Nadia Calviño i Yolanda Díaz anuncien ara la “modificació” (ja no es parla de derogació) de la reforma laboral de 2012 cap a finals d’any. Si aquesta promesa es compleix, el govern trigaria 700 dies en adoptar una mesura “urgent“.

 Què impedeix la derogació de la reforma? Per descomptat, no l’aritmètica parlamentària, perquè hi hauria vots suficients per garantir el suport a la derogació. És més aviat una qüestió política: des del propi govern, Nadia Calviño s’ha oposat expressament a la derogació de la reforma, expressant així les objeccions de la Unió Europea, que defensa obertament la idoneïtat de les retallades de drets inclosos en ella. I l’oposició de la CEOE.

I, no obstant això, per a la classe treballadora la recuperació dels drets arrabassats a la reforma de 2012 (i, també, en la de 2010, imposada per Zapatero i a la qual els sindicats van respondre amb una vaga general, i que el govern es proposa mantenir) no només és una necessitat. És una necessitat urgent.

Tothom sap que, en els mesos vinents, milers d’empreses preparen acomiadaments massius. Moltes altres els estan aplicant ja. En aquesta situació les facilitats per a l’acomiadament barat que donen a les empreses les modificacions de l’Estatut dels Treballadors incloses en les reformes laborals de Zapatero i Rajoy, així com les facilitats que donen aquestes contrareformes laborals per al despenjament del conveni, per negociar convenis d’empresa a la baixa, per externalitzar i subcontractar activitats (amb conveni d’empresa a la baixa), són letals per a la classe treballadora.

Per tant, és urgent la derogació íntegra de les dues reformes laborals, una exigència que fins ara han mantingut els sindicats, encara que hagin acceptat una i altra vegada els impostos pel govern, que per a molts, encobreixen la seva negativa a tocar les reformes.

Una derogació per etapes

Pel que s’ha fet públic, els “interlocutors socials” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO i el Govern) han parlat de negociar les modificacions de l’Estatut dels Treballadors (ET) en dues etapes. I sembla que tenen discrepàncies sobre què incloure en cadascuna.

Els dirigents d’UGT i CCOO accepten en línies generals el que recull l’acord de govern i proposen tractar, en una primera fase, algunes qüestions que ja havien negociat abans de la pandèmia: eliminar els límits a la ultraactivitat dels convenis col·lectius, tornar la prioritat aplicativa als convenis sectorials, i restringir les modificacions unilaterals per part empresarial de les condicions laborals. I també, regular amb noves limitacions les cadenes de subcontractació (article 42 de l’ET), una mesura també inclosa en l’acord PSOE-UP, però no amb caràcter urgent, i sobre la qual hi va haver fins i tot un projecte de llei que va estar a punt de aprovar-se al parlament en la legislatura anterior.

Les patronals es neguen a aquesta possibilitat. Com assenyala l’informe aprovat al març de 2021 en el Consell Confederal de CCOO, la CEOE “es nega a abordar les matèries relacionades amb la subcontractació i externalització productiva i planteja que la prioritat sigui prendre mesures en contractació -mitjançant bonificacions … -, ERTES – renovació dels que caduquen el 31 de maig- i polítiques actives “.

I afegeix l’informe que “aquesta posició de CEOE ha estat replicada gairebé en els mateixos termes per la vicepresident Nadia Calviño, que sense major dissimulació ha pres posició immediata. Són perfectament conscients que abordar matèries de la complexitat de les que requereix reduir la dualitat laboral a Espanya, comporta una negociació llarga i complexa, en la qual els aspectes de reversió de la reforma laboral s’ajornarien sine die “. Aquest joc de “policia bo i policia dolent” dins del govern esgota la paciència del més pintat. La classe treballadora jutjarà el govern “progressista” pel que faci, i no pel que digui un o altre ministre o ministra. I la posició de govern, de tot el govern, ha estat dilatar les negociacions sobre derogació de la reforma laboral, amb l’excusa de la pandèmia, i de la necessitat de convèncer la CEOE, negar-se a tocar la reforma de Zapatero i només entrar a negociar la modificació d’algunes parts de la de Rajoy.

No n’hi ha prou amb retirar part de les reformes

Entre les qüestions que el govern i els sindicats han parlat de derogar falten aspectes molt importants de les reformes laborals. Per exemple, tot el referent a l’acomiadament.

Des que Felipe González va introduir els contractes temporals, ens vénen insistint amb la cantilena de la “dualitat del mercat de treball” (és a dir, de la diferència de drets entre els treballadors fixos i els temporals). Tot per anar disminuint els drets dels fixos i, especialment, la indemnització per acomiadament.

