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Una reivindicación democrática elemental: SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO A TODOS LOS NIVELES

 

Carta Semanal 866 en catalán

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La religión cristiana surgió como un instrumento de emancipación contra el imperio romano. Después de tres siglos de persecución el emperador Constantino la legaliza y de hecho la transformó en una Religión de Estado en el año 313.

Podemos decir que desde entonces la religión cristiana se transformó en una institución al servicio de las clases dominantes.

En la Europa occidental podemos decir que la propia Iglesia Católica era un poder feudal en si misma al dominar la tercera parte del territorio y tener entre sus privilegios el derecho al diezmo. Es decir, el derecho a cobrar el 10% de las cosechas.

Setecientos años más tarde, cuando la burguesía se desarrolla como clase social en las ciudades y para desarrollarse plenamente necesita acabar con el Antiguo Régimen feudal no tiene otro remedio que tomar medidas contra las iglesias propietarias de tierras y multitud de otras propiedades.

Podemos afirmar que es el surgimiento del estado basado en relaciones capitalistas, como sucede en Francia desde 1785, capitaneado por una burguesía revolucionaria en ascenso lo que está en el origen de lo que conocemos como laicismo, sistema administrativo que propone la completa separación de la Iglesia y el estado basado en el argumento del carácter privado de las creencias religiosas.

Este proceso tendrá sus mayores desarrollos en el occidente europeo, paralelo al más o menos intenso desarrollo de la burguesía y la profundidad de su revolución desmantelando el régimen feudal: el 26 de agosto de 1789 en Francia se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano, que dedica un artículo, el 10, a la libertad religiosa 1.

En 1871, cuando ya la burguesía se enfrenta a otra clase social insurgente, la clase obrera, la Comuna de París en su efímera aunque profunda acción establece que el laicismo es una cuestión de los trabajadores. Ponemos a vuestra disposición el decreto de la Comuna de París que decreta la separación de la Iglesia y el estado 2.

Tras la derrota de la Comuna este decreto será anulado y no será hasta 1905 que se aprobará la ley de Separación de la Iglesia y el estado en Francia 3.

Podemos afirmar con los hechos históricos probados en la mano que también en el terreno del laicismo la burguesía, en su fase imperialista y por tanto ya siendo una clase social (…) reacción en toda la línea (…) buscará alianzas cada vez más estrechas con las Iglesias retrocediendo en todo aquello que como el laicismo nació de sus propias necesidades como clase social.

El estado español y el laicismo

España será y es una unidad económica que en Europa occidental destacará por la extrema integración de la Iglesia y el estado y la brutal opresión y explotación al que someterán al campesino en territorios propios como en las colonias, hasta el punto de que incluso las organizaciones obreras históricas 4 no podían sino reflejar el masivo e intenso odio que grandes sectores del pueblo y sobre todo que los trabajadores organizados ya desde mediado el siglo XIX tenían a terratenientes y obispos por igual.

Durante la guerra civil (cuando la Iglesia declara que la sublevación militar es una “cruzada”), bajo el franquismo, la cooperación entre la dictadura y la Iglesia es estrecha, y la Iglesia domina la enseñanza, obtiene pingües asignaciones y beneficios y apoya al régimen (hasta su última etapa, cuando juega a dos barajas y permite que algunos sectores apoyen a las fuerzas de oposición)

El encarnizamiento de la Iglesia e incluso de los curas de pueblo o barrio en los asesinatos, las tortura, las masacres de los años 1930 y la dictadura, su misoginia brutal contra las mujeres y otras atrocidades han marcado sin ninguna duda el estado de la Monarquía actual y la dependencia mutua entre ambas.

La transición y la Iglesia

Siendo la Iglesia Católica un pilar del franquismo y uno de los grandes privilegiados en cuanto a propiedades y capitales el acuerdo de 1978 entre los dirigentes de las organizaciones obreras reconstruidas en el franquismo y este mismo debía establecer como en todos los ámbitos la continuidad de sus privilegios, y efectivamente así es.

Si el estado franquista había firmado en 1953 el llamado concordato con la Iglesia Católica el 3 de enero de 1979, recién aprobada la Constitución que convertía a la dictadura en democracia este es reformado por medio de los acuerdos entre el Estado y la Iglesia.

