(Publicado en la Carta Semanal 796 – ver en catalán)
Resulta ya un lugar común afirmar que la española es una “economía de sol y playa”, aludiendo a los cambios en la estructura productiva de las últimas décadas. Cambios cuya concreción principal ha sido el desmantelamiento de la industria, sustituida por servicios de muy bajo valor agregado, como el turístico, en los que la precariedad laboral es la norma. Pero se oculta su causa, como si fuera una casualidad. No es así.
En las economías capitalistas, el proceso de acumulación lo dirige el capital. Es la acumulación del capital, la capitalización de plusvalía (el trabajo no pagado resultado de la explotación laboral); es decir, la conversión de la plusvalía en nuevo capital, que se hace con el objetivo de producir nueva plusvalía, de la que una parte sirve para pagar el ostentoso nivel de vida de los capitalistas y la otra parte se convierte en nuevo capital, para producir más plusvalía y así sucesivamente. Este proceso tiene lugar a escala mundial, pero se concreta en las economías nacionales, cuyos gobiernos conducen la política económica. Con la política económica se busca facilitar el proceso de acumulación, que presentan como la forma de generar empleo y bienestar.
La industrialización y el movimiento obrero
La economía española siempre ha tenido peculiaridades, ligadas en particular al fracaso de distintos intentos de modernización, en gran medida por la exitosa alianza de los sectores más reaccionarios que integran el capital más especulador y parasitario y la oligarquía terrateniente en buena parte del país, conjuntamente con la Iglesia católica y el aparato de Estado, especialmente la judicatura y las Fuerzas Armadas, etc. Además de la bendición del capital extranjero, gran beneficiario de todo ello. Sin embargo, aunque de manera limitada y fragmentada, se dio un proceso de industrialización, en distintas fases, materializado no sólo en la producción de bienes de consumo (alimentación, textil y calzado, etc), sino también en sectores de base como la metalurgia, la siderurgia, los astilleros y la química entre otros, particularmente la automoción. Todo ello se complementaba con otros sectores productivos importantes, como la minería, la pesca y la agricultura y ganadería. Aunque es cierto que con grandes desigualdades regionales, no es cierta la creencia generalizada de que la industria se concentrara exclusivamente en el País Vasco, Cataluña y Madrid, sino que existían actividades industriales en gran parte del territorio.
La industrialización capitalista no es la panacea que resuelva todos los problemas, desde luego, pero aquí sí hizo posible un cierto desarrollo de las fuerzas productivas, aunque no fuera idílico ni pudiera haberlo sido, al basarse en la explotación y estar restringido por las necesidades de la rentabilidad, además del retroceso que supuso la guerra civil y la dictadura franquista. En todo caso, al calor de la industrialización se extiende mucho más ampliamente el proceso de asalarización, base del crecimiento del movimiento obrero. Y es el movimiento obrero quien, actuando de acuerdo a sus intereses, logra conquistas importantes para la mayoría de la población, como la Seguridad Social.
¿“Construcción europea” o subordinación a Estados Unidos?
Los medios de comunicación de la burguesía, con la colaboración de dirigentes de las organizaciones obreras, han promovido dos grandes mitos que se retroalimentan mutuamente. Uno ya prácticamente superado: el de una supuesta transición idílica que, en realidad, literalmente dejó decenas de miles de cadáveres en las cunetas. Cuya cúspide, la monarquía borbónica, es hoy un ejemplo de corrupción a escala mundial. El otro mito radica en que la UE es un factor de progreso, que representa los avances que la clase trabajadora ha arrancado históricamente. Y que, por tanto, la entrada del Estado español en 1986 en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) supuso un avance para el conjunto de la población. Pero la realidad es la contraria: la UE, desde sus inicios como CEE, está al servicio de los intereses del capital financiero dominante, el de EEUU. Dado que se hace un tabú de esto, merece la pena explicarlo.
Estados Unidos, al heredar la condición de potencia dominante tras la Segunda Guerra Mundial, hereda también las brutales contradicciones brutales de la economía capitalista mundial. Entonces, en 1945, en Europa hay una gran explosividad social resultado de la devastación bélica y el desprestigio de los Estados burgueses, que han mostrado su debilidad frente a la agresión nazifascista e incluso han sido cómplices de ella (por ejemplo, el régimen de Vichy en Francia, que puso la gendarmería al servicio de la Gestapo, lo que padecieron especialmente los exiliados republicanos españoles). Para decirlo con claridad, se viven multitud de procesos revolucionarios, en los que los obreros tienen las armas y se han adueñado de las fábricas, abandonadas por sus dueños. Y se apoyan en la victoria de los obreros y campesinos de la URSS sobre el nazismo.
En ese contexto, la colaboración de las direcciones de los partidos socialdemócratas y estalinistas se sella en 1945, en las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que la vieja potencia dominante, Reino Unido, se subordina a la nueva, EEUU, ante la que la URSS acepta no sólo un reparto de áreas de influencia, sino también que los partidos que controla en otros países colaboren en el restablecimiento del orden burgués, para contener la oleada revolucionaria, como la griega, aplastada gracias a la colaboración de la URSS estalinista. Al precio, eso sí, de que las burguesías, sobre todo europeas, tienen que pagar el precio de grandes conquistas sociales. Pero para lograrlo necesitan el apoyo del imperialismo estadounidense, al que quedan subordinadas. Esta subordinación se concreta en el Plan del General Marshall, máxima autoridad militar de EEUU en Europa, en cuyo nombre se dota un fondo que no es para “la reconstrucción”, sino para una determinada modalidad de reconstrucción, la que interesa al capital estadounidense: un mercado europeo sin barreras. Este fondo pasa a gestionarlo la OTAN, fundada en 1949, y entre sus exigencias está la creación de una unión europea de pagos, antecedente de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero de 1951 y, finalmente, la firma del Tratado de Roma en 1957, por el que se crea la CEE. Es decir, en el origen de las “instituciones comunitarias” se halla una exigencia estadounidense. Y así sigue siendo hoy, como se revela en el invento de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) durante los años más duros de la crisis: el caballo de Troya para que Estados Unidos, a través del FMI, controle de manera directa la política económica en Europa, al modo como lo hacía en los años ochenta en América Latina y otras regiones, con la excusa de la eterna deuda externa.