El 2001 es va crear una figura, el “contracte de foment de l’ocupació“, que rebaixava la indemnització per acomiadament improcedent de 45 a 33 dies per any treballat. La reforma laboral de Zapatero va ampliar els supòsits als quals s’aplicava aquesta indemnització reduïda i la de Rajoy va generalitzar la indemnització de 33 dies per a tots els contractes. Per tant, la indemnització per acomiadament l’han modificat les reformes laborals per passar de ser 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats a 33 dies per any treballat amb 24 mensualitats. Per a un treballador amb 28 anys d’antiguitat i que cobrés el salari mitjà (2.000 euros en 12 pagues), són 36.000 euros menys d’indemnització.

La reforma de Zapatero va crear també la figura de “l’acomiadament objectiu”, per a empreses amb pèrdues, amb 20 dies d’indemnització per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. Aquí l’estalvi per acomiadament per al patró és fabulós. Acomiadar un treballador amb 28 anys d’antiguitat li costaria 60.000 euros menys. Després la reforma de Rajoy va ampliar els supòsits en què es pot aplicar aquest acomiadament molt més barat.

Davant l’onada d’acomiadaments que ja s’ha iniciat, per a les empreses és molt important comptar amb un acomiadament el més barat possible. I que s’han d’haver sentit més que tranquil·litzats per les declaracions al respecte de la ministra de treball, Yolanda Díaz, al març passat. Segons El Periódico, “el seu full de ruta envers l’estabilitat en l’ocupació passa més per incentivar alternatives a l’acomiadament per a les empreses, més que en penalitzar en major mesura o vetar les possibilitats de l’acomiadament“. Sens dubte, els treballadors amenaçats d’acomiadament no estaran gens contents amb les intencions de la ministra.

El Nou Estatut dels Treballadors

El passat 22 de març, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, declarava davant la Comissió de Treball de Congrés dels Diputats que cal desplegar una “mirada àmplia” sobre la legislació laboral i abordar els canvis necessaris “sense clixés” i mirant al passat “només el just i necessari“, per poder modernitzar així el mercat de treball. Llavors, deuen els treballadors i treballadores renunciar a la idea de recuperar els drets que van arrencar amb la seva lluita, i que els van ser arrabassats “en el passat“? Què hi ha darrere de la proposta del Nou Estatut dels Treballadors per al segle XXI?

La “modernitat” no és l’ocupació sense drets, la precarietat de per vida, la uberització de les condicions laborals. Això és tan antic com el capitalisme del segle XIX que ens van descriure Dickens en les seves novel·les i Engels a La situació de la classe obrera a Anglaterra. I que avui aplica el capitalisme a l’Àfrica, a Xina, a Bangla Desh i en bona part d’Àsia. I que volen imposar a Europa (vegeu al respecte  l’última reforma laboral a Grècia).

Veiem a aquest respecte el que ha passat amb els riders, els treballadors de les plataformes de repartiment. La norma que acaba d’entrar en vigor, i que no fa sinó aplicar les sentències de Tribunal Suprem que els ha considerat falsos autònoms i, per tant, treballadors per compte d’altri, ha deixat fora els empleats d’altres plataformes digitals, per exigència de la CEOE, recolzada pel govern. Se’ls hi reserva, potser, unes condicions laborals “del segle XXI“?, és a dir, uberitzades?

La perspectiva d’una modernització de condicions laborals, d’un “estatut del segle XXI“, a l’empara de la Comissió Europea, amb qui el govern s’ha compromès a aquests canvis, no resulta gens favorable per als treballadors, que sens dubte reivindiquen el que van exigir amb diverses vagues generals: la recuperació dels drets que els van ser arrabassats.

Ni un dia més

Els treballadors estan farts de dilacions. Les direccions sindicals no haurien d’acceptar ni un dia més de retard. Com hem assenyalat abans, és urgent i inajornable derogar completament les dues reformes laborals.

Davant les excuses i ajornaments de govern, i l’obstruccionisme de la CEOE, no seria l’hora d’iniciar, a partir de setembre, un procés de mobilitzacions per exigir al govern la derogació de les reformes laborals? Un procés que enllaçaria amb la preparació per part de les plataformes de pensionistes d’una marxa a Madrid el 16 d’octubre per l’auditoria, quan el govern en el Consell de ministres d’aquest dimarts 24 d’agost acaba d’aprovar “el primer tram de la nova reforma del sistema de pensions “.

Reforma de pensiones: el Gobierno cede a las presiones del capital financiero

Carta Semanal 843 en catalán

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Una vez encauzada la resolución de la pandemia, según el Gobierno, le toca el turno a la aplicación de las  recomendaciones acordadas para la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo.