Los acuerdos fueron negociados en secreto por el entonces ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez, el católico propagandista Marcelino Oreja, y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean-Marie Villot. Las negociaciones comenzaron antes de que se aprobara la nueva Constitución democrática e incluso de que se acordara la redacción del artículo 16 en el que finalmente se introdujo la frase “libertad religiosa y de culto” y se estable- ciera en el apartado 3:2 que ninguna confesión religiosa tendría carácter estatal.

Los acuerdos fueron firmados en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, sólo cinco días después de que entrara en vigor la nueva Constitución al ser publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Establecen la financiación de la Iglesia por parte del Estado, así como numerosas exenciones de impuestos para los bienes e ingresos de la Iglesia, y la obligación del Estado de que se imparta una asignatura de religión en todos los colegios, con profesores paga- dos por el Estado y designados libremente por los obispos.

Hasta el día de hoy el nacionalcatolicismo que definía esta estructura política y económica no solo no ha sufrido merma alguna a pesar de las docenas de años de gobiernos de izquierdas o progresistas sino que ha visto aumentado tanto sus privilegios como su poder económico. Tan solo hay que ver los datos económicos que con todo de- talle analiza la asociación Europa Laica de los informes de la Conferencia Episcopal Española y que permiten estimar en 11.000 millones de € anuales los que recibe la Iglesia Católica del erario público 5.

Actualidad de la lucha por el laicismo

A pesar de que la colaboración derecha – izquierda (es decir, PSOE, PCE, nacionalismos y regionalismos, PP, etc) ha sido casi absoluta durante todos estos años o quizás por eso resulta hasta complicado aportar los datos que indiquen por ejemplo cuantos son los millones de euros de dinero público que mantienen los innumerables negocios de las Iglesias, sobre todo de la Católica.

Once mil catequistas de religión llamados profesores cobran del presupuesto público en las escuelas públicas mientras al menos un 12,5 % del presupuesto global de la enseñanza se destinaba ya en 2018 a la enseñanza privada y la también privada llamada concertada. Y es solo uno de los aspectos en que el poder y el negocio de la Iglesia se ha visto incrementado muy notoriamente.

Si aplicáramos una lógica formal al análisis de los últimos meses en este campo, ya con Pedro Sánchez en el gobierno o con el gobierno de coalición PSOE-IU-Podemos deberíamos haber visto una contención en este camino, sobre todo cuando los datos estadísticos oficiales 6 dicen que la sociedad se seculariza y que especialmente los jóvenes dejan de ser creyentes.

Es más, las medidas para recortar los privilegios y avanzar en la separación de Iglesia y Estado deberían ser prioritarias ante los constantes ataques de la Iglesia contra los derechos sociales y democráticos de distintos sectores sociales y especialmente las mujeres y los niños.

Lejos de eso asistimos al escándalo de las inmatriculaciones de las que la Plataforma Recuperando 7, la propia Europa Laica y sindicatos como UGT Euskadi, STEE – EILAS, CCOO Euskadi o CGT denuncian:

  • Desde 1946 hasta hoy la Iglesia se ha apropiado, bien directamente por las leyes nacidas de la dictadura o por las aprobadas ya en la transición de más de 100.000 propiedades públicas.
  • De todas ellas el gobierno de coalición solo ha reconocido en un listado de 34.961 inmuebles entre 1998 y 2015 negándose a tomar medidas políticas y legislativas para recuperar el patrimonio esquilmado.

En esta línea de actuación se debe entender la visita para pedir permiso de Carmen Calvo, entonces Vicepresidenta del Gobierno, al Vaticano, con acuerdos nunca explicados públicamente y que nos trasladan al esperpento de la reciente visita de Yolanda Díaz, también Vicepresidenta, al mismo.

Laicismo y república, unidad indisoluble

Hay tantos argumentos para hacer esta afirmación que no caben en decenas de libros que se escribieran, y por mucho que muchos presuntos laicistas y republicanos nos vendan humo intentando desgastar el ansia de libertad y cambio social profundo que sigue creciendo a base de “memorialismo”, “interreligiosidad” y otros palabros parecidos los militantes de la Cuarta Internacional os invitamos a defender juntos la reivindicación de un sistema administrativo que separe la Iglesia y el Estado, que separe a la escuela de la Iglesia, bandera que como otras tantas cuestiones democráticas solo interesa a los trabajadores y los pueblos que abrazan la lucha por su emancipación.


