Tras la sentencia del caso Gürtel estalló la crisis

(Publicado en la Carta Semanal 680ver en catalán)

Tras la detención por corrupción y blanqueo de capitales del exministro Zaplana, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel supone un nuevo elemento de la crisis política latente, que tras ella ha tomado una dimensión cualitativamente más aguda. Toda la prensa afín al régimen lo admite. No sólo es que se haya condenado a unos cuantos corruptos, es que la sentencia establece, negro sobre blanco, la responsabilidad del PP, la existencia de una “caja B” de pagos en negro, e incluso que el aún presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mintió en sus declaraciones ante el tribunal. La dirección de CCOO señala en un comunicado que ha hecho público que “de no actuar a tiempo para solucionar esta situación, podríamos asistir a un grave deterioro de la estabilidad política e institucional de la democracia española.

La condena al PP no viene de cualquier sitio. La Audiencia Nacional no es un tribunal cualquiera. Sucesora del franquista Tribunal de Orden Público, representa la quintaesencia del régimen, y está muy lejos de ser un tribunal independiente. Por el contrario, obedece a lo más profundo del régimen, con la Corona al fondo. La sentencia supone que, para salvar a las instituciones, el tribunal ha decidido sacrificar al gobierno Rajoy y al propio PP.

La sentencia sólo pone de manifiesto lo que ya se sabía: que no es un asunto particular sino que es un entramado institucional de corrupción y que el PP, sus estructuras, sus diferentes clanes desde los “anticorrupción” de Cifuentes -de la que se apresuraron a librarse aprovechando –o tal vez provocando- los escándalos del máster y de los hurtos de cremas en un supermercado– a los más podridos aznaristas están implicados. La sentencia pone negro sobre blanco lo que era un secreto a voces: que el PP es una asociación de malhechores. No es secundario que el tribunal, en la sentencia, haya creído necesario evidenciar la responsabilidad política de Rajoy.

Pero no es solo la crisis de un partido, sino la crisis de todo un régimen que hace que ésta se extienda a todos los partidos que de una manera u otra lo sostienen. Ahora bien, el PP no es un partido cualquiera, no es un partido más. El partido que ha aglutinado al grueso de los franquistas es la representación política del propio aparato de Estado. Como emanación de ese aparato corrupto, es el más corroído por los escándalos de corrupción. Algún columnista señalaba que de los 14 ministros que tenía el gobierno Aznar de 2002, 12 han sido perseguidos por delitos relacionados con la corrupción. La sabiduría popular dice, con más retranca, que de los que participaron en la boda de la hija de Aznar sólo faltan por procesar los camareros.

La sentencia de la Audiencia Nacional puede coincidir en un aspecto con las resoluciones y pronunciamientos de los tribunales de Alemania, de Bélgica, de Suiza y de Escocia sobre los políticos catalanes huidos. Resoluciones que mostraban que las instituciones de la Unión Europea también desconfiaban de la capacidad de Rajoy de solucionar la crisis política. Pero con una diferencia importante: algunos de esos posicionamientos europeos pedían una negociación con los representantes del pueblo catalán. La Audiencia Nacional apunta en sentido contrario: los jueces tratan de recuperar el aparato franquista.

Así, los dirigentes de Ciudadanos, que son con Rajoy los primeros responsables de los Presupuestos recién aprobados, aparecen al menos para sectores importantes del aparato de estado y del capital financiero como garantes de mantener y llevar más lejos la línea de Rajoy. En el mismo momento en que en Cataluña piquetes de matones de Ciudadanos y falangistas tratan de imponer su ley en las calles.

La moción de censura, ¿una salida?

El momento es muy peligroso para los partidarios del orden burgués que el régimen del Monarquía garantiza. La “crisis catalana” está muy lejos de cerrarse. En esta situación, todos se apresuran a borrar diferencias para salvar al régimen. El PSOE se compromete a imponer la Constitución llevando, si hace falta, más lejos el 155. El PNV ha votado los presupuestos, rompiendo su compromiso de no hacerlo mientras el 155 se siguiera aplicando en Cataluña (tras consultar, al parecer con el PDeCAT), por “garantizar la estabilidad”. En todo caso, la aprobación de los presupuestos trajo un breve respiro de alivio de la UE, el FMI y los gobiernos europeos. Hoy, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, la situación exige una vuelta de tuerca, y sale la propuesta de una “moción de censura”, adelantada por Pablo Iglesias y que Pedro Sánchez se ha apresurado a presentar y a la que varias fuerzas parlamentarias han mostrado su apoyo. Un gobierno que no negocia con los nacionalistas, que no les hace concesiones, pero acepta el voto de sus diputados.