Las primeras reuniones de aplicación de las reformas concluyeron el 28 de junio en medio de una gran despliegue de propaganda sobre la bondad de los acuerdos alcanzados por el Gobierno, la CEOE y la CEPYME  y los sindicatos CCOO y UGT.

Pero el futuro de esas reformas no se encuentra en las deliberaciones del Gobierno y la patronal con las direcciones sindicales. El éxito de la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo va a depender mucho de que se consiga la unidad de los pensionistas con los trabajadores activos y sindicalistas.

El Gobierno cede a las presiones del capital financiero en favor de la privatización de servicios públicos. El Estado sale en defensa del sector financiero, y precisamente un lugar central en los acuerdos del Pacto de Toledo lo ocupa la privatización, introduciendo los fondos privados de pensiones en los convenios colectivos.

La prensa da cuenta de la resistencia, destacando que el 29 de mayo es la primera vez que  las organizaciones mayoritarias de pensionistas convocan de firma unitaria movilizaciones en todos los territorios del Estado.

Los objetivos del capital financiero contra los trabajadores activos

Minutos antes de la firma del Acuerdo del diálogo social, Escrivá declaraba que la generación del baby boom “tendrá que elegir entre cobrar menos o trabajar más”, Es decir, que a pesar de la propaganda del Acuerdo, el Gobierno está en el bando de los que apuestan por los  recortes.

El ministro lanzaba así el guion de lo que en el largo proceso de diálogo social tendrá que ser el mecanismo de la mal llamada equidad intergeneracional, sustituto del factor de sostenibilidad.

La generación del baby boom la forman los nacidos desde finales de los años 50 hasta mediados de los 70, un total de once millones de trabajadores ahora activos, que empezarán a jubilarse a partir de 2023. Tienen largas carreras de cotizaciones con derechos adquiridos a altas pensiones.

Es la generación que ha contribuido con importantes cotizaciones sociales al mantenimiento de las pensiones de la generación anterior y han generado fuertes superávits a la Seguridad Social. Superávits que el saqueo sistemático impidió que lucieran en las cuentas de la Seguridad Social y que, como era obligatorio, constituyeran reservas para situaciones como las que se presentan ahora.

Esta discusión se quiere ocultar ahora para facilitar la aprobación del acuerdo dejándola para una supuesta segunda parte del diálogo social, pero el ministro la airea ya. Para salvar las pensiones de los trabajadores activos actuales sin hipotecar a las generaciones futuras, es imperativa la devolución de las cotizaciones saqueadas.

El Gobierno no tiene asegurada la mayoría para aprobar el acuerdo de reforma de las pensiones

Las recomendaciones del Pacto de Toledo que, con el consenso de la nefasta política del diálogo social debían permitir al Gobierno cumplir sus acuerdos con Bruselas, fueron rechazados por un número significativo de representantes políticos en las Cortes. Porque exigen una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social antes de plantear reformas que parten de bases y datos falsos a causa del desvío de recursos y cotizaciones de la Seguridad Social a otros menesteres propios del Ministerio de Hacienda.

Con rotundidad Jordi Salvador, diputado de ERC por Tarragona dijo: “Si se presenta el proyecto tal y como está, vamos a votar que no”. La prensa recogió el rechazo, que va aumentado día a día: “El ‘no’ de ERC al proyecto de ley de pensiones, complica su aprobación en el Congreso” (El Periódico de Cataluña, 7/7/2021).“La reforma de las pensiones de Escrivá suspende en el congreso: la mayoría de la investidura no la apoya”. (Público, 7/7/2021).

El Gobierno no tiene garantizada hoy una mayoría suficiente para aprobar en el Congreso el texto del acuerdo firmado con las patronales y las direcciones de UGT y CCOO.

La reforma troceada en fases y plazos de aplicación

Ha sido este gobierno el que ha impulsado en el Pacto de Toledo las recomendaciones precisas para una modificación profunda de la Seguridad Social, en el sentido de reducir las pensiones del sistema público de reparto y preparando la entrada del capital financiero en la gestión de parte de las prestaciones, a través de los fondos privados de pensiones. Según Escrivá el objetivo es preparar un plan que debe durar 30 años.

En la actualidad la crisis económica empuja a la banca, las aseguradoras y a todo el capital financiero a buscar servicios públicos a privatizar. El Gobierno subordinándose a los compromisos con Bruselas ha diseñado un plan en varias partes. Pero, aunque se presente fragmentado, el plan es único y su fin es cambiar el modelo.