6 En los 43 años que el CIS lleva haciendo esta pregunta el porcentaje de personas que se definen como católicas ha bajado desde el 90,5% en mayo de 1978 hasta el 55,4% en octubre de 2021, la cifra más baja de la historia. En cambio, el número de personas que se declaran no creyentes (ateos, agnósticos, indiferentes, etc.) se ha multiplicado por cinco: de un 7,6% a un 39,9%. Barómetro del CIS de octubre 2021.

7 https://www.recuperando.es/

Una reivindicació democràtica elemental: SEPARACIÓ DE L’ESGLÉSIA I DE L’ESTAT A TOTS ELS NIVELLS

 

Carta Setmanal 866 per descarregar en PDF

La religió cristiana va sorgir com a instrument d’emancipació contra l’imperi romà. Després de tres segles de persecució, l’emperador Constantí la legalitzà i de fet la va transformar en una Religió d’Estat l’any 313.

Podem dir que des de llavors la religió cristiana es va transformar en una institució al servei de les classes dominants.

A l’Europa occidental podem dir que la mateixa Església Catòlica era un poder feudal en ella mateixa en dominar la tercera part del territori i tenir entre els seus privilegis el dret al delme. És a dir, el dret a cobrar el 10% de les collites.

Set-cents anys més tard, quan la burgesia es desenvolupa com a classe social a les ciutats i per desenvoluparse plenament necessita acabar amb l’Antic Règim feudal no té cap altre remei que prendre mesures contra les esglésies propietàries de terres i multitud d’altres propietats.

Podem afirmar que és el sorgiment de l’estat basat en relacions capitalistes, com passa a França des de 1785, capitanejat per una burgesia revolucionària en ascens allò que està a l’origen del que coneixem com a laïcisme, sistema administratiu que proposa la completa separació de l’Església i l’estat basat en l’argument del caràcter privat de les creences religioses.

Aquest procés tindrà els seus desenvolupaments més grans a l’occident europeu, paral·lel al més o menys intens desenvolupament de la burgesia i la profunditat de la seva revolució desmantellant el règim feu- dal: el 26 d’agost de 1789 a França es proclama la Declaració dels Drets de l’Home i el ciutadà, que dedica un article, el 10, a la llibertat religiosa 1.

El 1871, quan la burgesia ja s’enfronta a una altra classe social insurgent, la classe obrera, la Comuna de París en la seva efíme- ra encara que profunda acció estableix que el laïcisme és una qüestió dels treballadors. Posem a la vostra disposició el decret de la Comuna de París que decreta la separació de l’Església i l’estat 2.

Després de la derrota de la Comuna aquest decret serà anul·lat i no serà fins al 1905 que s’aprovarà la llei de Separació de l’Església i l’estat a França 3.

Podem afirmar amb els fets històrics provats a la mà que també en el terreny del laïcisme la burgesia, en la seva fase imperialista i per tant ja sent una classe social (…) reacció en tota la línia (…) buscarà aliances cada cop més estretes amb les Esglésies retrocedint en tot allò que com el laïcisme va néixer de les seves pròpies necessitats com a classe social.

L’estat espanyol i el laïcisme

Espanya serà i és una unitat econòmica que a Europa occidental destacarà per l’extrema integració de l’Església i l’estat i la brutal opressió i explotació a què sotmetran el pagès en territoris propis com a les colònies, fins al punt que fins i tot les organitzacions obreres històriques 4 no podien sinó reflectir el massiu i intens odi que grans sectors del poble i sobretot que els treballadors organit- zats ja des de mitjan el segle XIX tenien terratinents i bisbes per igual.

Durant la guerra civil (quan l’Església declara que la revolta militar és una “creuada”), sota el franquisme, la cooperació entre la dictadura i l’Església és estreta, i l’Església domina l’ensenyament, obté assignacions i beneficis pingües i dóna suport al règim (fins a la seva última etapa, quan juga a dues baralles i permet que alguns sectors donin suport a les forces d’oposició)

L’acarnissament de l’Església i fins i tot dels capellans de poble o barri als assassinats, les tortura, les matances dels anys 1930 i la dictadura, la seva misogínia brutal contra les dones i altres atrocitats han marcat sens dubte l’estat de la Monarquia actual i la dependència mútua entre totes dues.

