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Libertad para los republicanos catalanes. Basta de persecución judicial

Comunicado del Comité Ejecutivo del POSI – sábado, 3 de noviembre de 2018

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Como una bomba ha caído hoy viernes  el acta de acusación contra los dirigentes catalanes, que han hecho pública tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

Basadas en las conclusiones provisionales del Tribunal Supremo, las peticiones de cárcel superan unos 200 años, 25 solo para Oriol Junqueras, dirigente de ERC.

Aunque la abogacía del Estado ha recalificado la acusación, pasando de rebeldía a sedición, su petición de pena no baja de 13 años para Oriol Junqueras.

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La “independencia” judicial, el proceso a los republicanos catalanes y la cuestión de las hipotecas

(Publicado en la Carta Semanal 702ver en catalán)

Ha sucedido a la vista de todos. El pasado día 18, la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo decide que deben ser los bancos –y no los clientes– quienes paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de la constitución de una hipoteca. Se basa para ello el tribunal en un criterio lógico: como es el banco el que obtiene beneficios de la hipoteca, debe ser él quien pague el impuesto, por lo tanto ese artículo del reglamento era contrario a la ley. De inmediato, la Banca da la alarma, se queja de que iban a perder más de 7.000 millones. La Bolsa reacciona: los especuladores, que piensan que eso va suponer pérdida de beneficios de los bancos, hacen que el valor de éstos se desplome. La alarma crece y, de inmediato, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis Díez-Picazo, ante la supuesta “enorme repercusión económica y social”, decide paralizar la aplicación de la sentencia y que sea el pleno de la Sala, que se reunirá el 5 de noviembre, quien decida sobre el caso.

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Un aparato judicial contra la democracia

(Publicado en la Carta Semanal 661)

El 12 de enero, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde ha dictado un auto por el cual deniega a Oriol Junqueras y otros diputados electos del Parlament de Cataluña su derecho a salir de la cárcel para intervenir en los plenos del parlamento para el que han sido elegidos por casi dos millones de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, y les permite -como mucho- ejercer su voto por delegación, pero no intervenir ni participar en los debates parlamentarios. Para ello, el juez se apoya en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Constatemos, por el momento que la “lucha contra el terrorismo” (con la coletilla, añadida a los terroristas, de los “rebeldes”) sirve una vez más para recortar los derechos democráticos.

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El aparato de Estado continúa su ofensiva

(Publicado en la Carta Semanal 657)

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha abierto la caja de los truenos al manifestar su intención de defender –como una medida destinada, en su opinión, a reconducir el conflicto catalán por vías políticas– el indulto para los miembros del Govern catalán y para los demás perseguidos por la organización del referéndum del 1 de octubre y de las distintas movilizaciones independentistas. De inmediato el PP, Ciudadanos, etc., y el conjunto de medios de comunicación defensores del Régimen, se han lanzado a la yugular de Iceta, mientras Pedro Sánchez mantiene el silencio sobre la propuesta de su dirigente catalán.

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Una vez más, la cuestión catalana

(Publicado en la Carta Semanal 620)

La cuestión catalana sigue mas que nunca de actualidad, a la luz de los últimos acontecimientos.

Acaban de hacerse públicas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo contra dirigentes catalanes. El TSJA ha condenado a penas de inhabilitación al ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la ex-consejera de Enseñanza por un delito de desobediencia en relación con la convocatoria del consulta del 9-N. Poco después, el Supremo inhabilitaba por el mismo supuesto delito al diputado Francesc Homs, una sentencia que supondrá que, por primera vez, un diputado es expulsado de su escaño por un delito de naturaleza política.

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La justicia franquista no es ciega

(Publicado en la Carta Semanal 616)

La sentencia del caso Nóos y su posterior aplicación por la Audiencia de Palma de Mallorca han despertado una ola de indignación en todo el país. No es para menos. Los principales acusados han sido absueltos o han recibido condenas muy inferiores a las que pedía el fiscal. Y para colmo, en una decisión inaudita, podrán seguir en libertad mientras se estudian sus recursos. Incluso se les permite salir del país y moverse libremente.

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La legalidad constitucional, contra los derechos democráticos y sociales

(Publicado en la Carta Semanal 487)

Carta-487En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional toma un desdichado protagonismo.

El 15 de julio, las ejecutivas confederales de CCOO y de UGT tuvieron que denunciar que ese “tribunal” nos retrotrae a la época franquista de las relaciones laborales pisoteando los criterios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Ahora, todos los grandes medios de comunicación, siguiendo al gobierno Rajoy, hacen campaña para sostener una futura sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que debería prohibir la consulta a los ciudadanos decidida por los representantes elegidos del pueblo catalán. Cifran en esa prevista intervención del TC la legalidad y la democracia, exigiendo los peores castigos para el pueblo de Cataluña y sus representantes si no se sometiesen al veredicto del TC.

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