Las medidas del primer paquete, que deberán entrar en vigor a primeros de 2022 pretenden aparecer solo como corrección de las reformas de Rajoy, para lo que destaca la revalorización por el IPC y la derogación del factor de sostenibilidad. Pero al no explicarse en qué consiste el mecanismo por el que se le sustituirá, siembran incertidumbre que se añade a la creada por el propio Escrivá al poner el foco sobre los de nuevos pensionistas de la generación baby boom, hoy trabajadores activos.

 Los contenidos del Acuerdo

– Se aprueba la revalorización de las pensiones según el IPC

– Se deroga el factor de sostenibilidad de las pensiones introducido por Rajoy en 2013 a sustituir por un “nuevo mecanismo de equidad intergeneracional”. Este mecanismo se negociará antes del 14 de noviembre en el diálogo social y consiste en un “conjunto de parámetros del sistema”, basado en la reforma de pensiones de 2011, para conseguir “de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones”.

– Se incentiva la jubilación demorada con una exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, al tiempo que se ofrecen incentivos en metálico de hasta 12.000 euros o el aumento de hasta el 4% adicional a la pensión.

– Se limita la capacidad de los nuevos convenios colectivos para acordar la jubilación forzosa.

– Se mantiene el grueso de las penalizaciones sobre la jubilación anticipada, desatendiendo la reivindicación de eliminarlas en casos de trabajadores con largas carreras contributivas.

– Se dispone la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, de la que en seis meses el Gobierno presentará un Proyecto de Ley.

– Se hacen precisiones, que son exigencias de los pensionistas y algunos sindicatos, sobre la aplicación del artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, y, además, en concreto del 109.2 que obliga al Estado a hacer transferencias a la Seguridad Social ante la eventualidad de insuficiencia de las cotizaciones. Pero dada la historia de incumplimientos las garantías son insuficientes.

Este primer bloque del proceso de reforma de las pensiones que se ha iniciado contiene medidas, como la revalorización de pensiones según el IPC, que ya se aplicaban, así como otras que suponen reconocimiento de derechos (viudedad de parejas de hecho, cotización de becarios, convenios especiales de familiares). Pero estas medidas no compensan la confirmación que se hace de la reforma de 2011, que elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, endureció la jubilación anticipada, y anunció el factor de sostenibilidad. Tampoco compensa el silencio sobre la insuficiencia de las pensiones mínimas. Por tanto, no se puede hablar de luces y sombras, ya que, pese a algunos guiños comparativamente menores, lo sustantivo del acuerdo es contrario a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas, que recogen el interés del conjunto de la clase obrera.

Además, no se precisa el contenido de las grandes medidas que se anuncian, como el “mecanismo de equidad intergeneracional”, las precisiones sobre la aplicación del artículo 109.2 de la LGSS o la propuesta de crear una agencia, de modo que se crea incertidumbre y rechazo.

Se supone que en el segundo bloque de los trabajos, además de atender el desarrollo de las medidas anunciadas en la primera fase, deben abordarse las grandes reformas que necesita el capital financiero y decidir el camino que se tomará para incrementar nuevos recursos:

  • El desarrollo de la recomendación 15 del Pacto de Toledo sobre la implantación de un sistema de previsión social complementaria con fondos privados de pensiones gestionados por los bancos y aseguradoras.
  • El destope de las bases de cotización
  • El aumento del periodo de cómputo para la determinación de las bases
  • Y toda una serie de ajustes necesarios para cumplir con la obligación de que el Estado asuma la falsa deuda que figura en las cuentas de la Seguridad Social y asuma la obligación de hacer los ajustes precisos para que en las cuentas de la Seguridad Social desaparezcan déficits inflados con obligaciones que son del Estado.

La movilización del 16 de octubre ante las Cortes

Frente a la aceptación generalizada a las manipulaciones contables de las cuentas públicas por parte de los gobiernos, la propuesta de una auditoria que establezca la verdad es una propuesta positiva y democrática.

Se trata de una iniciativa abierta y unitaria en la que participan pensionistas, trabajadores, diputados de ocho organizaciones diferentes, sindicalistas y jóvenes. Cuentan con cientos de miles de firmas individuales, centenares de mociones de ayuntamientos y parlamentos autonómicos, así como pronunciamientos sindicales de CCOO y UGT. A destacar que el 43 Congreso Confederal de UGT y el Congreso de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT aprobaron mociones pro auditoría.

La ofensiva del capital financiero que los ministros Escrivá y Calviño trasladan a la escena política contra las conquistas de la clase obrera va afirmando a los militantes y activistas en la necesidad de organizar la resistencia y hacer aliados.