La transició i l’Església

L’Església Catòlica és un pilar del franquisme i un dels grans privilegiats quant a propietats i capitals l’acord de 1978 entre els dirigents de les organitzacions obreres reconstruïdes en el franquisme i aquest mateix havia d’establir com en tots els àmbits la continuïtat dels seus privilegis. , i efectivament així és.

Si l’estat franquista havia signat el 1953 l’anomenat concordat amb l’Església Catòlica el 3 de gener de 1979, aprovada recentment la Constitució que convertia a la dictadura en democràcia aquest és reformat per mitjà dels acords entre l’Estat i l’Església.

Els acords van ser negociats en secret pel llavors ministre d’Afers Exteriors del govern d’Adolfo Suárez, el catòlic propagandista Marcelino Oreja, i el secretari d’Estat de la Santa Seu, cardenal Jean-Marie Villot. Les negociacions van començar abans que s’aprovés la nova Constitució democràtica i fins i tot que s’acordés la redacció de l’article 16 on finalment es va introduir la frase “llibertat religiosa i de culte” i s’estableix a l’apartat 3:2 que cap confessió religiosa tindria caràcter estatal.

Els acords van ser signats a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979, només cinc dies després que entrés en vigor la nova Constitució en ser publicada al BOE el 29 de desembre del 1978.Estableixen el finançament de l’Església per part de l’Estat, així com nombroses exempcions d’impostos per als béns i els ingressos de l’Església, i l’obligació de l’Estat que s’imparteixi una assignatura de religió a tots els col·legis, amb professors pagats per l’Estat i designats lliurement pels bisbes.

Fins al dia d’avui el nacionalcatolicisme que definia aquesta estructura política i econòmica no només no ha patit cap minva malgrat les dotzenes d’anys de governs d’esquerres o progressistes sinó que ha vist augmentat tant els seus privilegis com el seu poder econòmic. Només cal veure les dades econòmiques que amb tot detall analitza l’associació Europa Laica dels informes de la Conferència Episcopal Espanyola i que permeten estimar en 11.000 milions d’euros anuals les que rep l’Església Catòlica de l’erari públic 5.

Actualitat de la lluita pel laïcisme

Tot i que la col·laboració dreta-esquerra (és a dir, PSOE, PCE, nacionalismes i regionalismes, PP, etc) ha estat gairebé absoluta durant tots aquests anys o potser per això resulta fins i tot complicat aportar les dades que indiquin per exemple quants són els milions d’euros de diners públics que mantenen els innombrables negocis de les Esglésies, sobretot de la Catòlica.

Onze mil catequistes de religió anomenats professors cobren del pressupost públic a les escoles públiques mentre que almenys un 12,5 % del pressupost global de l’ensenyament es destinava ja el 2018 a l’ensenyament privat i el també privat anomenat concertat. I només és un dels aspectes en què el poder i el negoci de l’Església s’ha vist incrementat molt notòriament.

Si apliquéssim una lògica formal a l’anàlisi dels últims mesos en aquest camp, ja amb Pedro Sánchez al govern o amb el govern de coalició PSOE-IU-Podem hauríem d’haver vist una contenció en aquest camí, sobretot quan les dades estadístiques oficials 6 diuen que la societat se secularitza i que especialment els joves deixen de ser creients.

És més, les mesures per retallar els privilegis i avançar en la separació d’Església i Estat haurien de ser prioritàries davant dels atacs constants de l’Església contra els drets socials i democràtics de diferents sectors socials i especialment les dones i els nens.

Lluny d’això assistim a l’escàndol de les immatriculacions de què la Plataforma Recuperant 7 , la mateixa Europa Laica i sindicats com UGT Euskadi, STEE – EILAS, CCOO Euskadi o CGT denuncien:

– Des del 1946 fins avui l’Església s’ha apropiat, directament per les lleis nascudes de la dictadura o per les aprovades ja en la transició de més de 100.000 propietats públiques.

– De totes elles el govern de coalició només ha reconegut en un llistat de 34.961 immobles entre el 1998 i el 2015 negantse a prendre mesures polítiques i legislatives per recuperar el patrimoni esquilmat.