La entrada en la entonces CEE es, en este mundo onírico, la prueba del carácter ejemplar de la transición española. Y sí que son tal para cual, pero en un sentido diametralmente opuesto al que promueve la propaganda del capital: el régimen monárquico heredero directo de la dictadura es refrendado por las instituciones comunitarias al servicio del capital financiero y, a la inversa, el capital financiero dispone de la monarquía, antidemocrática, para imponer sus exigencias, asimismo, antidemocráticas a través de estas instituciones, en nombre de Europa.
La mal llamada reconversión industrial, peaje para la entrada del Estado español en la CEE
De igual modo que no se puede entender la creación de la CEE en los años cincuenta sin tener en cuenta la situación en 1945, tampoco es posible comprender el destructivo proceso que se inicia en 1986 sin conectarlo con la mundialización de las políticas de ajuste fondomonetaristas desde el inicio de los ochenta. Este proceso arranca con el Acta Única para el establecimiento de un singular mercado único (plena libertad de circulación de capitales pero con restricciones al movimiento de personas) y continúa con el Tratado de Maastricht de 1992, que entra en vigor en 1993, y con la imposición del euro en 1999, etcétera.
Estas políticas son la respuesta del capital financiero a la crisis que había estallado a principios de los setenta, desmontando la retórica de una supuesta edad dorada del capitalismo. Y en este cuadro se inserta la trayectoria de la economía española, que parte de los malhadados Pactos de la Moncloa de 1977, que en esencia consistieron en que la crisis la pagara la clase trabajadora.
Después de un largo proceso de “negociación”, en 1985 se firma la incorporación del Estado español a la CEE, junto con Portugal, que entra en vigor el 1 de enero de 1986. La versión oficial siempre ha insistido en el carácter idílico de esta incorporación. Nada más lejos de la realidad. Sin menospreciar que algunos fondos de la CEE hayan podido beneficiar, puntualmente, a ciertos segmentos de la población, estos fondos, en realidad orientados en buena parte a abrir mercados al capital extranjero, son irrelevantes en comparación con su otra cara, ocultada. En particular, la pérdida de toda posible soberanía, concretada en primer lugar en la imposición de un brutal desmantelamiento industrial, cuyas consecuencias se han vuelto a hacer patentes durante la pandemia, al revelar la incapacidad de la economía española para producir masivamente incluso algunos bienes industriales elementales. Este desmantelamiento fue presentado, sin embargo, como reconversión industrial, sugiriéndose que simplemente se trataba de sustituir la industria obsoleta por industria moderna. Pero los planes del gran capital, eran otros: deslocalizar la producción industrial a países donde los salarios son mucho más bajos, como en el Sudeste asiático. Porque un elemento clave de la industria, sin el cual no se podría entender el desmantelamiento, es que se trata de un sector en el que el grado de organización y conciencia de los trabajadores es mucho más elevado que el promedio. De modo que desmantelándolo también se asestaba un duro golpe al movimiento obrero (el caso de Sintel en 1996 es muy elocuente al respecto).
En los setenta ya cayó rl peso de la industria en el PIB, del 30,9% al 28,5%. Y sigue haciéndolo después, especialmente a partir del primer gobierno de Felipe González que, en 1983, apenas unos meses después de asumir en diciembre de 1982, lanza el Libro Blanco de la Reindustrialización a través de su ministro de economía Carlos Solchaga, autor de la terrible sentencia de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Aunque en ese texto se reconocía la pérdida de 65.154 empleos, en seguida se vio que la cifra se quedaría corta. También es suya esta otra frase: “España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo”; gracias al desmantelamiento de las empresas y bancos públicos que promovió para las privatizaciones coronadas con la creación del Ibex en 1992.
El trasfondo de toda esta política era una exigencia para la entrada en la CEE y su balance, en este campo, es que de nuevo en los ochenta cayó el peso relativo de la industria, al 25,7%, e igual en los noventa, al 21,7%. En términos de empleo, se habían destruido 1,33 millones de puestos de trabajo entre 1973 y 1984. Y la sangría continuó, bajando el empleo industrial del 20% del total en el año 2000. Entre entonces y 2018 el peso del sector ha caído del 18,4% a solamente el 12,1%, apenas el 11,5% del empleo total. Paralelamente, se produce una centralización del capital cada vez mayor: entre 2008 y 2016 se cierran 57.092 empresas, un 24,9% del total.
Junto con la desindustrialización se dio también el desmantelamiento de otros sectores productivos, como la minería, la pesca, la ganadería, desmantelamiento que todavía está en curso en los restos que sobreviven. Literalmente las políticas de la UE subvencionan la liquidación productiva y multan la producción. No es casual que entre los principales receptores de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) se encuentren apellidos como Botín, Domecq, Ybarra o la Duquesa de Alba.
En la segunda parte de este texto, que publicaremos la próxima semana abordaremos qué hacer hoy ante todo esto, nuestras propuestas frente a quienes no invitan más que a la resignación.