Archivo de la etiqueta: Tribunal Supremo

Tras la sentencia del Tribunal Supremo ¡Libertad para los republicanos catalanes!

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI del 14 de octubre de 2019

(ver en catalán)

Con la confirmación de lo que muchos se temían, ha acabado el juicio político contra los republicanos catalanes con la publicación de la sentencia. Los jueces del Tribunal Supremo han ejecutado el mandato del Rey, explicitado en el discurso del 3 de octubre de 2017. Entre 13 y 9 años de prisión para cada uno de los procesados que se encontraban en prisión, y condenas similares de inhabilitación, para un total de casi 100 años. Penas que llevan añadida la inhabilitación que les expulsa de los parlamentos para los que habían sido elegidos y les impide ser candidatos en futuras elecciones.  Y ello a pesar de que el mismo Tribunal Supremo reconoce que no hubo violencia y que incluso los condenados no llevaron a efecto la ruptura institucional porque solo pretendían presionar para negociar. Una constatación que sin embargo no ha servido para disminuir las penas y que constituye un escándalo antidemocrático.

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Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 9 de septiembre de 2019

(Publicado en la Carta Semanal 746ver en catalán)

Libertad para los presos republicanos catalanes

Abolición de la Ley Mordaza y del artículo 315.3 del Código Penal

Este 11 de septiembre se celebra bajo el signo de la amenaza que representa la sentencia del juicio a los republicanos catalanes. Con toda probabilidad, y visto como se han desarrollado las sesiones, el Tribunal que los juzga va a retorcer los hechos para infligir un castigo ejemplar. Más allá de si lo consideran rebelión o de otro modo, independientemente de cómo lo vistan para la propaganda interna o en Europa, será una sentencia en contra de los hechos evidenciados, una nueva agresión.

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El aparato judicial, otro puntal de la Monarquía que se tambalea

(Publicado en la Carta Semanal 744ver en catalán)

Los medios difunden que el juez Marchena tiene apoyos garantizados para repetir como presidente de la Sala Penal del Supremo. Antes, eso no era noticia, pero esta vez sí. Porque el aparato judicial ha aparecido en la última época como relevante en la política española (normalmente, para mal), y porque el tal Marchena ha aparecido en las televisiones todos los días durante cuatro meses de vista oral del juicio contra los republicanos catalanes, recibiendo los cínicos elogios de todos los medios de comunicación.

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Con el Poder judicial hemos topado

(Publicado en la Carta Semanal 733ver en catalán)

Mientras en la sala IV del Tribunal Supremo, bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena, continúa el juicio contra los republicanos catalanes, en la sala III del mismo tribunal, un auto paralizaba cautelarmente la salida de los restos del dictador Franco de la basílica del Valle de los Caídos, que estaba prevista para el 10 de junio. Merece la pena, a la luz de ambos procesos, reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder judicial y, con él, del aparato de Estado del que forma parte.

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Las elecciones y la crisis del Régimen

(Publicado en la Carta Semanal 722ver en catalán)

Los próximos meses van a estar marcados por los distintos procesos electorales que prácticamente se encadenan. Unos comicios controlados por el poder judicial heredado del franquismo, como demuestran las últimas actuaciones de la Junta Electoral Central (de cuyos 14 miembros, 8 son magistrados del Tribunal Supremo). La paradoja de dejar el gobierno de unas elecciones democráticas a un poder judicial franquista es una muestra más de los equilibrios establecidos en la llamada “Transición”.

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Libertad para los republicanos catalanes. Basta de persecución judicial

Comunicado del Comité Ejecutivo del POSI – sábado, 3 de noviembre de 2018

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Como una bomba ha caído hoy viernes  el acta de acusación contra los dirigentes catalanes, que han hecho pública tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

Basadas en las conclusiones provisionales del Tribunal Supremo, las peticiones de cárcel superan unos 200 años, 25 solo para Oriol Junqueras, dirigente de ERC.

Aunque la abogacía del Estado ha recalificado la acusación, pasando de rebeldía a sedición, su petición de pena no baja de 13 años para Oriol Junqueras.

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La “independencia” judicial, el proceso a los republicanos catalanes y la cuestión de las hipotecas

(Publicado en la Carta Semanal 702ver en catalán)

Ha sucedido a la vista de todos. El pasado día 18, la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo decide que deben ser los bancos –y no los clientes– quienes paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de la constitución de una hipoteca. Se basa para ello el tribunal en un criterio lógico: como es el banco el que obtiene beneficios de la hipoteca, debe ser él quien pague el impuesto, por lo tanto ese artículo del reglamento era contrario a la ley. De inmediato, la Banca da la alarma, se queja de que iban a perder más de 7.000 millones. La Bolsa reacciona: los especuladores, que piensan que eso va suponer pérdida de beneficios de los bancos, hacen que el valor de éstos se desplome. La alarma crece y, de inmediato, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis Díez-Picazo, ante la supuesta “enorme repercusión económica y social”, decide paralizar la aplicación de la sentencia y que sea el pleno de la Sala, que se reunirá el 5 de noviembre, quien decida sobre el caso.

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Un aparato judicial contra la democracia

(Publicado en la Carta Semanal 661)

El 12 de enero, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde ha dictado un auto por el cual deniega a Oriol Junqueras y otros diputados electos del Parlament de Cataluña su derecho a salir de la cárcel para intervenir en los plenos del parlamento para el que han sido elegidos por casi dos millones de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, y les permite -como mucho- ejercer su voto por delegación, pero no intervenir ni participar en los debates parlamentarios. Para ello, el juez se apoya en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Constatemos, por el momento que la “lucha contra el terrorismo” (con la coletilla, añadida a los terroristas, de los “rebeldes”) sirve una vez más para recortar los derechos democráticos.

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El aparato de Estado continúa su ofensiva

(Publicado en la Carta Semanal 657)

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha abierto la caja de los truenos al manifestar su intención de defender –como una medida destinada, en su opinión, a reconducir el conflicto catalán por vías políticas– el indulto para los miembros del Govern catalán y para los demás perseguidos por la organización del referéndum del 1 de octubre y de las distintas movilizaciones independentistas. De inmediato el PP, Ciudadanos, etc., y el conjunto de medios de comunicación defensores del Régimen, se han lanzado a la yugular de Iceta, mientras Pedro Sánchez mantiene el silencio sobre la propuesta de su dirigente catalán.

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Una vez más, la cuestión catalana

(Publicado en la Carta Semanal 620)

La cuestión catalana sigue mas que nunca de actualidad, a la luz de los últimos acontecimientos.

Acaban de hacerse públicas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo contra dirigentes catalanes. El TSJA ha condenado a penas de inhabilitación al ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la ex-consejera de Enseñanza por un delito de desobediencia en relación con la convocatoria del consulta del 9-N. Poco después, el Supremo inhabilitaba por el mismo supuesto delito al diputado Francesc Homs, una sentencia que supondrá que, por primera vez, un diputado es expulsado de su escaño por un delito de naturaleza política.

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