En aquesta línia d’actuació cal entendre la visita per demanar permís de Carmen Calvo, aleshores Vicepresidenta del Govern, al Vaticà, amb acords mai explicats públicament i que ens traslladen a l’esperpent de la recent visita de Yolanda Díaz, també Vicepresidenta, al mateix.

Laïcisme i república, unitat indissoluble

Hi ha tants arguments per fer aquesta afirmació que no caben en desenes de llibres que s’escriguessin, i per més que molts presumptes laïcistes i republicans ens venguin fum intentant desgastar l’ànsia de llibertat i canvi social profund que segueix creixent a força de “memorialisme”, inte- rreligiositat i altres paraules semblants els militants de la Quarta Internacional us con- videm a defensar junts la reivindicació d’un sistema administratiu que separi l’Església i el Estat, que separi l’escola de l’Església, bandera que com d’altres qüestions democràtiques només interessa als treballadors i els pobles que abracen la lluita per la seva emancipació.

(1) https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_de_l’home_i_del_ciutadà
(2) http://www.eglise-etat.org/Commune.jpg
(3) https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#loi
(4) https://laicisme.org/pablo-iglesias-en-el-mitin-anticlerical-del-fronton-central-1901/177997
(5) https://www.europapress.es/sociedad/noticia-europa-laica-calcula-iglesia-recibe-11000-millones-estado-20150424143414.html
(6) En els 43 anys que el CIS fa aquesta pregunta el percentatge de persones que es defineixen com a catòliques ha baixat des del 90,5% al maig de 1978 fins al 55,4% en octubre de 2021, la xifra més baixa de la història. En canvi, el nombre de persones que es declaren no creients (ateus, agnòstics, indiferents, etc.) s’han multiplicat per cinc: del 7,6% al 39,9%. Baròmetre del CIS d’octubre del 2021
(7) https://www.recuperando.es/

– Declaració XXIV Congrés – A tot el moviment obrer, a la joventut, a totes i tots els partidaris de la democràcia,

Carta Setmanal 855 per descarregar en PDF

El congrés de la secció de la IV Internacional a Espanya s’ha celebrat en un moment extremadament difícil per als treballadors i els pobles. Tothom ha pogut comprovar-ho: enmig de la incapacitat de tots els governs per protegir la salut de la població, la pandèmia ha estat utilitzada per retallar drets i com a excusa per no derogar la llei mordassa i altres lleis antiobreres.

La situació de tants treballadors i treballadores privats de treball, d’atenció sanitària resumeix la situació de desemparament que amenaça la majoria de la població, sobretot dones, joves i emigrants.

La crisi del capitalisme, amplificada per la crisi pandèmica, troba avui un desenvolupament en l’agonia imperialista, l’últim episodi -la sortida de Afganistan- és l’expressió de l’atzucac en què es troba l’imperialisme dominant, producte de la descomposició del mercat mundial. Arrossegant després de si a tots els imperialismes secundaris, a llançar tots ells una agressió després d’una altra contra els treballadors.

La crisi de sistema de la propietat privada dels mitjans de producció és patent. Es revela per exemple en el fracàs històric del principal partit de la burgesia alemanya, la CDU de Merkel, en les darreres eleccions, i en l’aïllament total de Macron a França contestat cada setmana per centenars de milers als carrers, obre una època d’inestabilitat més acusada a tot l’edifici anomenat Unió Europea i de tots els governs que la componen, que es basa en la destrucció dels èxits històrics del moviment obrer, de l’ofensiva contra els drets democràtics i de l’especulació. És un terratrèmol. Les bases mateixes de la civilització, de milions i milions de famílies estan en perill. Només a la indústria de l’automòbil, i amb el pretext de l’anomenada «economia verda», els grans grups capitalistes volen acomiadar 4 milions de treballadors dels 12 milions que treballen en aquest sector. Mai, després de la Segona Guerra Mundial, el destí dels treballadors i dels pobles han estat tan lligats a Europa, bressol del capitalisme.

A Espanya, el règim de la Monarquia, que forma part del dispositiu mundial de l’imperialisme, es veu cada dia més qüestionat entre amplis sectors de treballadors i joves, embolicat en la corruptela de l’emèrit i atrinxerat després dels capitalistes, els jutges i l’aparell d’Estat franquista, per barrar el pas a una sortida democràtica.