Tiene un largo recorrido la iniciativa de una concentración ante las Cortes el 16 de octubre en defensa del sistema público de pensiones, por la clarificación y limpieza de las cuentas públicas, por una auditoría para determinar los importes saqueados a las cotizaciones sociales y la necesidad de que se repongan esos recursos a la caja única de la Seguridad Social. Esa acción de los pensionistas plantea la necesaria discusión sobre las formas de ayudar a encontrar una salida política a la lucha por las reivindicaciones.

Reforma de pensions: el Govern cedeix a les pressions del capital financer

Carta Setmanal 843 per descarregar en PDF

Un cop encarrilada la resolució de la pandèmia, segons el Govern, li toca el torn a l’aplicació de les recomanacions acordades per la reforma de les pensions en el Pacte de Toledo.

Les primeres reunions d’aplicació de les reformes van concloure el 28 de juny enmig d’una gran desplegament de propaganda sobre la bondat dels acords assolits pel Govern, la CEOE i la CEPYME i els sindicats CCOO i UGT.

Però el futur d’aquestes reformes no es troba en les deliberacions del Govern i la patronal amb les direccions sindicals. L’èxit de l’aplicació de les recomanacions del Pacte de Toledo dependrà molt que s’aconsegueixi la unitat dels pensionistes amb els treballadors actius i sindicalistes.

El Govern cedeix a les pressions del capital financer a favor de la privatització de serveis públics. L’Estat surt en defensa del sector financer, i precisament un lloc central en els acords del Pacte de Toledo l’ocupa la privatització, introduint els fons privats de pensions en els convenis col·lectius.

La premsa dóna compte de la resistència, destacant que el 29 de maig és la primera vegada que les organitzacions majoritàries de pensionistes convoquen, amb signatura unitària, mobilitzacions a tots els territoris de l’Estat.

Els objectius del capital financer contra els treballadors actius

Minuts abans de la signatura de l’Acord del diàleg social, Escrivà declarava que la generació del baby boom “haurà de triar entre cobrar menys o treballar més”, És a dir, que tot i la propaganda de l’Acord, el Govern està en el bàndol de els que aposten per les retallades.

El ministre llançava així el guió del que en el llarg procés de diàleg social haurà de ser el mecanisme de la mal anomenada equitat intergeneracional, substitut del factor de sostenibilitat.

La generació del baby boom la formen els nascuts des de finals dels anys 50 fins a mitjans dels 70, un total d’onze milions de treballadors ara actius, que començaran a jubilar-se a partir de 2023. Tenen llargues carreres de cotitzacions amb drets adquirits amb altes pensions.

És la generació que ha contribuït amb importants cotitzacions socials al manteniment de les pensions de la generació anterior i han generat forts superàvits a la Seguretat Social. Superàvits que el saqueig sistemàtic va impedir que lluïssin en els comptes de la Seguretat Social i que, com era obligatori, constituïssin reserves per a situacions com les que es presenten ara.

Aquesta discussió es vol amagar ara per facilitar l’aprovació l’acord deixant-la per una suposada segona part del diàleg social, però el ministre la aireja ja. Per salvar les pensions dels treballadors actius actuals sense hipotecar a les generacions futures, és imperativa la devolució de les cotitzacions saquejades.

El Govern no té assegurada la majoria per aprovar l’acord de reforma de les pensions

Les recomanacions del Pacte de Toledo que, amb el consens de la nefasta política del diàleg social havien de permetre al Govern complir els seus acords amb Brussel·les, van ser rebutjats per un nombre significatiu de representants polítics a les Corts. Perquè exigeixen una auditoria dels comptes de la Seguretat Social abans de plantejar reformes que parteixen de bases i dades falses a causa de la desviació de recursos i cotitzacions de la Seguretat Social a altres menesters propis del Ministeri d’Hisenda.

Amb rotunditat Jordi Salvador, diputat d’ERC per Tarragona va dir: “Si es presenta el projecte tal com està, anem a votar que no“. La premsa va recollir el rebuig, que va augmentant dia a dia: “El ‘no’ d’ERC al projecte de llei de pensions, complica la seva aprovació al Congrés” (El Periódico de Catalunya, 2021.07.07). “La reforma de les pensions d’Escrivá suspèn al congrés: la majoria de la investidura no la recolza “. (Públic, 2021.07.07).

El Govern no té garantida avui una majoria suficient per aprovar al Congrés el text de l’acord signat amb les patronals i les direccions d’UGT i CCOO.

La reforma trossejada en fases i terminis d’aplicació

Ha estat aquest govern el que ha impulsat en el Pacte de Toledo les recomanacions necessàries per a una modificació profunda de la Seguretat Social, en el sentit de reduir les pensions de sistema públic de repartiment i preparant l’entrada del capital financer en la gestió de part de les prestacions, a través dels fons privats de pensions. Segons Escrivà l’objectiu és preparar un pla que ha de durar 30 anys.