Qué duda cabe de que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, de pensionistas, de mujeres, de jóvenes saludarán la oportunidad de librarse, por fin, del odiado gobierno del PP, pero el hecho es que quienes presentan, defienden y apoyan la moción se ven comprometidos en una maniobra que trata de presentar las cosas como si hubiera solución democrática dentro del régimen y sus instituciones, como si bastara un mero recambio de gobierno y fuera posible “regenerar y limpiar” las instituciones.

¿Conseguirán su objetivo? No está claro. La crisis abierta y el propio cambio de gobierno suponen una llamada a la clase trabajadora y a los pueblos a intervenir. Pedro Sánchez ha dicho que el objetivo de la moción de censura es convocar nuevas elecciones en cuanto se “estabilice” la situación, y pide un plazo para “recuperar la normalidad, atender urgencias sociales y derogar algunas leyes”. El comunicado hecho público por la dirección confederal de CCOO pide que “las fuerzas democráticas alcancen un compromiso de regeneración institucional para formar un nuevo gobierno que prepare la transición hacia unas elecciones generales”, pero ¿va a ser ese el mismo objetivo de la mayoría trabajadora? ¿Quién puede garantizar que el movimiento de masas no aprovecha la coyuntura para exigir la inmediata derogación de la LOMCE, de la Ley-Mordaza, de la reforma laboral, de la reforma de pensiones de 2013, de todos los recortes en la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, los salarios y derechos de los empleados y empleadas públicos? ¿Es impensable que la subida de un nuevo gobierno no suponga para muchos militantes la oportunidad de replantear desde el diálogo político la exigencia del pueblo catalán de decidir libremente? Son exigencias elementales, sí, pero incompatibles con el régimen que ha sustentado todos y cada uno de esos ataques. Para muchos, la lucha por esas reivindicaciones concretas puede establecer la relación entre las aspiraciones sociales, democráticas, nacionales con la batalla contra el régimen Monárquico.

Tal vez para evitar esta situación, Ciudadanos y muchos medios de prensa defensores del régimen insisten en que, en todo caso, la moción de censura no debe dar lugar a la formación de un nuevo gobierno que actúe de verdad, sino que debe tener carácter “instrumental” y llevar a la convocatoria inmediata de elecciones, con la esperanza de que las encuestas acierten y las gane Ciudadanos.

Tal vez otros sectores económicos y políticos europeos duden del resultado de unas elecciones y de que Ciudadanos tenga condiciones para librar con bien su ofensiva. En cualquier caso no hay salida de fondo “parlamentaria” (aunque esto no quiere decir que no se convoquen elecciones). Pero esto sólo será, en el mejor de los casos, ganar tiempo ante el enfrentamiento inevitable entre los trabajadores y los pueblos y la Monarquía.

Limpiar a fondo la podredumbre del régimen

En la crisis que ya ha estallado, los trabajadores y los pueblos se juegan mucho. Quieren, sin duda, la caída de Rajoy, y quieren aprovecharla para conseguir sus propios objetivos, pero eso exige una alianza de trabajadores y pueblos para recuperar los derechos democráticos y sociales perdidos e impedir que siga el curso antidemocrático y antisocial. Es, a nuestro entender, el camino de la República.

Pero todas las organizaciones de los trabajadores tienen ante sí la responsabilidad de impedir que se mantenga la política antisocial y antidemocrática de Rajoy. Si dejan pasar la pretensión de continuidad de El País y los banqueros, mañana sería más difícil impedir que se aplique el programa antisocial y de enfrentamiento civil.

No es el momento de participar en nuevas maniobras para salvar al régimen monárquico, sino de luchar unidos por todas las reivindicaciones sociales y democráticas. El rey y el régimen ya han tomado partido contra la democracia.

A ese dilema se confrontan las organizaciones que hunden sus raíces en el combate de la clase obrera, de los pueblos, de los derechos sociales y democráticos: o emplear sus fuerzas para salvar al régimen monárquico, fiel defensor de los intereses del capital financiero, o ponerse a la cabeza del combate de emancipación social y democrático.

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