El govern PSOE-UP, abandonant promeses electorals i posicionant-se al servei del capital financer i preservant els privilegis de la Monarquia heretada del franquisme, manté les reformes laborals, i de pensions, la llei mordassa … mentre es destrueixen milers de llocs de treball , es desertitzen zones senceres, i els serveis públics essencials com la sanitat i l’ensenyament continuen deteriorant com a conseqüència d’anys de retallades no revertits.

Els milers de milions dels enverinats fons europeus, en lloc de defensar i desenvolupar la indústria com prometien, serveixen per accelerar la destrucció industrial. A més de la condicionalitat amb que s’imposen i les seves conseqüències futures de la seva part computada com a deute. Un exemple incontestable: el frau del cotxe elèctric liquidaria l’única gran indústria de país. La destrucció del sistema públic de sanitat s’agreuja dia rere dia, i els únics beneficiaris són les multinacionals.

Per a la immensa majoria és una situació insuportable. Més encara quan es combina amb la campanya franquista d’enfrontament dels pobles, i els estralls repressius dels centenars de represaliats catalans i de tot l’Estat. No cal que el conjunt dels treballadors, les seves organitzacions i col·lectius diguin a una «Ja n’hi ha prou»? Organitzem-nos per lluitar per aquesta unitat per aturar la liquidació de drets, per defensar la llibertat dels treballadors i dels pobles, per evitar el que se’ns ve a sobre. La secció de la IV Internacional, convençuda de la urgència d’unir en un mateix combat polític totes les resistències a l’ofensiva liquidadora, ha decidit bolcar totes les seves forces en promoure l’acció del Comitè per l’Aliança de Treballadors i Pobles. Proposem als companys i companyes de diverses lluites, de diferents àmbits i pensaments, compartir la lluita del CATP.

Quan es compleixen quatre anys del major desafiament de masses al règim monàrquic expressat en la mobilització massiva de l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya, i després a la massiva protesta contra les sentències, quan creix com mai fins ara el sentiment republicà, és a dir, la consciència que la continuïtat del Borbó és un obstacle per a qualsevol solució democràtica, el congrés de la secció espanyola de la IV Internacional fa una crida a tots els treballadors, organitzacions, col·lectius, etc., a unir forces, a lluitar per la República del poble i per als pobles.

Tribunals i poder judicial franquista

Carta Setmanal 845 per descarregar en PDF

En les últimes setmanes, diverses resolucions d’òrgans judicials i similars s’han destacat en la vida política del país. Citem, sense anar més lluny, l’informe de Tribunal Suprem contra els indults, l’informe del Consell General de Poder Judicial a favor de la Fundació Franco, i més recentment la sentència (il·legal segons juristes) del Tribunal Constitucional sobre l’estat d’alarma i les resolucions del Tribunal de Comptes pel que fa als republicans catalans.

En el cas de l’estat d’alarma, el TC ha dictaminat que el confinament imposat al març de 2020 en relació amb la pandèmia era inconstitucional, i que es va haver de recórrer a l’estat d’excepció. Una decisió més que rellevant, perquè d´haver-ho fet hagués permès gravíssimes restriccions de llibertats i drets, encara més greus que les sofertes, incloent la lliure utilització de l’exèrcit. El que pot passar si s’aplica aquesta doctrina a futurs episodis pandèmics. No han faltat els qui han vist en aquesta sentència, més que una qüestió de doctrina constitucional, la voluntat dels jutges del TC d’atacar el govern de coalició de PSOE i Unides Podem ratllant d’inconstitucional, il·legítima la seva actuació. I assenyalen, amb raó, la incongruència d’haver admès un recurs d’inconstitucionalitat de Vox, que havia aprovat amb el seu vot el mateix estat d’alarma que va impugnar davant del TC.

Pel que fa al Tribunal de Comptes, la persecució d’aquest òrgan als dirigents republicans catalans, que l’ha portat a exigir-los responsabilitats econòmiques milionàries -que poden dur a l’embargament de tots els seus béns i a la ruïna econòmica- forma part de l’ofensiva de l’aparell de estat, des de les càrregues policials contra el referèndum d’l’1 d’octubre de 2017 i la persecució judicial desfermada després del discurs del Borbó el 3 d’octubre, que va donar lloc a les condemnes per sedició dels principals dirigents republicans catalans, i que continua encara. L’actuació del Tribunal de Comptes referma just després dels indults dictats pel govern, com si busquessin contrarestar amb una nova mitjana repressiva la recerca de distensió que suposen els indults.