En l’actualitat la crisi econòmica empeny a la banca, les asseguradores i a tot el capital financer a cercar serveis públics a privatitzar. El Govern subordinant als compromisos amb Brussel·les ha dissenyat un pla en diverses parts. Però, encara que es presenti fragmentat, el pla és únic i el seu fi és canviar el model.

Les mesures del primer paquet, que hauran d’entrar en vigor a primers de 2022 pretenen aparèixer només com correcció de les reformes de Rajoy, per la qual cosa destaca la revaloració per l’IPC i la derogació del factor de sostenibilitat. Però a ell no explicar-se en què consisteix el mecanisme pel qual se li substituirà, sembren incertesa que s’afegeix a la creada pel propi Escrivá al posar el focus sobre els nous pensionistes de la generació baby boom, avui treballadors actius.

Els continguts de l’Acord

– S’aprova la revalorització de les pensions segons l’IPC

– Es deroga el factor de sostenibilitat de les pensions introduït per Rajoy el 2013 a substituir per un “nou mecanisme d’equitat intergeneracional”. Aquest mecanisme es negociarà abans del 14 de novembre en el diàleg social i consisteix en un “conjunt de paràmetres de sistema”, basat en la reforma de pensions del 2011, per aconseguir “de manera equilibrada l’esforç entre generacions”.

– S’incentiva la jubilació demorada amb una exempció de l’obligació de cotitzar per contingències comuns, al temps que s’ofereixen incentius en metàl·lic de fins a 12.000 euros o l’augment de fins al 4% addicional a la pensió.

– Es limita la capacitat dels nous convenis col·lectius per acordar la jubilació forçosa.

– Es manté el gruix de les penalitzacions sobre la jubilació anticipada, desatenent la reivindicació de eliminar-les en casos de treballadors amb llargues carreres contributives.

– Es disposa la creació de l’Agència Estatal de l’Administració de la Seguretat Social, de la qual en sis mesos el Govern presentarà un projecte de llei.

– Es fan precisions, que són exigències dels pensionistes i alguns sindicats, sobre l’aplicació de l’article 109 de la Llei general de Seguretat Social, i, a més, en concret del 109.2 que obliga l’Estat a fer transferències a la Seguretat Social davant l’eventualitat d’insuficiència de les cotitzacions. Però donada la història d’incompliments les garanties són insuficients.

Aquest primer bloc del procés de reforma de les pensions que s’ha iniciat conté mesures, com la revalorització de pensions segons l’IPC, que ja s’aplicaven, així com altres que suposen reconeixement de drets (viduïtat de parelles de fet, cotització de becaris, convenis especials de familiars). Però aquestes mesures no compensen la confirmació que es fa de la reforma de 2011, que va elevar l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys, va endurir la jubilació anticipada, i va anunciar el factor de sostenibilitat. Tampoc compensa el silenci sobre la insuficiència de les pensions mínimes. Per tant, no es pot parlar de llums i ombres, ja que, malgrat alguns gestos de complicitat comparativament menors, el substantiu de l’acord és contrari a les reivindicacions del moviment de pensionistes, que recullen l’interès del conjunt de la classe obrera.

A més, no es precisa el contingut de les grans mesures que s’anuncien, com el “mecanisme d’equitat intergeneracional”, les precisions sobre l’aplicació de l’article 109.2 de la LGSS o la proposta de crear una agència, de manera que es crea incertesa i rebuig.

Se suposa que en el segon bloc dels treballs, a més d’atendre el desenvolupament de les mesures anunciades en la primera fase, s’han d’abordar les grans reformes que necessita el capital financer i decidir el camí que s’ha de prendre per incrementar nous recursos:

– El desenvolupament de la recomanació 15 del Pacte de Toledo sobre la implantació d’un sistema de previsió social complementària amb fons privats de pensions gestionats pels bancs i asseguradores.

– El destope de les bases de cotització

– L’augment del període de còmput per a la determinació de les bases

– I tot un seguit d’ajustos necessaris per complir amb l’obligació que l’Estat assumeixi el fals deute que figura en els comptes de la Seguretat Social i assumeixi l’obligació de fer els ajustos necessaris perquè en els comptes de la Seguretat Social desapareguin dèficits inflats amb obligacions que són de l’Estat.

 La mobilització del 16 d’octubre davant les Corts

Davant l’acceptació generalitzada a les manipulacions comptables dels comptes públics per part dels governs, la proposta d’una auditoria que estableixi la veritat és una proposta positiva i democràtica.