En tot cas, aquestes diferents mesures posen de manifest el poder desmesurat d’un aparell judicial controlat per una xarxa organitzada de franquistes, l’APM i l’AF (és el mateix poder judicial del franquisme, que no va patir depuració alguna durant l’anomenada Transició), i que està protegit des del Consell General de Poder Judicial controlat pels designats majoritàriament pel PP.

La regla dels tres cinquens

Tots dos organismes, TC i T de C, com succeeix amb el Consell general del Poder Judicial, depenen de la necessitat de la seva renovació en Corts per una majoria de tres cinquens. Per tant, d’un necessari acord de PP i el PSOE.

Els organismes que en depenen l’acord del PSOE i el PP per renovar-los s’han succeït en primer terme de la vida política en els últims mesos, per correspondre intervenir en assumptes importants, i ho han fet i en definitiva, tot passa “normalment”.

Cal recordar que, encara que alguns ho semblin, aquests organismes no són tribunals de justícia, compostos per jutges i magistrats, que es cobreixen per la designació del CGPJ i les instàncies judicials. El Consell General del Poder Judicial és un òrgan de govern. El Tribunal de Comptes és un organisme de control dels comptes públics. El Tribunal Constitucional és l’intèrpret de la Constitució i només sotmès. Se sol afegir el Defensor del Poble, la Junta Electoral Central (de les seves resolucions deriva en definitiva la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra) i el Consell de Radiotelevisió, entre d’altres. Tots ells són organismes elegits per una majoria qualificada de les Corts. Una majoria de tres cinquens, com hem assenyalat abans.

Aquests organismes permeten que l’estat segueixi funcionant. Que hi hagi jutges, que hi hagi un control econòmic, que es tanquin les disputes entre les altes instàncies de l’Estat … Les tres cinquenes parts són una de les claus del funcionament de l’Estat.

Això concentra el caràcter de la constitució del 78 de defensa de les institucions heretades.

En teoria, tots ells depenen per a la seva composició i renovació d’acords a les Corts. Però passa una i altra vegada el mateix: Quan té majoria el PP, cobreix les vacants segons l’orientació franquista. Quan té majoria el PSOE, no es cobreixen les vacants, fins que hi hagi un altre govern del PP. El que garanteix majories eternes dels jutges aferrats als franquistes. El paper dels vocals designats per Convergència i PNB no sol comptar.

Caldria afegir una altra perversitat del mètode. El PP, fins i tot quan permet la renovació, no accepta a qualsevol jurista proposat pel PSOE. Recordem, per exemple, que quan el TC va dictar la sentència que va derogar l’Estatut de Catalunya aprovat per les Corts, el Parlament de Catalunya i pel poble català en referèndum, ho va fer després d’haver apartat irregularment a un vocal i amb el vot favorable d’un magistrat nomenat a iniciativa del PSOE, i el mateix s’ha repetit ara amb el vot de la Sra Encarna Roca a favor de la inconstitucionalitat de l’estat d’alarma i la no renovació d’un altre. Vol dir que al menys en alguns casos el PSOE tria els seus candidats perquè siguin acceptables per al PP.

El resultat és que aquests òrgans “constitucionals” de l’Estat està previst que funcionin segons els dictats franquistes, i el que en els fets està descartat és que funcionin amb una altra política.

Com succeeix amb moltes altres disposicions constitucionals, les tres cinquenes parts deixen el país pres de la decisió de l’aparell d’Estat i de les organitzacions franquistes.

La disciplina d’aquests òrgans constitucionals encaixa perfectament amb els criteris que regeixen a les institucions no escollides pels ciutadans, com són la judicatura, les forces armades, o la Corona. Una part de l’Estat ve de la dictadura, sense depuració si més no, i la part suposadament triada funciona de tal manera que sempre han de guanyar els franquistes. Tinguem present que militars, jutges i en particular el monarca són molt donats a sobreposar-se a les atribucions del  Govern i de la majoria de les Corts.