Es tracta d’una iniciativa oberta i unitària en la qual participen pensionistes, treballadors, diputats de vuit organitzacions diferents, sindicalistes i joves. Compten amb centenars de milers de signatures individuals, centenars de mocions d’ajuntaments i parlaments autonòmics, així com pronunciaments sindicals de CCOO i UGT. A destacar que el 43 Congrés Confederal d’UGT i el Congrés de la Unió de Jubilats i Pensionistes d’UGT van aprovar mocions pro auditoria.

L’ofensiva del capital financer que els ministres Escrivà i Calviño traslladen a l’escena política contra les conquestes de la classe obrera va afirmant als militants i activistes en la necessitat d’organitzar la resistència i fer aliats.

Té un llarg recorregut la iniciativa d’una concentració davant les Corts el 16 d’octubre en defensa de sistema públic de pensions, per la clarificació i neteja dels comptes públics, per una auditoria per determinar els imports saquejats a les cotitzacions socials i la necessitat de que es reposin aquests recursos a la caixa única de la Seguretat Social. Aquesta acció dels pensionistes planteja la necessària discussió sobre les formes d’ajudar a trobar una sortida política a la lluita per les reivindicacions.

Sant tornem-hi amb la derogació de la reforma laboral!

Carta Setmanal 825 per descarregar en PDF

La pandèmia ha fet aflorar i ha accelerat la crisi social i econòmica que ja es venia gestant, amb enormes conseqüències. El Banc d’Espanya parla de centenars de milers d’empresa “zombis”, sostingudes només amb els ERTE i els ajuts públics. Més de 800.000 treballadors i treballadores segueixen en ERTO, cobrant, en el millor dels casos, un 75% dels seus salaris anteriors, des de fa més d’un any. En l’Hostaleria i en altres sectors són molts els que cobren molt menys, perquè estaven contractats en una situació d’abús patronal, amb part de la jornada i del salari “en negre”.

És un secret a veus que molts actuals ERTO es convertiran en ERO quant acabi la situació d’emergència. Encara que moltes empreses, sobretot en la indústria i en l’hostaleria, no han esperat a això i estan ja emprenent tancaments i acomiadaments massius. I les “ajudes” europees per a la reestructuració poden intensificar aquests moviments.

En aquesta situació les facilitats per a l’acomiadament barat que donen a les empreses les modificacions de l’Estatut dels Treballadors incloses en les reformes laborals de Zapatero i Rajoy, així com les facilitats per desvinculació del conveni, per negociar convenis d’empresa a la baixa, per externalitzar i subcontractar activitats (amb conveni d’empresa a la baixa) que donen aquestes contrareformes laborals, poden ser letals per a la classe treballadora. Sigue leyendo

A vueltas con la derogación de  la reforma laboral

Carta Semanal 828 en catalán

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La pandemia ha hecho aflorar y ha acelerado la crisis social y económica que ya se venía gestando, con enormes consecuencias. El Banco de España habla de centenares de miles de empresa “zombis”, sostenidas sólo con los ERTE y las ayudas públicas. Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras siguen en ERTE, cobrando, en el mejor de los casos, un 75% de sus salarios anteriores, desde hace más de un año. En la Hostelería y en otros sectores son muchos los que cobran mucho menos, porque estaban contratados en una situación de abuso patronal, con parte de la jornada y del salario “en negro”.

Es un secreto voces que muchos actuales ERTE se van a convertir en ERE en cuanto acabe la situación de emergencia. Aunque muchas empresas, sobre todo en la industria y en la hostelería, no han esperado a eso y están ya emprendiendo cierres y despidos masivos. Y las “ayudas” europeas para la reestructuración pueden intensificar estos movimientos.

En esta situación las facilidades para el despido barato que dan a las empresas las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores incluidas en las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, así como las facilidades para descuelgue del convenio, para negociar convenios de empresa a la baja, para externalizar y subcontratar actividades (con convenio de empresa a la baja) que dan esas contrarreformas laborales, pueden ser letales para la clase trabajadora. Sigue leyendo

En 2021, conquerir les reivindicacions

Carta Setmanal 816 per descarregar en PDF

Per la classe treballadora, 2020 ha estat un any molt difícil. Encara queden centenars de milers de treballadors en ERTO (segons el govern 746.900a 30 de novembre), molts més a l’atur (d’acord a l’última EPA, 3.770.000 en el tercer trimestre d’aquest any) i en gran part sense perspectives de trobar feina. Encara al novembre 661.000 persones, el 79% de l’total, esperen el promès -i repartit amb cicatería- ingrés mínim vital. I ara s’acumulen els ERO, els tancaments d’indústries, els acomiadaments a la banca …