Tot amb la complicitat de la Unió Europea

Ha de seguir tot això sent així? El govern Sánchez-Iglesias va ser el primer a qüestionar-ho. Va fer un projecte de llei perquè l’acord del PP no pugui bloquejar els nomenaments en òrgans constitucionals. Però va intervenir la Comissió Europea, entitat que no és triada pels ciutadans, ni directament ni indirectament i va amenaçar amb sancionar econòmicament a Espanya si l’atreviment de Sánchez persistia.

Per tant, no és just dir que estem lligats per l’herència plasmada en les tres cinquenes parts constitucionals, sinó que cal afegir que això és així perquè l’antidemocràtica UE ho imposa, amb ple coneixement de causa: la UE dóna suport, sens dubte, la continuïtat del poder franquista.

La qual cosa ens porta a la qüestió de les qüestions. És reformable aquest règim? Poden utilitzar les seves institucions en benefici de la majoria treballadora de país? Qui pensi que sí que ho expliqui. Perquè l’experiència acumulada des de 1978 demostra que tant el règim com les seves institucions són formidables obstacles per al progrés de la classe treballadora, per a la satisfacció de les reivindicacions obreres i els drets dels diferents pobles de l’Estat.

En democràcia, cap institució pot escapar a la voluntat i sobirania popular. Per tant, l’exigència d’elecció dels jutges pel poble és un imperatiu.

L’única sortida, si es vol democràcia i drets, és acabar amb aquest règim i substituir-lo per la República.

Tribunales y poder judicial franquista

Carta Semanal 845 en catalán

Carta Semanal 845 para descargar en PDF

En las últimas semanas, varias resoluciones de órganos judiciales y similares se han destacado en la vida política del país. Citemos, sin ir más lejos, el informe de Tribunal Supremo contra los indultos, el informe del Consejo General del Poder Judicial a favor de la Fundación Franco, y más recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma (ilegal según algunos juristas) y las resoluciones del Tribunal de Cuentas respecto a los republicanos catalanes.

En el caso del estado de alarma, el TC ha dictaminado que el confinamiento impuesto en marzo de 2020 en relación con la pandemia era inconstitucional, y que debió recurrirse al estado de excepción. Una decisión más que relevante, porque haberlo hecho hubiera permitido gravísimas restricciones de libertades y derechos, aún más graves que los sufridos, incluyendo la libre utilización del ejército. Lo que puede suceder si se aplica esa doctrina a futuros episodios pandémicos. No han faltado quienes hayan visto en esta sentencia, más que una cuestión de doctrina constitucional, la voluntad de los jueces del TC de atacar al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tachando de inconstitucional e ilegítima su actuación. Y señalan, con razón, la incongruencia de haber admitido un recurso de inconstitucionalidad de Vox, que había aprobado con su voto el mismo estado de alarma que impugnó ante el TC.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, la persecución de este órgano a los dirigentes republicanos catalanes, que le ha llevado a exigirles responsabilidades económicas millonarias -que pueden llevar al embargo de todos sus bienes y a la ruina económica- forma parte de la ofensiva del aparato de Estado, desde las cargas policiales contra el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la persecución judicial desatada tras el discurso del Borbón el 3 de octubre, que dio lugar a las condenas por sedición de los principales dirigentes republicanos catalanes, y que continúa aún. La actuación del Tribunal de Cuentas arrecia justo después de los indultos dictados por el gobierno, como si buscaran contrarrestar con una nueva media represiva la búsqueda de distención que suponen los indultos.

En todo caso, estas distintas medidas ponen de manifiesto el poder desmesurado de un aparato judicial controlado por una red organizada de franquistas, la APM y la AF (es el mismo poder judicial del franquismo, que no sufrió depuración alguna durante la llamada Transición), y que está protegido desde el Consejo General del Poder Judicial controlado por los designados mayoritariamente por el PP. Sigue leyendo

Els drets nacionals requereixen el combat de treballadors i pobles per la República

(Publicat a la Carta Setmanal 793-cat.pdf – veure en castellà)

1. La decisió dels jutges –a instàncies de la Fiscalia– d’anul·lar l’aplicació dels beneficis penitenciaris als republicans catalans no és un acte innocu. En política, rares vegades les coses es donen per casualitat. I que es doni en les circumstàncies actuals té una lectura precisa: hi ha parts importants de l’aparell d’Estat que no volen ni sentir parlar de taules de diàleg –encara que aquestes siguin purament formals– i estan disposades a dinamitar qualsevol possibilitat de sortida política a la qüestió catalana.

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