La pandèmia ha mort gairebé 80.000 persones si atenem a l’augment de morts respecte als anys previs, i ha col·locat a la vora del col·lapse a una sanitat ja molt afeblida per les retallades, però serveix també d’excusa per a moltes coses, per aplicar retallades que ja estaven plantejades, com els tancaments de consultes i serveis a la Sanitat, o el tancament d’indústries. I serveix també perquè ens demanin ajornar les reivindicacions pendents des de fa anys, i per ajornar també el compliment de les promeses. O, directament, per actuar en sentit contrari, com en el Pacte de Toledo, les conclusions del qual s’oposen a les reivindicacions. Sigue leyendo

En 2021, conquistar las reivindicaciones

Carta Semanal 816 en catalán

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Para la clase trabajadora, 2020 ha sido un año muy difícil. Aún quedan cientos de miles de trabajadores en ERTE (según el gobierno 746.900 a 30 de noviembre), muchos más en paro (de acuerdo a la última EPA, 3,77 millones en el tercer trimestre de este año) y en gran parte sin perspectivas de encontrar trabajo. Todavía en noviembre 661.000 personas, el 79% del total, esperan el prometido –y repartido con cicatería- ingreso mínimo vital. Y ahora se acumulan los ERE, los cierres de industrias, los despidos  en la banca…

La pandemia ha matado a casi 80.000 personas si atendemos al aumento de muertes respecto a los años previos, y ha colocado al borde del colapso a una sanidad ya muy debilitada por los recortes, pero sirve también de excusa para muchas cosas, para aplicar recortes que ya estaban planteados, como los cierres de consultas y servicios en la Sanidad, o el cierre de industrias. Y sirve también para que nos pidan aplazar las reivindicaciones pendientes desde hace años, y para aplazar también el cumplimiento de las promesas. O, directamente, para actuar en sentido contrario, como en el Pacto de Toledo, cuyas conclusiones se oponen a las reivindicaciones. Sigue leyendo

Davant l’ofensiva de desindustrialització, organitzar la lluita contra els acomiadaments

Carta Setmanal 811 per descarregar en PDF

A l’abril d’aquest any publicàvem una Carta Setmanal amb el títol “Quan passi això canviaran moltes coses”, en què assenyalàvem com la lògica del capitalisme i les normes de la Unió Europea s’oposaven a les promeses de recuperar la indústria i posar fi a les retallades.

Els fets han confirmat el que dèiem llavors. Estem vivint, aprofitant la pandèmia, una onada de desindustrialització, només comparable a la empresa pel govern de Felipe González per preparar l’entrada a la Unió Europea. González i el seu ministre Solchaga, que declarava que era positiu que Espanya es convertís en un país de “serveis” en nom de l’entrada en el MCE (Mercat Comú europeu avui Unió Europea) el 1986. Aquesta nova desindustrialització afecta tots els sectors. Aquesta onadaavui, es desenvolupa en paral·lel al desmantellament dels serveis públics, les “ajudes” per a la seva privatització, i a un nou pla de destrucció d’ocupació a la banca que suposa la pèrdua d’entre 15.000 i 20.000 llocs de treball. Per exemple la suposada ajuda a la sanitat amb fons europeus, que aconsella el FMI s’intenta orientar a la “col·laboració públic-privada”, o sigui, a la sanitat privada. Sigue leyendo

Ante la ofensiva de desindustrialización, organizar la lucha contra los despidos

Carta Semanal 811 en catalán

Carta Semanal 811 para descargar en PDF

En abril de este año publicábamos una Carta Semanal con el título “Cuando pase esto van a cambiar muchas cosas”, en la que señalábamos cómo la lógica del capitalismo y las normas de la Unión Europea se oponían a las promesas de recuperar la industria y poner fin a los recortes.

Los hechos han confirmado lo que decíamos entonces. Estamos viviendo, aprovechando la pandemia, una oleada de desindustrialización, sólo comparable a la emprendida por el gobierno de Felipe González para preparar la entrada en la Unión Europea. González y su ministro Solchaga que declaraba que era positivo que España se convirtiera en un país de “servicios” en nombre de la entrada en el MCE (Mercado Común europeo hoy Unión Europea) en 1986. Esta nueva desindustrialización afecta a todos los sectores. Esta oleada hoy, se desarrolla en paralelo al desmantelamiento de los servicios públicos, las “ayudas” para su privatización, y a un nuevo plan de destrucción de empleo en la banca que supone la pérdida de entre 15.000 y 20.000 empleos. Por ejemplo la supuesta ayuda a la sanidad con fondos europeos ,que aconseja el FMI se intenta orientar a la “colaboración público-privado”, o sea, a la Sanidad privada.

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